ISNN: 1668-5431 - Facultad de Periodismo y Comunicación Social ...

desconocer lo que firmaron”. Se describe entonces
la “etapa subsiguiente del fraude”, en la cual la
Usina reuniría nuevamente los lotes adjudicados a
través de los acuerdos ilegales:
Recibiendo lotes inferiores, muchas veces a 0,5
hectáreas, los trabajadores quedan sin perspectivas
de uso incluso para la subsistencia. Pasando hambre
y desesperados, son compelidos por testaferros
de la Usina Açude a “vender” los lotes adjudicados
[a través de los acuerdos] intercambiándolos por
electrodomésticos en comercios de la región y por
otros bienes de valor inferior.
Recebendo lotes inferiores, muitas vezes a 0,5
hectare, os trabalhadores ficam sem perspectivas
de uso até para a subsistência. Passando fome e desesperados,
são compelidos por “laranjas” da Usina
Açude a “vender” os lotes adjudicados [a través
de los acuerdos] trocando-os por eletro-domésticos
em lojas comerciais da região e por outros bens de
valor inferior.
A la argumentación central del mensaje se suman
otras cuestiones, tales como la reivindicación
de las propiedades improductivas de la Usina Açude
(improductividad constatada por el INCRA) 13 por
parte de los trabajadores despedidos que no aceptan
los acuerdos anteriormente mencionados y que
se encuentran “recibiendo amenazas y sufriendo
violencias, inclusive con disparos de armas de fuego”.
Finalmente, la apelación al deber constitucional
de los órganos públicos se agrega a los contenidos
proposicionales del mensaje, el cual concluye
con el acto de requerir que el Ministério Publico do
Trabalho “actúe con firmeza frente al cuadro denunciado”.
La denuncia también se acompaña de
documentos “anexos” que refuerzan las informaciones
emitidas (Certificaciones expedidas por Juntas
de Conciliação e Julgamento y por escribanías,
comunicaciones del INCRA al Desembargador Corregedor
do Tribunal de Justiça y a los Cartórios de
Registro Geral de Imóveis, indicando sobre las ilegalidades
de los Acuerdos de Trabajo realizados por la
Usina Açude, y notas de denuncia enviadas a la Policía
Civil y a la opinión pública).
Si en las notas enviadas a la policía los hechos
narrados aludían a las amenazas y violencias contra
los trabajadores acampados en las propiedades de
la Usina, en la denuncia enviada al Ministério Público
do Trabalho las informaciones versan principalmente
sobre la violación de los derechos laborales.
La presentación que adquiere tal denuncia apunta
a tornarla plausible de tratamiento en aquel órgano;
se subordina a la acción que se pretende del
destinatario en cuestión. Lo que se alude en el
mensaje se vuelve parte integrante de la acción de
denunciar y requerir, que la CPT, el MST y la FETA-
PE realizan a través de la nota presentada (que realizan
al decir).
Las violencias contra los trabajadores del engenho
Cachoeira vuelven a aparecer como información
principal en la nota que la CPT dirige al Secretário y
al Secretário-Adjunto de Produção Rural e Reforma
Agrária, en mayo de 2000. La Pastoral comunica a
la mencionada secretaría las denuncias hechas en la
policía civil de Pernambuco y remite copia del oficio
dirigido en esa misma fecha al director de dicha institución.
A través de los documentos anexos, la CPT
pretende mostrar a su destinatario que la situación
se continúa agravando a pesar de la designación,
por parte de la policía, de un Delegado Especial.
Aquella constatación (recordando las categorías de
Austin) pasa a formar parte de una solicitación, en
la cual la CPT no sólo pide una acción conjunta del
destinatario en cuestión y la policía militar, “para
que la integridad de los ciudadanos y el orden público
sean preservados en cuanto se realizan las investigaciones”,
sino que insiste, de manera especial,
en las “articulaciones junto al INCRA para que
sean agilizados los procedimientos de desapropiación
de aquellas tierras improductivas, para que se
ponga fin al ciclo de violencias de las milícias y para
que los trabajadores y toda la región puedan tener
oportunidades de producir y desenvolverse.
13 Según la Ley Nº 8.629, aprobada
el 25 de febrero de 1993, el
incumplimiento de la “función
social” de la tierra habilita su desapropiación.
Entre los factores
que conforman dicha función social
se encuentra el “aprovechamiento
racional y adecuado” que
refiere a la productividad de la tierra,
punto que ocupa una atención
central en la ejecución de las
despropiaciones.
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