LIBRO ENSAYO.p65 - Dirección Cultural UIS - Universidad ...

Historia
Bicentenaria de
un día de
Revolución
El dilema entre las independencias y la
construcción del Estado – Nación neogranadino
Segundo Concurso
Nacional de Ensayo
UIS - 2006
Dirección Cultural

Historia
Bicentenaria de
un día de
Revolución
El dilema entre las independencias y la
construcción del Estado – Nación neogranadino
Luis Rubén Pérez Pinzón
Dirección Cultural
Bucaramanga, 2007

© Universidad Industrial de Santander
Luis Rubén Pérez Pinzón
Segundo Concurso Nacional de Ensayo 2006
Dirección Cultural
Rector UIS: Jaime Alberto Camacho Pico
Vicerrector Administrativo: Sergio Isnardo Muñoz
Vicerrector Académico: Alvaro Gómez Torrado
Vicerrector de Investigaciones: Óscar Gualdrón González
Dirección Cultural: Luis Álvaro Mejía Argüello
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División Editorial y de Publicaciones UIS
Corección de estilo: Maria Cristina Úsuga Soler
Primera Edición: Marzo de 2007
ISBN:
Dirección Cultural UIS
Ciudad Universitaria Cra. 27 calle 9.
Tel. 6846730 - 6321349 Fax. 6321364
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Bucaramanga, Colombia
Impreso en Colombia

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
Presentación
A tres años de la conmemoración bicentenaria de la
independencia nacional, toda la nación colombiana se apresta a
participar en las acciones recordatorias que las instituciones
públicas y privadas preparan. La memoria nacional sobre lo
acontecido en los dos primeros siglos de existencia de esa unidad
de sobrevivencia llamada estado nacional, que la ruptura política
de 1810 echó a andar, concita el interés de muchos grupos
sociales, pero en especial de los historiadores profesionales. Por
tal motivo, la Universidad ha abierto en dos ocasiones unos
concursos públicos de ensayo histórico, convocando a la nueva
generación de esa profesión a afilar sus plumas para contribuir a
la lucha contra el olvido.
Los dos concursos de ensayo histórico fueron ganados por
egresados de nuestra Escuela de Historia, quienes efectivamente
aportaron nuevas luces esclarecedoras sobre lo acontecido en
Santander y en Colombia. Es así como en esta ocasión, dedicada
al tema de la independencia nacional, el magister Luis Rubén
Pérez ocupó el primer lugar en el palmarés. Corresponde a la
Universidad divulgar la obra ganadora, y con mucho gusto lo
hace aquí, segura de que este ensayo interesará a muchos lectores
en el tema básico de la recordación bicentenaria.
Los avances de la ciencia de la historia en nuestra Universidad
son motivo de satisfacción y un reto para persistir en la voluntad
que en 1987, hace ya un par de décadas, abrió el programa de
pregrado en historia en el seno de la Facultad de Ciencias
Humanas, seguido pocos años después por el programa de
7

maestría, que ya completa seis generaciones. Los frutos
cosechados en esta escuela profesional, acreditada ya tanto por
sus pares nacionales como por el Ministerio de Educación, nos
convencen de la bondad de estos concursos, efectivos estímulos
para las nuevas generaciones de historiadores que requiere el
país.
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Historia Bicentenaria de un día de Revolución
El segundo centenario del acontecimiento histórico conocido
como el día de la “Independencia de Colombia”
seguramente convocará a la primera generación de
colombianos del siglo XXI para que, a nombre de sus instituciones
de educación preescolar y básica primaria, armonicen
las fiestas patrias con la acostumbrada mano diestra en el corazón
y una banderita tricolor en la siniestra durante los desfiles y actos
protocolarios ordenados por los gobiernos nacional,
departamental, local y escolar para rememorar una vez más el
día de la gesta procera de los padres y protomártires de la Nación.
Y aunque su frágil presencia provocará enternecimiento y
esperanza patria, paradójicamente serán esos infantes los más
extrañados por las incomprensibles frases de emancipación e
independencia que muchos de esos adultos proclamaran con
efusivos discursos y promesas democráticas que a la larga no
los librarán de los agravios, maltratos y sometimientos que
9

Luis Rubén Pérez Pinzón
deberán continuar recibiendo por parte de todos aquellos tiranos
y mandones de los que legalmente continuarán dependiendo hasta
alcanzar su emancipación biológica y su independencia ciudadana.
Esas conmemoraciones y celebraciones bicentenarias servirán
además para que otros adultos, en su condición de ciudadanos
ilustres o autoridades culturales puedan prologar su condición
de sempiternos difusores de la Historia Patria, defensores de la
unidad nacional y protectores del legado historicista de la Nación;
concretar los planes, compromisos y contratos pensados y
planificados con diez años de anterioridad; hacer alarde de sus
preocupaciones populistas y el sinnúmero de valores patrioteros
que caracterizan su discurso chovinista e incluso, para culminar
sus largas jornadas de revisión y recreación de los discursos y
las versiones oficiales sobre lo acontecido en esa fecha
bicentenaria, con el fin de darlas a conocer en cada uno de los
actos públicos a los que sean invitados o condicionados a presidir,
y de ser posible, publicarlas como “investigaciones históricas”.
1. El Estado no ha podido divulgar una versión coherente
e integral sobre la “independencia”. Paralela a esa renovación
de los mecanismos de difusión del imaginario patriótico,
seguramente se realizarán actos de divulgación de las nuevas
verdades históricas publicadas por las academias y facultades
de Historia, así como eventos públicos para afirmar o revisar las
visiones y versiones históricas que han sido difundidas
tradicionalmente a través de los textos oficiales elegidos,
contratados o avalados por las instituciones gubernamentales para
la enseñanza de la “Historia de Colombia” desde hace más de
un siglo. Siendo posible evidenciarse a través de esas mismas
actividades académicas cuáles han sido las convicciones
ideológicas y los intereses sociopolíticos que las facciones,
partidos y gobernantes han tenido al pretender sustituir la unidad
nacional fundada en las prácticas y costumbres hispánicas por
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Historia Bicentenaria de un día de Revolución
una pretendida unidad nacional centrada en las instituciones y
los principios ideológicos republicanos.
Un ejemplo de ello ha sido, recientemente, los materiales y
estrategias educativas adoptados por los gobiernos posteriores
al cambio constitucional de 1991, destacándose las cartillas en
Ciencias Sociales del “Programa Escuela Nueva” después de
haber sido rediseñadas, autorizadas, donadas y distribuidas en
toda la nación por el Ministerio de Educación Nacional (MEN)
(1994 – 1996), al constituirse en las mejores herramientas
tecnológicas de aprendizaje para las nuevas generaciones de
ciudadanos residentes en las zonas rurales más lejanas, así como
para todos aquellos excluidos en los cordones urbanos de miseria
más cercanos, cumpliéndose así con las políticas estatales
orientadas a la gradual y gratuita universalización de la educación
básica en Colombia. Entre esas cartillas es de resaltar la guía
didáctica para el quinto grado titulada “La lucha por la
emancipación” 1 con la cual se sintetiza la centenaria transición
entre los dos regímenes políticos y constitucionales del país, y
especialmente, se hace una revisión crítica de la experiencia
histórica colombiana por parte de los historiadores profesionales
“nacionales” desde perspectivas teóricas de carácter políticoeconómico
y sociocultural que corrigen o reinterpretan los
discursos elitistas, partidistas, patrilocalistas y segregacionistas
de los historiadores académicos.
Mediada por el activismo pedagógico, caracterizado por el
diagnóstico, contraste, asimilación y socialización de los conceptos
aprendidos y el libre uso o manejo de las informaciones,
esa guía resume además las versiones renovadas que sobre la
“Independencia” de Colombia han divulgado las nuevas
generaciones de científicos sociales al ser repensada como un
1 ZAMBRANO, Fabio. Unidad 6: El nacimiento de una nación. Guía 2: La lucha
por la emancipación. En: BERMÚDEZ, Ángela. Et. Al. Sociales 5. Santafé de
Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 1996. Segunda Cartilla. Pág. 89 - 108
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Luis Rubén Pérez Pinzón
movimiento revolucionario organizado y planificado en la capital
virreinal, liderado por grupos de criollos ilustrados y burócratas
inconformes que se habían preparado con anterioridad para tal
fin, influenciado y motivado por algunas insurrecciones
provinciales, y cuya preocupación principal no era independizarse
de la monarquía española de Fernando VII sino emanciparse de
las autoridades coloniales para usurpar y apropiarse de
condiciones político – administrativas semejantes a las demás
reinos y provincias españoles. No obstante, esas representaciones
al igual que las convicciones centenarias y las
interpretaciones bicentenarias sobre un acontecimiento nacional
reducido a un día de “fiesta patria”, no han dejado de ser
cuestionables al ser innumerables las ambigüedades conceptuales,
las ausencias metódicas, los facilismos metodológicos y las
actitudes parcializadas frente a los sucesos acontecidos antes y
después de 1810, dentro y fuera de Santafé de Bogotá.
A esos procesos de educación formal con materiales didácticos
respaldados en las innovaciones científico-sociales de las
instituciones académicas y universitarias oficiales, se aunó el deseo
de la Presidencia de la República por divulgar los textos y
acontecimientos “claves” para conocer a Colombia a través de
una estrategia informal de instrucción pública mediada por los
treinta volúmenes de la “Biblioteca Familiar Colombiana”.
Colección con la cual se pretendía “brindar una visión renovada
de nuestra tradición y proyectar los nuevos caracteres de
una sociedad en transformación, como es la colombiana de
hoy…” 2 , de allí que uno de sus primeros retos fuese la rápida y
masiva recepción que esos volúmenes deberían tener entre todas
las instituciones educativas del país comprometidas en la
formación de ciudadanos útiles, libres, responsables, participativos,
amantes de su patria y mejores lectores.
2 SAMPER PIZANO, Ernesto. Biblioteca Familiar Colombiana. En: MELO,
Jorge Orlando. Coord. Colombia Hoy. Santafé de Bogotá: Imprenta Nacional de
Colombia, 1996. Pág. V
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Historia Bicentenaria de un día de Revolución
Entre esos volúmenes se encontraba la decimosexta edición de
“Colombia Hoy”, considerada una de las primeras y más
representativas obras de la “Nueva Historia”, la cual fue
presentada en contraste con otras obras de esa misma biblioteca
como la “herramienta de trabajo fundamental” para estudiar
“nuestra condición como país y como sociedad” y para equipar
con conocimientos básicos a todo aquel interesado en “conocer
los rasgos centrales de nuestra sociedad; nuestro pasado,
presente y eventual futuro” 3 desde una perspectiva global. Así,
el primer capítulo dedicado a estudiar las “Etapas y Sentido de
la Historia de Colombia” se constituyó en fiel reflejo del
enfoque histórico y el esfuerzo conjunto por “comprender al país”
por parte de la intelectualidad crítica y universitaria, influenciada
por las nuevas tendencias de la ciencia social 4 y comprometida
con romper y renovar las tradiciones “patrióticas” y “elitistas” 5
de la historiografía académica.
Sin embargo, esa primera revisión “apátrida” salta en su análisis
histórico de la “etapa colonial” con sus bases, estructuras y
reformas señoriales a la etapa conocida como la “Gran Colombia
(1820 – 1830)”, concebida y disuelta por los generales
libertadores que obtuvieron de forma bélica, diplomática y
político-económica la separación absoluta de España, con lo
cual no se menciona ni se da importancia al período o etapa
histórica conocida como “Independencia”, durante la cual se
sentaron las bases de las reformas y paradojas que dieron origen
al proyecto republicano colombiano después de 1819. De tal
manera, la difusión masiva de “Colombia Hoy”, al igual que
otros textos que pretendieron renovar la historia “patria”, al
evidenciar esos y muchos otros vacíos analíticos han propiciado
3 CAMACHO GUIZADO, Álvaro. Prólogo: Colombia Hoy: Perspectivas para
el siglo XXI. En: Ibíd. Pág. VII
4 MELO, Jorge Orlando. Introducción a la nueva edición. En: Ibíd. Pág. XX -
XXII
5 ARRUBLA YEPES, Mario. Presentación. En: Ibíd. Pág. XXXI
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Luis Rubén Pérez Pinzón
que entre las familias de lectores como en las comunidades
educativas esos silencios u omisiones sean remediados con la
reapropiación de los discursos explicativos conservados en las
enciclopedias y los manuales de Historia Patria a fin tanto de
saciar las dudas académicas como reafirmar los sentimientos
“patrióticos” que guiaron el nacionalismo por parte de la
generación del centenario. Por otra parte, esos distanciamientos
interpretativos contribuyeron a hacer incomprensible el propósito
de los nuevos historiadores por hacer un “examen de las
tensiones sociales y económicas que constituyen la sustancia
de la empresas políticas” 6 al no poder demostrarse la
continuidad o la ruptura entre el orden socio-cultural colonial y
la sociedad republicana de acuerdo a los cambios institucionales
y el reordenamiento constitucional demoliberal que se concibió
y experimentó entre 1810 y 1815.
Por tal razón, ese cúmulo de ausencias y falencias en la
historiografía divulgada y autorizada por el Gobierno central para
la educación formal e informal en la última década, reflejan cómo
después de doscientos años de historia patria y construcción
ideológica del Estado – Nación aún no es posible definir ni
comprender a ciencia cierta los alcances de la noción de
“independencia”, o mejor de las experiencias históricas
provinciales agrupadas como las “independencias”, que
concibieron y divulgaron los neogranadinos patrióticos e ilustrados
desde inicios del siglo XIX. Sin embargo, las ideas y reflexiones
que se presentan a continuación no pretenden ser un “catecismo
político” de definiciones patrióticas, al ser mucho más importante
poder establecer los procesos y dinámicas interpretativas que
permitan comprender cómo, cuándo, por qué y para qué antes y
después de 1810, los neogranadinos decidieron rebelarse y
adoptar un sinnúmero de modelos y experiencias revolucionarias
que transformaron el imaginario político y cultural de cada una
6 ARRUBLA, M. Op. cit. Pág. XXXI
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Historia Bicentenaria de un día de Revolución
de las provincias hasta la constitución de la República de
Colombia después de 1821.
Indagaciones que permitirán además, identificar y proponer
elementos de juicio y temas de profundización para repensar las
tradiciones heurísticas de los historiadores académicos y las
innovaciones interpretativas de los científicos sociales sobre la
razón del ser, hacer, tener y creer del ciudadano colombiano
primigenio de acuerdo a las míticas convicciones ilustradas y
republicanas, las legendarias acciones libertarias originadas con
los “gritos de independencia”, así como la transitiva transformación
de los imaginarios y las prácticas políticas coloniales, al ser
adoptado e impuesto constitucionalmente por los movimientos
juntistas, y luego por los diputados y congresistas provinciales,
el ideario republicano. Siendo la adaptación y consolidación de
las instituciones autónomas, soberanas, librecambistas y belicistas
consecuentes con esos procesos las que harían posible defender
la “salud pública” de los movimientos de emancipación
provincial (1810 – 1815) y la consolidación de las legítimas
aspiraciones federalistas o de “separación perpetua” de los
dominios territoriales, los vasallajes políticos, los lazos y/o
discriminaciones étnicas y toda forma de afinidad o dependencia
sociocultural con el resto de la “familia” española al reimplantarse
en 1814 el patriarcalismo despótico, golpista, inquisidor y
represor de los borbones (1816 – 1821) 7 .
7 El concepto de de “Salud Pública” empleado en este ensayo corresponde a las
razones jurídicas y políticas con las cuales Ignacio de Herrera justificó la necesidad
de proteger y defender las provincias de la Nueva Granada con la instauración de
Juntas de Gobierno a través de los oficios y memoriales que como Síndico
Procurador, envió al Cabildo de Santafé de 1809. Sumándose a las mismas, las
metáforas republicanas con las que esa noción médica fue incorporada en el
discurso independentista de los cabildos de las provincias nororientales del Nuevo
Reino de Granada, especialmente a través de actas como la del 28 de enero de
1821 del Cabildo de Maracaibo (BESSON, Juan. Historia del Zulia. Tomo II.
Maracaibo: Gobernación del Zulia, 1945. Pág. 576 – 577).
El concepto de “Separación Perpetua” es tomado de los discursos, memoriales y
representaciones presentados por Camilo Torres y José de Acevedo y Gómez
ante el Cabildo de Santafé, especialmente el “Memorial de Agravios”, al expresar
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Luis Rubén Pérez Pinzón
2. Los historiadores divagan entre si los criollos querían
“emanciparse” o “independizarse”. Una reflexión de tales
proporciones debe partir necesariamente de las ambigüedades
históricas que han caracterizado los textos de los historiadores
académicos y profesionales acerca de la pretensión política de
los criollos ilustrados y los regidores municipales durante las
sublevaciones populares a mediados de 1810. Textos que a pesar
de sus vacíos argumentativos y sus sectarismos políticos han sido
difundidos por los gobiernos partidistas de turno por intermedio
de sus aparatos ideológicos y de represión, imponiendo su control
monopólico a las redes de telecomunicaciones u obsequiando
millones de ejemplares como material didáctico para las
instituciones educativas oficiales. Un ejemplo diciente de ello se
puede verificar después de doscientos años de “historia oficial”,
a través de los materiales educativos y las nuevas herramientas
cognitivas promovidas por el MEN con ayuda de las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) en su
afán de globalizar los conocimientos, las competencias y las
prácticas productivas de las futuras generaciones de ciudadanos.
En el portal de conocimiento virtual “Colombia Aprende. La red
del conocimiento” del MEN, considerado el medio didáctico más
novedoso e integral para el aprendizaje de los colombianos del
siglo XXI con ayuda de las NTIC, se resalta como lo más
importante de cada mes de julio “El grito de independencia” 8 .
en ellos sus temores separatistas ante las equivocas decisiones de los chapetones,
quienes al negarse a aceptar la igualdad de derechos y privilegios otorgados por
las Supremas Juntas de Gobierno fernandinas a los americanos ante las
pretensiones imperiales de la dinastía josefina, indirectamente propiciaron la
insurrección e independencia étnico-cultural y territorial- constituyéndose además
esas representaciones, en instrumentos para rechazar y condenar abiertamente
las anárquicas pretensiones separatistas que se dieron entre las provincias al
decidir desligarse del cuerpo nacional para ser absolutamente independientes.
8 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. El grito de la
Independencia. En: Colombia aprende. La red del conocimiento. Disponible en
Internet vía: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-
83837.html#h2_2. Formato: Html, Tamaño: 34 kb. Búsqueda del: 11 de noviembre
de 2006
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Historia Bicentenaria de un día de Revolución
Para ello se hace un recuento de lo acontecido el 20 de julio de
1810 en Santafé planteando que no fueron hechos fortuitos y
que ese “… acto, en apariencia efímero, desató en un
enfrentamiento entre criollos y españoles y culminó en la
independencia de Colombia” al ser “una gran rebelión del
pueblo”, al ser el deseo de los criollos capitalinos “acatar un
Estado- Nación” en imitación a los levantamientos de Quito,
Cartagena y el Socorro, y por ser la única salida planeada por
los patriotas notables de Santafé para acabar con las tensiones y
contradicciones del imperio español entre “… corona-reinos,
criollos-peninsulares y finalmente metrópoli –colonias”. De
tal manera, el recurso educativo más avanzado y divulgado para
el aprendizaje de la historia de Colombia al preocuparse más
por la forma narrativa y no por el fondo argumentativo, continúa
haciendo obvio, y por ende injustificable e incomprensible para
los aprendices de historia, por qué o para qué querían la
“independencia” los “personeros de la oligarquía criolla”.
Esa falta de respuestas en profundidad es compensada por el
portal al sugerir a los navegantes enlazarse a otras páginas oficiales
“para saber más sobre el 20 de julio de 1810”, especialmente
a las bibliotecas virtuales y los textos digitales del Banco de la
República y la Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango (LABLAA)
con sus más de ciento treinta mil páginas para todos aquellos
interesados en “conocer sobre la cultura colombiana”.
Ofreciéndose así a los internautas la posibilidad de consultar los
temas de su interés a través de libros digitales en todas las
disciplinas de las ciencias sociales, colecciones especiales (música,
biografías, revistas, publicaciones institucionales, bibliografías,
tesis, investigaciones, papers), novelas colombianas
digitalizadas, e incluso una sección de consulta para ayudar a los
estudiantes a hacer sus tareas.
Tan voluminosa fuente de información virtual resulta así confusa
e inútil para el aprendiz de la historia de Colombia que busca
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Luis Rubén Pérez Pinzón
comprender problemas histórico-cognitivos como los asociados
con las independencias neogranadinas; para los ciudadanos de
las siguientes generaciones que buscan pistas para poder continuar
sus procesos de autoconstrucción de identidad (individual,
familiar, grupal, nacional, etc.), e incluso, para todas aquellas
individualidades adscritas a la “sociedad del conocimiento” que
pretendan encontrar de forma fácil, rápida y telemática cuáles
fueron los intereses y preocupaciones de los revolucionarios
neogranadinos al pretender independizarse. Por ejemplo, al
consultarse la “guía temática de política”, y más específicamente
la sección denominada “Historia Constitucional de Colombia”,
se concluye sin antecedentes ni argumentación alguna que en
1810 “…los criollos manifiestan su descontento y firman un
Acta de Independencia, Acta con la cual se buscaba redactar
una Constitución independiente de España”. 9 En esa misma
perspectiva, en la “Historia de las Instituciones en Colombia” se
plantea que desde la gesta de Independencia (1810) “… se
comenzó a tomar conciencia de que las leyes y normas que
habrían de regir al pueblo debían ser dictadas por
instituciones criollas y no por parte de la Corona, lo que
llevó a que se desconociesen las Leyes de Indias, que eran
dictadas desde España para que fuesen aplicadas en la Nueva
Granada”. 10
La conclusión preliminar que se puede obtener de tan somero
diagnóstico sobre el papel analítico de la bicentenaria historia
patria, a través de las versiones científicas y los discursos oficiales
divulgados a través de las publicaciones impresas o las NTIC,
9 COLOMBIA. BANCO DE LA REPÚBLICA. Historia Constitucional. En:
Biblioteca Luis Ángel Arango – virtual. Disponible en Internet vía: http://
www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli55.htm. Formato: Html,
Tamaño: 25 kb.
10 COLOMBIA. BANCO DE LA REPÚBLICA. Historia de las Instituciones en
Colombia. En: Biblioteca Luis Ángel Arango – virtual. Disponible en Internet vía:
http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli58.htm. Formato: Html,
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Historia Bicentenaria de un día de Revolución
no puede ser otra que la continua, anacrónica, monótona y
fragmentada parcialidad ideológica de los textos oficiales
publicados en múltiples formatos para la difusión didáctica y la
justificación analítica del proceso de construcción del Estado-
Nación, aunado al desconocimiento de los hechos y alcances
que tuvieron los sucesos acontecidos en 1810, lo cual se refleja
en los argumentos superficiales y publicitarios que hacen del 20
de julio un acontecimiento mítico, verídico, sacro e incuestionable
para toda una Nación formada en el culto a los héroes y las
fechas patrias.
Por otra parte, la disparidad ideológica y pragmática de los
partidos políticos en el poder se hace evidente a través del
reconocimiento y defensa de las dos formas legendarias de
comprender la “independencia” a partir de discursos históricos
paralelos como son: una versión regionalista o federalista
caracterizada por el enfrentamiento político-militar entre criollos
y peninsulares a causa de los conflictos y discriminaciones étnicoculturales
preexistentes en cada provincia, la cual resulta contraria
a otra versión nacionalista o centralista según la cual la separación
absoluta de España fue la primera y principal preocupación de
los criollos de Santafé desde la rebelión antitributaria de 1781 al
ser su preocupación conformar un Estado–Nación regido por
un régimen constitucional como el inglés, francés o norteamericano.
Dualidad que también es reconocible en los textos y discursos
de la “Nueva Historia” a través de las publicaciones y materiales
financiados por el Gobierno central para el uso didáctico nacional.
Materiales a través de los cuales se justifican las insurrecciones
emancipadoras y la conformación de Juntas de Gobierno
provincial como “resultado del descontento”, las injusticias y
los agravios que los criollos habían sufrido de los peninsulares en
cada una de sus “patrias”. Por otra parte, se plantea en esas
misma páginas, que los trascendentales hechos insurgentes del
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Luis Rubén Pérez Pinzón
20 de julio de 1810 en Santafé dieron origen al día de la
“independencia” nacional y a la instauración de un nuevo Estado
interprovincial por encontrarse en esa ciudad “la sede del
gobierno colonial y la residencia del virrey”, aunque “en ese
momento no se reclamaba una independencia total de
España... No nos estábamos emancipando, pero si se inició
el camino que poco a poco nos iba a llevar a la independencia
total”. 11
De tal manera, al lector de las “nuevas perspectivas” sobre la
independencia, y más específicamente a los aprendices de la
transición histórica entre el régimen colonial y el republicano
neogranadino, sólo les queda por creer y aceptar las versiones
históricas oficiales o interinstitucionales que transformadas en
textos de aprendizaje durante la última década han planteado
que los movimientos independentistas en las diecinueve provincias
neogranadinas, al igual que las independencias de los demás
países hispanoamericanos, “…no fueron fines en sí mismos,
sino el comienzo de un proceso vivo que debe ser
comprendido en el contexto iberoamericano de los procesos
de formación de los Estados y de construcción de nuevas
naciones, en las transformaciones institucionales, en los
movimientos populares y en la reacomodación de imaginarios
y sentimientos de los pueblos recientemente independizados
de la corona, pero aún hoy mantienen y valoran su herencia
cultural”. 12
3. La ambivalencia conlleva al “eterno retorno” de los
discursos patrióticos y partidistas. Proceso vivo que si bien
podría propiciar que las independencias iberoamericanas dejen
de ser estudiadas en sí mismas y sean asumidas como momentos
11 ZAMBRANO, F. Op. Cit. Pág. 95 - 96
12 ALTISENT PEÑAS, Ángel. Presentación. En: MARTÍNEZ GARNICA,
Armando. Ed. Independencia y transición a los estados nacionales en los países
andinos: Nuevas perspectivas. Bucaramanga: OEI – UIS, 2005. Pág. 7
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Historia Bicentenaria de un día de Revolución
históricos útiles para introducir conceptos y acciones que
propicien la integración latinoamericana y la articulación de la
historia independentista como parte de la historia universal de
las revoluciones, los vacíos y dudas que podrían quedar sobre la
experiencia nacional reafirmarían una vez más las carencias
analíticas y explicativas que existen en la comprensión e
interpretación integral de la historia de la Independencia en
Estados-Nación como el colombiano, en donde se dieron
procesos heterogéneos de emancipación y transición provincial
hacia la modernidad republicana que bien ameritan ser estudiados
autónomamente como las “independencias” precedentes y
consecuentes a la eclipsante independencia provincial de los
santafereños.
Atendiendo a tal problemática, un camino viable a seguir puede
ser indagar en los orígenes de esas carencias por medio de la
revisión de las versiones históricas sobre lo acontecido, de
acuerdo a los textos de instrucción pública y a las apologías
patrióticas de las Academias de Historia con las cuales se formaron
las actuales generaciones de historiadores, y más específicamente
a través de aquellas publicaciones autorizadas y financiadas por
el Estado para la conmemoración del día de la “independencia”
de Colombia en cada uno de los aniversarios federalistas del
siglo XIX asícomo para la celebración del pomposo centenario
centralista de inicios del siglo XX.
Ejemplo de ello son los textos oficiales para la enseñanza de la
Historia de Colombia en las escuelas elementales y los colegios
de secundaria del país titulados “Historia de Colombia -in
extenso” (para la enseñanza secundaria) y “Compendio de
Historia de Colombia” (para la enseñanza elemental) por Jesús
María Henao y Gerardo Arrubla, los cuales fueron elegidos y
proclamados en octubre de 1910 como la versión oficial y
nacional de lo acontecido en la historia de la República de acuerdo
a las bases de los concursos celebrados desde 1908, con el fin
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Luis Rubén Pérez Pinzón
de conmemorar la proclamación de la “independencia nacional”.
Siendo para ello destacadas como sus principales virtudes: gozar
de las calidades educativas necesarias al narrarse lo acontecido
con imparcialidad; contener los textos más claros, exactos y útiles
para la enseñanza de la historia de Colombia según las
autoridades educativas de la época; centrar su interés en la
formación patriótica de los futuros ciudadanos por medio de la
vida y obra de los grandes próceres de la Independencia, y contar
con el aval historiográfico de la Academia de Historia de
Colombia, constituida un año antes en cuerpo consultivo del
Gobierno nacional, gracias a la rigurosidad metódica y documental
de los autores.
Henao y Arrubla querían enseñar la historia de Colombia para
fomentar “modelos” de “patriotismo”, aunque eran concientes
de la ausencia de más y mejores investigaciones. Fue por ello
que optaron por revisar y compilar los documentos archivados,
las experiencias biográficas y las versiones históricas oficiales
del siglo que los antecedió, concluyendo en medio de los festejos
centenarios que las razones y características de los hechos de
1810 fueron el resultado de un proceso de emancipación de
los criollos a través de las peticiones, representaciones y solicitudes
redactadas desde mediados de 1809 y no en la pretendida
acta de “independencia” del Cabildo extraordinario de Santafé
o los documentos posteriores al “bochinche” capitalino del 20
de julio de 1810, cuyos cabecillas impusieron de facto la
conformación y aceptación de la Suprema Junta de Gobierno de
Santafé a la que se habían resistido los virreyes, oidores,
corregidores y gobernadores neogranadinos.
Siguiendo literalmente a los actores y autores protagonistas de
esos años, resultaba evidente para los autores que los patriotas
no querían la independencia separatista de España ni de sus
instituciones imperiales, pues su aspiración general era una
emancipación equitativa basada en “… la incorporación del
Nuevo Reino en la monarquía española, como provincia
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Historia Bicentenaria de un día de Revolución
integrante de ella; es decir, obtener “dentro de la unidad
nacional los mismos derechos de representación y poder de
los españoles peninsulares” 13 . Deseo de conocimiento público
y respaldo general por parte de los regidores municipales de las
provincias neogranadinas, especialmente del Cabildo de Santafé,
quienes al reclamar la conformación de una Suprema Junta de
Gobierno virreinal en nombre del eterno poder soberano de los
pueblos, lograron evitar ser condenados como los líderes
insurgentes y anarquistas que habían usurpado los poderes y
privilegios monárquicos al optar por nombrar y comprometer al
“tirano” virrey como Presidente de la Junta, al ser la mejor
“medida política” para salvar mutuamente sus vidas ante la
“efervescencia y calor” aniquilador de las masas, mientras que el
Tribuno procedió a escoger y proclamar el sexteto de vocales
que en nombre del “pueblo” criollo compartirían el poder con
los notables regidores del Cabildo, demostrando así ese diputado
popular, la anhelada coherencia y equilibrio en el poder, orden,
estabilidad y participación política entre americanos y
peninsulares.
El acta final de las acciones y decisiones acordadas durante esa
sesión extraordinaria del Cabildo de Santafé se constituyó en el
documento emblemático de las acciones insurgentes de la
“Nación”, respaldada en la soberana autoridad de los pueblos
provinciales en ausencia del gobernante legítimo, en la síntesis
de las maquinaciones golpistas y dictatoriales para suplantar las
autoridades constituidas o derribar sus gobiernos 14 , así como en
la mejor forma de representar las innovaciones liberales y los
13 HENAO, Jesús María. ARRUBLA, Gerardo. Historia de Colombia para la
enseñanza secundaria. Bogotá: Academia Colombiana de Historia - Lib. Voluntad,
1967. Octava edición, corregida y aumentada. Pág. 339
14 NARVÁEZ PIÑERES Y DE LA TORRE, Antonio de. “Oficio del Teniente
General don Antonio Narváez al Secretario del Despacho Universal de Indias
(Cartagena de Indias, enero 27 de 1811)”. En: RESTREPO, José Manuel. Comp.
Apéndice de la Historia de Colombia. Documentos Importantes de Nueva Granada,
Venezuela y Colombia. Tomo I. Bogotá: Imprenta Nacional, 1969. Pág. 15
23

Luis Rubén Pérez Pinzón
acuerdos revolucionarios alcanzados por la intelectualidad criolla
durante un día de rebelión y manipulación popular con el fin de
justificar la legítima usurpación de los poderes y funciones
administrativas de las autoridades virreinales a través de una
Suprema Junta a imagen y semejanza de los gobiernos
revolucionarios de España.
Sin embargo, para Henao y Arrubla, esa acta ni lo acontecido
durante ese patriótico día podían llamarse con propiedad de
“independencia” porque:
1. Los regidores y vocales santafereños antepusieron a la
soberana voluntad del pueblo el reconocimiento de Fernando
VII como “…Monarca del Nuevo Reino”, siendo su
pretensión integrarse a la monarquía española con
representantes virreinales y provinciales reconocidos en
igualdad de condiciones a los peninsulares, más no liberarse
de su condición de “colonias de la corona” aprovechando
las rebeliones tumultuosas en cada capital provincial.
2. Los junteros establecieron un orden federal o interprovincial
basado en un gobierno virreinal, provisional y centralizado en
Santafé para afianzar, asegurar y abdicar la felicidad y la
soberanía del pueblo sólo en el “…augusto y desgraciado
monarca, don Fernando VII, siempre que venga a reinar
entre nosotros”, o en su ausencia, en el Supremo Consejo
de Regencia de España e Indias instalado y defendido en la
Península Ibérica.
Orden que resultó efímero y desvinculante al ser desconocida
y desobedecida la autoridad de ese Consejo por la Junta
Suprema y algunas juntas provinciales (o superiores)
neogranadinas, al convocar a las provincias a conformar sus
propias “Cortes del Reino” (o Asamblea General) al
considerar que las de Cádiz eran depositarias sólo de una
24

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
“soberanía interina” que no representaba legítimamente al
virreinato ni a los cabildos de sus provincias. Ello ocasionó,
horas después de jurada la Junta santafereña, un amenazante
rumor de represión y venganza por las familias criollas y
peninsulares de las parroquias y provincias más cercanas, de
quienes se decía habían armado a los esclavos y peones de
sus haciendas para invadir a Santafé, reestablecer el orden
virreinal sumiso a la regencia y liberar de oprobios y deshonras
a las autoridades virreinales que habían sido enclaustradas o
aprisionadas. La contraofensiva criolla se concentró entonces
en disipar la alarma reclutando y preparando milicias urbanas
para defender las nuevas instituciones con el parque de
artillería expropiado al regimiento auxiliar de Santafé.
El temor resultó infundado. Aún así, las milicias capitalinas se
acrecentaron mientras que en las provincias con puertos
marítimos y fluviales, en las cuales se concentraba la mayor
parte de los españoles en su condición de funcionarios,
clérigos, militares y comerciantes reales, estalló una avasallante
“contrarrevolución” organizada por los gobernadores y los
comandantes del regimiento fijo de infantería cuyo fin era la
defensa y restitución de las instituciones reales, el
reestablecimiento de las instituciones virreinales en ciudades
costeras leales, la sumisión de las juntas de gobierno
provinciales a las benévolas y liberales cortes españolas, y la
protección del honor y las dignidades de los españoles
residentes en América quienes habían sido agraviados,
aprisionados, exiliados o asesinados injustamente por las Juntas
al seguir los caprichos y exigencias de las amenazantes,
anárquicas e inestables turbas populares dirigidas por
“chisperos” inconformes con los cambios revolucionarios
alcanzados o con los criollos principales e ilustres que habían
sido elegidos para gobernar.
3. Los miembros de la Suprema Junta juraron ante Dios y sus
escrituras que conservarían la “libertad e independencia” de
25

Luis Rubén Pérez Pinzón
todas las provincias del Reino, propiciando así la
transformación política y la tímida adopción de un régimen
monárquico – constitucional interprovincial (o nacional)
respaldado por milicias nacionales y un Supremo Congreso
(o Colegio Constituyente). Aunque Miguel Antonio Caro, a
través de un artículo periodístico de 1872 titulado “El 20 de
julio”, planteaba que la “independencia” de que hablaba dicha
acta no significaba “sino ´fueros regionales´, siempre bajo
el régimen monárquico, algo semejante a aquella
´soberanía´ de Estados en una federación, siempre dentro
de la unidad nacional”. Pensamiento crítico igualmente
compartido por caudillos militaristas como Tomás Cipriano
Mosquera para quienes la independencia de Colombia
realmente había sido alcanzada y reconocida por el mundo
entero con la derrota formal del ejército español el siete de
agosto de 1819. 15
La lucha por esos fueros se constituyó en la principal causa
para que días después de proclamada la revolución se
decayese en un estado de anarquía y desconcierto general
entre los defensores de la “emancipación política” y sus
detractores (“Patria Boba” 16 ), el cual se caracterizó por:
- La actitud de segregación y persecución sociopolítica
adoptada por los regidores criollos que usurparon y
accedieron al anhelado poder supremo al rechazar la
presencia y participación de los chapetones elegidos para
conformar las Juntas de Gobierno al considerarlos
“intrusos” que impedían la constitución de la felicidad
pública.
15 POSADA, Eduardo. El 20 de julio. Capítulos sobre la revolución de 1810.
Bogotá: Imprenta de Arboleda & Valencia, 1914. Pág. IX y 2. Biblioteca de
Historia Nacional, Volumen XIII.
16 ESPINOSA, José María. Memorias de un abanderado. Recuerdos de la
Patria Boba. 1810 – 1819. Bogotá: Imprenta Nacional, 1942. Biblioteca
Popular de la Cultura Colombiana.
26

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
- La disolución de la unidad nacional emancipadora al
desconocerse la autoridad legitima del Supremo Consejo de
Regencia de España e Indias, considerado sospechosamente
afrancesado, usurpador de las soberanías provinciales y
desconocedor de la ecuanimidad en la representación
provincial ante las Cortes.
- Las proclamaciones de independencias absolutas seudoestadounidenses
y el expansionismo avasallante de las
provincias concentradoras del poder virreinal como eran
Cartagena y Santafé, siendo renombrada esta última como
“Cundinamarca” (marzo 30 de 1811) para reasumir de
forma simbólica, la soberanía prehispánica que tenían los
ascendientes indígenas de esos criollos revolucionarios
sobre el Nuevo Reino, y
- El enfrentamiento bélico, político y jurisdiccional entre
las provincias, al dividirse el bando antiregentista
(“revolucionario” o “independiente”) entre federalistas
(lideradas por Cartagena) y centralistas (lideradas por
Cundinamarca); y por ende, la imposibilidad de constituirse
y proclamarse la (primera) república –confederadaneogranadina
antes de la “reconquista española”.
4. Finalmente Henao y Arrubla dudaban sobre los méritos
del 20 de julio de 1810 como “día de la Independencia
nacional” porque ya no podía demostrarse la autenticidad y
validez del “Acta de Independencia” consecuente con ese
día de insurrección, al ser evidente que la sacra originalidad
de ese documento fundacional de la República ya no existía
al haberse quemado durante el incendio de 1900.
Fue por ello que la “partida de nacimiento de la República”
divulgada durante la celebración centenaria debió ser sólo
una copia de la versión publicada y corregida con sus notas
al margen en el folleto “Fiestas Nacionales” (1849),
reimpresa en Alemania con cuestionables yerros en un formato
27

Luis Rubén Pérez Pinzón
facsimilar de Simón Cárdenas (1856) y varias veces
reproducida en el periódico “El Porvenir” (20 de julio de
1858), el “Diario de Cundinamarca” (1872) e innumerables
folletos, libros y publicaciones conmemorativas. Sin embargo,
una copia del original conservado en la Casa Consistorial fue
anexo al cuaderno de la Suprema Junta, otra copia tomada
del Libro de Actas del Cabildo (4 enero 1810 – 11 diciembre
de 1811) fue entregada por la Municipalidad de Bogotá a la
Universidad Nacional durante la conmemoración de 1872,
así como Ignacio Borda corroboró su existencia y autenticidad
en el “Libro de la Patria” (1894) años antes de su
incineración 17 . Aún así, al ser divulgada como un acta
desligada de la documentación precedente y consecuente con
la revolución, las generaciones posteriores no pudieron
comprender a cabalidad por qué los criollos habían pretendido
cortar “… en su raíz el árbol de la tiranía” 18 por medio de
los Cabildos golpistas y las juntas restauradoras.
A esos argumentos se sumaban las razones expuestas por José
Manuel Restrepo, Ministro de Estado, primer historiador oficial
de la historia de la República de Colombia (1825) y pionero de
la tradición decimonónica interesada en construir mitos y leyendas
sobre las personalidades heroicas de la independencia y las causas
de las rivalidades étnico-provinciales como consecuencia del
enfrentamiento permanente entre bandos y partidos en la
construcción constitucional e institucional del Estado – Nación.
Un historiador seguido crédula y literalmente por Henao y Arrubla
y los demás historiadores del “centenario”, quien aseguraba que
la mayoría de los neogranadinos, venezolanos y demás sudamericanos
eran ignorantes de los retos y características de un
proceso de independencia estatal semejante al alcanzado por
los estadounidenses, al haber sido adoctrinados en la sumisión
17 POSADA, E. Op.cit. Pág. 33 – 36, 531
18 HENAO, J. ARRUBLA, G. Op. cit. Pág. 343 - 346
28

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
cristiana y en el horror a desligarse de la metrópoli. Es decir,
porque “…absolutamente ignoraban el significado de las
voces “independencia” y “libertad”, creyendo como artículo
de fe que la autoridad de los reyes venía del Cielo, según lo
oían predicar a sus curas en los domingos, y teniendo al rey
de España por un semidiós, a quien debían obedecer so pena
de pecado mortal el más grave”. 19
Todo lo cual se había manifestado desde su experiencia como
gobernante en la provincia Antioquia y como diputado por la
misma en los Congresos generales de las provincias en Santafé a
través de anárquicos y utópicos movimientos revolucionarios
provinciales, en las despiadadas reacciones contrarrevolucionarias
que enfrentaron a las provincias costeras y andinas entre sí hasta
la reconquista pacificadora, así como en la imposibilidad que
tenían las provincias pobres, menores o emergentes para poder
defender su “soberanía” del expansionismo (centralista o
federalista) de las provincias vecinas, al no contar con un orden
estatal propio caracterizado por la posesión de “los medios
para subsistir en todos los ramos de la administración, y ser
públicamente iguales” 20 .
4. Los replanteamientos academicistas propician la
revisión crítica de las fuentes históricas. Al ser justificado
por los propios cronistas y apologistas de la historia “revolucionaria”
o “patriótica” que los sucesos anteriores y posteriores
al 20 de julio de 1810 no se pueden considerar como una
revolución espontánea, un acto de separación perpetua o de
“Independencia”, ni en la principal causa para que los
neogranadinos decidieran desligarse plenamente de España
después de acordar una emancipación político-económica
provisional, más no la desvinculación sociocultural permanente,
19 RESTREPO, José Manuel. Historia de la revolución de la República de
Colombia. Tomo 1, Cap. 3. Medellín: Bedout, 1969. Pág. 38, 44, 45
20 Ibíd. Pág. 165
29

Luis Rubén Pérez Pinzón
resulta justo y necesario indagar en los antecedentes provinciales
de las acciones y decisiones que tomaron finalmente en la
capitalina Santafé los vocales del pueblo, los regidores del
Cabildo y las autoridades virreinales que conformaron la Suprema
Junta de Gobierno del Reino.
El día de revolución 21 santafereña fue la manifestación final y tardía
de un prolongado proceso prerrevolucionario caracterizado por
rebeliones y conspiraciones insurgentes, que desde los
alzamientos provinciales protagonizados por los comuneros del
Socorro en 1781, permitieron legitimar la tradicional autonomía
jurisdiccional de cada provincia, reafirmaron la identidad y lealtad
de los neogranadinos con sus “patrias” de origen, y finalmente,
conllevaron a la transformación política del virreinato de forma
anárquica, fragmentaria y condicionada a un inestable régimen
republicano y federal para poder coexistir las provincias entre sí.
Conscientes de la imposibilidad de constituir un absoluto Estado
– Nación ante las pretensiones estatales, nacionalistas y
expansionistas de cada provincia, precursores de las Juntas de
Gobierno como el abogado Frutos Joaquín Gutiérrez, reconocían
como una de las causas que retardaban la consecución de la
independencia y el buen éxito de la revolución 22 fenómenos
patrilocalistas como el siguiente:
“Yo no llamo patria el lugar de mi nacimiento,
ni el departamento o provincia a que pertenece.
Acaso en este solo punto consiste el estado
paralítico en que nos hallamos y del que ya es
tiempo de salir, si queremos librarnos de los males
terribles que nos amenazan. El hijo de
Cartagena, el del Socorro, el de Pamplona, y tal
vez el de Popayán, no ha mirado como límites
21 POSADA, Eduardo. Op. Cit. Pág. 9
22 Ibíd. Pág. 46
30

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
de su patria los del Nuevo Reino de Granada,
sino que ha contraído sus miradas a la provincia
o acaso al lugar en donde vio la luz. Todos
opinan, todos sospechan, todos proyectan, todos
temen; cada hombre es un sistema y la división
ha penetrado ya hasta el seno de las familias” 23 .
Un fenómeno que analizado en retrospectiva conlleva a que el
análisis y la comprensión historiográfica del proceso de
emancipación e independencia neogranadina se asuman como el
resultado de procesos históricos paralelos de preparación y
transformación revolucionaria de acuerdo con la experiencia
histórica de cada provincia neogranadina. Por tal razón, cada
una de las proclamaciones y juras provinciales de sus Juntas de
Gobierno resultaron ser muy importantes para la totalidad de los
proyectos revolucionarios nacionales concebidos y
reconcentrados en Santafé, aunque durante doscientos años la
historiografía “Patriótica” (andina, oficial, centralista y
academicista) se ha encargado de minimizar esa condición al
considerar que la de Santafé es la única Junta de Gobierno
importante de estudiar y el acta de instauración de esa Junta es
el “Acta de Independencia” que canalizó los “gritos” de
independencia de toda la Nueva Granada, descartándose así el
papel procero y las primigenias pretensiones republicanas de
provincias como Quito, Cartagena, Mompox, Pamplona y El
Socorro al implementarse allí, antes que en Santafé, las nuevas
formas de gobierno soberano.
Fiel reflejo de ello fueron las celebraciones y conmemoraciones
del “Centenario” emancipador en todo el país, a partir de las
apologías y epopeyas que se proclamaron y publicaron exaltando
la patriótica memoria de los próceres y mártires santafereños
durante el bochinche de un viernes de mercado, el protagonismo
23 HENAO, J. ARRUBLA, G. Op. Cit. Pág. 354
31

Luis Rubén Pérez Pinzón
de los provincianos que orientaron la conformación del Cabildo
extraordinario, la Suprema Junta y las Cortes del Reino, así como
las justas causas por las que se enfrentaron los bandos
(independentista y regentistas – contrarrevolucionarios) y partidos
(centralistas y federalistas) al pretender imponerse la primera
república constitucional e interprovincial. No obstante, ese
protagonismo del cabildo capitalino al suprimir las instituciones
virreinales e imponer una Suprema Junta para legitimar sus
acciones golpistas, legalizar sus disposiciones dictatoriales y
convocar con carácter apremiante a los diputados elegidos por
las Superiores Juntas de las provincias emancipadas antes o a la
par de Santafé, fue cuestionado y reinterpretado durante las
celebraciones y conmemoraciones del sesquicentenario del legado
independentista al divulgarse, y posteriormente publicarse,
voluminosos estudios con los cuales se pretendía evidenciar cómo
las ciudades proceras de Cartagena, Pamplona, Popayán, y
especialmente El Socorro, habían sido los núcleos donde
verdaderamente se había gestado la emancipación políticoadministrativa
de las Juntas fernandinas.
Con ello se demostraba que las provincias donde se había
usurpado y suprimido el Gobierno “tiránico” antes que Santafé
habían logrado conformar novedosas instituciones de Gobierno
provincial; exhortar al Gobierno virreinal a conformar la Suprema
Junta del Reino argumentando para ello las disposiciones sobre
representatividad e igualdad política de la Suprema Junta Central
Gubernativa de España e Indias en Sevilla (Real Orden de enero
22 de 1809), y luego por el Supremo Consejo de Regencia de
España e Indias en Cádiz que la sustituyó (Decretos de febrero
4 y 14 de 1810); expedir una constitución política con la ecuánime
participación de los diputados y vocales elegidos por las
parroquias y cabildos intraprovinciales; proclamar su
independencia legal y gubernamental al rechazar y desconocer
las decisiones arbitrarias y afrancesadas de la Regencia y
finalmente, regirse por un Estado de Derecho propio y autónomo,
32

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
acordado y aprobado democráticamente por los patriarcas
sufragantes de cada “pueblo”, mediante el cual se rechazaban
las pretensiones arbitrarias y centralizadoras del “primer
Ayuntamiento del Reino”.
Acordes con ese espíritu patriótico y justiciero, los historiadores
socorranos escuetamente manifestaban durante esas conmemoraciones,
que la inusual rebelión fiscal de los comuneros
capitulantes de 1781, aunada al infructuoso movimiento
revolucionario de José María Rosillo y Vicente Cadena en el
Casanare durante 1809 y los crímenes que precipitaron la
instauración de la Junta Provincial de Gobierno de El Socorro
en 1810, se constituían en los verdaderos actos precursores de
la “independencia nacional”. Muy a pesar de ser ello
representado tradicional, oficial y centralistamente como la
“espontánea” y heroica usurpación del poder virreinal y la
proclamación de una Junta Suprema en Santafé entre la noche
del viernes 20 de julio y el amanecer del 21 de julio de 1810.
Por la trascendencia patrilocalista que tiene para la historia regional
del nororiente colombiano esas hipótesis e imaginarios
revolucionarios, resulta importante recordar sus postulados
básicos a través de textos como el siguiente:
“Fracasado el movimiento de Casanare, los
patriotas socorranos que no se contentaban con
la frialdad de los hechos cumplidos y que a todo
trance deseaban un sistema de gobierno nuevo
resolvieron hacer solos la Revolución, consolidar
en su ciudad y Provincia un gobierno autónomo
y luego de organizados militar y políticamente,
volar con tropas sobre Santa Fe, deponer las
autoridades españolas y crear allí una Junta
Suprema que organizase el nuevo Gobierno de
la Nación. De tal manera que si el 20 de julio de
1810 no estalla la Revolución en Santa Fe, lo
33

Luis Rubén Pérez Pinzón
afirmo con plena conciencia histórica, es
seguro que a los pocos días hubiesen llegado los
propios socorranos a la capital del Virreinato con
el fin de establecer un Gobierno semejante al
que ellos, como veremos en seguida, erigieron
diez días antes. Se iba a repetir la misma idea y
la misma trayectoria de veintinueve años atrás,
cuando las masas sublevadas en la rebelión
comunera marcharon sobre la capital a imponer
por la fuerza colectiva y revolucionaria nuevos
sistemas de administración. Es así como el 16
de marzo de 1781, puede y debe considerarse
como el verdadero día en que se inicia la Independencia
de Colombia”. 24
Considerando esos atenuantes se pensó entonces que la
“Independencia de Colombia”, por ser un proceso histórico debía
estar dividido en cuatro etapas o períodos quinquenales de
proclamación municipal (1810 – 1815), resistencia militar (1816
– 1820), reconocimiento internacional (1821 – 1825) y
consolidación de la institucionalidad constitucional (1826 – 1830),
regulados en su respectivo orden por los regidores municipales,
los generales libertadores, los caudillos provinciales y los partidos
burocráticos regionalistas, resultando a la par de esas fases y
protagonismos, nuevas interpretaciones sobre qué se debía
entender por “Independencia” neogranadina. Durante el siglo
XIX se entendió por “independencia”, en el mejor sentido de la
palabra, al período de resistencia militar representada por el
triunfante ejército libertador (1819) dirigido por todos aquellos
generales que años atrás habían fracasado en la consolidación
de los movimientos revolucionarios y la imposición de regímenes
republicanos antiregentistas. El siglo XX, por el contrario, inició
24 RODRÍGUEZ PLATA, Horacio. La antigua provincia del Socorro y la
independencia. Bogotá: Publicaciones editoriales Bogotá, 1963. Pág. 20. Negrilla
agregada.
34

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
con la asociación directa de la independencia con las insurrecciones
provinciales y las proclamaciones de “independencia” de las Juntas
de Gobierno fernandinas, regenerándose la conmemoración de
esas insurrecciones para poder alcanzar la paz, unidad,
integración e institucionalidad nacional después de la guerra de
los Mil Días, la Separación de Panamá, la persecución política y
el exterminio bélico del Liberalismo, así como la temporal
reorganización político –administrativa del territorio nacional con
fines electorales.
La noción precursora de la “independencia” se constituyó así en
el centro de atención de las Academias de Historia, las Cátedras
de Historia Patria y las investigaciones universitarias en Ciencias
Sociales reafirmándose una y otra vez los antecedentes de la
revolución, sus precursores provinciales, las pretensiones
transformadoras de las Juntas de Gobierno y las causas de las
divisiones ideológicas los enfrentamientos partidistas heredados.
Esos autores de la “Historia de Colombia” asumieron su oficio
como el acto intelectual de describir, resumir o repetir como un
dogma incuestionable los relatos sobre lo acontecido de acuerdo
a las actas de los Cabildos y las Juntas de Gobierno, la
correspondencia entre los precursores y mártires, los periódicos
publicados durante los primeros meses de emancipación y la
representación oficial de lo acontecido por los generales
libertadores o los ministros del gabinete republicano después de
1819, especialmente por J. M. Restrepo y J. Posada. De igual
modo, para validar sus pesquisas agregaron a sus publicaciones
voluminosos anexos documentales que a inicios del siglo XXI
resultan muy útiles para revisar y replantear de forma crítica las
creencias patrióticas y los derroches conmemorativos sobre la
“independencia”, y muy especialmente, para explicar el día de
revolución santafereña como el resultado de cuatro procesos
históricos de carácter interprovincial (o nacional) que permitieron
su preparación y ejecución, a saber: la prerrevolución, la
prorrevolución, la revolución y la contrarrevolución.
35

Luis Rubén Pérez Pinzón
4.1. La prerrevolución. El primero de esos procesos fue el
movimiento de prerrevolución que se originó con las acciones
insurgentes andinas y el modelo de emancipación juntera que se
pretendió seguir luego de ser conocida la invasión usurpadora
de la familia Bonaparte a España, la abdicación de los reyes
borbones, la insurrección revolucionaria de las provincias realistas
y la reconcentración de la soberanía y la institucionalidad imperial
en la Suprema Junta Central de España e Indias.
El anhelo de conformar Juntas de Gobierno en cada provincia
americana desde agosto de 1808 para proclamar y defender al
ausente Fernando VII como el legítimo rey de España, para
declarar la guerra en ultramar a Napoleón Bonaparte y su familia
de usurpadores, y especialmente para regir en su nombre cada
jurisdicción provincial durante su secuestro, siguiendo para ello
las directrices de la Suprema Junta Central de España e Indias
conformada por diputados provenientes de todas las provincias
del imperio español concentrados en Madrid y luego en Sevilla,
etc., se constituyó en motivo suficiente para exigir sumisión a las
Cortes de España y fomentar la unidad entre los miembros de la
nación española esparcida por todo el mundo al compartir por
igual el deseo de “vencer o morir por mi rey Fernando VII”.
Sin embargo, la usurpación del trono en Bayona fue la coyuntura
ideal para que los “españoles” de las penínsulas coloniales
(criollos) exigieran verdaderas expresiones de igualdad política
y libertad administrativa, al considerarse sometidos y
menospreciados por el dominio de los “españoles” peninsulares
(chapetones) más leales y útiles a la corona, quienes eran enviados
como gobernantes o funcionarios estatales para regir los destinos
de los pueblos conquistados y regular la vida de las familias
descendientes de los primeros colonizadores, considerados
hermanos “menores de edad” y súbditos incapaces para poder
autogobernarse.
36

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
Esas pretensiones discriminantes y excluyentes motivaron a los
Cabildos andinos a rechazar y desconocer la autoridad y
disposiciones enviadas a los americanos por las Juntas centrales
o Supremas, constituidas entre las provincias realistas de España
al considerar que a falta de su Rey Soberano y de un
reconocimiento formal de Juntas regentes (presentación,
reconocimiento, jura y auxilio), las municipalidades provinciales
debían asumir el poder soberano de gobernar y gobernarse a sí
mismas con sus propias Juntas Supremas, quedando para ello
condicionadas a obedecer y reconocer una vez más a Fernando
VII siempre y cuando viajara a América a gobernar con su corte
al no poder hacerlo en Europa, a lo cual se sumaban las sospechas
de afrancesamiento y sumisión de las Juntas de Madrid, Sevilla y
finalmente de Cádiz a José I al pactar el reconocimiento de su
corona como el de su constitución.
Los americanos no desconocían que las Juntas Provinciales y
Supremas de España habían garantizado la salud política de
América al lograr contener con su revolución (2 mayo 1808) y
ataques guerrilleros la crueldad imperialista del duque de Berg,
Joaquín Murat, que sumado a las victorias navales de sus aliados
ingleses desde Trafalgar, habían contenido las intenciones del
duque josefino por presidir la Junta de Gobierno establecida por
Carlos IV en Madrid, así como sus planes de viajar con una
expedición política y militar a América para “ganar la voluntad
de los españoles americanos” 25 , el reconocimiento y jura de la
Constitución de Bayona y la aceptación de José Bonaparte como
el Rey José I de España y de las Indias, al no haberse enviado ni
conocido antes en América las ordenes o circulares oficiales para
su juramento y reconocimiento como sucesor de la dinastía de
los borbones de España.
25 MONSALVE, José Dolores. Antonio de Villavicencio (El protomártir) y la
revolución de la Independencia. Bogotá: Imprenta Nacional – Academia Colombiana
de Historia, 1920. Pág. 38
37

Luis Rubén Pérez Pinzón
No obstante, los gobiernos virreinales, provinciales y municipales
de América consideraron que la centralización del poder soberano
en las Juntas revolucionarias de España eran, a la par de la
usurpación del trono Borbón por los Bonaparte, un acto de
usurpación a “la autoridad de las otras juntas, si alguna
tenían, y que por sí y ante sí se tomó la representación de
todo el Reino español y empuñó el cetro de Fernando VII”,
especialmente cuando se autoproclamaron gubernativas de
España e Indias apelando al título “Suprema Salve Populi” 26 ,
olvidando la ruptura que de hecho y en derecho había sufrido el
“pacto traslatii” entre el pueblo y su monarca de acuerdo a las
teorías del neoescolasticismo suereciano.
Siendo esa inconformidad agravada con la llegada de los
comisionados enviados a América por la Junta de Sevilla, quienes
reafirmaron el papel de las luchas revolucionarias española por
una misma causa y negaron la reasunción de la soberanía por las
provincias americanas en ausencia del Rey pactante, para todo
lo cual hicieron gala de su “orgullo insensato, y afectando la
superioridad de un amo entre sus esclavos” 27 al presentarse
ante los gobiernos virreinales para convocar a la unidad entre las
provincias de la España americana y la España europea, de
acuerdo a lo dispuesto en el Manifiesto de junio 17 de 1808.
Documento en el que se exhortaba a las dos Españas para que
sólo uno fuese “el esfuerzo de ambas por su Rey, por sus
leyes, por su patria y por su religión”, al estar mutuamente
amenazadas por el expansionismo francés y sus liberales
intenciones de provocar en España “… la destrucción de la
monarquía, el trastorno de su gobierno y de sus leyes, la
licencia horrible de las costumbres, los robos, los asesinatos,
la persecución de los sacerdotes, la violación de los templos,
de las vírgenes consagradas a Dios, la extinción casi total
26 Ibíd. Pág. 39 – 40, 43
27 RESTREPO, José Manuel. Op. Cit. Tomo I. Pág. 101
38

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
del culto y de la religión; en suma, la esclavitud más bárbara
y vergonzosa bajo el yugo de un usurpador que no conoce ni
piedad ni justicia, ni humanidad, ni aún señal de rubor”. 28
A cambio de esa lealtad y sometimiento interprovincial por parte
de los americanos, la Junta Central prometió, al convocar la
“Reunión de las Cortes del Reino” (Decreto de enero 22 de
1809), igualdad sociopolítica entre las provincias americanas y
las europeas al considerar que “los vasallos y preciosos
dominios que España posee en las Indias no son propiamente
colonias o factorías como las de otras naciones, sino una
parte esencial e integrante de la Monarquía”, así como por
el heroísmo, lealtad y patriotismo ante la prueba decisiva que
vivían los españoles de todos los dominios, les otorgaban el
derecho “a tener representación nacional e inmediata de su
real persona y constituir parte de la Junta Central
Gubernativa del Reino por medio de sus correspondientes
diputados”.
Los argumentos de los regentes sevillanos para concentrar en su
Junta el gobierno central de todo el imperio y la sumisión
representativa de los americanos, fueron asumidos plenamente
por los peninsulares al ser confirmados en sus cargos y
nombramientos, mientras que los regidores criollos e ilustrados
de reinos como el neogranadino, consideraron un insulto que la
Junta de Sevilla se hiciese proclamar Suprema de España e Indias
“sin otra representación que la voluntad de los miembros
que la componían” aunque no se decidieron a manifestarlo
públicamente al temer ser considerados, perseguidos y juzgados
como “revoltosos”. De igual modo, las capitales virreinales y
de Capitanía hasta donde llegaron capitanes de navío como
comisionados de la Junta de Sevilla, reconocieron y proclamaron
públicamente a través de sus Reales Acuerdos, su adhesión a la
Junta Central como “depositaria interina de la soberanía de
28 MONSALVE, José. Op. Cit. Pág. 44
39

Luis Rubén Pérez Pinzón
la nación” e hicieron entrega de cuantiosos auxilios para la causa
revolucionaria y el sustento regentista.
Ante ese panorama de sometimiento y reafirmación del poder
virreinal en las autoridades y funcionarios europeos nombrados
antes de mayo de 1808, la oposición a las decisiones tomadas
arbitrariamente por los españoles empezaron a ser cada vez más
públicas y evidentes, al incumplirse las promesas hechas a los
americanos al ser elegidos unilateralmente por las autoridades
virreinales, los diputados americanos a las cortes españolas,
desconociéndose así la voluntad de los cabildos provinciales, al
dudarse de los triunfos militares y la unidad política de las juntas
revolucionarias españolas, al afianzarse la desconfianza y el odio
mutuo entre ambas clases de españoles, y especialmente, porque
los europeos consideraban que los americanos eran traidores e
insurgentes mientras que los criollos veían en los chapetones y su
ciega aceptación de las juntas españolas, a gobernantes tiranos
y bonapartistas que pretendían que la América española
permaneciera unida a la España europea “cualquiera que fuera
la suerte que corriera la península; y que el último español que
sobreviviera tenía derecho para mandar a los americanos” 29 .
Fueron finalmente los cabildos andinos de Charcas (mayo 25 de
1809), La Paz (junio 16 de 1809) y quito (agosto 10 de 1809)
quienes asumieron sin temor alguno la proclamación de su
soberano derecho a constituir sus propias Juntas Supremas de
Gobierno para defenderse política y militarmente en nombre de
Dios, Fernando VII y la Junta Central al no estar interesada la
nobleza española en defender sus colonias en caso de triunfar
los franceses en Europa y continuar su expansión subyugante
hacia América al sobrevalorar los triunfos de las guerrillas
fernandinas; desconocer y apresar las autoridades virreinales a
las que estaban sujetos, al nombrar y reconocer su propio
29 RESTREPO, José Manuel. Op. cit. Tomo I. Pág. 104
40

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
gobierno por medio de un cabildo abierto y elecciones
democráticas; conformar su propio cuerpo militar, legislativo,
gubernativo y constitucional adoptando los títulos de “alteza” y
“majestad”, y exhortar a los cabildos de las capitales virreinales
a seguir su ejemplo emancipador al ser un sentimiento halagüeño
e innato de cualquier hombre racional “conseguir la
independencia de su patria”. 30
La reacción a esa pretensión fue la represión que desde Buenos
Aires, Lima, Panamá y Santafé se ordenó para acabar con toda
forma de insurgencia o emancipación que desconociera y
considerara cesada la autoridad de los gobernantes y funcionarios
españoles elegidos por el abdicado Carlos IV, quienes no habían
obtenido confirmación ni reconocimiento alguno en sus cargos
por el heredero Fernando VII o la regente Junta Central. Entre
tanto, el virrey de la Nueva Granada distrajo la atención pública
ante la gravedad de esas decisiones convocando al Real Acuerdo
a una reunión para acordar la continuidad del régimen borbónico,
el reconocimiento y jura de las Juntas españolas, el apoyo y
reconocimiento solicitado por la Junta Suprema de Quito y la
proclamación de su propia Junta de Gobierno.
Al no llegar a ningún acuerdo entre los españoles que aconsejaban
la represión bélica y los criollos que apoyaban el reconocimiento
e imitación de la soberana Junta de Quito, el virrey ordenó apoyar
la contrarrevolución iniciada por las provincias de Popayán,
Pasto, Guayaquil y Cuenca mientras que algunos criollos
neogranadinos liderados por socorranos, como el cura de
Anapoima, Dr. Don Juan Nepomuceno Azuero, organizaron una
fuerza insurgente para derrotar esas tropas, siendo finalmente
descubiertos y sus líderes encarcelados. Los insurgentes quiteños
por su parte, muy a pesar de su derrota y capitulación,
mantuvieron sus firmes convicciones al desconocer a las
autoridades y jueces que los juzgaban, al considerar que ninguno
30 Ibíd. Tomo I. Pág. 109
41

Luis Rubén Pérez Pinzón
de ellos tenía facultad ni nombramiento real o públicamente
reconocido para condenarlos a muerte o presidio (julio 22 de
1810), así como se consideraban inocentes de todo crimen al
proclamar su derecho a tener una Junta Suprema ya que en
España se había procedido de igual manera por parte de los
cabildos de cada una de las provincias y reinos insurrectos contra
José I. Opinión igualmente compartida y respaldada en el Cabildo
de Santafé por los principales prorrevolucionarios de las Juntas
de Gobierno y la Suprema Junta neogranadina como fueron los
regidores Camilo Torres, Frutos J. Gutiérrez, Ignacio Herrera y
José de Acevedo y Gómez.
4.2. La prorrevolución. Las acciones revolucionarias y las
decisiones emancipadoras de la Junta Suprema de Quito ante
las Juntas de España y las autoridades virreinales de América,
culminarían con el asesinato de todos los presos, el asalto a
muerte, el saqueo general de Quito y la represión de toda forma
de auxilio o conspiración insurgente por parte de las tropas
virreinales y provinciales. Decisiones que propiciarían además
una abierta oposición y denuncia de los criollos ilustrados contra
los chapetones ante la tiranía virreinal, el menosprecio español a
las aspiraciones gubernamentales y representativas a través de
las Juntas de Gobierno y la represión a la creciente unificación
de ideas y acciones revolucionarias entre todos los criollos
inconformes.
Esa coyuntura caracterizaría al segundo período o etapa
revolucionaria que precedió al día de revolución en Santafé, el
cual estuvo liderado por los miembros directos e indirectos del
Cabildo de Santafé, en su mayoría oriundos o emparentados
con las provincias que se rebelaron antes que la capital virreinal,
quienes reclamaban y justificaban las justas causas para que el
Virrey y la Real Audiencia acataran las disposiciones de la Junta
Central de Sevilla al convocar la reunión de las Cortes con
representantes enviados desde todos los dominios de España.
42

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
Antes de los sucesos de Quito, criollos ilustrados como el payanés
C. Torres y el caleño I. Herrera habían manifestado públicamente
su insatisfacción ante las interpretaciones y manipulaciones
políticas del virrey y los oidores neogranadinos a las exigencias y
orientaciones de las Juntas peninsulares con el fin de preservar el
orden virreinal y la sumisión de los americanos al considerar, al
igual que los revolucionarios quiteños, que los españoles confiaban
exageradamente en la milagrosa victoria de las Juntas y guerrillas
realistas en España, despreocupándose por la salud y defensa
de la nación neogranadina, constituyéndose esas decisiones
equivocas y arbitrarias en causales directas de la separación eterna
que en diferentes círculos, tertulias y reuniones ya se había
manifestado al temer una supuesta invasión francesa.
La difusión de esas ideas y preocupaciones fue creciendo en la
medida que C. Torres ganó mayor protagonismo político al ser
propuesto por los Cabildos de Santafé, Popayán, Antioquia,
Pamplona y Llanos como Diputado de la Nueva Granada ante
la Suprema Junta Central de España, siendo derrotado por el
candidato socorrano Miguel Tadeo Gómez, quien a su vez fue
superado en las elecciones virreinales por Antonio de Narváez,
un vetusto funcionario español residente en Cartagena. Por otra
parte, redactó a nombre del Cabildo de Santafé una representación
para la Suprema Junta Central sobre los agravios políticos
e injusticias representativas cometidas contra la Nueva Granada,
y en especial, presionó al virrey en asocio con los Síndicos
Procuradores municipales de Santafé, para que convocara una
junta del Real Acuerdo con el fin de discutir la exhortación de la
Suprema Junta de Quito a constituir la Suprema Junta de Santafé.
Contrariado por esa insubordinación de los cabildantes locales
a su autoridad virreinal, el virrey Antonio Amar y Borbón convocó
a una junta general entre el Cabildo, la Real Audiencia, el clero
diocesano y demás autoridades virreinales (“Real Acuerdo”) el
6 y el 11 de septiembre de 1809, aunque para impedir nuevos
43

Luis Rubén Pérez Pinzón
actos de rebeldía e irrespeto a su autoridad como los acontecidos
en Quito, ordenó asegurar las reuniones con una escolta real de
200 hombres del Regimiento Auxiliar, lo cual limitó toda
deliberación a favor de un gobierno paralelo al suyo, que sumado
a la falta de consenso entre “españoles” y “americanos”, justificó
su decisión de reprimir militarmente a los “revolucionarios” del
virreinato, para lo cual ordenó perseguir y ajusticiar a los miembros
de la Junta rebelde de Quito, se aumentaron los patrullajes
militares en las calles Santafé, se reforzaron las medidas de
seguridad en los edificios reales, así como se ordenó la prisión,
excomunión y eliminación sistemática de los autores o poseedores
de pasquines, noticias o sermones relacionados con los sucesos
de Quito o las sediciones regentistas de España mediante las
cuales se desconocían la autoridad de los virreyes. Incluso, se
autorizó el encarcelamiento sin causa ni juicio alguno de los
criollos considerados como caudillos o conspiradores de vieja
data, quienes podrían liderar cualquier intento de usurpación del
poder virreinal para imponer la anhelada Junta por medio de un
gobierno mixto y transitorio compuesto por los regidores del
Cabildo municipal y personajes públicos elegidos como vocales
por su ilustración y patriotismo, como fue el caso de Antonio
Nariño, temido conspirador, publicista y “revolucionario” adscrito
al círculo de comerciantes arruinados por el proteccionismo y
los monopolios del Estado.
A esas injusticias internas que impedían la constitución y soberanía
de las Juntas de Gobierno de acuerdo al nuevo orden imperial
español, se sumaron los actos de injusticia y desigualdad
representativa de la Junta Suprema Central Gubernativa de
España e Indias en Sevilla (constituida el 29 de mayo de 1808 y
reunida el 25 de septiembre), y luego del Supremo Consejo de
Regencia de España e Indias que la sustituyó desde el 30 de
enero de 1810 en Cádiz, como reguladores de ese nuevo orden
al otorgar al nuevo mundo sólo doce de las cuarenta y ocho
diputaciones que concurrirían a las Cortes de Cádiz a nombre
44

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
de cada virreinato o capitanía y no por cada una de las decenas
de provincias existentes. De tal manera, los agravios perpetrados
a los criollos motivaron a los regidores santafereños respaldados
por su asesor jurídico, el abogado Camilo Torres, a protestar a
nombre del Cabildo de la capital virreinal de la Nueva Granada
por medio de una Representación (o “memorial”) dirigida a la
Junta Central (noviembre 20 de 1809), mediante la cual
rechazaban seguir siendo tratados como “menores de edad”
política e intelectual para poder gobernarse o representarse a sí
mismos, aunado al trato recibido por sus “hermanos”
peninsulares, quienes se resistían a poner en práctica las promesas
de un gobierno justo, liberal y ecuánime caracterizado por la
promoción y defensa de la igualdad sociopolítica entre los
españoles europeos y los españoles americanos.
Las fuertes críticas, denuncias, advertencias y amenazas de esa
representación o “memorial” no fueron aprobadas ni respaldadas
por las autoridades virreinales con lo cual se impidió su envío a
España. Aún así, copias de la misma, sumadas a las “cartas de
Suba” de Frutos Joaquín Gutiérrez y las peticiones del síndico
procurador Ignacio Herrera, empezaron a circular de forma
secreta 31 entre los liberales, ilustrados y colegiales de la capital,
quienes se encargaron a su vez de hacerlas llegar a las capitales
provinciales, masificándose así la mutua desconfianza entre
“americanos” y “chapetones” y la abierta advertencia de los
criollos neogranadinos a preferir una “separación eterna” a
tener que seguir soportando los agravios y arbitrariedades del
dominio peninsular que se negaba a aceptar las innovaciones
liberales.
Para C. Torres, la defensa de la salud y la seguridad de cada
patria provincial a partir de la unión y fraternidad entre los
31 Ibíd. Tomo I. Pág. 125, Nota 1.
45

Luis Rubén Pérez Pinzón
dominios europeos y americanos y con el fin explícito de conservar
el poder soberano de la monarquía española con “heroica lealtad
y patriotismo”, se constituía en razón suficiente para cumplir la
promesa de “reciprocidad e igualdad de derechos” de
representación y gobierno nacional otorgados por las Juntas
europeas a las americanas como parte de un cuerpo político
común sin dependencias, degradaciones ni despotismos tiranos
que impidieran el pleno goce de la felicidad. Los neogranadinos
se consideraban sanguínea, lingüística, política y religiosamente
tan españoles “como los descendientes de Don Pelayo” al ser
herederos de la perpetua igualdad y reconocimiento otorgados
a los heroicos conquistadores de las Américas y a los
descendientes de esos caballeros e hijosdalgos, por tal razón,
no se sentían representados por las autoridades virreinales
(virreyes, corregidores, gobernadores, capitanes), nombradas
para actuar como funcionarios leales, celosos y asalariados y no
para llegar a sentirse comprometidos con el progreso, los
problemas o las necesidades de los americanos.
Todo ello motivaba entonces a los ilustrados neogranadinos a
considerar fundado y justo su derecho a participar con
representantes propios en las Cortes o Asamblea General de las
provincias del imperio, para aprender a conocer los profundos
misterios de la política y darles usos prácticos en cada uno de
sus “países”, pues de lo contrario, el gobierno soberano que se
pretendía instaurar desde Cádiz sin delegados americanos sería
“semejante al médico que cura sin conocimiento y sin
presencia del enfermo, en lugar del antídoto propinará el
veneno, y en vez de la salud, le acarreará la muerte”. Así, la
“salud de la patria” sólo podría conservarse por medio de las
representaciones justas y ecuánimes de los cabildos
transformados en “juntas preventivas en que se discutan, se
examinen y se sostengan éstos contra los atentados y la
usurpación de la autoridad, y en que se den los debidos
poderes e instrucciones a los representantes en las cortes
46

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
nacionales, bien sean las generales de España, bien las
particulares de América…” 32 .
Ignacio de Herrera, Síndico Procurador General del Cabildo de
Santafé, insistió una vez más en esas justas razones seis meses
después, al presentar ante ese Ilustre Cabildo una Representación
(mayo 28 de 1810) en respuesta a las noticias de España, según
las cuales, la Junta Central que había resumido “el Poder
Supremo” de la Nación se había disuelto a falta del número
mayoritario de diputados provinciales en un Supremo Consejo
de Regencia de España e Indias centrado en Cádiz cuyo fin era
“comenzar de nuevo a organizar la máquina de la resistencia
contra el enemigo”, siendo la muerte honrosa la única forma
de poder volver a gozar de la “libertad y la independencia”
usurpadas por los triunfantes invasores franceses 33 . Derrotas
bélicas y políticas de las juntas revolucionarias españolas que
habían causado un terrorífico impacto entre los neogranadinos,
al ser evidente y muy preocupante la falta de interés y la excesiva
confianza de las autoridades virreinales frente a la potencial
amenaza de una invasión francesa, de allí que los regidores
invocaran su soberana obligación de garantizar la salud y la
seguridad para los vecinos de la jurisdicción que había depositado
en ellos su conservación y tutela.
Consciente de esa necesidad por propender por la salud física y
espiritual y por la seguridad material e institucional de la
jurisdicción a su cargo, Herrera consideró necesario recordar a
los regidores santafereños, y consigo a los regidores de las demás
provincias neogranadinas, que “jamás ha sido prudencia
descansar entregado a una loca confianza y ser insensibles
32 TORRES, Camilo. Memorial de Agravios (1809). V. ed.
33 HERRERA, Ignacio. Representación del Síndico Procurador General, al Cabildo
de Santafé (mayo 28 de 1810). En: RESTREPO, José Manuel. Comp. Apéndice
de la Historia de Colombia: Documentos importantes de Nueva Granada, Venezuela
y Colombia. Tomo I (1861). Bogotá: Imprenta Nacional, 1969. Pág. 8
47

Luis Rubén Pérez Pinzón
en el borde mismo del precipicio. Los pueblos todos de este
Reino deben estar impuestos del riesgo, para que procuren
su defensa. Es una declarada traición ocultarles el daño,
porque se compromete su religión y la salud de la patria”. 34
Por ello sus advertencias e insistencias sobre la necesidad de
una junta provincial empezaron a emular las preocupaciones que
los demás Síndicos Procuradores Generales del Imperio habían
manifestado a favor de la salud y la seguridad de sus paisanos
provincianos, siendo la más recordada y efectiva la exhortación
hecha por el Síndico Procurador de Cádiz para que el Cabildo
de esa ciudad organizara una Junta Provincial fernandina antes
de someterse y obedecer al Consejo de Regencia. Ejemplo que
también citaría en su momento el Síndico Procurador de
Cartagena, don José Antonio Ayos, al exhortar al Cabildo a
conformar una Junta Provincial de Gobierno para contrarrestar
el peligro externo de los franceses y las tiranías internas del
Gobernador militar Francisco Montes.
Tanto Herrera como Torres tenían claro que la conformación de
Juntas provinciales, y luego de Juntas Supremas con presencia
de diputados elegidos y delegados en nombre de las provinciales,
eran el único camino que les quedaba a los americanos para
poder organizarse y defender su libertad y soberanía de cualquier
tipo de usurpación interna o externa. Para ello, reconocían que
americanos como los neogranadinos estaban obligados a auxiliar
a los hermanos europeos al tener ascendientes, intereses y un
sentimiento común por defender la patria, aún así, los
acontecimientos bélicos en la distante Europa les recordaban
que no podían abandonar ni renunciar a su propia conservación,
a la preservación de su propia salud, a la defensa eterna de la
causa fernandina por los americanos “mientras que haya uno
que respire en este mundo” y a la reagrupación de la resistencia
libertadora desde América, en caso de tener que emigrar los
34 Ibíd. Pág. 8. Negrilla agregada.
48

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
españoles revolucionarios al ser vencidos por los franceses o
traicionados por los españoles vendidos y prostituidos al imperio
bonapartista, como se creía que había acontecido con las juntas
centrales de Madrid y Sevilla.
Mientras que en capitales provinciales como Caracas, Cartagena,
Pamplona y El Socorro esas razones de mutuo conocimiento
justificaron las acciones golpistas de los Cabildos y las familias
de los notables a la autoridad de los gobernadores, corregidores
y capitanes generales al instaurar, desde abril de 1810, nuevas
formas de gobierno a través de Juntas Provinciales en Santafé,
por el contrario, las razones institucionales y las peticiones
burocráticas continuaban demorando la concreción de esas Juntas
al apelarse a una transformación política por vías pacíficas y en
derecho, al temerse nuevos actos de represión y
contrarrevolución como los ordenados contra los insurgentes y
terroristas de Quito.
Herrera insistió al Cabildo que las Juntas eran la única alternativa
legal y legítima que le quedaba a los súbditos españoles para
asegurar su existencia de toda traición y deslealtad de los
afrancesados, para desterrar el malcontento que existía ante la
desconfianza que inspiraban los chapetones y todos aquellos
infames que, como la gangrena, corrompían y cercenaban a los
patriotas fernandinos, e incluso, para evitar la anarquía provincial
en caso de que los milagros pedidos al cielo por medio de los
santos patronales o los triunfos de las naciones amigas de la
causa española no lograran contener las balas conquistadoras
de los franceses.
Las Juntas también contribuirían a dispersar los temores sobre la
conservación de la patria y los abusos del poder al elegirse
diputados provinciales que constituirían un gobierno supremo
virreinal, cuyos miembros estarían obligados a jurar no
“prostituirse” al enemigo y estar siempre dispuestos a perecer
antes que “seguir las banderas del intruso”. Aún así, para
49

Luis Rubén Pérez Pinzón
impedir ser juzgado como infiel o insurgente, el Síndico
Procurador planteó que esas juntas provinciales deberían actuar
“sin perjuicio de las autoridades establecidas”, someterse a
la autoridad de la Junta Suprema que fuese establecida para el
Reino, cuyos miembros deberían comprometerse a su vez a jurar
pleno reconocimiento y la más ciega obediencia al Supremo
Consejo de Regencia de España e Indias establecido en la Isla
de León, disipándose con ello toda duda sobre la influencia
insurgente y separatista de las Supremas Juntas juradas,
derrotadas y exterminadas en Quito y Caracas al proclamarse
cortes tan supremas y soberanas como las de Sevilla y Cádiz.
Las provincias de la Nueva Granada debían entonces prepararse
cauta y prudentemente para los males futuros con nuevas formas
de gobierno al interior de sí mismas y al confederarse con sus
vecinas en la capital virreinal con el fin de dictar y juzgar las
providencias necesarias para la “conservación de todos” ante
la amenaza de un enemigo común que pudiese aprovecharse de
la ausencia de un cuerpo alternativo o sustituto al gobierno
virreinal, aunado a las posibles discordias provinciales que
resultarían a falta de diputados, gobernantes, disposiciones
constitucionales o un orden político –militar provisional en “caso
de la absoluta pérdida de la Metrópoli”. Acciones que el
Consejo de Regencia había autorizado por medio de una Circular
desde el 14 de febrero de 1810 al considerar los dominios
americanos “parte integrante y esencial de la Monarquía”, y
por ende, gozar en equidad y justicia de los mismos derechos y
prerrogativas para rebelarse, emanciparse, reorganizarse y
representarse a través de las Juntas provinciales apelando a su
“dignidad de hombres libres”, sin tener que acatar en adelante
el yugo centralista precedente, a través del cual habían sido
“mirados con indiferencia, vejados por la codicia y destruidos
por la ignorancia”, ni tener que depender sus destinos y
decisiones de los Ministros, Virreyes o Gobernadores, al ser en
adelante libres y soberanos para gobernarse y representarse a sí
mismos.
50

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
El amor y protección que el Consejo de Regencia otorgaba a los
americanos después de haber sido considerados “bestias de
carga” y “esclavos condenados al trabajo” debían ser
asumidos por los criollos ilustrados y los regidores municipales
en su inalienable condición de hombres libres para imitar las
acciones revolucionarias de los hombres libres de Sevilla y Cádiz
con el fin de restaurar la salud y conservar el cuerpo sano que
aún le quedaba a la nación española después de haber sido
infectada por el “cáncer” ideológico e imperialista francés que
había causado inevitablemente la gangrena, cercenación y
sacrificio de sus mejores provincias. A lo cual se sumaba la falta
de previsión y búsqueda temprana de remedios eficaces para
contener esos males ya que los peninsulares habían confiado
pasivamente su salud y su seguridad a las soluciones milagrosas
de los patronos provinciales que alejaban todo tipo de males o
peligros, a la gloria heroica de los tiempos dorados, relajando
para ello sus costumbres bélico-expansionistas, así como habían
confiado ciegamente en la sabiduría y omnipotencia centenaria
de los reyes españoles y sus ministros para enfrentar, contener,
rechazar y vencer a todos aquellos enemigos que habían
pretendido apropiarse de los dominios españoles en Europa o
América.
A inicios de 1810 era evidente el desconocimiento e ilegitimidad
de las autoridades virreinales que se aferraban represivamente al
poder en América desde su nombramiento por Carlos IV, al no
ser confirmados pero tampoco rechazados en esos dominios
por los miembros del Supremo Consejo de Regencia de España
e Indias, quienes por el contrario habían ordenado a sus
comisionados presentarse e informar sobre la situación de Europa
ante las mismas al ser consideradas autoridades legítimamente
establecidas y conservadas. De allí que al ser convocadas una
vez más las Cortes de los Reinos de España con presencia de
los diputados enviados por los reinos y no por cada una de las
provincias, la Regencia dejó claro que: no podía garantizar de
51

Luis Rubén Pérez Pinzón
forma permanente la igualdad en la representación de todos los
pueblos en la reunión de Cádiz; convocaba provisionalmente a
los americanos como españoles iguales y no como súbditos
coloniales, al temer la separación de esas provincias americanas
o su rendición a las tropas francesas; era incapaz de pagar los
gastos de los diputados americanos en caso de ser elegidos por
provincias y no por reinos, y le resultaba imperativo pactar un
consenso federal entre europeos y americanos mediante el cual
su autoridad y decisiones fueran acatadas en todos los dominios
de forma pacífica, para poder garantizar así la salud unitaria del
cuerpo imperial.
A esas limitaciones de la Regencia se sumaban otras expuestas
por los mismos regentes y comisionados, reconocidos, jurados
y obedecidos por la mayor parte de los virreyes y gobernadores
de ultramar, quienes manifestaban su incapacidad para satisfacer
los deseos burocráticos de todos los ilustrados americanos, para
actuar con absoluta justicia e imparcialidad, para controlar los
millones de personas y fuentes de riqueza que producían las
provincias americanas, y especialmente, para solucionar todas
las dificultades y requerimientos que se presentaban por parte
de esas provincias, sumadas a las asiáticas, ante la guerra interna
que debían librar las juntas peninsulares contra los ejércitos de
Francia y sus aliados europeos.
De allí que desde Cádiz se recomendara por restituir “la
monarquía a sus bases primitivas y constitucionales” al
promover un régimen federal según el cual cada jurisdicción
provincial de ciudad o villa era libre y soberana para implementar
las instituciones liberales que consideraran necesarias aunque sus
vecinos y parroquianos debían gozar de la condición de hombres
libres, autorizaban la extinción de las instituciones virreinales y el
cese temporal de sus funcionarios dejando al libre arbitrio de
cada provincia su reorganización político-administrativa de
acuerdo a las disposiciones de las Juntas de Gobierno que
52

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
deberían conformar para tal fin, así como los regentes regularían
y harían cumplir ese nuevo orden imperial por medio de
comisarios regios que actuarían como representantes directos
de Fernando VII, quien al retornar al poder tendría la potestad
soberana de reestablecer el orden monárquico prerrevolucionario
o adoptar las innovaciones liberales acordadas por los pueblos
soberanos a través de los consensos constitucionales promovidos
por el Consejo de Regencia, las Juntas Supremas de cada reino
o por las Juntas subalternas en cada provincia.
4. 3. La revolución. La contrarrespuesta de los Virreyes y los
oidores de la Audiencia neogranadina a esas pretensiones de
desconocimiento e insurrección a su autoridad fue la alianza
estratégica de ambos poderes, después de haber estado
enfrentados y separados, con el fin de implementar una abierta y
rigurosa resistencia al pleno cumplimiento de las disposiciones
de la Regencia al considerar legítimos y justos los títulos y
nombramientos reafirmados por la Junta Central de Sevilla y por
ser imprudente para conservar el orden y la sumisión de los
vasallos americanos que, en ausencia del monarca soberano, los
súbditos pasaran a ser considerados españoles libres e iguales
en derechos y privilegios a los europeos, como se había ratificado
por las Cortes en las “Instrucciones para la convocatoria de
elecciones de América y Asia” (febrero 14 de 1810).
De igual modo consideraban que la mejor forma de apoyar la
causa revolucionaria de España era mantener el orden social,
económico y político preexistente en América, para poder
garantizar así crecientes y constantes auxilios monetarios a Europa
ya que al reconocerse a cada provincia su soberana condición
de autogobernarse también usurparían para su propios gastos e
inversiones las rentas y el patrimonio del Monarca Fernando
VII. Es decir, al hacerse la pretendida sustitución y transición del
gobierno virreinal por uno revolucionario representado por las
Juntas, se fracturaría la nación de tal manera que no sería posible
53

Luis Rubén Pérez Pinzón
enfrentar como un cuerpo sano, fuerte y completo cualquier
pretensión diplomática o expedicionaria de Francia sobre
América para integrar y hacer jurar a las provincias de ultramar
su sumisión a la Constitución josefina de Bayona (julio 7 de 1808).
Justificaciones que se asumieron en cada jurisdicción como válidas
y legítimas para seguir haciendo cumplir su autoridad y reprimir
toda forma de crítica o rechazo insurgente, para lo cual
corregidores y gobernadores contaban con el apoyo incondicional
de cuerpos de guerra y pacificación (Orden de los Capuchinos)
acantonados en las provincias más estratégicas o insurgentes, y
especialmente, de los linajes criollos beneficiados o emparentados
con las autoridades virreinales, quienes mayoritariamente
presidían los cabildos municipales y se resistían a la existencia de
instituciones políticas paralelas que diesen poder y privilegios
inaceptables a criollos ideológicamente afrancesados, arruinados,
arribistas o inconformes con sus condiciones sociopolíticas.
Ese público desconocimiento o incumplimiento en las Indias de
las innovaciones liberales concedidas por el Supremo Consejo
de Regencia desde España motivó a los virreyes y sus cortes a
constituirse de facto en regentes directos y perpetuos de las
instituciones monárquicas en América hasta el retorno del legítimo
rey de España. Se dió a los gobernadores y corregidores plenas
libertades para emplear las medidas despóticas y terroristas que
consideraran necesarias “para mantener a los pueblos en
quietud” 35 , se incrementaron las acciones de delación en las
cárceles y de inquisición en los confesionarios, ay se dejó de
convocar al Real Acuerdo para discutir las solicitudes e
insurrecciones de las provincias neogranadinas al ser más seguro
ocultar la verdad sobre las arbitrariedades gubernamentales o
las revoluciones junteras que estaban aconteciendo en todo el
Reino.
35 RESTREPO, José Manuel. Op cit. Tomo I. Pág. 127
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Historia Bicentenaria de un día de Revolución
La respuesta de los abogados y regidores ilustrados a esos
excesos y agravios no podía ser otra que la inevitable y temida
insurrección de los cabildos provinciales en su afán de tomar el
poder e instaurar las Juntas como legítimas formas de gobierno
para defender la salud pública de la patria, para respaldar la
causa patriótica de los españoles europeos en su afán de restaurar
la independencia ante los invasores franceses, así como para
hacer abdicar a las tiranas autoridades virreinales que se resistían
a ceder su poder a la soberana voluntad de los pueblos
provinciales organizados en Cabildos extraordinarios y Juntas
provisionales de gobierno, en ausencia de Fernando VII.
Entre las medidas represivas de los chapetones que fueron más
condenadas y publicitadas en todo el virreinato por los cabildos
insurgentes estuvieron:
1. El apresamiento y confinamiento en Cartagena del
comerciante santafereño Antonio Nariño y el oidor quiteño
Baltasar Miñano al ser considerados peligrosos para la
seguridad de la patria por sus ideas revolucionarias y su poder
de convocatoria popular.
2. El enclaustramiento capuchino de los clérigos socorranos
Miguel Gómez y Andrés Rosillo al ser delatados por sus ideas
y acciones revolucionarias, aunado al arresto de Agustín
Estévez y Juan Nepomuceno Azuero por iguales causas.
3. La pena de muerte para los estudiantes socorranos José
María Rosillo y Vicente Cadena, junto al gironés Carlos Salgar,
quienes “penetraron hasta los llanos de Casanare e
intentaron hacer una revolución, que fue mal combinada.
Auxiliados sin embargo por algunos habitantes de la
provincia, se apoderaron de las armas y alborotaron a
varios lugares” 36 , y aunque finalmente fueron derrotados por
las tropas del virrey y el gobernador de los Llanos, sus cuerpos
fueron decapitados y sus cabezas se trasladaron hasta Santafé
36 Ibíd. Tomo I. Pág. 129
55

Luis Rubén Pérez Pinzón
para ser ubicadas sobre escarpias en los lugares públicos más
concurridos con el fin de advertir el castigo para las nuevas
generaciones de insurgentes neogranadinos y
4. Las acciones criminales cometidas por los gobernantes
de Cartagena, Pamplona y El Socorro contra los patrióticos
regidores de esas provincias, que propiciarían insurrecciones
populares lideradas por los Cabildos, y la constitución de
Juntas de Gobierno superior o provincial, cuyas consecuencias
inmediatas serían una seria amenaza de invasión de las
provincias nororientales a Santafé en caso de no aprobarse
la proclamación y jura de una Suprema Junta para el virreinato
por parte del virrey, los oidores, los oficiales reales y el Cabildo
capitalino.
Sin embargo, fue la insurrección y toma cívico – militar del poder
por las Junta de Gobierno de Caracas y Cartagena (mayo 22 de
1810), la que permitió entender a los regidores de las provincias
del “interior” de la Nueva Granada que con la presión
revolucionaria de los regidores y militares criollos se podía obtener
que las autoridades virreinales y sus representantes provinciales
cedieran en sus posturas arbitrarias y tiranas al no contar con el
apoyo político y militar que eran necesarios para imponerse
represivamente; acataran las Leyes de Indias que ordenaban la
distribución del poder entre el Gobernador y el Cabildo a falta
de autoridades reales soberanas y plenamente reconocidas (Ley
2, Título 7, Libro 4; Real Orden del 31 de julio de 1809) 37 ;
aceptaran pacíficamente su arresto y exilio al negarse a asumir
las decisiones e innovaciones impuestas por los diputados y
representantes de las Juntas a nombre de la voluntad soberana
del pueblo (junio 14); y especialmente, renunciaran en el “pueblo”
soberano sus funciones y responsabilidades para que así fuese
posible que los Comisarios regios enviados a América
reconocieran en las Juntas superiores (o supremas) y subalternas
37 Ibíd. Pág. 128
56

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
(o provinciales) a Gobiernos legítimamente constituidos,
aceptaran la emancipación sociopolítica de los criollos ante las
discriminaciones y exclusiones de los chapetones, así como
aceptaran el sometimiento de esas juntas a la autoridad del
Supremo Consejo de Regencia al estar dispuestas al igual que
las peninsulares a morir defendiendo la causa soberana de
Fernando VII en la jurisdicción a su cargo.
El día de revolución por la “familia”. A esas innovaciones
revolucionarias de las principales ciudades costeras, el Cabildo
de Pamplona (julio 4 de 1810) logró sumar el papel protagónico
de las familias principales y sus redes de poder provincial, como
fue el caso de los Villamizar - Gallardo, al enfrentarse, vencer y
desterrar el poder despótico del corregidor catalán Juan Bastús
y Falla, para lo cual unieron sus fuerzas, recursos e influencias a
las de los regidores inconformes con el fin de reclamar
unánimemente la conformación de una Junta de Gobierno que
sustituyera los agravios de ese “mandón”. La insurrección del
miércoles 4 de julio en Pamplona, representó además el retorno
al poder de las familias principales de esa provincia en asocio a
las del Socorro y Tunja, después de haber sido desconocidos
los derechos y privilegios de los criollos que habían sido destituidos
(José Joaquín Camacho) o frustrados (Juan Nepomuceno
Álvarez y Casal) en sus aspiraciones gubernamentales con el
nombramiento real de Bastús como sucesor del primer
corregidor de Pamplona desde 1806.
El conflicto entre esas familias y el corregidor se originó por el
rechazo de los pamploneses al chapetón intruso como su foráneo
corregidor, a lo cual se sumó la causa abierta por ese gobernante
contra la matrona doña Doña Agueda Gallardo viuda de
Villamizar (junio 30 de 1810), quien fue inculpada de insurrección
y traición por sus expresiones y actos públicos contra los
representantes de las autoridades virreinales durante la realización
de los actos rituales en conmemoración de la festividad de San
57

Luis Rubén Pérez Pinzón
Pedro, patrón de la ciudad, santo de gran devoción y objeto de
culto alrededor del cual se articulaban los poderes y decisiones
familiares a través de la cofradía de su mismo nombre. La
amenaza de ser enjuiciada y proscripta fuera de la provincia,
sumado al secuestro y remate de los bienes familiares de una de
las principales familias de la provincia, motivó a sus parientes,
amigos, conocidos y dependientes a preparar el alzamiento y
usurpación del poder del corregidor, la anulación de las causas
iniciadas, la liberación de los patriotas e insurgentes de las
cárceles, y finalmente, la conformación de una Junta de Gobierno
semejante a las asambleas supremas instauradas en Caracas y
Cartagena.
Organizado el ataque armado y comprometidos los regidores
para aprobar el nuevo gobierno, sólo quedó a doña Agueda la
tarea de provocar al corregidor y justificar la reasunción de la
soberanía del pueblo en el Cabildo, de allí que ese miércoles de
mercado, al encontrarse con el catalán en las calles de la plaza
mayor, lo abordó y despojó de su bastón de mando. Ese despojo
del símbolo nobiliario de poder y el desconocimiento de la
autoridad que representaba el corregidor fue continuado por el
apoyo armado de sus paisanos congregados en torno a la
respetada matrona para garantizar su salud y su seguridad,
concluyendo la gesta libertadora doña Agueda, al entregar y
depositar ese bastón a los regidores golpistas, con lo cual se
delegaba a los mismos la responsabilidad de constituirse en Junta
de Gobierno para reasumir provisionalmente la autoridad
usurpada a través de un régimen mixto y tripartito, compuesto
por la mayoría de los miembros del Cabildo como autoridades
legales sucesoras del poder provincial en ausencia del gobernador
expropiado y encarcelado, aunados a un sexteto de vocales
elegidos por el “pueblo” soberano como autoridades legítimas
elegidas por los hombres cabeza de familia de la ciudad capital
en ausencia del monarca.
58

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
La declaración de emancipación de la provincia sólo sería
redactada y comunicada al virrey por el secretario Francisco
Soto hasta el 31 de julio, después de culminados los movimientos
revolucionarios en todo el reino y concentrado el gobierno virreinal
en la Suprema Junta de Gobierno, al haberse temido una represión
exterminadora con tropas enviadas por los corregidores del
Socorro y Tunja y por el Real Acuerdo desde Santafé, al igual
como se había procedido contra la insurrecta Quito al contarse
con la ayuda de las fuerzas aniquiladoras enviadas desde Popayán
y Pasto. En ese acta los pamploneses finalmente se
comprometieron a conservar la religión católica, obedecer a
Fernando VII, así como adherirse a la causa nacional
representada por el Supremo Gobierno de Cádiz y la Suprema
Junta de Santafé con el fin de garantizar la defensa e independencia
de la Nación a toda forma del yugo francés.
El papel de A. Villavicencio en la legalización de la
“Independencia”. Sin embargo, serían los sucesos político -
militares que conllevaron a la conformación de la Junta de
Gobierno del Socorro (julio 10 al 15 de 1810) los que
provocarían irremediablemente el fin del Gobierno virreinal de
Amar y Borbón y sus representantes provinciales ante el
desconocimiento de lo realmente acontecido en Pamplona,
Piedecuesta, Bucaramanga y Girón. Siendo ello tan evidente que
el mismo José de Acevedo y Gómez, regidor perpetuo, diputado
(“Tribuno”) del pueblo y vocal organizador de la Junta de Santafé,
llegó a asociar el éxito y los logros de la revolución santafereña
del 20 julio como consecuencia directa de las insurrecciones,
decisiones, proclamas y exigencias juntistas de los cabildos y
pueblos de Cartagena, Pamplona y El Socorro.
La mejor evidencia de ello la constituye la correspondencia entre
J. Acevedo con el comisario regio del Gobierno Supremo de
España, el capitán Antonio Villavicencio y Berastegui (Conde
del Real Agrado) 38 , con cuya autoridad y presencia en Santafé
38 MONSALVE, José. Op. Cit. Pág. 1 -9
59

Luis Rubén Pérez Pinzón
se esperaba la autorización regia para establecer –pacíficamenteuna
Asamblea o Junta Superior del Reino (también denominada
“Junta Superior de Seguridad Pública”) a través de la cual se
pudiera convocar los diputados de los Cabildos del Reino,
muchos de ellos transformados políticamente en Juntas provinciales
o subalternas con el fin de acordar un régimen constitucional
mediante el cual se pudiese acabar con la dureza y rapacidad de los
agentes de gobierno virreinal, las arbitrarias detenciones y requisas,
los largos y costosos pleitos que no otorgaban justicia, el
engreimiento y despotismo de los ministros y jefes superiores, el
odio que los “chapetones” profesaban contra los naturales
neogranadinos y el desinterés por la “vigilancia, observación y
defensa” de los enemigos externos, especialmente los franceses.
Junta Superior (o Suprema) que debía estar compuesta de
acuerdo a la experiencia obtenida por A. Villavicencio en Cádiz,
Caracas y Cartagena por “diputados de las Provincias o
cabezas de partido, que tengan conocimiento en sus
necesidades y que con su intervención se provea por los
Virreyes o Capitanes Generales lo conveniente de su gobierno
económico y a cuanto concierna la seguridad del país”. Siendo
esos diputados nacionales elegidos por cada una de las “Juntas
subalternas de la superior del Reino” establecidas en la capital
provincial de cada “patria”, las cuales estarían a su vez
conformadas por diputados elegidos y enviados a esas capitales
por los regidores de cada distrito municipal, quienes tendrían
además la tarea de consultar y determinar con los Gobernadores,
Capitanes o Intendentes que no fueran depuestos, todo lo
concerniente a ellas en cuanto a su “administración económica,
seguridad en el país y demás en que se interesa el servicio
del Rey y de la Patria, consultando con la Superior lo que
sea necesario para su aprobación, y aquella con el Gobierno
Supremo” 39 representado por la Junta y las Cortes de Cádiz.
39
VILLAVICENCIO, Antonio. Informe (del Comisionado Regio don Antonio
Nariño) al (primer secretario de Estado y Despacho del) Consejo de Regencia.
Cartagena de Indias, mayo 24 de 1810. En: Ibíd. Pág. 89 - 100
60

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
A ello se sumaba el reconocimiento y aceptación por parte de
Villavicencio de una organización política provisional de esas
Juntas por medio de un régimen de gobierno mixto o transitorio,
mediante el cual a la autoridad real del gobernante usurpado y al
pueblo soberano representado por los regidores golpistas del
Cabildo de la capital provincial donde se instauraba la Junta, se
debía sumar la voz y el voto de un sexteto de vocales ilustrados
y patrióticos elegidos democráticamente en nombre de las familias
de las clases populares (o castas) que apoyaban y sustentaban,
con su presencia masiva en las plazas mayores la revolución (la
“chusma”). Constituyéndose todos ellos en una Asamblea,
Congreso o Corte en igualdad de derechos políticos quienes
debían preservar los cargos y funciones del Cabildo en quien
recaía la soberanía provincial, y al mismo tiempo, adoptar, adaptar
y hacer funcionales los cargos propios de un Estado republicano
moderno, para lo cual esos representantes o diputados de la
corona, el clero, los linajes y el “pueblo” debían elegir y delegar
internamente quiénes se desempeñarían como presidente,
vicepresidente, secretarios y ministros, procuradores, vocales –
legisladores, jueces, comandantes militares, agentes públicos,
mayordomos, corregidores, etc., en quienes recaería
adicionalmente la responsabilidad de instaurar y preservar la
institucionalidad necesaria para sustituir gradualmente el Estado
monárquico – corporativista Borbón.
El día de revolución por la “Patria”. El compromiso
revolucionario de la provincia del Socorro era bien conocido en
todo el Reino. Los socorranos se habían constituido desde antes
de 1781 en los adalides de las luchas populares y la
desestabilización de las instituciones tiranas, especialmente
aquellos que se desempeñaban como regidores o asesores en
Cabildos distantes a su patria natal, los curas oriundos de la
misma como fue el caso de Juan Nepomuceno Azuero, párroco
de Anapoima, y por estudiantes, funcionarios y profesionales
socorranos implicados en las principales conspiraciones golpistas
61

Luis Rubén Pérez Pinzón
de Santafé, como fue el caso de Miguel José Gómez Plata
(“Panela”), Pedro Pradilla y José María Durán, inculpados en la
conspiración de los “Pasquines” (1794).
También fueron sus ideas y actuaciones insurgentes las que
llevaron al incremento de los controles policivos ordenados
específicamente contra los socorranos sospechosos en todo el
reino, al conocerse, por medio de delatores “anónimos”, que
estaban conspirando a favor de las Juntas de Gobierno. Tal fue
el caso de los clérigos Andrés Rosillo, Juan José Monsalve, en
asocio a Emigdio Benitez, José Antonio Amaya Plata, Joaquín
Castro, e incluso José Acevedo Gómez, comerciante charaleño 40
emparentado con las principales familias de la provincia comunera,
criollos de reconocida aceptación, quienes había estado
empleando sus influencias desde inicios del mes de noviembre
de 1809 al invitar abiertamente a todos los cabildos provinciales
a contribuir en el establecimiento de una Junta de Gobierno en
Santafé recibiendo a cambio la representación con igual número
de vocales a los autorizados para el Cabildo de Santafé, la
expulsión de los chapetones nombrados para gobernar o regir
en cada provincia, así como el ajusticiamiento de los oidores,
corregidores y gobernadores que siguieran influyendo en el virrey
para que no condescendiese a las solicitudes y exigencias de los
neogranadinos. 41
A la par de esas acciones revolucionarias, los hechos y
exhortaciones insurgentes de la Suprema Junta de Quito inspiraron
a los socorranos y pamploneses residentes en Santafé a apoyarla
desde la capital virreinal, para lo cual acordaron enfrentar e
insubordinar las tropas que serían enviadas por el virrey para
40 GUTIÉRREZ RAMOS, Jairo. Nuestros hombres de Santafé. En: Nuestro
Santander / Periódicos Asociados ed. Fascículo 5. Santafé de Bogotá: Periódicos
Asociados – Vanguardia Liberal, 2005 - 2006. Pág 48.
41 REAL AUDIENCIA DE SANTAFÉ. Expediente y documentos relacionados
con la conspiración del doctor Andrés Rosillo, don Juan José Monsalve y
otros. En: RODRÍGUEZ PLATA, Horacio. Op. Cit. Pág. 197 - 208
62

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
acabar con los revolucionarios quiteños y restituir el orden
presidencial regulado por la Real Audiencia de esas provincias.
Para ello debían atrincherarse con sus guerrillas, emboscar las
tropas reales en el sitio de El Portillo (septiembre de 1809),
derrotar y convencer a los oficiales y soldados capturados a
seguir su causa, reunificar las fuerzas y pertrechos para retornar
a la capital virreinal, sitiarla hasta su rendición, y de ser necesario,
tomarla a sangre y fuego con tropas que vendrían directamente
desde El Socorro para atacar desde la retaguardia.
Al ser descubiertos, delatados y enjuiciados, los conspiradores
que lograron mantenerse libres decidieron reorientar su lucha
cívico – militar contra el gobierno virreinal desde el Casanare
por medio de una guerrilla con la cual pretendían alcanzar la
sublevación política y el triunfo militar contra los realistas que se
negaran acatar las disposiciones de las Juntas y Cortes españolas.
Para ello caudillos como Domingo y Emigdio Benítez Plata, Pedro
Monsalve y Vicente Ortiz, bajo el liderazgo de los estudiantes
universitarios José María Rosillo y Vicente Cadena, concibieron
necesario armar y entrenar a sus tropas en esas tierras lejanas,
deponer gradualmente las autoridades gubernamentales de los
llanos, retornar experimentados y fortalecidos al Reino por la
ruta de Sogamoso con el fin de invadir El Socorro y hacer de su
ciudad natal el centro de operaciones, desde donde se iniciaría
la invasión y derrota final de Santafé por medio de un ejército
preparado y apertrechado. Sin embargo, los conspiradores e
insurgentes socorranos volvieron a ser delatados, derrotados y
ajusticiados por las autoridades virreinales.
De tal modo, el fracaso de la conspiraciones, insurrecciones y
movilizaciones armadas de los socorranos hacia Santafé (1781),
en Santafé (1794), contra Santafé (1809) y tras Santafé (1809 -
1810) conllevó a que los junteros del Socorro resolvieran “hacer
solos la revolución, consolidar en su ciudad y provincia un
gobierno autónomo, y luego de organizados militar y
63

Luis Rubén Pérez Pinzón
políticamente, volar con tropas sobre Santafé” 42 al considerar
que sólo las acciones de hecho darían razón a los argumentos
que en derecho habían reclamado los jurisconsultos socorranos
en Santafé. Sumándose a esa insatisfacción y desconcierto lo
inútiles que resultaron las instrucciones dadas por el Cabildo del
Socorro a Antonio de Narváez como Diputado neogranadino a
las cortes convocadas por la Suprema Junta Central de España
(octubre 20 de 1809) 43 , ante las cuales no se presentó al no ser
enviado y por haber sido pospuestas y depuestas las mismas.
Instrucciones que sumadas a las representaciones de los
miembros prerrevolucionarios del Cabildo de Santafé permitieron
a los neogranadinos letrados e ilustrados, unificar criterios sobre
las justas y soberanas causas para sustituir las autoridades
provinciales y virreinales por Juntas de Gobierno, agregándose
a ese panorama los actos de violencia y agravio que la mayor
parte de las familias neogranadinas habían sufrido por parte de
los chapetones, lo cual había propiciado un creciente sentimiento
patriótico y nacionalista que fue orientado por los más liberales
hacia la instauración de un orden legal y constitucional presidido
por una Suprema Junta de Gobierno para todo el virreinato, sin
injerencia de los odiados oidores neogranadinos ni de los
ilegítimos regentes de España.
Así, mientras en Santafé las autoridades virreinales vigilaban y
abrían causas contra los socorranos sospechosos de sedición,
en la Villa del Socorro el corregidor asturiano, licenciado José
Francisco Valdés Posada, desde inicios de 1809 había asumido
su gobierno con acuciosidad, celo e instrucción al ser sus órdenes
vigilar e imponerse a los anhelos de poder provincial de la familia
42 Ibíd. Pág. 20
43 CABILDO DEL SOCORRO. Instrucción que da el Muy Ilustre Cabildo,
Justicia y Regimiento de la Villa del Socorro al Diputado del Nuevo Reino de
Granada, a la Junta Suprema y Central Gubernativa de España e Indias.
Socorro, Octubre 20 de 1809. En: Ibíd. Pág. 40 - 46
64

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
Camacho, así como a “los genios inquietos e inclinados a
novedades y transtornos” que caracterizaban de forma general
a los socorranos. Para ello, reforzó la guarnición militar de la
ciudad, vigiló y logró develar los planes conspiradores del
magistral Andrés Rosillo, Pedro Monsalve y Joaquín Castro para
invadir Santafé y sustituir el gobierno virreinal por uno popular,
mandó a prisión a todos aquellos vecinos de opiniones políticas
contrarias a Fernando VII y el Supremo Consejo de Regencia,
como fue el caso de Miguel Gómez, militarizó las calles y plazas
al incrementar los patrullajes, inspecciones, requisas y detenciones
arbitrarias desde el cuartel hasta la casa del corregidor, pasando
por la mitad de la plaza mayor, lo cual fue entendido por los
alcaldes ordinarios, en su condición de jueces y autoridades de
policía municipal, como una forma hostil y desmedida de
amedrentar a los regidores por sus denuncias y representaciones
ante las autoridades virreinales y de aterrorizar a todos aquellos
moradores auxiliadores o sospechosos de participar en cualquier
tipo de insurrección o queja contra su autoridad.
La hostilidad y zozobra provocadas por el corregidor provincial
en respaldo al Virrey y la Real Audiencia en su intransigente
decisión de no apoyar, permitir ni jurar las Juntas (provinciales y
Suprema) de Gobierno al considerar que con ellas perdían sus
privilegios (empleos, sueldos, influencias y propiedades) y
funciones (control tributario, regulación provincial, patronato real
de la Iglesia y defensa exterior e interior del Reino con ejércitos
propios), llegó a tal extremo en la Villa del Socorro que se especuló
sobre la existencia de largas listas y extensas cadenas con grillos
para todos aquellos socorranos considerados sediciosos junteros,
entre los cuales figuraban los regidores elegidos como alcaldes
ordinarios, para quienes se auguraba la decapitación ante el Real
Acuerdo presidido por el virrey, ante el esperado comisionado
regio o ante el mismísimo Consejo de Regencia. 44
44 CABILDO DEL SOCORRO. Oficio del Cabildo al Corregidor al señor don
José Valdés. Socorro, julio 8 de 1810. En: Ibíd. Pág. 30
65

Luis Rubén Pérez Pinzón
En contrarrespuesta, los alcaldes iniciaron un expediente contra
el corregidor y sus tropas por sus amenazas, excesos, hostilidades
y detenciones arbitrarias, las cuales comparaban con el “terror
y espanto” de las decisiones tomadas por “el infame favorito
Godoy”, 45 enviaron nuevas representaciones (julio 6 de 1810)
al virrey y los oidores mediante las cuales anunciaban que por
las acciones arbitrarias de esos representantes gubernamentales
y militares sus vidas estaban en peligro, la tranquilidad pública
había sido perturbada, así como no era posible volver a confiar
ni esperar seguridad alguna de la autoridades provinciales (“los
amos”) al estar los regidores entre los primeros cuarenta y cuatro
socorranos enlistados para ser expropiados de sus bienes y
encadenados deshonrosamente como proscriptos hacia las
galeras del Caribe, al igual como ya se había hecho con los
temidos conspiradores y librepensadores A. Nariño y S. Miñano.
Sin embargo esos mismos alcaldes, José Lorenzo Plata y Juan
Francisco Ardila, conscientes de los planes de asesinato que por
vía de degüello existían contra ellos, de acuerdo a lo manifestado
por los partidarios del corregidor en San Gil en la noche del siete
de julio, 46 en la mañana del día ocho ofrecieron a Valdés la
promesa de no agredirlo con sus seguidores mientras él y sus
tropas no alteraran la tranquilidad pública, la seguridad y la justicia
tanto para sus personas como para los demás vecinos. Entre
tanto, secretamente avivaron la chispa de la revolución al difundir
el rumor según el cual el corregidor, los oidores y el virrey habían
acordado someter a los socorranos a un yugo despótico de tan
grandes proporciones, que desde esa provincia se concentraría
la defensa del Reino en caso de una invasión francesa, e incluso,
de llegar a venir Fernando VII a reinar a América sería
recomendada esa provincia insurgente y desafecta como el primer
lugar de asentamiento para su corte de tiranos. 47
45 CABILDO DEL SOCORRO. Acta del 11 de julio de 1810. En: Ibíd. Pág. 35 - 36
46 Ibíd.
47 Ibíd. Pág. 56
66

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
A falta de de respuestas y decisiones contundentes del virrey, los
oidores y el Real Acuerdo de los regidores, apoyados por sus
amigos, familiares y demás parientes “principales” optaron por
enfrentar y defender sus vidas y la soberanía de sus cargos y
dignidades. Para ello contaron con el trascendental apoyo de los
curas párrocos de Barichara, Cabrera, Simacota, Palmas,
Páramo, Pinchote y Culatas (de los Confines) quienes organizaron
y capitanearon sus propias huestes parroquiales, reconocidas
por sus banderas rojas de guerra y los lemas de muerte contra
los chapetones borbónicos, especialmente los frailes
capuchinos, 48 quienes sumados a los parroquianos más influyentes
en los sitios más cercanos, lograron en menos de veinticuatro
horas reunir en la plaza mayor del Socorro varios miles de
parroquianos armados con machetes de labranza, lanzas, hondas,
chuzos y piedras traídas desde las riberas opuestas al río Saravita
(Suárez).
Constituyéndose así esa chusma en una fuerza de choque
irreducible e irreconciliable con las autoridades españolas, cuyos
rústicos combatientes estaban dispuestos a enfrentar con su
ímpetu y bravura las armas de fuego y artillería con las que
contaban el Corregidor y su escolta de sesenta soldados
veteranos, reclutas forzados y paisanos milicianos rigurosamente
acuartelados y plenamente pertrechados. Después de tres días
de amenazas, prevenciones, pactos y provocaciones, los
enfrentamientos se iniciaron a las siete de la noche del nueve de
julio de 1810 al intervenir el “pueblo” en la defensa de tres
paisanos a quienes se les amenazó de muerte si no retrocedían y
abandonaban su irreverente decisión de cruzar altaneramente
por la restringida calle de los cuarteles, en cuyos balcones se
encontraban atrincheradas las tropas reales que resguardaban a
Valdés .
48 CHINCHILLA, Fray Andrés. Compendio de la persecución de la Comunidad
de Padres Capuchinos de la Villa del Socorro en la insurrección del año de 1810.
Socorro, febrero 2 de 1818. En: Ibíd. Pág. 249, 264 - 265
67

Luis Rubén Pérez Pinzón
Ese primer enfrentamiento dejó como saldo la muerte de ocho
paisanos con las piedras y palos que iban a lanzar en sus manos
al ser impedido su avance por los francotiradores desde los
techos, así como se sitió y cercó la plaza por los vecinos
insurrectos, quienes permanecieron en vela esperando nuevos
ataques o escaramuzas desde los cuarteles al ser manchado por
primera vez el suelo socorrano con “sangre inocente”. El temor
de un desenlace fatal contra sus hombres, familiares y aliados
motivó al corregidor, los oficiales y los soldados a aprovechar
las sombras de la madrugada para pedir refugio y atrincherarse
desde una mejor posición en el convento de los Padres
Capuchinos, considerado uno de los brazos represores del
Estado patronal desde la pacificación y remoralización de los
socorranos participantes en la rebelión comunera.
La cólera del “pueblo” contra ambas instituciones virreinales al
permitirse que en el campanario capuchino se izase la bandera
de guerra del corregidor, motivó a los concurrentes a sitiar el
convento, atacarlo sin cesar con piedras contra sus techos y
balas contra sus paredes al constituirse en el símbolo de la tiranía
y el despotismo, así como juraron luchar hasta demoler piedra
sobre piedra y degollar cuerpo sobre cuerpo a sus ocupantes al
tener el control absoluto de sus aprovisionamientos y posibles
rutas de escape. Aún así, fueron los agredidos alcaldes y jueces
de la villa que propiciaron la insurrección quienes pidieron a los
chapetones rendirse voluntariamente con la promesa de proteger
sus vidas y recibir honores militares. Mientras tanto, la ingenua
muchedumbre celebraba gritando vivas a la religión católica, al
rey Fernando VII y a la “justa causa de la Nación” que ellos
representaban y defendían ante la tiranía virreinal, así como otros
invadían las casas, cuarteles y el convento para robar, destrozar
y arruinar todos los bienes asociados con el enemigo.
El corregidor, su teniente y el alférez de la Villa, así como los
frailes capuchinos, se sometieron los insultos públicos y la
68

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
deshonrosa prisión ante la superioridad de las armas del bando
de los regidores, aunque después de dos días de comodidades
y privilegios debieron someterse a cargar cadenas y grillos ante
la amenaza de la muchedumbre de hacer justicia por su propia
mano al no haberse honrado ni vengado por parte de los regidores
y los vocales de la Junta de Gobierno la docena de paisanos
abatidos por las tropas gubernamentales, con lo cual les hubiese
deparado a los chapetones la deshonrosa muerte que por horca,
cuchillo o garrote ellos tenían planeado para los insurgentes de
haber sido derrotados.
Una semana después, los regidores y los seis vocales del pueblo
que conformaron la Junta Superior de Gobierno provincial desde
la rendición del corregidor (julio 10 de 1810) ordenaron el exilio
de los funcionarios reales, soldados y chapetones
contrarrevolucionarios, demostrando así la independencia y
soberanía que habían alcanzado al poder hacer uso de su “libertad
civil”, al poder estar en libertad de concebir y ejecutar un gobierno
constitucional tan virtuoso como el de la revolución
norteamericana pero sin perder de vista la necesaria y justa
defensa de su revolución con ejércitos y milicias. Estando
convencidos para ello de que el único camino que les deparaba
era luchar hasta morir para no llegar a ser tratados y sometidos
con la saña y el odio vengador con el que fueron reprimidos los
revolucionarios quiteños casi hasta el exterminio, ni tampoco llegar
a ser sorprendidos con el temido parque de artillería producido
y resguardo por las autoridades virreinales de Santafé para ser
usado contra aquellos neogranadinos reacios a la sumisión y
esclavitud que debía caracterizar a los americanos. 49
Ese mismo dieciséis de julio la Junta de Gobierno presidida por
el Cabildo Municipal informó de forma oficial al virrey que habían
usurpado la autoridad de su representante en esa provincia y
49 CABILDO DEL SOCORRO. Representación (Memoria) del Cabido del
Socorro al Virrey del Reino. Socorro, julio 16 de 1810. En: Ibíd. Pág. 26
69

Luis Rubén Pérez Pinzón
que tenían todo “previsto” para enfrentar cualquier intento de
invasión o contrarrevolución que pretendiese negar o evitar que
los socorranos actuaran como “hombres dotados de razón y
consiguientemente acreedores a no ser tratados como
bestias”. Al asumir el gobierno cívico – militar de la provincia le
dejaban claro a las autoridades virreinales y a los cabildos de
Vélez, Tunja y Santafé, a los cuales mandaron dejar copia con el
posta enviado, que su intención no era sólo arrebatar el poder
sino conservarlo en nombre del pueblo soberano, para lo cual
añoraban que “el suceso más feliz coronará todas las acciones
a que la necesidad obligue”.
Si ese suceso era la guerra al ordenarse desde Santafé su
persecución y exterminio absoluto con la artillería y los fusileros
acuartelados allí, olvidando así los lazos sanguíneos, espirituales,
legales, culturales, religiosos y morales que unían a los españoles
americanos y europeos, serían los socorranos los primeros en
atacar para no ser sorprendidos ni vencidos al reconocer las
debilidades de su defensa, logrando en caso necesario, con sus
ya conocidas acciones terroristas y guerrilleras, garantizar y
perpetuar la salud de sus paisanos y la “seguridad” interna de su
jurisdicción, al no ser posible que el virrey asumiese un
temperamento tranquilizador armonizado por “el reposo y
silencio de las armas” que permitiese a todas las juntas y
cabildos neogranadinos “organizar nuestro gobierno asociados
a las demás provincias del Reino”. El primer paso para evitar
esas posibles confrontaciones debía ser entonces la instauración
de una Junta de Gobierno en la capital virreinal por parte del
Cabildo de Santafé, al igual que los requerimientos hechos por
Quito, Caracas y Cartagena, siendo a través de ella y no del
virrey o los oidores que las demás juntas discutirían todos los
asuntos concernientes a la patria (provincial) y por consiguiente
a la Nación (interprovincial). 50
50 Ibíd.
70

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
Si bien esos informes y amenazas sólo fueron conocidos
oficialmente el domingo 22 de julio después de los sucesos
revolucionarios y juntistas ocurridos en Santafé, lo cierto era
que los enfrentamientos y la instauración de la Junta de Gobierno
del Socorro se conocía con anárquico horror desde el miércoles
18 de julio, al divulgarse que los usurpadores socorranos estaban
dispuestos a marchar, sitiar, invadir y usurpar el poder virreinal
concentrado en Santafé en caso de sentirse inseguros o impedidos
en poder gozar de la felicidad, libertad, soberanía e independencia
que representaban el vivir sin tener que depender ni estar
sometidos a la voluntad de los connaturales de otras provincias.
A diferencia de las pacíficas y retóricas exhortaciones de
Cartagena y Pamplona a los regidores de Santafé para que se
apropiaran del poder y establecieran su propia junta, las amenazas
invasoras, ya no de los franceses sino de los inconformes
socorranos, a falta de decisión e interés de los santafereños por
constituir la Suprema Junta de Gobierno para el Reino, motivó a
los conspiradores capitalinos a acelerar sus planes y modificar
las acciones que deberían conllevar a la insurrección popular, la
amenaza de muerte contra los chapetones y la proclamación de
una Junta que usurpara y sustituyese a los virreyes y oidores de
su ilegítima autoridad.
El papel de J. Acevedo en la legitimación de la “Independencia”.
La revolución del 20 de julio en Santafé se constituyó
entonces en un acto desesperado por responder a los reclamos
y amenazas de las provincias insubordinadas con anterioridad,
impidiendo así a los regidores santafereños constituir su Junta
bajo la pacífica presencia y la legítima autoridad del comisario
regio, como estaba planeado desde que se conocieron los
exitosos hechos de Cartagena avalados por la autoridad
representativa del Supremo Consejo de Regencia de España e
Indias en la Nueva Granada. De haber llegado A. Villavicencio
antes de ese día de revolución, se hubiese constituido en el
“libertador de la patria” al lograr, al igual que en Cartagena y
Mompox:
71

Luis Rubén Pérez Pinzón
- Facilitar la jura y reconocimiento de las Juntas de Gobierno
por parte de los españoles europeos al imponerse el pleno
cumplimiento de lo dispuesto por la Regencia como “el nuevo
cuerpo soberano” que representaba al ausente Fernando VII
en todos los dominios de España, lo cual implicaba de manera
directa el tener que compartir los virreyes, oidores y demás
funcionarios virreinales su poder absoluto con los cabildos y
los vocales del “pueblo” en cada jurisdicción municipal.
- Prevenir todo conato de contrarrevolución al exigir igualdad
y fraternidad entre todos los miembros de una misma madrepatria
y los hijos sumisos de un mismo padre-rey.
- Promover la elección y nombramiento de los representantes
provinciales a las cortes neogranadinas, y entre éstos la
elección de los Diputados interprovinciales a las Cortes de
Cádiz, supervisando para ello los procedimientos y resultados
de las libres elecciones en las que participarían los hombres
cabeza de familia, en representación de todo el “pueblo” y no
por los regidores que habrían comprado o negociado su
nombramiento, y consigo.
- Adoptar un modelo político liberal, federal y representativo
mediante el cual las decisiones fuesen adoptados por Juntas
de Gobierno provincial, virreinal (o supremas) e imperial
centralizado desde Cádiz, para lo cual los gobernantes
destituidos, los cabildos y los demás miembros de esas juntas
debían unificar criterios y acciones por la causa fernandina al
compartir todos sentimientos comunes de amor y lealtad al
rey como a la patria española. 51
No obstante, los anárquicos y amenazantes sucesos del Socorro,
aunados a la inmodificable demora de A. Villavicencio en su viaje
por el Magdalena, al extenderse éste una semana más de lo
prometido, hicieron que el regidor José Acevedo Gómez no
pudiera contener más la insurrección general en Santafé y tomara
51 MONSALVE, José. D. Op. Cit. Pág. 76 - 84
72

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
el liderazgo de la misma al pedir al Cabildo la convocatoria a
cabildo abierto y extraordinario por parte del Virrey, al redactar
en asocio con C. Torres el acta con la cual el Cabildo ratificó la
instauración de una “Junta Suprema Provisional Gubernativa del
Reino” 52 o al elegir los vocales del “pueblo”, que como miembros
de esa Junta, debían centralizar y sustituir la autoridad del Virrey
y la Real Audiencia presentes en Santafé, así como ordenar y
regular provisionalmente las acciones de las Juntas provinciales
o superiores constituidas por los cabildos de las capitales
provinciales 53 . Así mismo, en su condición de “primer diputado”
elegido por el “pueblo” presionó a los principales chapetones y
a las autoridades virreinales de todos los órdenes para que juraran
y se sometieran a la Junta Suprema presidida por los criollos
santafereños y por los paisanos de otras provincias, pues de lo
contrario, su salud y su seguridad material, estarían amenazadas
por irreparables despojos, daños, heridas o muertes causadas
por la chusma vengativa, anárquica e incontenible, como había
ocurrido en la mañana de ese día al comerciante José González
Llorente.
Acevedo también había hecho todo lo posible por contener la
insurrección y la usurpación del poder al corregidor del Socorro,
al confiar que con la llegada del Comisario regio, su excompañero
de estudios, se instauraría un nuevo orden bajo una Junta de
Gobierno de común y ecuánime conformación por todos las
provincias del Reino, que legítima y pacíficamente se
insubordinarían a la autoridad de los funcionarios nombrados
por Carlos IV para someterse sólo al poder soberano del Consejo
de Regencia que representaba a Fernando VII. En carta del 29
de junio Acevedo le expresaba a Villavicencio:
52 VILLAVICENCIO, Antonio. Carta al vicepresidente Josef Miguel Pey.
Honda, julio 28 de 1810. En: Ibíd. Pág. 172
53 ACEVEDO Y GÓMEZ, José de. Carta al Comisario Regio para el Nuevo
Reino de Granada, don Antonio de Villavicencio y Berástegui. Santafé, junio 29
de 1810. En: Ibíd. Pág. 137 - 138. Negrilla agregada.
73

Luis Rubén Pérez Pinzón
“Las relaciones de familia que tengo en la Provincia
del Socorro me han proporcionado influir en ella
para que todo se mantenga en tal estado mientras
llega usted. Y estoy seguro de que aquella Provincia
sólo aspira a que se le quite el odioso Corregidor que
la manda, don José Valdés, hechura muy antigua de
Godoy, y que se apareció aquí después de la revolución
de España a despojar al propietario, doctor don José
Joaquín Camacho, hijo benemérito de la Patria y tan
distinguido por su virtud y literatura. Una
recomendación dirigida al Fiscal Frías en favor de
Valdés bastó para su colocación en El Socorro, y ha
correspondido muy bien a su protector, porque ha sido
el azote más terrible de aquella provincia y ejecutor
más ciego de las providencias de esta Audiencia y
Gobierno”. 54
Veinte días después los hechos insurreccionales en las provincias
y la temperamental oposición del virrey y los oidores, hacían
incontenibles las acciones de hecho antes que los acuerdos en
derecho. En otra carta J. Acevedo le confesaba finalmente su
incapacidad para contener más tiempo la insurrección general,
así como expresaba su disposición a vencer o morir en la lucha
para así cortar de una vez por todas las cadenas con las que su
patria estaba atada a la península, “manantial perenne de sus
tiranos”, y especialmente en vengar y acabar de una vez con la
tiranía de todos aquellos mandones que habían arruinado y
deshonrado a muchos comerciantes exportadores, como había sido
su caso, a causa de las equívocas políticas fiscales y aduaneras del
tirano virrey Amar y Borbón, fiel representante del “bárbaro y
despótico sistema colonial en que nos han tenido”.
Al no ser posible que A. Villavicencio llegara a tiempo para
contener la tempestad revolucionaria y anárquica que se
54 Ibíd. Negrilla agregada.
74

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
avecinaba, aunado a sus miedos de ser asesinado durante un
asecho o como una víctima inmolada en medio del fulgor, Acevedo
se despidió de su admirado compañero manifestándole que en
caso de caer en la lucha moriría con el consuelo de ver libre
prontamente a su patria gracias a las decisiones que él tomaría
como comisario regio. Aunque ese adiós se constituyó en una
forma cifrada de anunciar los hechos que ocurrirían el siguiente
día de acuerdo a lo planeado por los contertulios del observatorio
astronómico, respondiendo así a lo acontecido precipitadamente
en las provincias del nororiente del Reino y como una forma de
rechazo al pretendido avance de las provincias periféricas, al ser
considerada la insurrección capitalina como la única forma viable
y segura para seguir evitando la ruptura emancipadora y la
separación irreparable de grandes partes del cuerpo virreinal
neogranadino. Acevedo inició diciendo a Villavicencio, con
libertad y franqueza, que lo más importante para ese momento
era salvar la capital virreinal de la ofensiva provincial, ya que:
“Las hostilidades de Valdés han precipitado a la
Provincia del Socorro a un rompimiento, como lo
verá usted por la adjunta relación de los hechos más
notables, habiendo sucedido lo mismo en la de
Pamplona, cuyos detalles se ignoran, porque ni un
parte oficial han dado a esta capital. Acaso hoy le
habrá en Cabildo, y diré por postdata lo contenido. Yo
no alcanzo a prever cuál será el último resultado de
tamañas novedades, sin embargo de que me acabo de
acreditar profeta político, porque preví estas desde
septiembre anterior y las anuncié al Gobierno por
escrito en el voto que di pidiendo la Junta provisional
en ésta, compuesta de Diputados de las Provincias.
Tampoco juzgo muy política la sola convocación de
Cortes parciales, porque es alarmar más a los pueblos
demostrándoles que sólo se trata de conservar un
mando que detestan hasta los niños de pecho, ínter el
tiempo les proporciona ocasión de oprimir, como lo
hicieron con Quito. ¿Por qué quieren exponer a la
75

Luis Rubén Pérez Pinzón
capital a una irrupción de todas las Provincias, y no
tienen la franqueza de convocar también Diputados a
una Junta de Gobierno, que es la que debe convocar
las Cortes parciales? ¿Con que ha de envolverse el
inocente pueblo de Santafé en las ruinas que amenazan
a tan pocas personas? Más fácil les sería a éstas
salvarse, antes que se deshaga la tempestad, que,
reteniendo un cetro que por demasiado pesado ya se
les cae de las manos, perecer sin remedio”. 55
Finalizado y concretado el alzamiento insurgente del 20 de julio
con un acta extraordinaria consignada en el Libro del Cabildo
por el secretario Eugenio Martín Melendro, de acuerdo a la
redacción extendida por el regidor J. Acevedo siguiendo las
ordenes del “pueblo” que lo había aclamado como su más ilustre
y patriótico diputado, en ella se garantizaba la tranquilidad,
prudencia y felicidad pública alcanzadas al dejar constancia que
la revolución consumada en nombre de la religión católica,
Fernando VII y la libertad de la patria había sido iniciada de
forma incontenible por el “pueblo” santafereño en solidaridad
con la revolución triunfante del Socorro, para lo cual se recordaba
que en esa provincia más de nueve mil personas armadas “…
comenzaron por pedir la prisión y cabezas de varios
ciudadanos, cuyos ánimos se hallaban en la mayor división
y recíprocas desconfianzas desde que supo el pueblo el
asesinato que se cometió a sangre fría en el de la Villa del
Socorro por su corregidor don José Valdez, usando de la
fuerza militar, y particularmente desde ayer tarde en que se
aseguró públicamente que en estos días iban a poner en
ejecución varios facciosos la fatal lista de diez y nueve
ciudadanos condenados al cuchillo, porque en sus respectivos
empleos han sostenido los derechos de la patria…”. 56
55 ACEVEDO Y GÓMEZ, José de. Carta a Antonio Villavicencio. Santafé, julio
56
CABILDO DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ. Acta del Cabildo extraordinario del
veinte de julio de mil ochocientos diez, seis de la tarde. En: Ibíd. Pág. 165 – 166.
Negrilla agregada.
76

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
Siendo revalidado ese testimonio público de J. Acevedo sobre
el papel e influencia de la revolución socorrana en la de Santafé
al declarar de forma privada al quiteño Carlos Montufar que
además de la lista de cuarenta y cuatro proscriptos del corregidor
del Socorro, el Virrey contaba con una lista de diecinueve
socorranos que debían ser proscriptos y ejecutados, entre los
cuales figuraban como los tres primeros su primo Miguel Tadeo
Gómez, Andrés Rosillo y el mismo J. Acevedo. De allí que esos
excesos tiránicos, sumado a la “brusca repulsa” del virrey en
formar la Junta de Gobierno provincial, “…tenía al pueblo de
Santafé en una agitación tan grande que la menor chispa
bastó para prender un fuego tan activo que en diez y ocho
horas consumió el edificio del antiguo gobierno”. 57
El día de revolución por la “Nación”. La recia y obstinada
negativa de los oidores y virreyes a delegar o compartir sus
poderes, privilegios y facultades con una Junta de Gobierno
conformada por los regidores y un sexteto de representantes
del “pueblo”, idealizado como la máxima expresión de la voluntad
y el poder soberano de la nación para justificar así los golpes de
estado a los gobiernos provinciales, conllevó irreversiblemente a
que la suerte del Reino estuviese echada en manos de los criollos
revolucionarios antes que en los añorados triunfos de los
revolucionarios españoles para el feliz retorno del amado
Fernando.
Mientras los precursores de las juntas y el poder provincial y
virreinal compartido ganaban mayor fuerza política, recursos
provinciales y adeptos milicianos, el Virrey, los oidores y sus
funcionarios reales apelaban, por el contrario, a la represión
judicial y a la fuerza militar para poder hacerse obedecer desde
la capital virreinal al ser cada vez más cuestionados, desconocidos
57 ACEVEDO Y GÓMEZ, José de. Carta a Carlos Montufar. Santafé, Agosto 5
de 1810. En: Ibíd. Pág. 106. Negrilla agregada.
77

Luis Rubén Pérez Pinzón
y rechazados por los gentes, instituciones y funcionarios
municipales quienes desconocían o se negaban a reconocer su
autoridad al considerarla usurpada o irreconocida por el pueblo,
y especialmente, al haberse quedado sin “razones de Estado”
para hacerse respetar y obedecer ante las juntas revolucionarias,
al perder el control efectivo e inmediato de los regimientos fijo
de Cartagena y auxiliar de Santafé enviados a Quito.
De tal manera, los virreyes, oidores y demás funcionarios reales
vivían en un lamentable estado de dependencia del apoyo y la
lealtad de sus gobernadores y corregidores provinciales para:
poder mantener la unidad y apoyar la estabilidad de las
instituciones desconocidas y suplantadas por las Juntas de España;
garantizar la “Salud del Estado” al defenderse sobre cualquier
causa o interés la religión católica, el rey heredero, las leyes
imperiales y las libertades legítimas de la patria ante las
pretensiones usurpadoras del enemigo externo francés y el
enemigo seudorevolucionario criollo; defender su buen nombre
y decisiones estatales a pesar de ser considerados administradores
tiranos, ineptos, caprichosos y corrompidos, incluso
por curas progresistas y regentistas como el ilustre botánico y
educador gironés don Eloy Valenzuela 58 y para lograr reclutar un
mayor número de tropas y artillería con las cuales se previniera o
reprimiera todo conato de insurrección cívico - militar, como se
había logrado entre 1809 y 1810 al evitarse que los conspiradores
y revolucionarios socorranos realizaran sus planes de usurpación
del poder al ser delatados o capturados. Aún así, los hechos
insurgentes desde el 9 de julio en El Socorro aceleraron el plan
de transición pacífica y consensuada entre el gobierno de los
virreyes y los de las Juntas provisionales, que habían sido
concebidos recientemente por los regidores y los “sabios”
santafereños al conocerse el viaje del comisario regio A.
Villavicencio hacia Santafé desde la emancipada y soberana
Cartagena de Indias.
58 GUTIÉRREZ RAMOS, Jairo. Op. Cit. Pág. 48
78

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
Para ello, el sector ilustrado y pacifista había concebido una acción
de despliegue de fuerza y terrorismo militar, al acordarse que el
viernes 20 de julio, día de mercado público, se convocaría a los
parroquianos a montar sus bestias y salir de la ciudad con el
pretexto de salir a encontrar al comisario quiteño aunque se
llevarían armas ocultas y se “procuraría comprometer a
Villavicencio a fin de que autorizase el movimiento
revolucionario”. 59 Sin embargo, el sector populista y belicista,
al conocer el retraso de Villavicencio en al menos una semana,
decidió aprovechar la efervescencia y el inconformismo existentes
por las amenazas de muerte contra los criollos principales del
Socorro al conducir y orientar la “agitación de los espíritus” a
actuar de manera directa y revolucionaria, tomándose la plaza
mayor armados, con actitudes desafiantes y con arengas
amenazantes. Logrando finalmente, al anochecer de ese agitado
día de mercado, que las autoridades municipales, provinciales y
virreinales atendieran su deseo de realizar ese mismo día un
cabildo extraordinario mediante el cual se reconociera y aprobara
la constitución de una Junta provincial y luego una Suprema
interprovincial, para restituir la calma y aplacar la exaltación
popular de los santafereños y de los paisanos de otras provincias.
De no procederse así, los chisperos y oradores que guiaban las
masas advirtieron sobre la imposibilidad de poder controlar la
anarquía y la destrucción general que las masas insurrectas y
acaloradas ocasionarían como desde el mediodía ya habían hecho
contra el comerciante José Llorente y las propiedades de sus
amigos y conocidos, después del legendario y publicitado
enfrentamiento que en la mañana de ese día se había dado entre
el indiscreto español y los criollos Francisco Morales y sus hijos
Antonio y Francisco, al agraviarse e insultarse mutuamente
durante el préstamo del emblemático florero que engalanaría la
mesa donde ejercería el supremo poder del Consejo de Regencia
su Comisario Regio. La amenazante actitud de las masas
59 RESTREPO, José Manuel. Op. Cit. Tomo I. Pág. 131
79

Luis Rubén Pérez Pinzón
aglomeradas en las calles y los edificios virreinales, sumado a la
neutralidad o el apoyo de los cuerpos de infantería y artillería a
los regidores junteros, hizo que la insurrección emancipadora de
Santafé siguiera un procedimiento común al empleado por los
próceres que constituyeron las demás juntas de gobierno en
Cartagena, Mompox, Pamplona y El Socorro.
Es decir, un grupo de conspiradores miembros del Cabildo y sus
familias principales, concebían un plan de acción para un día en
el cual se podía contar con el apoyo de chisperos reconocidos y
la mayor parte de la población de la Provincia. Secretamente se
elegía un enemigo común que debía ser odiado, reducido y
aprisionado con el apoyo de los insurrectos, se atacaba y destruía
un elemento simbólico de su poder (por ejemplo un bastón, una
capilla, un florero), se incitaba a las masas a desconocer y
desobedecer a las autoridades tradicionales odiadas y rechazadas,
y finalmente, se exigía la conformación de un nuevo y legítimo
gobierno representado por medio de “Juntas”, bajo la amenaza
de atentar contra la vida de las autoridades que se opusieran a
realizar un Cabildo abierto y/o extraordinario que los instaurara
y reconociera, empleándose para ello los hombres y mujeres
considerados amigos e influyentes entre las familias de los
enemigos.
Al lograr la realización del Cabildo exigido, los chisperos, tribunos
y “diputados del pueblo” usaban a su vez la soberana voluntad
general del pueblo que representaban, en medio de las vivas a la
patria y los pregones insultantes a los chapetones, para liberar
los presos políticos y a todos aquellos conspiradores juntistas
que se consideraban retenidos injustamente, para elegir y hacer
nombrar a todos aquellos personajes considerados aptos e
ilustrados para ser vocales de esas “masas” ante la Junta Superior
o provincial, e incluso como futuros diputados a la Suprema Junta
del Reino. Siendo esa lista de vocales y diputados designados
arbitrariamente por los líderes o las facciones que lideraban cada
80

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
insurrección antes de ser aprobada por el “pueblo” concurrente
al someterse a su legitimación electoral a través de gritos,
aplausos o sufragios por parte de los hombres cabeza de familia
que estuviesen presentes, asegurándose así la soberana decisión
de la voluntad general.
Constituidas y consolidadas en el poder las Juntas Provinciales y
Supremas interprovinciales, los nuevos gobernantes asumían la
tarea de hacer reconocer y jurar su autoridad a los gobernantes
y principales representantes de las instituciones del régimen
derrocado bajo la promesa de someterse a las órdenes y
disposiciones del Supremo Consejo de Regencia de España e
Indias en Cádiz, se apropiaban del control de los cuerpos y
parques militares con nuevas milicias y comandantes leales a los
nuevos regímenes, acordaban y aprobaban un nuevo orden
constitucional (legislativo, ejecutivo y judicial) del cual eran
excluidos los chapetones considerados enemigos o intrusos de
la patria, para últimadamente proclamar su “independencia” y
oposición al régimen gubernamental y constitucional que
derrocaron al considerarlo sospechoso, usurpador, ilegítimo y
tirano, no brindando a los gobernantes, representantes o
comisionados de las formas de poder usurpadas y desconocidas,
otra opción que el honroso exilio.
Ese proceso insurreccional finalmente concluía con mutuas
acciones de reconocimiento y solidaridad entre las Juntas
Provinciales. En el caso de Santafé y Socorro esas relaciones
independentistas se vieron ejemplificadas con la respuesta dada
por la Suprema Junta a las denuncias criminales, las acciones
revolucionarias y las peticiones gubernamentales de la Junta del
Socorro sobre la tiranía y excesos de las autoridades virreinales,
especialmente de los oidores y el corregidor depuestos . Para
ello, la Junta de Santafé decidió, el 31 de julio, que don Juan
Hernández de Alba, oidor decano, y don Diego de Frías, fiscal
de lo civil, debían salir a las once de la mañana del día siguiente
81

Luis Rubén Pérez Pinzón
hacia las cárceles del Socorro en donde se encontraba sometido
a grillos el corregidor, su teniente y el alférez real de la Villa.
Para ello, y con el ánimo de no despertar deseos de venganza o
violencia contra sus personas por parte de la chuma iracunda,
debían ser rigurosamente trasladados en sus sillones, asegurados
con grillos y no dejar de ser custodiados. Al llegar al Socorro
debía ser investigados y juzgados por la participación y
culpabilidad que los mismos podían llegar a tener en los excesos
cometidos contra los habitantes de esa Provincia, y muy
especialmente para que “se efectuasen los careos del corregidor
de aquella provincia que se hallaba preso por excesos y
tiranías cometidos contra aquel vecindario, de que había
resultado su revolución el diez del corriente, y las muertes
que se ocasionaron en la misma fecha”. 60 De allí que esa
medida sirvió para que los junteros del Socorro lograran pacificar
a sus paisanos al exigir justicia o venganza contra sus tiranos, a
los junteros santafereños para prevenir y librarse de las temidas
amenazas de contrarrevolución que los oidores y los oficiales de
infantería leales al virrey y la regencia potencialmente
representaban con sus actitudes criminales y sospechosas desde
las casas reales, las cárceles, artillerías y batallones de Santafé,
así como ambas juntas y provincias se beneficiaron mutuamente
al lograr neutralizar a sus enemigos potenciales y garantizar a
todos los neogranadinos la paz, la unidad y la “seguridad de la
patria y del bien común”.
Valga anotar que mientras que los “mandones” del virreinato eran
enviados a las provincias de Cartagena y Santafé para ser juzgados
por sus tiranías, a las cinco de la tarde de ese mismo día ingresó
a Santafé el comisario del Supremo Consejo de Regencia; don
Antonio Villavicencio, a quien la Junta Suprema ordenó hacerle
un recibimiento diplomático pero sin actos de sumisión a la
60 MONSALVE, José. Op. Cit. Pág. 135
82

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
Regencia, así como se le dejo de mirar “como a un redentor
que venía a poner remedio a tantos males” al estar todo ya
consumado por los Cabildos provinciales y sus defensores
revolucionarios, incluido el desconocimiento forzado o voluntario
de todos los miembros de la Suprema Junta al Supremo Gobierno
representado por la Regencia. Sin embargo, la presencia de
Villavicencio sirvió para garantizar y sellar el pleno
restablecimiento de la paz, la confianza, la tranquilidad y la
hermandad entre chapetones y americanos, de allí que la pacífica
transformación política que se empezó a vivir luego de las exitosas
insurrecciones armadas y las protestas populares obtuviese “el
bello título de revolución santa, por su objeto, por su
tranquilidad, y demás circunstancias”. 61
El día de revolución de Santafé se constituyó así en la síntesis, en
el punto de llegada del movimiento insurgente y conspirador que
se había dado en las principales capitales provinciales, así como
fue el punto de partida de la reorganización del Estado –Nación
expropiado a los Borbones al empezar hacer concretas y
efectivas las promesas expresadas por los diputados del pueblo
en las declaraciones de “independencia” y desconocimiento del
poder y soberanía. De igual modo sirvió a los neogranadinos
para comprender que su reasunción de la soberanía provincial y
las libertades individuales eran el resultado de un inacabado
proceso de desacato e insubordinación extraordinaria adoptado
originalmente por las Cortes de Castilla y la Junta Central de
Madrid al desconocer los acuerdos entre los reyes españoles y
el emperador francés en Bayona, continuado por la Junta Central
Gubernativa de España e Indias en Sevilla ante las decisiones
afrancesadas de Madrid, y prolongado por el reducido y solitario
611 RODRÍGUEZ, Manuel del Socorro. Relación Sumaria instructiva de las
novedades ocurridas en la muy noble y muy leal ciudad de Santa Fe de Bogotá,
capital del Nuevo Reino de Granada, desde la tarde del 23 de julio de 1810 hasta
el día de la fecha. Publicado originalmente en: “La Constitución Feliz. Periódico
político y económico de la capital del Nuevo Reino de Granada”. Núm. 1. Agosto
17 de 1810. En: Ibíd. Pág. 151
83

Luis Rubén Pérez Pinzón
Supremo Consejo Regencia de España e Indias en Cádiz al
fragmentarse la unidad revolucionaria e interprovincial entre los
diputados congregados en Sevilla.
De allí que las Supremas Juntas de Quito, Cartagena, Socorro y
Santafé hubiesen considerado justo y necesario desconocer la
arbitraria soberanía imperial y la falta de ecuanimidad
representativa del Supremo Consejo de Regencia al proclamarse
ilegítimamente y sin cortes, que lo validaran como rector de la
soberanía y el gobierno de los dominios del soberano heredero
en España e Indias, anulando así las pretensiones de autonomía
y emancipación soberana de los americanos al suponer
equívocamente los diputados peninsulares que sus promesas de
libertad e igualdad interprovincial eran suficientes avances para
garantizar la unidad y tranquilidad entre los españoles y
americanos en ultramar.
Por otra parte, los logros y alcances de la frustrada revolución
liderada por la Suprema Junta de Quito serían asimilados y
difundidos a la experiencia neogranadina por los conspiradores
ilustrados, siendo los junteros del Socorro los encargados de
formalizar y materializar los alcances de esa Junta y sus decisiones
al exigir al Virrey y los Oidores la conformación y consolidación
de una Junta de Gobierno regida provisionalmente por el Cabildo
de Santafé, para que fuera en una relación ecuánime entre Juntas
por medio de congresos y no entre señores y vasallos ante el
“Real Acuerdo” como se debía discutir la salud política de cada
patria y la seguridad unitaria de la Nación. Constituyéndose esos
anhelados congresos en los medios ideales para tratar todos los
objetos interesantes a cada Patria como a toda la Nación,
especialmente la elección del “diputado del Nuevo Reino de
Granada ante la Junta Suprema y Central Gubernativa de España
e Indias”, al que se habían opuesto las depuestas autoridades
virreinales, así como eran la única alternativa con la que los
junteros y revolucionarios americanos podían contar para unir
84

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
fuerzas y contrarrestar toda forma de odio represor y saña
contrarrevolucionaria como la empleada por las tropas virreinales
y los milicianos provinciales al extinguir a sangre y fuego las
intenciones supremas e interprovinciales de los quiteños.
El cabildo de Santafé, al asumir la regencia de esa provincia a
través de su Suprema (o Superior) Junta de Gobierno, asumió e
interpretó adicionalmente como parte de sus facultades el
proclamarse de forma interina y provisional Suprema Junta de
Gobierno del Reino sumisa y dependiente a la Junta Suprema y
Central de Cádiz, atendiendo así el llamado hecho por la Junta
de Cartagena como subalterna de Santafé, la propuesta pactista
de la junta subalterna del Socorro, los temores separatistas del
regidor J. Acevedo y Gómez, a la segura y concéntrica unificación
del nuevo régimen federal y representativo en la antigua capital
virreinal, y especialmente, al considerarse diciente y suficiente la
presencia y representación interprovincial del “pueblo”
neogranadino entre los regidores y vocales de la Junta capitalina,
al no ser posible contar con la presencia inmediata de los
diputados de cada una las Juntas Supremas y/o Provinciales para
constituir la Suprema Junta del Reino que reunida en Cortes o
Congreso acordara y proclamara una “constitución feliz” con
la cual se regularía el naciente Estado y la centenaria Nación.
Tareas para las cuales era necesario dar por concluidas las
agitaciones e insurrecciones populares que se habían propiciado
para usurpar el poder y la autoridad de los autoridades españolas
asi como para dejar que fuese el mismo “pueblo”, a través de
sus vocales, quien eligiera cuál sería la forma de gobierno a
implementar en cada municipalidad de acuerdo a los deseos de
las mayorías manipuladas por “un individuo, una pequeña
facción, un partido que se aprovecha de vuestra reunión para
usurpar vuestro nombre”. Por tal razón, era necesario que el
“pueblo” inconforme, que se había rebelado de forma
irreconciliable contra la tiranía de los mandones, descansara en
85

Luis Rubén Pérez Pinzón
sus exigencias y excesivas peticiones para adoptar, por el
contrario, una actitud de sumisión y obediencia al nuevo Gobierno
representado por la Suprema Junta en Santafé y las juntas
subalternas a la misma en cada provincia, que debían ser en
adelante los directos responsables de la salud de la Patria y la
seguridad de la Nación.
Con el fin de hacerse comprender en ese propósito del “pueblo
ilustre” neogranadino, una vez más los juntistas apelaron a las
metáforas asociadas con la enfermedad y la salud del
personificado cuerpo nacional. Un ejemplo de ello fue la proclama
de la Suprema Junta a la comarca de Santafé tres días después
de las agitaciones golpistas y las insurrecciones revolucionarias,
al pedirse calma y prudencia en las decisiones y los remedios
que se estaban exigiendo para alcanzar la anhelada transformación
política:
“La impaciencia con que los que desean la curación
de un enfermo solicitan y aplican los remedios, suele
ser su más grave mal. En las dolencias del público
principalmente, es preciso descansar con confianza en
las manos expertas, en quienes una vez se ha
depositado el cuidado de sanarlo. De otra suerte, ni
sus esfuerzos producirán efecto alguno, ni tendrán la
libertad y el reposo que necesitan para combinarlos.
Pueblo ilustre de Santafé: es preciso que os acordéis
que os halláis en este caso.”…“Vuestra salud misma
interesa a la patria”...“…complicando los remedios
aceleráis el mal, y frustrando sus efectos impedís su
curación”. 62
62 SUPREMA JUNTA PROVINCIAL GUBERNATIVA DEL REINO. Proclama
al pueblo de Santafé. Santafé, julio 23 de 1810. En: POSADA, Eduardo. Op. Cit.
Pág. 172 - 174
86

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
4.4. La contrarrevolución. Al no lograrse que cada patria
provincial, que la totalidad de la nación neogranadina, lograra
curar esas dolencias revolucionarias por medio del reposo y el
depósito de los cuidados políticos en las Juntas de Gobierno, se
hizo necesario entonces apelar a métodos mucho más
contundentes y efectivos como fueron los “sangrados” bélicos y
las intervenciones “invasivas” a los órganos y tejidos provinciales
que se resistían a los lentos tratamientos constitucionales del
demoliberalismo.
Todo lo cual reflejaba la incapacidad de las Juntas para realizar
o cumplir con las tareas y promesas de salud política y seguridad
jurisdiccional que se les había delegado al ser más importante
para la mayoría de ellas, especialmente la Suprema Junta
santafereña, recentralizar y reunificar la “Nación” en la capital
neogranadina con el fin de contener y deslegitimar las pretensiones
federalistas o “patrióticas” de las veintiún provincias restantes,
incluidas tres “nuevas” formadas por cabildos separatistas. Para
lo cual se argumentaba que esos cambios “soberanos” alteraban
el orden y la organización provincial primigenia, provocaban la
desunión postrevolucionaria, “amenazaban una desmembración
y la disolución política”, y consigo hacían incontenible
una “guerra civil” entre centralistas reunificadores y federalistas
autonomistas.
La Junta de Santafé, ante ese panorama, centró su atención en
prevenir y curar esos y otros males políticos, al buscar por todos
los medios la conservación de la “liga general” entre las provincias
neogranadinas al respetar el deseo de la Suprema Junta de
Cartagena de no reconocer ninguna autoridad superior a ella
misma, o al retractarse de su juramento de reconocimiento y
sumisión al Supremo Consejo de Regencia o a cualquier otro
cuerpo y persona que representara a Fernando VII. Con ello
logró además que A. Villavicencio, como comisionado del
Consejo de Regencia, reconociera y aceptara que esa Junta
87

Luis Rubén Pérez Pinzón
también se separaba y rechazaba toda dependencia del Consejo
de Regencia y reasumía la soberanía de todo el Reino a nombre
del suspirado Fernando VII. De igual manera esa situación le
permitió al comisario declarar suspendidas las funciones que se
le habían delegado al no poder actuar ni servir como medianero
inter-mediario ante el “Gobierno legítimamente constituido” por
las provincias neogranadinas (agosto 7 de 1810). 63
Retractación que fue motivada por el temor que inspiró finalmente
la llegada de A. Villavicencio a Santafé, al pensarse que ese
representante directo de la Regencia podía usurpar el cuerpo
político y social que los juntistas habían arrebatado y transmutado
a los Cabildos, al ser considerado ese comisionado, aún después
de la revolución del 20 de julio, como un americano, patriota e
ilustrado que había sido enviado por las cortes españolas como
salvador y “libertador” de las provincias neogranadinas. De allí
que su prometedora presencia hubiese motivado a algunas juntas
y cabildos provinciales a jurar su irrevocable sometimiento al
Consejo de Regencia después de conocerse sus hazañas en la
contención de la anarquía separatista en Cartagena, a cambio de
soberanía e independencia para autogobernarse, al ser la única
autoridad en la Nueva Granada que en nombre de Fernando
VII podía tomar legal y legítimamente las decisiones que evitarían
“mayores males”. Así como con su mensaje de fraternidad logró
apagar temporalmente el fuego chapetón y las chispas criollas
que amenazaban con provocar nuevos incendios después de los
hechos de julio de 1810.
Por otra parte, los juntistas de Santafé debieron renunciar
gradualmente a su pretensión de monopolizar el nuevo Estado
neogranadino al legislar e imponerse como una Junta “superior”
a las demás juntas, para lo cual debió convocar la instalación de
63 VILLAVICENCIO, Antonio. Oficio a Josef Miguel Pey, Vicepresidente de la
Suprema Junta del Nuevo Reino de Granada. Santafé, agosto 7 de 1810. En:
MONSALVE, José D. Op. Cit. Pág. 180-181
88

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
una nueva “junta suprema provincial gubernativa del reino”
con diputados enviados desde todos los cabildos a través de la
cual se podría contar con el apoyo y la presencia de las provincias
costeras, especialmente de Cartagena, para poder afrontar
fraternalmente los males internos y unificar fuerzas y criterios
sobre cómo contener los temores externos representados,
particularmente por el nombramiento y envío por parte del
Supremo Consejo de Regencia de don Francisco Javier Vanegas
como nuevo virrey para la Nueva Granada. Nombra-miento con
el cual las Cortes desconocían y rechazaban la soberanía y
autodeterminación de las provincias neogranadinas para poder
instaurar un “gobierno supremo independiente de las demás”
en ausencia del monarca soberano. 64
Esa coyuntura de retractación, revisión, perjurio y traición a las
causas del amado Fernando VII y la suprema Regencia, que
habían justificado la usurpación del gobierno virreinal y la
instauración de juntas para garantizar la seguridad nacional y la
defensa de la soberanía de cada patria provincial, aunado al
fracaso del Primer Congreso General, conllevó a que la Junta de
Gobierno del Socorro, un mes después de asumir la soberanía
provincial y restituir al pueblo de su comarca los “derechos
sagrados e imprescriptibles del hombre” (julio 11 de 1810),
proclamara su decisión de constituirse en un Estado – Nación
libre, soberano, supremo y plenamente independiente del
Supremo Gobierno de España y de todas las Supremas Juntas
existentes en América al promulgar su propia Constitución (agosto
15 de 1810). 65
Acta de absoluta soberanía e independencia, considerada por
los historiadores socorranos como “el primer Código Cons-
64 SUPREMA JUNTA PROVINCIAL GUBERNATIVA DEL REINO. Acta del
26 de julio de 1810, Comunicación del 28 de julio de 1810 y Circular del 29 de
julio de 1810. En: Ibíd. 174 - 188
65 JUNTA DE LA PROVINCIA DEL SOCORRO. Acta del 15 de agosto de
1810. En: RODRÍGUEZ PLATA, Horacio. Op. Cit. Pág. 46 - 50
89

Luis Rubén Pérez Pinzón
titucional o Carta Fundamental que se expidió en Colombia”
y “génesis del derecho constitucional colombiano”, 66
mediante la cual se renunció a las soberanías dependientes o
delegadas a las Supremas Juntas españolas y americanas; se
dejó de mencionar e insistir que el señor don Fernando VII era
el legítimo y absoluto soberano de la Provincia, ya que por hallarse
ausente y no restituido en su trono era preferible optar sólo por
invocar su nombre, el de Dios y el del Pueblo para que pudiese
actuar con total legitimidad el nuevo gobierno; se reafirmó el
desconocimiento e insubordinación del Socorro al Consejo de
Regencia español y se restituyó en sí misma la soberanía delegada
a la Junta Suprema neogranadina a falta de un “Congreso
Nacional” y un Diputado neogranadino a las Cortes de Cádiz.
Adicionalmente se desconoció la primera Junta de Gobierno
provincial regida por el Cabildo del Socorro y un sexteto de
vocales al conformarse una Junta de Gobierno intermunicipal
con cuatro diputados enviados por los Cabildos de Vélez y San
Gil. Constituyéndose las decisiones adoptadas de allí en adelante
por los representantes de esos cabildos en el camino legítimo
para reasumir, a través de un Congreso provincial, todos sus
derechos de supremo gobierno y ecuánime legislatura de acuerdo
al principio universal según el cual “a cada pueblo compete por
derecho natural determinar la clase de gobierno que más le
acomode”, por lo cual, “nadie debe oponerse al ejercicio de
este derecho sin violar el más sagrado que es la libertad”. 67
Esa libre determinación para autogobernarse de acuerdo a sus
propios principios, altamente influenciados por el republicanismo
estadounidense 68 y su deseo en constituirse en un fenómeno
político igual o superior a la Revolución de Norteamérica como
66 Ibíd. Pág. 50 - 51
67 CABILDO DEL SOCORRO. Acta del 11 de julio de 1810. En: Ibíd. Pág. 35 - 37
68 CABILDO DEL SOCORRO. Representación (Memoria) del Cabido del
Socorro al Virrey del Reino. Socorro, julio 16 de 1810. En: Ibíd. Pág. 2
90

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
también pretendían las Juntas venezolanas (diciembre 21 de
1811), les permitió acordar finalmente a los diputados municipales
el respeto y sumisión a su propio Estado de Derecho,
caracterizado por estar guiado por la religión cristiana, regido
sólo por el pueblo y la ley, defendido más no ampliado por medio
del “derecho de conquista”, obligado a defender los intereses
comunes de la familia neogranadina, fundado en la industria y el
trabajo, sustentado en el libre patrimonio sobre la tierra,
administrado por empleados que por sus servicios a la patria
“vivirían de las rentas públicas”, fiscalizado anualmente en el
correcto uso de las contribuciones públicas, orientado a la lucha
contra las dictaduras y tiranías, renovado anualmente a través de
elecciones vecinales de vocales “útiles” jurados y proclamados
por Procuradores Generales, condicionado a eliminar el tributo
indígena y el estanco de tabacos, regulado con el castigo a los
violadores de ese nuevo orden, así como equilibrado por un
poder tripartito conformado por una Junta (legislativa) de
Representantes, Alcaldes y Cabildo (ejecutores) y Tribunales de
justicia conformados de acuerdo a su gravedad y apelación por
los Alcaldes y Cabildos, el Pueblo convocado por la Junta (en
caso de pena capital) y un Tribunal de justicia nombrado por esa
misma Junta.
Desde otro punto de vista, esos acuerdos y disposiciones
constitucionales evidenciaban cómo se empezaba a dar la
preservación, recuperación o perpetuación del poder local por
parte de las familias precursoras de las revoluciones juntistas,
después de haber sido afectados sus intereses personales y sus
relaciones comunales (sociales, políticas, económicas y culturales)
por las decisiones arbitrarias de los representantes de las
autoridades virreinales, especialmente los corregidores y
gobernadores. De allí que sea posible reconocer, a través del
Acta Constitucional de 1810, la constante preocupación de los
conspiradores y junteros socorranos y santafereños porque los
destinos de la Nación neogranadina y la Patria socorrana
91

Luis Rubén Pérez Pinzón
estuvieran organizados constitucionalmente por puntos como
civilizar a los indios salvajes de los ríos navegables e ilustrar como
ciudadanos a los indios estúpidos y pobres de los pueblos y
resguardos; redistribuir los resguardos, propiciar la propiedad
enajenante de tierras y asegurar la extinción de los tributos
indígenas a cambio de contribuciones ciudadanas; prohibir
perpetuamente el comercio de esclavos africanos por ser una
forma de envilecimiento profesional y “degradación de la
naturaleza humana” y consigo, liberar los esclavos después
de conciliar con sus propietarios las bases de su manumisión.
Para el beneficio y fomento del progreso entre los blancos,
“descendientes de europeos”, los regidores de 1809 y 1810
proponían además puntos como reducir o regular las
contribuciones públicas aportadas por los parroquianos
“blancos”, frugales y laboriosos a una sola contribución para el
pago de un mínimo número de agentes y empleos productivos
para el Estado y sólo el pago de diezmos y primicias para la
“decorosa sustentación del clero”; respetar el “pacto social”
en cuanto a imposición, recaudación y distribución de tributos;
propiciar el desarrollo agrícola a través del fomento industrial
por medio de forjas de herramientas, telares y todo aquello que
condujese patrióticamente a la “felicidad del Estado”,
especialmente con la construcción de caminos y puentes, la
concesión del comercio libre, la eliminación de los “estorbos” a
las libertades individuales y la “reducción de días de fiesta a
los domingos y demás consagrados por la religión”; suprimir
las desigualdades entre “clases estériles y gravosas” por medio
de una educación en ciencias exactas y artes, aunada a la
formación de un nuevo código de leyes civiles y criminales; y
fundamentalmente para una provincia agrícola, artesanal y poco
industrial como era la socorrana, fomentar la libertad de las tierras
y del trabajo al “prohibirse para siempre la esclavitud de las
propiedades territoriales, y se ordenará, que las que ya se
hallan fuera del comercio, vuelvan a la libre circulación”. 69
92

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
Si bien esas aspiraciones habían sido redactadas como
instrucciones del Cabildo del Socorro al cartagenero Antonio de
Narváez como representante neogranadino a las Cortes de
Sevilla (20 de octubre de 1809), la inasistencia del mismo a ese
congreso, al no contar con las instrucciones de todas las
provincias aunado a la inseguridad que vivían las juntas españolas,
hizo que las peticiones municipales no fuesen trasladadas a
España. De allí que fuese el capitán A. Villavicencio, un semestre
después de ser redactadas y verificadas por el Consulado de
Cartagena, quien se encargaría de dar a conocer esos reclamos,
denuncias, peticiones y sugerencias de los cabildos neogranadinos
por medio de un extenso informe enviado desde Cartagena a los
miembros del Supremo Consejo de Regencia, con el fin de
informar lo acontecido desde su salida de Cádiz como comisario
regio y los motivos de descontento, atraso y miseria de los
neogranadinos que impedían el reconocimiento y la jura del
Supremo Consejo de Regencia por los cabildos neogranadinos
transformados políticamente en Juntas a “imagen y semejanza”
de la de Cádiz (mayo 24 de 1810). 70
Los junteros socorranos, al usurpar el gobierno provincial y
advertir su determinación emancipadora al gobierno virreinal,
lograron además proclamar la defensa de las libertades
provinciales anheladas, iniciaron la implementación de las reformas
sugeridas por los regidores ilustrados desde años atrás,
sancionaron las nuevas instituciones y formas de gobierno, así
como juraron la obediencia y defensa de los nuevos órdenes
69 CABILDO DEL SOCORRO. Instrucción que da el Muy Ilustre Cabildo,
Justicia y Regimiento de la Villa del Socorro al Diputado del Nuevo Reino de
Granada, a la Junta Suprema y Central Gubernativa de España e Indias. Socorro,
octubre 20 de 1809. En: Ibíd. Pág. 40 – 46; Artículo 7º. Instrucción redactada con
la asesoría del Dr. Joaquín Plata Obregón.
70 VILLAVICENCIO, Antonio. Informe (del Comisionado Regio don Antonio
Nariño) al (primer secretario de Estado y Despacho del) Consejo de Regencia.
Cartagena de Indias, mayo 24 de 1810. En: MONSALVE, José. Op. Cit. Pág. 89
- 100
93

Luis Rubén Pérez Pinzón
constitucionales que habían concebido. Esas actitudes fueron
igualmente asumidas y canalizadas a través de los órdenes
constitucionales que proclamaron su absoluta independencia de
la Monarquía Borbónica, del Supremo Consejo de Regencia de
España e Indias y de todos los regímenes expansionistas y
centralizadores de las demás provincias o Estados-Nación, como
fue el caso de Cartagena (noviembre 11 de 1810) y Santafé /
Cundinamarca (julio 16 de 1813), quienes proclamaron su
independencia absoluta como Estados soberanos e independientes
regulados sólo por un orden constitucional republicano
libre y autónomo. 71
Sin embargo, las transformaciones reformistas y las innovaciones
constitucionales socorranas debieron posponerse hasta que se
dieron los ordenamientos constitucionales nacionales
implementados por los ejércitos libertadores y sus proclamaciones
constitucionales como Estados Soberanos e Independientes
reconocidos entre 1819 y 1824 por los demás Estados – Nación.
La causa directa de ello fue el descontento e inconformidad de
los cabildos de Vélez y San Gil ante las decisiones liberales,
separatistas, despóticas y unilaterales del Superior Gobierno de
esa junta provincial controlada por los socorranos, lo cual motivo
a los regidores disidentes a solicitar su reconocimiento e inclusión
en el Estado de Cundinamarca como legítimo sucesor de la
Suprema Junta de Santafé. Al pretender formalizar su separación
y contrarrevolución a la republicana socorrana, los gobernantes
de la misma decidieron preservar a toda costa el orden provincial
evitando que esas jurisdicciones municipales se constituyeran en
nuevas provincias independientes, pidiendo ayuda a Tunja y
Pamplona, a lo cual respondió el Supremo Gobierno de Santafé/
Cundinamarca presidido por A. Nariño, enviando una
“expedición auxiliatoria” al mando del Coronel Joaquín de
Ricaurte y Torrijos.
71 RESTREPO, José Manuel. Op. Cit. Tomo I. Pág. 192, 295
94

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
Ejército que desconoció el débil y fragmentado Estado-Nación
socorrano invadiendo la provincia para garantizar la libertad y
soberanía de esos cabildos, derrotó las milicias provinciales en
Guadalupe, obligó a la Junta socorrana a firmar un pacto de
derrota y agregación al Estado de Cundinamarca (febrero 12 de
1812), y finalmente ingresó de forma victoriosa a la Villa del
Socorro (marzo 7 de 1812) haciendo anexión efectiva de esa
provincia procera a la provincia central y suprema de Santafé.
Ricaurte fue nombrado Gobernador, así como se liberaron los
últimos chapetones y frailes que permanecían prisioneros como
partícipes de la revolución del 10 de julio de 1810, a quienes no
se había podido exiliar ni condenar a penas de confiscación de
bienes o muerte secreta.
Santafé/Cundinamarca demostraba así estar dispuesta a
reestablecer el orden virreinal conservando la concentración y
centralización del orden jurisdiccional de las provincias en torno
de sí, así como la apropiación estatal del Socorro se constituyó
en una de las condiciones impuestas por ese Estado a los
gobiernos provinciales confederados como las “Provincias
Unidas” (noviembre 27 de 1811) para poder congregarse en el
segundo Congreso General del Reino y acordar una constitución
para toda la Nación (septiembre 25 de 1812). De igual modo
esa invasión y apropiación evidenciaba su compromiso por
cumplir todo lo reconocido, jurado y ordenado por los miembros
de la Suprema Junta Gubernativa del Reino (julio 23 de 1810)
para la felicidad común, al establecerse los fundamentos de la
constitución neogranadina, especialmente las disposiciones
contrarrevolucionarias sobre nuevas soberanías provinciales o
nuevos conatos de insurrecciones y juntas extraordinarias.
Fundamentos constitucionales entre los cuales se establecían
específicamente que: “III. A favor de la tranquilidad pública
se prohíbe absolutamente todo espíritu de división como
perjudicial en un tiempo en que la junta suprema se ocupa
95

Luis Rubén Pérez Pinzón
en el reposo y quietud general: exigiendo muy particularmente
el amor que debe tener el pueblo a los españoles
europeos…”“…Con este objeto de la tranquilidad se
prohíben también los toques de campanas extraordinarios,
y cualquiera otra alarma que no se haga de orden a la junta”.
Así mismo, el pueblo sólo podría pedir por vías de derecho y no
de hecho todo lo que quisiera para el beneficio público por medio
del Síndico Procurador General de la Suprema Junta o los curas
párrocos como sus representantes subalternos (IV), se declaraba
“reo de estado y de la patria” quien se opusiera o no acatara
las órdenes de la Junta (VIII), así como el pueblo no debía temer
por su defensa rebelándose a la autoridad central y armándose
para garantizar su autoconservación ya que debía vivir persuadido
“de que estamos en seguridad y no tenemos hostilidad interior
ni exterior que nos amenace” (V). 72
Ese legal y legítimo sometimiento bélico de las provincias mayores
sobre sus convecinas débiles e inferiores, caracterizó de manera
general los primeros años de “independencia”, o mejor de
contrarrevolución entre los cabildos y/o juntas neogranadinos, a
través de una dinámica caracterizada por:
1. Los cabildos de algunas provincias se proclamaron
“nuevas” e independientes, lo cual provocó la represión unitaria
por parte de las juntas o los cabildos capitalinos de las
provincias de las cuales deseaban desagregarse para reasumir
la soberanía provincial perdida una década atrás con la
reforma de los corregimientos neogranadinos, para jurar
sumisión a la regencia o para ser aceptadas con igualdad de
derechos representativos por la Suprema Junta de Gobierno
y luego por los Congresos Nacionales de diputados
provinciales (colegios). Ejemplo de ello fueron los cabildos
72 SUPREMA JUNTA PROVINCIAL GUBERNATIVA DEL REINO. Bando
al pueblo sensible, dócil, cristiano y fiel de esta ciudad y su comarca. Santafé,
julio 23 de 1810. En: POSADA, Eduardo. Op. Cit. Pág. 168 - 171
96

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
de Mompox, Ambalema, Girón, Nare, Cali, Sogamoso y
Novita. (Contrarrevolución interna incluyente o intraprovincial).
2. Las provincias que no juraron la Regencia y ose decidieron
por el régimen establecido por sus Juntas de Gobierno
optaron por la invasión y sometimiento de las provincias
vecinas declaradas regentistas u opuestas al sistema político
adoptado por la provincia invasora (centralismo o
federalismo). Por ejemplo, las Juntas de Cartagena, Pamplona,
Socorro y Santafé. (Contrarrevolución interna excluyente
o interprovincial).
3. Las provincias realistas que reconocieron y juraron el
Supremo Consejo de Regencia al considerarlo el gobierno
legítimo que representaba al monarca soberano y que podría
mantener la unidad imperial y la autoridad nacional, actuaron
de igual modo invadiendo a sus contradictoras o separándose
de las provincias que no aceptaban la regencia pero les
obligaban a permanecer sometidas. Ejemplo de esas
“malcontentas” eran las provincias de Santa Marta, Panamá,
Popayán, Pasto, Portobelo, Veraguas, Riohacha, Darién, San
Faustino de los Ríos, Salazar de las Palmas, Girón y
Barbacoas (Contrarrevolución externa excluyente o
unitaria); e incluso.
4. Las provincias que a mediados de 1810 habían proclamado
su reconocimiento y respeto a la soberanía y las libertades de
las demás provincias considerándolas como sus hermanas
optaron por contrariar todos esos ideales y promesas para
constituirse en jurisdicciones autónomas, belicistas y
expansionistas cuyo principal tarea era restaurar el orden
jurisdiccional provincial primigenio que habían concentrado
en torno de ellas. Los mejores ejemplos de ello fueron las
independencias absolutas, las supremas juntas y modelos
autónomos de Estado-Nación impuestos por Quito, Santafé
y Cartagena al ser las provincias herederas del “mayorazgo”
neogranadino (Contrarrevolución externa incluyente,
separatista o federal).
97

Luis Rubén Pérez Pinzón
En el caso específico del Socorro, el separatismo interno que
llevó a la dispersión del Colegio electoral, la lucha contra el
regentísmo gironés al auxiliar la Junta de Pamplona, el
expansionismo cundinamarqués y la reconcentración del poder
nacional en Santafé conllevarían finalmente a la extinción “del
Estado Libre e Independiente del Socorro” 73 , y consigo, el
feliz exterminio de los junteros “revolucionarios (o jacobinos)”
de quienes se decía estaban empapados de la doctrina de “Volter”
al emplear de hecho y en derecho constantemente sus máximas. 74
Así, el desconocimiento e insubordinación de la Suprema Junta
de Santafé (julio 25 de 1810) al Supremo Consejo de Regencia,
cuya jura había justificado la usurpación revolucionaria del poder
a los virreyes, capitanes, corregidores y gobernadores (julio 20
de 1810), derivó a su vez en las contrarrevoluciones neogranadinas
(internas y externas) que con la pretensión de
mantener la unidad e integridad primigenia del cuerpo nacional a
un orden común justificó las invasiones, guerras civiles y el
sometimiento de las provincias vencidas al régimen provincial de
los vencedores.
Contrarrevoluciones unitarias lideradas en un primer momento
por la “Suprema” Santafé/Cundinamarca al expandirse y dominar
las provincias ubicadas al oriente del río Grande de la Magdalena
(1811-1812) antes de acordar un pacto federal y constitucional
con la confederación de provincias conocida como “Provincias
Unidas de la Nueva Granada”, a lo cual siguió el movimiento
contrarrevolucionario federalista, libertador y expansionista de
la “Suprema” Cartagena (1812 – 1815), contraria al régimen
centralista cundinamarqués sobre las provincias centro y
surorientales del Reino y enemiga acérrima del régimen regentista
y virreinal que desde Santa Marta y Panamá controlaba las
provincias realistas de los litorales y valles interandinos
neogranadinos, incluido el de Ocaña – Cúcuta-Caracas, para lo
73 RODRÍGUEZ PLATA, Horacio. Op. Cit. Pág. 60
74 CHINCHILLA, Fray Andrés de. Op. Cit. En: Ibíd. Pág. 263
98

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
cual sus gobernantes financiaron ejércitos expedicionarios y
auxiliadores comandados por mercenarios extranjeros o
revolucionarios derrotados como Pedro Labatut y Simón Bolívar.
Sin embargo, Santafé/Cundinamarca al igual que Cartagena,
justificaron su mutuo desconocimiento a los principios de
soberanía y libertad que cada “patria” provincial había
proclamado al revolucionarse en busca de un consenso supremo
para la defensa de la “nación” a través de las cortes neogranadinas,
así como las forzadas retractaciones constitucionales
que se obligaron a hacer a las Juntas provinciales de Gobierno
que habían constituido y hecho reconocer un estado de derecho
en cada una de sus jurisdicciones, al considerar necesario
garantizar la salud de cada patria y la seguridad de toda la Nación
anteponiendo a la libre unidad y organización interprovincial las
disposiciones que las Supremas Juntas de cada una de esas
ciudades habían acordado en nombre del interés público, la unidad
nacional primigenia y la extirpación del cancerígeno y “horrible
monstruo de la anarquía y división de las provincias”. 75
Aunado a esas proclamaciones unilaterales de desconocimiento
e independencia del Supremo Consejo de Regencia al ser
consideradas ilegítimas las decisiones tomadas sobre la Nueva
Granada, muy a pesar de la amnistía ofrecida por las Cortes a
los americanos libres denunciados o calificados como insurgentes
(octubre 15 de 1810) por los virreyes o los comisarios regios,
también son de resaltar los proyectos políticos expansionistas
de las provincias centralistas y ultranacionalistas contra los de
las provincias federales y patriolocalistas, así como las guerras
civiles y las invasiones interprovinciales para imponer el
republicanismo constitucional francés, inglés o estadounidense
que más convenía a las provincias sometidas o confederadas a
75 JUNTA SUPREMA DE GOBIERNO. Documentos de la Junta Suprema de
Gobierno de Santafé (20 de julio de 1810 a 28 de febrero de 1811). En: POSADA,
Eduardo. Op. Cit. Pág. 165, 169, 185
99

Luis Rubén Pérez Pinzón
Cartagena y Santafé/Cundinamarca. Aunque esas acciones y
decisiones continuaron siendo justificadas en los mismos
principios que habían motivado a los regidores a rebelarse y
usurpar la autoridad real antes y después del 20 de julio de 1810,
es decir, “…conducidos por los mejores principios de equidad
y constreñidos de una necesidad inevitable alteraron el
gobierno hasta esa época recibido, y sustituyeron al que más
adecuadamente exigía el imperio de las circunstancias”.
Reflejándose finalmente todo ello en la falta de acuerdo sobre el
régimen constitucional que debían aprobar los congresos
constituyentes convocados, ante los mutuos recelos y pugnas
protagónicas entre las provincias influyentes y sus aliados 76 ,
especialmente entre Cartagena autoproclamada suprema,
independiente y soberana en sus disposiciones federalistas ante
las pretensiones autoritarias y centralistas de Santafé y las
provincias adheridas a ella como un todo estatal denominado
“Cundinamarca”. Aunque cada uno de esos cuerpos
interprovinciales se asemejaba entre sí por estar regidos por su
propio régimen constitucional interprovincial, por la autónoma y
conflictiva convocatoria de los diputados provinciales a congresos
o colegios generales constituyentes y la inflexible modificación
del modelo de Estado-Nación concebido por sus paisanos.
De tal manera, la promesa de salud interna y seguridad externa
para la Nación a través de la alianza de fuerzas y recursos
interprovinciales entre todos los ciudadanos pasó a ser un asunto
de segunda importancia, reflejándose sus efectos en la falta de
culminación en las tareas emprendidas contra los reductos bélicos
e ideológicos de las autoridades virreinales, los representantes
de la Regencia y los fieles vasallos de la causa de España y de
Fernando VII que aún quedaban en cada una de las provincias
neogranadinas. Demostrando ello adicionalmente que durante
un lustro de independencia de carácter endógeno (o contra los
76 NARVAEZ, Antonio de. Op. Cit. Pág. 16
100

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
enemigos internos), asociada con el supremo dominio de los
conflictivos y anárquicos gobiernos provinciales que usurparon
el orden institucional virreinal, ni durante el siguiente lustro de
independencia de carácter exógeno (o contra los enemigos
externos), los neogranadinos no pudieron extinguir ni contener
por sí mismos el avasallante renacer del punitivo y vengativo
régimen virreinal español respaldado por el ejército
expedicionario y de reconquista enviado bajo las órdenes de
Pablo Morillo por Fernando VII. Régimen virreinal que retomó
su curso primigenio y decimonónico al estar caracterizado por
“la dureza y arbitrariedad de su Gobierno, su terquedad e
ignorancia y por su protección decidida a favor de los
europeos y parcializada contra los hijos del país”. 77
En conclusión. La salud pública de cada uno de los órganos y
tejidos provinciales (o patrias) para la conservación total e integral
del soberano cuerpo virreinal (o nación) se constituyó en una
preocupación permanente entre los neogranadinos ilustrados más
comprometidos con los movimientos juntistas ante la amenaza
de una invasión política y cultural francesa, especialmente por I.
Herrera, C. Torres, J. Acevedo y E. Valenzuela, quienes apelando
a la creciente influencia de los estudios médicos y botánicos
renovaron las teorías organicistas de la sociedad al recordar a
sus paisanos las causas para que todos los cuerpos vivos,
incluidos los político-culturales, pudiesen contagiarse, enfermarse,
cercenarse, e inevitablemente descomponerse.
Entendidas las enfermedades a inicios del siglo XIX como
alteraciones ocasionadas por factores externos e internos
entrelazados, 78 los precursores de las revoluciones y contra-
77 MONSALVE, José. Op. Cit. Pág. 92
78 CASTAÑEDA PLATA, César Andrés. Cambios médicos del siglo XIX. Las
nuevas formas de lucha contra la enfermedad. Historia comparada entre México
y Colombia. Bucaramanga, 2006. Proyecto Semestral de Investigación. Universidad
Industrial de Santander (UIS), Facultad de Ciencias Humanas, Escuela de Historia,
Pregrado en Historia, Asignatura: Historia de América Latina II (K1). 20 p.
101

Luis Rubén Pérez Pinzón
rrevoluciones que matizaron las independencias neogranadinas,
tenían claro que los principales “humores” y “miasmas” que habían
propiciado el contagio y la alteración de los cuerpos nacionales
de América eran el resultado de la incontenible pandemia mundial
que había penetrado y mutado en el espíritu de los americanos
después de las revoluciones de independencia y la construcción
de estados nacionales regidos por instituciones constitucionales
en Francia y Estados Unidos. Sin embargo, los síntomas
emancipadores y las recaídas juntistas ocasionadas por el contagio
causado por el “movimiento de las ideas europeas” 79 que se
expandió por toda Hispanoamérica a través de los libros
ilustrados, las ideas liberales, el espíritu municipal soberano, los
juzgados imparciales, los derechos del hombre, las leyes públicas,
la educación útil, etc., adoptados de esos focos de contagio
modernizante ocasionaron inevitablemente la aceleración de las
deficiencias del cuerpo nacional virreinal para poder enfrentar y
contener las alteraciones, atrofias, cercenaduras y mutaciones
que las estructuras de los “tejidos y órganos” provinciales
empezaron a padecer en sus funciones al responder autónoma y
soberanamente a los males y peligros externos que se exponían.
En la medida que las juntas provinciales, superiores y supremas
comprendieron que los remedios insurgentes y las usurpaciones
del poder local que se habían permitido ensayar e inocular
fragmentariamente a la Nación para contener el delirio
revolucionario estaban impidiendo el reestablecimiento de las
condiciones de normalidad de ese cuerpo al despertarse y
liberarse los anárquicos males y contagios erradicados por el
régimen colonial, se hizo necesario entonces vacunar la nación
con el pus contrarrevolucionario. “Biológico” inoculado voluntaria
y forzosamente por los gobiernos constitucionales impuestos antes
y después de los congresos nacionales de diputados como por
79 SARMIENTO, Domingo Faustino. Vida de Juan Facundo Quiroga. V. ed. Cap.
4: “Revolución de 1810”.
102

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
los gobiernos provinciales leales al poder supremo y soberano
del Rey y su Consejo de Regencia, siendo su fin explícito la
restitución del orden provincial preexistente al deber ser sometidas
las provincias y cabildos separatistas a las jurisdicciones a las
que originalmente habían sido sometidas, para lo cual resultó
fundamental el accionar de los hombres “fuertes” y los ejércitos
del “pueblo” de cada provincia.
Hombres reconocidos por su ilustración, patriotismo, respaldo
popular y extensas redes de poder interprovincial quienes se
constituyeron en los caudillos militares que, aprovechando la
organización incompleta y atrasada de la sociedad para poder
afrontar los cambios que se necesitaban con el fin de inmunizar y
proteger la totalidad del cuerpo nacional, propiciaron a sangre y
fuego la unidad de los órganos y tejidos nacionales para contener
la amenaza de los temidos “miasmas” europeos, así como
extirparon “heroicamente” con la mayor profundidad y
especificidad posibles todos los agentes infecciosos y
cancerígenos que causaban la discapacidad sociopolítica de
vastas regiones del cuerpo nacional. Para lo cual apelaron a un
vasto conjunto de tratamientos y medicamentos ideológicos
como la libertad ciudadana o la responsabilidad del poder que
“eran extrañas a su manera de vivir, a sus necesidades”,
aunque les resultaron útiles en la medida que darían objeto y
ocupación a las personalidades revolucionarias, así como
añadieron “un nuevo centro de reunión, mayor que el tan
circunscrito a que acudían diariamente los varones en toda
la extensión de las campañas”. 80
Los campos de batalla donde reinaba la barbarie, el atraso y el
analfabetismo se constituyeron así en los verdaderos y más
fructíferos escenarios para la definición e imposición del tipo de
independencia y régimen político elegido por el vencedor. Una
independencia de hecho mucho más duradera y estable que el
80 Ibíd.
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Luis Rubén Pérez Pinzón
control político-administrativo que los cabildos provinciales
lograron arrebatar pero no conservar ni transformar de los
gobernadores, corregidores y virreyes al disiparse en las
discusiones y justificaciones legales las bases del empoderamiento
popular y las justas causas para el “descrédito del antiguo
gobierno del Reino y aún del de España”. 81 Evidenciando esto
último los procesos de independencia en derecho que fueron
descritos y resumidos por caudillos militaristas como Antonio
Nariño como propios de una “Patria Boba”, al pretenderse
derramar hasta la última gota de sangre por causas perdidas
como el regreso al trono de Fernando VII, el reconocimiento o
desconocimiento del Supremo Consejo de Regencia, la
centralización o descentralización del supremo gobierno nacional
en Santafé, y consigo la aceptación o rechazo del centralismo o
el federalismo provincial como la estrategia articuladora de la
participación y la unidad del naciente Estado-Nación
neogranadino.
El día de revolución en Santafé, asumido tradicionalmente como
el de la “Independencia” de toda Colombia, ha tenido por lo
tanto en la experiencia histórica de los colombianos una
trascendencia relativa condicionada a los imaginarios e
imposiciones ideológicas de las estructuras estatales de poder
centralizado, ya que entre la cultura popular y las remembranzas
provinciales resultan ser más significativas las conmemoraciones
revolucionarias e independentistas de su jurisdicción. Es decir,
mientras que el Gobierno nacional ha ordenado a todas sus
instituciones, funcionarios y dependientes conmemorar
solemnemente el día de la independencia santafereña como la
principal fiesta patria magnificada por desfiles militares y discursos
epopéyicos en la capital de la República, en las provincias como
en los departamentos sus verdaderas ferias y fiestas patrias están
asociadas con la conmemoración de sus emblemáticos días de
“independencia”.
81 NARVÁEZ, Antonio de. Op. cit. Pág. 16
104

Historia Bicentenaria de un día de Revolución
Los mejores ejemplos de ello han sido la congregación nacional
que han logrado alcanzar desde mediados del siglo XX los
organizadores de las fiestas patrias en Cartagena por medio del
Concurso Nacional de la Belleza cada noviembre, las ferias
agropecuarias, los concursos nacionales del folclor andino y los
festivales del “recuerdo” en los municipios de la Provincia del
Socorro (Comunera) durante el mes de julio, al cual se suman a
su vez los concursos nacionales agropecuarios, artesanales y
manufactureros en Pamplona. Concentrando esos festejos
patriolocalistas la atención y el interés que no puede llegar a
tener los desfiles corporativos, institucionales y militaristas que
desde la capital del país son ordenados realizar por el Estado a
toda la Nación para reafirmar las raíces y renovar los votos de
unidad y sumisión patriótica con las instituciones y los regímenes
impuestos desde el pasado.
Contradicciones conmemorativas entre la capital nacional y las
capitales provinciales a las cuales se suman las perennes
diferencias entre las convicciones y vivencias políticas de los
citadinos con toda su voluminosa legalidad nacionalista frente al
pragmatismo de la legitimidad patriótica de las costumbres y
tradiciones religiosas entre los campesinos. Un ejemplo diciente
de esa ambivalencia fue representada por José Eugenio Díaz al
recrear a través de la novela costumbrista titulada “Manuela” las
preocupaciones conmemorativas del “día de independencia” en
una parroquia trapichera de mediados del siglo XIX, reflejándose
a través de esas prácticas y creencias cómo para los
neogranadinos del común cada 20 de julio resultaban más
importantes y significativos los ritos de sumisión y las promesas
de adoración a su señora Santa Librada, que el solemne
aniversario de la “Independencia” en Santafé como
acostumbraban y exigían los ciudadanos citadinos.
Los ciudadanos fácticos del siglo XXI, por el contrario, hemos
asumido ese día feriado como una fecha propicia para
105

Luis Rubén Pérez Pinzón
emanciparse de todo y de todos al ser fomentado por el Estado
el descanso, el turismo, los viajes y la salud psicofísica por medio
de actividades que rompen con la monotonía laboral y
residencial, especialmente los lugares de mayor impacto
ecológico-intelectual para la Nación. A lo cual se suma la
flexibilidad religiosa entre los católicos al ser prohibido el culto a
la virginal y anoréxica Santa Librada (1969); la fragmentación
del patriotismo y el nacionalismo al ser innecesario que los
ciudadanos se volvieran a preocupar por reflexionar o regenerar
anualmente el imaginario independentista y libertario de los padres
de la patria, al ser canalizados esos sentimientos y
preocupaciones con imponentes desfiles militares o la instalación
del Congreso Nacional; la pérdida de interés y sentido cultural
que puede tener entre las nuevas generaciones izar frente al portal
de cada residencia o edificio público un pabellón tricolor
denominado “nacional” al no sufrir sanciones morales ni
contravenciones judiciales quien no lo haga; y en el mejor de los
casos, al optar los más ancianos por sentarse a leer y recordar
los dogmas de la fe patriótica aprendidos con sangre y dolor en
su infancia, al hojear un mohoso manual de historia patria mientras
sus descendientes juegan felices a las revoluciones que los
independizarán.
106

FUENTES HISTÓRICAS
Historia Bicentenaria de un día de Revolución
DOCUMENTALES (COMPILACIONES)
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COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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Dedicado al patriótico patriarca
don José Ignacio Pinzón Rey.
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