Revista FaltaEnvido – Año 2 – Num 4 – Junio 2011 - Kapiango

Ni para cabecitas negras
ni para sudacas: derechos para el capital
Por Domingo Ighina
Jauretche en su memorable Manual de zonceras
argentinas describe las llamadas “zonceras
institucionales”. Estas zonceras tienen que ver
con los increíbles apotegmas de próceres o recitados
vaciados de sentido por bastos políticos
abogados y periodistas sabihondos. Específicamente
Jauretche hablaba del derecho público
argentino de matriz liberal y difundido hasta el
hartazgo por un rosario de frases célebres de
Echeverría, Alberdi o Vélez Sarsfield.
La certeza de que nuestra Constitución Nacional
de 1853 es en gran parte un producto importado,
impulsa a don Arturo a oponer un
derecho público importado con otro que se basa
en una lectura de la realidad. Se establece así
una oposición fundacional entre nosotros: o la
ley se hizo para los ciudadanos o los ciudadanos
para la ley. Incluso los términos que recién
utilicé pueden ser reemplazados con ventaja,
pues entender que un hombre se reduce ante la
ley a ser mero ciudadano es aceptar que el derecho
tomado del conjunto regulativo de los poderes
mundiales de turno, puede limitar, en lo
que importa socialmente, la identidad de un individuo.
El actual proyecto nacional y popular ha avanzado
bastante en el sentido de legislar a partir
de la humanidad real de las personas que constituyen
el pueblo. En otros términos, se ha intentado
que la ley no limite la variedad de
nuestras coexistentes identidades y poder así
dislocar el poder condicionante de la legalidad.
Sin embargo el decisivo avance soberano que
el país realizó interviniendo REPSOL YPF y solicitando
y aprobando su inmediata expropiación,
desató una serie de gritos destemplados de penosos
y trasnochados imperialistas ibéricos –
remedos tristes de lo que fue en algún momento
un país excepcional- y de aún más impresentables
colonialistas vernáculos, como Oscar
Aguad –descendiente directo de los viejos radicales
galeritas que derrocaron a Yrigoyen- y
Mauricio Macri, asumido émulo del Genaro de
la novela En la sangre de Eugenio Cambaceres.
Los gritos hablan todavía hoy de “seguridad jurídica”
o “respeto de la propiedad”, llegando
incluso en la voz del diputado radical por Córdoba
Hipólito Faustinelli a decir que a REPSOL
se le debía pagar una indemnización y luego
abonarle el valor de la compañía expropiada,
según el precio que fijara la propia multinacional.
La invocación al derecho público resulta
central en estas argumentaciones colonialistas
Estas posturas en realidad apuntan a sostener
el derecho de la empresa, es decir del capital,
sobre el derecho superior de la soberanía del
pueblo. La constitución de 1949 –derogada mediante
un golpe de estado, no se debe olvidarimponía
la soberanía de la nación, es decir del
pueblo, sobre las caídas del agua, el subsuelo
y los recursos naturales no renovables. Los colonialistas
oponen el derecho de la empresa internacional
a ser intocable y a perpetuarse en
nombre del progreso y la inversión, en la posesión
de lo que no le pertenece.
Jauretche reflexionó sobre la implicancia del
acierto constitucional de garantizar la plenitud
de derechos para todos los hombres de buena
voluntad que quisieran habitar la Argentina:
“No me refiero al enunciado constitucional en
cuanto establece la igualdad de derechos del
extranjero con los nacionales, salvo en aquello
de que los extranjeros llevan la ventaja de tener
cónsul. […] En la práctica más que para el extranjero
hombre, vale para las personas jurídicas
extranjeras: las creaciones del capital; así
se parte desde una igualdad teórica a una desigualdad
en contra de lo propio, pues es en esto
de las personas jurídicas en donde el cónsul
juega su papel predominante” (“De las zonceras
institucionales”). Así, la zoncera de compa-
rar expropiación de lo nuestro –que es sencillamente
recuperación- con confiscación, y reclamar
indemnizaciones varias y pedidos de
perdón a sus majestades católicas, son tareas
de cónsules extranjeros que defienden su patria,
el capital multinacional.
Ahora bien, los cónsules Morandini, Romero,
Carrió o Aguad no mencionaron en sus singulares
exposiciones que en este país una vez la
realidad se impuso al derecho público y eso fue
cuando ellos, o sus abuelos o padres ideológicos
tuvieron el poder. “En 1955, después de la
Segunda Tiranía, se restableció por decreto la
Constitución de 1853, con su artículo 17, que
además seguía vigente en la de 1949, se crearon
enseguida las ´Juntas de recuperación patrimonial´
y se confeccionaron las listas de
´interdictos´ que no se presentasen a las Juntas
de Recuperación: la ¡confiscación de bienes!”
(Zoncera Nº 27). ¿Nadie recordó, entre radicales,
socialistas, conservadores y liberales y peronistas
lomo negro que en 1955 sí hubo
confiscación, y no a las grandes empresas
transnacionales sino a los argentinos que se
identificaran como peronistas? ¿Ningún periodista
de Canal 12 o La Voz del Interior se dedicó
a investigar cuántas confiscaciones hubo en
este país? ¿Alguien pensó que la empresa capitalista
es inviolable y no lo es el hombre y sus
derechos? Vale pensar con Jauretche estas hilachas
de sentido de la historia cuando los partidos
hacen bandera con la historia o cuando
los figurones hablan de “seguridad jurídica”.
Recuerden que, cuando el pueblo ya no los elija
como representantes o no los escuche ni lea
más, estos vociferantes tendrán trabajo asegurado
en algún consulado –nunca ad honoremdel
Foro de Davos.