Situación y perspectivas de los partidos políticos en la Región Andina

delinear propuestas encaminadas a captar el apoyo de
los electores de los pueblos indígenas.
IV. La senda a seguir:
recomendaciones
Como lo hemos señalado anteriormente, el actual sistema
de partidos venezolano se encuentra en una etapa
de desintitucionalización y frágil estructuración, donde
los debilitados partidos tradicionales compiten con las
fuerzas emergentes, bien sean de oposición o de gobierno,
conformando un multipartidismo inestable de
alta volatilidad y personalización, particularmente dependiente
de la dinámica confrontacional y coyuntural
del país. En consecuencia, nuestras recomendaciones
van dirigidas a reducir dicha desintitucionalización e inestabilidad
en el sistema. La revisión de los lineamientos
fundamentales del actual sistema de partidos, consagrados
en la Constitución de 1999, es imprescindible para
plantear una reforma profunda de dicho sistema. Sin
embargo, esta revisión no parece posible a corto plazo,
por lo cual sólo ciertas recomendaciones de carácter
puntual son por ahora posibles.
En primer lugar, una revisión de la Ley de Partidos
Políticos de 1964 es indispensable. Dicha revisión debe
incluir: a) una reflexión y posterior definición sobre qué
son las organizaciones con fines políticos, cómo se diferencian
de los partidos políticos y cuál debería ser
entonces la función y estructuración de estos últimos; y
b) un examen de los requisitos para registrar un partido
político, debido a que los criterios establecidos en la
Ley de Partidos Políticos de 1964, por ser muy laxos, han
permitido la proliferación de una enorme cantidad de
partidos, sin poner énfasis en la calidad de los mismos.
Esta alta proliferación de partidos políticos no se ha
traducido necesariamente en un sinónimo de mejor democracia
o participación, sino que, por el contrario, ha
redundado en una severa dispersión de las alternativas
electorales con sus respectivos y perversos efectos sobre
la representación proporcional; por lo mismo, ha
generado una extrema complejización de la organización
de los comicios, incrementando enormemente los
costos de los mismos y banalizando la oferta de partidos
mientras que contribuye a su descrédito.
La revisión de la Ley de Partidos Políticos, bajo los
parámetros antes señalados, debe, entonces, venir a la
medida de diseñar nuevos criterios para las organiza-
“
Ahora la única cosa que puede reivindicar la dignidad y
la majestad de la política es que enseriemos la política,
que tengamos un mensaje que interprete los sentimientos
y las necesidades del pueblo, conductas que merezcan
el reconocimiento público, organizaciones modernas
y eficientes que nos permitan mantenernos en comunicación
con el país; y estrategias inteligentes que
nos permitan llevar adelante los grandes proyectos que
resuelvan los problemas no resueltos de la gente, quienes
son [, finalmente,] los que deciden cuándo tiene vigencia
un partido y cuándo no.
(Eduardo Fernández, COPEI).
”
ciones con fines políticos —especialmente para los partidos
políticos—, que estimulen una mediación de calidad
entre la sociedad y el Estado, lo cual debería redundar
en el fortalecimiento del sistema de partidos.
En segundo lugar, la composición y estructura internas
de estas organizaciones también deben ser revisadas,
intentando promover un espíritu de cuerpo colegiado,
de alcance mucho más extendido en los distintos
campos del quehacer social, que les haga fortalecer su
función mediadora entre el Estado y la sociedad.
Ello, a fin de revertir la tendencia hacia el personalismo
y su consiguiente transformación en simples maquinarias
electorales, sustentadas en estrechas redes clientelares.
Tal reestructuración debería apuntar a la mejora
sustancial en la calidad de la participación política y, por
ende, en la reducción del número de partidos existentes,
cuya presencia en la realidad nacional no es un verdadero
indicador de democratización o institucionalización, sino
de dispersión al interior del sistema.
En tercer lugar, desde el punto de vista doctrinario,
en lo atinente a las disposiciones constitucionales sobre
la materia, conviene fijar el espectro de los fines entendidos
como “políticos” en tanto que estos pueden ser
exclusivos o compatibles con otros. De darse el último
caso, la mayoría de las organizaciones tendrían fines
políticos per se, puesto que de lo contrario se estaría aludiendo
a las clásicas categorías de “partido político” y
“grupo de electores”, establecidos en la Constitución
de 1961. Téngase en consideración la estabilidad de estas
dos figuras: mientras la primera es permanente, la
segunda sólo se organiza para cada elección en particular.
Siguiendo las notas de Rachadell (2001), una futura
ley sobre organizaciones con fines políticos debería de-
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