Situación y perspectivas de los partidos políticos en la Región Andina

Ambos grupos de partidos —los tradicionales y los
emergentes— participan de la tradición universalista de
los tradicionales partidos venezolanos, en el sentido de
que aspiran representar a todos los sectores socioeconómicos
y regionales, están claramente identificados
con los valores de la democracia representativa y
rechazan los esquemas autoritarios.
El tercer bloque está asociado a la coalición que actualmente
ocupa el poder y que acompaña a Chávez; se
incluyen allí partidos como el MVR, PPT y Podemos.
Su acceso al poder deriva de la crítica radical al esquema
institucional, socioeconómico y político característico
del lapso previo. Se identifican con los sectores menos
organizados y afectados por la informalidad socioeconómica,
como los desempleados, los trabajadores
informales y ambulantes, los marginados de la ciudad y
del campo, los sectores indígenas; y su apelación
discursiva, así como la definición de las políticas públicas,
se dirigen preferentemente a dichos sectores. Su
concepción de la democracia está asociada a la promoción
de la llamada democracia participativa en sustitución
de la democracia representativa, y aceptan un fuerte
componente personalista y caudillista en su estilo de
liderazgo, identificado con el presidente Chávez.
A diferencia de los bloques partidistas anteriores, su
discurso y práctica política enfatiza las diferencias
socioeconómicas, socioculturales, raciales, etc. Se identifican
con los movimientos anti-globalización, antinorteamericanos
y de reivindicación de sectores marginados.
Su discurso político se articula en torno a la dicotomía
oligarquía-pueblo, asumiendo la representación
del pueblo, a su vez definido como los sectores marginados
de la ciudad y del campo.
A diferencia de los partidos tradicionales, los partidos
emergentes, de oposición como de gobierno, no
profesan una posición ideológica definida. En los estatutos
de MVR, PPT, y Proyecto Venezuela, se evidencia
una posición ideológica de orientación popular y nacionalista,
contra la injusticia, y en favor de una imprecisa
democracia liberal, respectivamente. Asimismo, resalta
su carácter movimientista (Pereira Almao, 2003b y
2003c) En los tres casos, dichos partidos se refieren a sí
mismos como movimientos populares de carácter
aluvional (Pereira Almao, 2003a), caracterización que se
hace patente en el caso del MVR y Proyecto Venezuela,
por ejemplo, donde sus respectivos líderes son la figura
fundamental, lo que ha afectado significativamente el
funcionamiento efectivo de su estructura interna. En lo
formal, los estatutos de los partidos emergentes, tanto
como los tradicionales, otorgan especial importancia a
la estructura interna del partido como pilar clave para
su efectivo funcionamiento. Pero, en casos como la elección
de candidatos para ocupar cargos de representación
popular, la fuerza del líder ha resultado más importante
que la recién inaugurada estructura formal.
II. Marco legal para el
funcionamiento del sistema de
partidos
Desde 1958 hasta 1998, el marco normativo y legal que
rigió la actividad partidista, electoral y política en general,
derivó de la Constitución de 1961, y de ésta la Ley
de Partidos Políticos aprobada en 1964, así como las
diversas versiones de la Ley Orgánica del Sufragio aprobadas
durante ese largo período, siendo la última de ellas
la promulgada en diciembre de 1997.
El marco normativo ha cambiado significativamente
luego de la promulgación de la Constitución de 1999.
Desde la realización de los diversos comicios asociados
al proceso constituyente y hasta el presente, ha habido
una combinación entre normas, principios, reglas, y disposiciones
legales provenientes del lapso anterior y el
actual, ya que aún no se han desarrollado los instrumentos
legales necesarios para actualizar plenamente
las nuevas disposiciones contenidas en la Constitución
de 1999. Esta convivencia ha prolongado artificialmente
la llamada transitoriedad (TSJ, 2000) en la estructuración
de los poderes públicos, y ha generado una definición
acomodaticia y caprichosa de las reglas del juego político-electoral
desde 1999 hasta el presente, la cual ha afectado
la seguridad jurídica de los actores involucrados en
el mismo, y contribuido a la desinstitucionalización del
sistema de partidos. La vulnerabilidad del sistema normativo
que regula la actividad político-electoral reciente
ha quedado especialmente evidenciada en la definición
de las reglas que han regido la convocatoria del
referendo revocatorio de cargos electivos y las venideras
elecciones regionales (Peña Solís, 2004).
Democracia participativa versus
democracia representativa
Los redactores de la Constitución de 1999 pusieron especial
empeño en erradicar la idea de la democracia re-
Venezuela
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