Situación y perspectivas de los partidos políticos en la Región Andina

miembros de la sociedad civil, que evalúa y selecciona
el grupo de personas que podrán optar al cargo. En el
caso del nombramiento de los magistrados del Tribunal
Supremo de Justicia, los ciudadanos tienen la potestad
de objetar las postulaciones a dichos cargos (264).
Sin embargo, la designación de los actuales titulares
de los poderes Ciudadano, Judicial y Electoral no siguió
los procedimientos establecidos en el texto constitucional,
por lo cual la participación de la sociedad civil en el
proceso de postulaciones se desnaturalizó significativamente
17 . Las desviaciones están asociadas con el
predominio de representantes partidistas en los comités
de postulaciones, en los que debían predominar representantes
de la sociedad civil; o en la selección de los
representantes de la sociedad, atendiendo a su alineación
con la actual correlación de fuerzas (oficialismo/
oposición). Al reproducir la correlación de fuerzas del
parlamento, la selección de las autoridades mencionadas
ha obedecido al criterio de la mayoría oficialista.
Como resultado, la inclusión de la sociedad civil es simbólica
y/o está afectada por la polarización política, con
la consecuencia de que el proceso de postulación queda
deslegitimado por la preeminencia partidista y la hegemonía
oficialista.
Formulación de leyes y participación
popular
Con respecto a la formulación de leyes, la Constitución
establece que la Asamblea Nacional, debe durante el
procedimiento de discusión y aprobación de los proyectos
de leyes, consultar a los ciudadanos y a la sociedad
organizada para oír su opinión sobre la materia en
debate, para lo cual le confiere el derecho de palabra en
la discusión de leyes (211). Además, los constituyentes
incluyeron un artículo que obliga a someter a referéndum
aprobatorio todos los proyectos de ley introducidos
por los ciudadanos, si la discusión de dicho proyecto
no toma lugar en el período de sesiones siguiente al
momento en el que el proyecto de ley fue presentado
(205) 18 . Finalmente, también es importante destacar que
17 Para el caso del Poder Electoral, ver Kornblith, 2003.
18 A pesar de la especial consideración que el constituyente tuvo para
con la participación ciudadana en la formación de leyes, algunos
hechos polémicos han hecho dudar de su total cumplimiento. Resalta,
entre ellos, el decreto de 49 leyes por parte del Presidente de la
República en 2001, quien ejercía la potestad que le fuera conferida
la iniciativa legislativa puede ser ejercida por el 0.1% de
los electores inscritos en el registro electoral, lo cual,
considerando que la población actual es de alrededor
de 12 millones de electores inscritos, reduce a un poco
más de la mitad el límite de 20 mil electores fijado en la
Constitución de 1961.
En síntesis, este nuevo conjunto de principios, y el
entramado institucional resultante, fue concebido para
poner en marcha la llamada democracia partidista, con
el interés de superar las deficiencias del esquema exclusivamente
representativo de la Constitución de 1961 y
de su consiguiente orden sociopolítico. Aún es pronto
para establecer un balance completo de la calidad e impacto
de este nuevo esquema, así como diferenciar los
méritos o deficiencias intrínsecos del mismo de las
distorsiones que pudieran afectarlo en su puesta en
marcha en los años recientes.
No obstante, atendiendo exclusivamente la dimensión
partidista, resulta evidente que este esquema ha
obrado a favor del debilitamiento de dichas organizaciones
y de la desinstitucionalización del sistema de partidos,
exacerbando rasgos que se venían expresando
desde antes del cambio de las reglas de juego.
III. La relación entre los partidos
políticos y la sociedad. La
inclusión de los grupos
marginados. El caso de las
mujeres y los grupos indígenas
La participación de la mujer
La participación de las mujeres en el actual sistema de
partidos venezolano, fue determinada, en primer lugar,
por la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política,
promulgada en 1997, según la cual, los partidos
políticos debían conformar la postulación de sus candidatos
por lista a los cuerpos deliberantes estatales, municipales
o parroquiales, de manera que se incluyera un
porcentaje de mujeres, equivalente al 30% del total de
sus candidatos postulados (LOSPP, 144).
por una ley habilitante aprobada por la Asamblea Nacional. El decreto
de este paquete de leyes causó gran polémica por no haber
tomado en consideración la opinión de la sociedad organizada, y
especialmente de ciertos grupos que se veían afectados por el contenido
de dichas leyes. La polémica escaló hasta producirse un exitoso
paro nacional de un día, el 10 de diciembre de ese mismo año.
Venezuela
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