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Manuel Azaña en un mitin de Izquierda Republicana.
–obviamente hablamos del “primer” Ortega, el de la Liga para la Educación Política y
autor de textos como “Vieja y nueva política” (1914), muy infl uidos aún por su reciente estancia
alemana y por los vientos de la pedagogía social de Paul Natorp– como los grandes
mentores ideológicos, la sustancia gris, del emergente reformismo educativo liberal-socialista.
Signifi cativamente, Ortega, en una de sus recordadas conferencias de aquellos años
había dejado dicho aquello de que España había tenido dos grandes educadores: Francisco
Giner, educador de elites, y Pablo Iglesias, educador de multitudes (Ortega, 1973); institucionismo
y socialismo parecían abocados a entenderse.
El nuevo reformismo inspiraba una escuela laica y unifi cada, por tanto situaba al Estado
en el centro del proyecto educativo, rompía amarras con la tutela eclesiástica y proponía
la superación del elitismo y tradicionalismo del sistema escolar acelerando la transición
entre los modos de educación. En el terreno político y social, el reformismo educativo
liberal-socialista encontró sustento y apoyo en el intento de consolidar una alianza antioligárquica
entre la pequeña burguesía democrática y los sectores socialistas de las clases
obreras, frente al bloque dominante que había venido detentando el poder del Estado
desde la época isabelina. Una alianza que terminó por forjarse y sellarse en los años de la
dictadura primorriverista y que encontró en la Apelación a la República de Manuel Azaña
(1880-1940) su más clara expresión programática y su más sólida y matizada argamasa
argumentativa. Se trata de un proyecto de modernización democrática impulsado desde
un Estado social a través de un pacto interclasista en el que las clases medias de la cultura
serían, en cierta medida, quienes se atribuían el carácter directivo de las reformas sociales
a realizar; el papel protagonista de la educación y de la escolarización estatal en todo ello