Edicion 11 de mayo de 2022

Diario Co Latino
Nacionales Miércoles 11 de mayo de 2022 3
Abogados reiteran que capturas
masivas son inconstitucionales
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Hemos representado un
recurso de inconstitucionalidad
y es claro que con
el primer régimen de excepción
que se aprueba a finales de marzo
(domingo 27) el gobierno fundamentalmente
con sus cuerpos
de seguridad ha desarrollado un
proceso de capturas masivas de
personas indistintamente hayan
o no cometido delitos”, explicó
un grupo de abogados que presentaron
la apelación ante la Sala
de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia.
En el documento presentado
por el grupo de abogados reitera
que era “importante limitar la
discrecionalidad que tienen los
cuerpos de seguridad para realizar
las capturas”, al indicar que
muchas de las personas capturadas
no han cometido ilícitos.
Aclaran que su objetivo como
abogados de la república es que
los cuerpos de seguridad “paren
ese proceso de captura y encarcelamiento
masivo”, respeto a los
derechos humanos.
Desde finales de marzo hasta
abril se habrían reportado alrededor
de más de 20 mil capturas de
salvadoreños y salvadoreñas con
sus derechos constitucionales suspendidos.
Esto aprobado por la
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
Las autoridades de seguridad han desarrollado capturas masivas de personas, en diferentes operativos, hayan
o no cometido delitos los detenidos. Foto: Diario Co Latino / arChivo
Asamblea Legislativa, a través del
Decreto #333 que autoriza el “Régimen
de Excepción”, aunque distintas
voces de analistas jurídicos
han afirman que se ha violentado
Tratados Internacionales de Derechos
Humanos, del cual el Estado
salvadoreño es signatario.
En cuanto a la decisión del gobierno
que solicitó estas medidas
Denuncian detención de mujer veterana de guerra
de restricción en el supuesto de paliar
el incremento de homicidios y
la violencia delincuencial, en el territorio
nacional que se amplió a
30 días más, se sumó la anulación
de la LACAP, mientras dura el régimen
de excepción.
Los abogados que presentaron
el recurso ante la Sala de lo Constitucional
coincidieron en señalar
La Asociación de Mujeres
Veteranas de la
Guerra Civil de El
Salvador denunció que el pasado
5 de mayo efectivos de
seguridad allanaron la casa
de habitación de Leticia Martínez,
y la llevaron detenida
acusándola de agrupaciones
ilícitas. Martínez es una mujer
de 60 años, padece de diabetes,
hipertensión y recientemente
fue operada de la rodilla
y los ojos.
Martínez es veterana de
guerra y pertenece a la Asociación,
es propietaria de un negocio
en el Pupusodromo de Nejapa,
reside junto a su familia
en ese municipio, trabaja con
su hija y emplea a dos mujeres
más. El negocio tiene más de 30
años de funcionamiento y es la
fuente de ingresos para cuatro
familias.
La Asociación de Mujeres Veteranas
pidió al gobierno se garantice
el respeto a los derechos
humanos de Martínez y en especial
los consignados en la Ley
Especial Integral para una Vida
Libre de Violencia para las Mujeres
(LEIV); así como tomar en
cuenta su arraigo como vecina
de Nejapa, su condición de mujer
trabajadora y de familia.
“Si las autoridades salvadoreñas
tienen acusaciones en contra
de Leticia Martínez, consideramos
estas deben ser debidamente
probadas y se respete
su derecho a legítima defensa.
Dada su edad, condición de salud
y por razones humanitarias,
en su caso se apliquen medidas
sustitutivas a la detención,
mientras se diligencia su caso
según la ley”, expresó la Asociación
en un comunicado.
Asimismo, manifestó que
apoya la vigencia del Estado de
Derecho en el país y el imperio
de la Ley, con una aplicación de
pronta y debida justicia y por
que en la lógica del Estado de Derecho
este debería respetar el ordenamiento
constitucional y legal.
“Debemos entender que en este
momento estamos transitando hacia
un sistema en donde el derecho
no es un elemento que deba respetarse
para desarrollar determinadas
medidas”, señalaron.
“Y se puede ver, cuando se
la vigencia de los Derechos Humanos
la Constitución garantiza
para toda la ciudadanía.
Esta detención se suma a la
reciente captura de Geovanni
Guerrero, quien pertenece al
Bloque de Resistencia y Rebeldía
Popular (BRP) y a un sindicato
de la alcaldía de San Salvador,
este caso ocurrió la tarde
del 8 de mayo, cuando agentes
de la Policía Nacional Civil
(PNC) fueron a sacar al joven
de su casa, sin dar ningún motivo
por el arresto.
Otra de las detenciones en
los últimos días es la de Dolores
Almendaris Alvarado, secretaria
general del Sindicato de Traba-
aprueba una serie de acciones y
se limita la aplicación de la ley
que controla los procesos de contratación
y compra del gobierno.
Es decir, la LACAP es una ley que
dejó de funcionar desde la pandemia
(2020) y en este momento
en cada acción que realiza el gobierno
la LACAP, no existe”, indicaron.
Sobre la seguridad pública, el
análisis de los abogados es que el
“Estado de Derecho” ha quedado
en entredicho ante el irrespetuoso
incumplimiento de los marcos
legales y constitucionales que generan
la seguridad jurídica de los
y las ciudadanas salvadoreñas.
“En este momento, la seguridad
jurídica del país ha pasado
a ser una quimera, actualmente,
pueden detener y lo pueden mandar
a la cárcel sin que un juez independiente
e imparcial decida”,
argumentaron.
“Y sino le simpatiza al presidente
(Nayib Bukele) o su grupo
político, estas personas puede ser
apresadas y es por esta situación
es que se reportan, ya que algunos
periodistas salieron del país.
Y es por eso que muchos políticos
de línea distinta al presidente
han hecho lo mismo y salieron
del país y lo más lamentable, es
por esto que muchos salvadoreños
huyen del país actualmente”,
reiteraron.
jadores de la Alcaldía Municipal
de Cuscatancingo (SETRA-
MUC), quien es madre soltera,
cabeza de hogar, con 6 hijos,
entre ellos uno con discapacidad,
que dependen de ella porque
es quien lleva el sustento
diario al hogar.
A criterio de las organizaciones
sociales, el gobierno
está utilizando el Régimen de
Excepción para apresar a opositores
políticos, bajo la excusa
que son criminales por el hecho
de vivir en comunidades
históricamente estigmatizadas,
y atentando contra personas
que trabajan por un cambio
social.