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A p r o i n • 20
RESERVA DOTACIONAL PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CE-
SION OBLIGATORIA Y GRATUITA
Suelo Urbano no Consolidado Ninguna
Cada Sector de Suelo Urbanizable
El artículo quinto, afecta a la regulación
de los polígonos del 123 de la Ley
9/2002 y en definitiva modifica el número
3 de dicho precepto en el sentido
de que la delimitación de los polígonos
no puede implicar, entre unos y otros,
una desproporcionada diferencia de las
cargas de urbanización o de asignación
de reservas para viviendas sometidas a
algún régimen de protección pública.
Los artículos sexto y séptimo, afectan
a los artículos 174 y 177 de la Ley
9/2002 reguladores del Patrimonio Municipal
del Suelo, en el sentido de obligar
a la Administración Autonómica a
constituir su propio patrimonio de suelo
para atender las demandas de viviendas
de protección y de crear un inventarios
de suelos obtenidos de la cesión obligatoria.
Igualmente regula el destino
de ese patrimonio, que será para la
construcción de vivienda con destino a
alquiles u otra forma que garantice la
titularidad pública de las viviendas.
Establece además el artículo séptimo
la obligación de los Ayuntamien-
2,5 metros cuadrados de
suelo por cada 100m² edificables
de cualquier uso y como
mínimo el 5% del Sector
Nota: La edificabilidad asignada será igual a la media de la edificabilidad
del conjunto de las parcelas netas de uso residencial del sector y se tendrá
en cuenta para el cálculo obligatorio de dotaciones, equipamientos y límites
de sostenibilidad.
RESERVAS DE SUELO PRIVADO PARA VIVIENDAS SUJETAS A AL-
GÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA
MUNICIPIOS CON más DE 20.000 HAB. EN EL
MOMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN
En Urbano no Consolidado y Urbanizable
Delimitado el 40%
Distribuido de la forma:
RESTO DE MUNICIPIOS CON
MENOS DE 20.000 HABITANTES
En Urbano no Consolidado
y Urbanizable Delimitado el
30%
Distribuido de la forma:
El 20% de la edificabilidad residencial del Suelo Urbano no Consolidado, en
este suelo. El porcentaje fijado será igual para todos los distritos.
El resto en Suelo Urbanizable Delimitado, siendo igual para todos los
sectores.–
Suelo Urbanizable no Delimitado.– En cada Plan de Sectorización, el 50%
de la edificabilidad prevista en el citado Plan.
to de destinar el 50% de los bienes y
derechos correspondientes a la cesión
obligatoria del aprovechamiento urbanístico
(actualmente el 10%) para promoción
de viviendas sujetas a algún
régimen de protección.
Por último regula una subrogación
de la Xunta en la promoción y construcción
de viviendas en esos suelos
obtenidos de la cesión del aprovechamiento,
si el Ayuntamiento no lo
ejecuta una vez que los terrenos estén
incluidos en el patrimonio municipal
del suelo y reúnan la con de solar.
Esta última cuestión, es decir la asunción
de la Xunta de las competencias de
gestión de los Ayuntamientos que le son
propias, así como la también contenida
en el artículo 9 del anteproyecto, al que
luego nos referiremos, en principio, digamos
que es ampliamente discutible
desde el punto de vista constitucional
y que sin duda generara múltiples conflictos,
pues tal cuestión no parece que
afecte directamente a las competencias
de la Administración Autonómica y en
muchas ocasiones ese incumplimiento
derivará de la falta de presupuesto de los
municipios, que bien podría ser subsanado
por la Administración Autonómica
y para que los ayuntamientos pudiesen
hacer frente esa obligación, pero no sin
más retirarle la competencia propia que
les corresponde.
El artículo octavo, modifica el artículo
189 de la Ley 9/2002 con el único
objeto de aplicar los plazos obligatorios
de edificar y rehabilitar, que determine
el Plan de desarrollo, o en su caso el de
dos años, también a los suelos reservados
para viviendas de protección.
Si ya de por si las obligaciones de
reserva que se imponen a la actividad
privada para construir obligatoriamente
viviendas de protección, sobre terrenos
que en muchos caso habrán sido adquiridos
a precios no regulados y que, en
determinados supuestos, no hará posible
la actividad empresarial, todo ello
con dejadez de las Administraciones
Públicas en su obligación de asumir la
construcción de ese tipo de viviendas,
es todavía más problemática, a la vista
de libertad de empresa reconocida en el
artículo 38 de la Constitución, la obligación
que se impone a los promotores de
la actuación urbanística de construir, en
todos los ámbitos determinados, las citadas
viviendas de protección en el mismo
plazo y con independencia de si existe o
no mercado para su comercialización.
El artículo noveno, modifica el
actual artículo 190 de la Ley 9/2002
referente a las consecuencias de los
deberes de edificar o rehabilitar, que
como sabemos implica la inscripción
obligatoria en el registro de solares del
terreno o edificio no edificado o rehabilitado
en el plazo establecido para ello
y añade un segundo número, ya anteriormente
comentado, que posibilita a
la Xunta asumir esas competencias, de
inscripción y ejecución, en caso de que
los Ayuntamientos no lo lleven a cabo.
Con la particularidad ya comentada
sobre la problemática legal de dicha
asunción de competencias por la Xunta,
baste decir que hasta la fecha y durante
la vigencia de las leyes urbanísticas
desde 1976, prácticamente no se