Edicion 28 de octubre de 2022

Diario Co Latino
Nacionales
Viernes 28 de octubre de 2022 3
Piden investigar posible uso de fondos
públicos para protección de Herbert Saca
Cristosal presenta la mañana de este jueves una denuncia ante la CCR a fin de que investigue supuesto uso de fondos públicos para
brindar seguridad a personas que no están contempladas en la ley. Foto: Diario Co Latino / Cortesìa.
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
La Fundación CRISTO-
SAL presentó una denuncia
ante la Corte de
Cuentas de la República (CCR)
a fin de que investigue posibles
irregularidades en el uso de fondos
públicos para la asignación
de agentes de la División de Protección
a Personalidades Importantes
(PPI) de la Policía Nacional
Civil (PNC) a personas que
no están comprendidas en la Ley
de Protección de Personas Sujetas
a Seguridad Especial, entre
ellas Herbert Saca y José Luis
Merino.
Las acciones fueron ejecutadas
por órdenes presuntamente
emitidas por el titular de la
PNC, Mauricio Antonio Arriaza
Chicas, a petición de la presidencia
de la República. En ese sentido,
la denuncia va encaminada
a que investigue las acciones del
directo Arriaza Chicas.
La denuncia surge luego de
una publicación periodística de
la Revista Factum donde señala
que el Estado salvadoreño ha
brindado protección especial a
diversas personajes que no se encuentran
comprendidas en la ley
que regula este beneficio, como
empresarios, dirigentes de partidos
y operadores políticos, por lo
que se ha violentado dicha ley y
el instructivo para la contratación
de personal supernumerario de la
PNC.
CRISTOSAL recordó que en
la nota periodística se citó como
fuente diversos documentos que
fueron filtrados por el grupo de
hacktivistas denominado “Guacamaya
Leaks”, algunos de esos documentos
incluyen: “reportes oficiales,
con firma y sello policial”
que dan cuenta de que el empresario
y operador político, Herbert
Saca, tenía servicio de seguridad
pagado por el Estado “desde enero
de 2020 hasta al menos diciembre
de 2021”. Periodo en el cual era investigado
por lavado de dinero.
En la denuncia presentada,
también se incluye a otras personas
que habrían sido beneficiadas
con protección y que no son funcionarios
ni califican como “persona
de alto riesgo”. Entre estas,
José Luis Merino, exfuncionario y
dirigente político del FMLN; Léster
Toledo, ciudadano venezolano
y presunto exasesor de la Presidencia
de la República; Kriscia Fuentes,
quien ostenta el cargo de consejera
nacional del partido Nuevas
Ideas; Salvador Alas (La Choly)
exfuncionario y actual gerente
general de Grupo Samix; y Adolfo
Salume Artiñano, empresario
salvadoreño que tiene, además, un
beneficio adquirido por ser “cónsul
honorario de Jamaica”, calidad
que se encuentra fuera del ámbito
de aplicación de la ley.
La investigación de Revista Factum,
con base en los documentos
“Guacamaya Leaks”, señala que
Herbert Saca tenía servicio de seguridad
pagado por el Estado desde
enero de 2020 hasta al menos
diciembre de 2021. Habrá que recordar
que Herbert Ernesto Saca
Vides es un empresario y operador
político presuntamente involucrado
en los esquemas de corrupción
de los gobiernos de los expresidentes
Antonio Saca, su primo,
y Mauricio Funes, asilado en Nicaragua.
Es también cercano al actual
presidente y un hombre influyente
en GANA, el partido político
que llevó a Bukele al poder
en 2019. Factum explicó que dos
fuentes de la FGR y dos fuentes
de la PNC les aseguraron que Saca
Vides está relacionado a casos de
corrupción durante al menos dos
administraciones presidenciales.
“Dos de las fuentes coincidieron
en que es posible que la protección
de cuatro PPI asignados a él puede
partir del riesgo de que sea atacado
por lo que sabe. “Él ha estado metido
en todo, desde el caso (del expresidente)
Saca hasta en este gobierno.
Cualquiera lo puede querer
mandar a matar”, dijo una de
las fuentes”, según el medio.
En 2013, el periódico digital El
Faro expuso que Herbert Saca Vides
estuvo vinculado con una camioneta
contaminada de cocaína
y una aparente relación con una
red de narcos. En 2016 la importadora
de vehículos HS Imports, negocio
reconocido de Saca, fue allanado
por la PNC y FGR en busca
de pruebas sobre la corrupción durante
el gobierno del expresidente
Antonio Saca, ahora preso en el
Centro Penal “La Esperanza”.
Sin embargo, Herbert Saca es
una de las personas que tiene inmunidad
en El Salvador a pesar de
no ser funcionario. Durante los últimos
10 años, el operador político
en cuestión solamente se le han
hecho señalamientos, pero nunca
la formación de un delito.
Inclusive, hace un par de años,
por medio de una investigación, se
revelaron presuntas conversaciones
privadas entre el expresidente
Mauricio Funes y su círculo cercano.
En las conversaciones, el exmandatario
aseguraba que su amigo
y asesor, Herbert Saca Vides, era
el encargado de comprar la voluntad
de diputados de oposición con
dinero de la partida secreta para
garantizar la gobernabilidad. Todo
esto ha pasado desapercibido por
los actuales jefes de justicia y los
que se vanaglorian de combatir la
criminalidad en el país.
¿Puede Presidencia solicitar
protección especial a un particular
(Saca Vides)?
Según la Ley de Protección a
Personas Sujetas a Seguridad Especial,
el proceso para la asignación
de agentes PPI no son procedentes
de Casa Presidencial. El
funcionario interesado en seguridad
se lo solicita al director de la
corporación policial argumentando
que tiene un grado de peligrosidad
inminente. El director policial
lo consulta con la FGR y acepta
la solicitud, la envía a la Subdirección
de Áreas Especializada
y éste remite la autorización a la
División de Protección a Personalidades.
Los solicitantes pueden
tener un máximo de cuatro
agentes cuando la evaluación realizada
evidencie un alto grado de
peligrosidad.
¿Quiénes catalogan como
personas de alto riesgo y lo es
Saca Vides?
El artículo 1 de la referida
ley establece que “se consideran
siempre para los efectos de esta
ley, como personas de alto riesgo,
quienes hayan desempeñado
los cargos de presidente de cualquiera
de los órganos fundamentales
del Estado (Legislativo, Ejecutivo
y judicial) y del vicepresidente
de la República, quiénes
gozarán de la protección establecida
por esta ley, de por vida”.
También, “los candidatos proclamados
por los partidos políticos
a presidente y vicepresidente
de la República participantes
en un evento electoral presidencial,
los cuales gozarán de las medidas
de protección especial desde
diez meses antes del inicio
del período presidencial siguiente,
hasta treinta días después que
el Tribunal Supremo Electoral
haya declarado firme los resultados
del mismo”. Se agrega que
aquellas personas que, a consecuencia
de la finalización definitiva
del conflicto armado, y por
el rol que desempeñaron y la relevancia
del mismo, puedan convertirse
en objetivos potenciales
de agresiones o atentados contra
sus vidas”. También se denominan
como personas de alto riesgo.
Saca Vides no cumple con estos
requisitos de ley.
Por tal razón, CRISTOSAL
solicita a la Corte de Cuentas de
la República la admisión de la
denuncia, un examen especial sobre
el uso de los fondos públicos
para la contratación de personal
supernumerario y un examen sobre
los procedimientos realizados
para asignar protección especial
a estas personas.