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Revista 2009.2 – 19 – Professor Mário de Figueiredo Barbosa
alguna a los “Plenos Jurisdiccionales”, discrimina los órganos que componen el
Poder Judicial en dos partes: los que “administran justicia a nombre de la Nación”,
por un lado, y los “que ejercen su gobierno y administración”, por el otro. Por su
lado, las normas de la LOPJ señalan expresamente que corresponde a las Salas
Especializadas de la Corte Suprema ordenar la publicación “de las ejecutorias
que fi jan principios jurisprudenciales que” serán de obligatorio cumplimiento y
que los plenos jurisprudenciales se reúnen “a fi n de concordar jurisprudencia de
su especialidad”. Es decir, en líneas generales, de la lectura de ambos cuerpos
normativos no es posible deducir que los plenos jurisdiccionales tienen poder para
emitir precedentes, pues su actividad estaría limitada al ámbito administrativo.
Esto no tiene cómo ser refutado.
Sin embargo, no es menos cierto que: 1) la Constitución no niega la posibilidad
de que un órgano del Poder Judicial realice actividades jurisdiccionales y
administrativas, de acuerdo al contexto donde se desempeñe. Por ello, deducir la
inconstitucionalidad del art. 400 de la sola lectura de la norma fundamental resulta
inexacto; 2) si la correcta interpretación del texto constitucional debiera provenir,
como se dice, de las normas citadas de la LOPJ, que sólo atribuyen poder de
emitir precedentes a las Salas Especializadas y no al Pleno, entonces el ejercicio
estaría incompleto. ¿Por qué? Porque se obvia un dispositivo básico para valorar
la autoridad de las normas procesales específi cas. Me refi ero a la Vigésima Tercera
de las Disposiciones Finales y Transitorias de la misma, que otorga a aquéllas
supremacía sobre las que componen este cuerpo normativo. Consecuentemente, si,
como ha quedado evidenciado, el art. 400 se impone respecto de cualquier norma
de la LOPJ y si, por el lado constitucional, no existe dispositivo alguno que, por sí
sólo, niegue al pleno jurisdiccional poder para expedir precedentes, resulta erróneo
tachar de inconstitucional la labor de la Corte Suprema que venimos comentando.
Antes de concluir con este apartado es oportuno aludir a otra imputación de
inconstitucionalidad por parte de LEDESMA 10 . Para ella, el art. 400 viola también
el derecho al juez natural, en la medida que permite que la Sala Plena interfi era
una causa, avocándose y expidiendo decisión fi nal, cuando aquello le corresponde
no a un órgano de gestión administrativa, sino a una Sala Especializada, es decir,
a uno que ejerce función jurisdiccional. El argumento resulta igualmente insostenible
si advertimos que el derecho al juez natural se resuelve, básicamente, en
la necesidad que exista un juez predeterminado por ley. De este modo, si, como
hemos visto, el art. 400 establece por sí mismo esta predeterminación y, a su vez,
10. Op. loc. cit. En realidad no es una nueva imputación, sino un fundamento adicional para tachar de inconstitucional
el referido art. 400.
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