Nº 10 - Graduados Sociales Navarra

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48 E ntevista Boletín Laboral Entrevista con D. Víctor Cubero Romeo Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra - Nació en Zaragoza, donde se licenció en Derecho - Juez de Distrito por Oposición, año 1976 - Fiscal de Distrito por Oposición, año 1976 - Juez de Primera Instancia e Instrucción por Oposición, año 1979 - Magistrado de Trabajo con destino en la Magistratura de Trabajo nº 3 de Navarra, año 1983. - Presidente de la Sala de lo social del Tribunal Superior de Navarra. Cubriendo plaza de Especialista, año 1989. - En 2004, renueva su cargo. - De nuevo, en Junio de 2009, renueva su cargo como Presidente de la Sala de lo social del Tribunal Superior de Navarra, por unanimidad del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. - Cruz distinguida de 1ª clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, concedida por Orden de 15 de Julio de 2006 - Profesor Asociado de Derecho Civil en la Universidad de Navarra - Profesor en el Máster Universitario en Derecho de Empresa (MUDE) en la Universidad de Navarra, en la disciplina “Relaciones Laborales”, desde el Curso 1989-90 hasta la actualidad. - Profesor Asociado en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Navarra. - Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Pública de Navarra, en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona. - Profesor en la Escuela de Formación y Práctica Socio Laboral de Navarra en la Universidad Pública de Navarra, y a cargo del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Navarra. - Preparador de opositores a la Carrera Judicial y Fiscal.
Don Víctor, ¿Cree que los cauces judiciales funcionan como debieran o por el contrario existen barreras que impiden un desempeño adecuado? Si la pregunta se refiere al ejercicio de las pretensiones por parte de los particulares, he de decirle que esos cauces funcionan adecuadamente respecto a la tutela judicial efectiva aunque debe reconocerse que con la lentitud endémica de la Administración de Justicia, de la que se libra, o cuando menos la acorta, el orden social de la jurisdicción, debido, entre otras causas, a la agilidad del propio proceso laboral, tanto en la instancia como en fase del Recurso de Suplicación. Respecto a las barreras a las que se refiere la pregunta, en un país democrático no deben existir obstáculos, impedimentos o barreras de ninguna clase para que el ciudadano acuda a los Tribunales para defender sus legítimos intereses. Y así lo viene reconociendo reiteradamente el Tribunal Constitucional al declarar que el derecho a la tutela judicial efectiva no es un derecho de libertad, sino de prestación que solo puede ejercerse por los cauces que el legislador establece pero que ni siquiera éste puede poner cualquier obstáculo a este derecho fundamental. ¿Cuales son los temas más recurrentes? Actualmente son los procesos por despido los más numerosos; sobretodo los llamados despidos objetivos y más específicamente los debidos a causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, contemplados en el artículo 53 c) del Estatuto de los Trabajadores. Sin duda, la situación de crisis económica por la que atravesamos, tiene su reflejo en este aumento de las extinciones contractuales de las relaciones jurídico-laborales; aumento no solamente afectante a los Juzgados de lo Social sino también a la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que en términos globales viene experimentando un aumento de recursos de suplicación de un 30 %. No debe postergarse el aumento de las peticiones de grado invalidante, también unidas a cualquier situación de baja respuesta económica. E ntrevista ¿Cómo definiría la evolución experimentada por los Graduados Sociales? ¿Cree que se les concede el puesto que merecen en el ámbito de la Justicia? Yo la definiría como la historia de un empeño, en el sentido de "deseo vehemente de hacer o conseguir una cosa". La postulación, "el ius (o facultas) postulandi", constituye, con la capacidad para comparecer, un presupuesto de admisibilidad del proceso y de la validez de los actos procesales singulares. No viniendo atribuida a la parte, se suple con el apoderamiento, cuya base es una declaración unilateral de voluntad dirigida al juez. Y el proceso Laboral, una vez más, adelantándose a los tiempos y rompiendo con el monopolio del duopolio (Abogado y Procurador), confiere la representación y defensa a un mismo profesional del derecho, esto es, que el propio Abogado hace o puede hacer las veces de representante y defensor, pero la representación ya no se encuentra monopolizada en la figura del Procurador sino que junto a éste también se puede conferir a un Graduado social. La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial, con vigencia de 4 de mayo de 2010, dispone en el artículo 21. 1 de la Ley de Procedimiento Laboral que la defensa por abogado tendrá carácter facultativo en la instancia y que en el recurso de suplicación los litigantes habrán de estar defendidos por abogados o representados técnicamente por graduado social colegiado. Sin embargo en el recurso de casación será preceptiva la defensa de abogado. El trayecto o camino recorrido hasta llegar a la redacción de este precepto no fue fácil y su contenido fue fruto de una enmienda transaccional. Se trataba, en definitiva, de buscar un término o expresión gramatical que no pudiera herir sensibilidades profesionales. En la ponencia parlamentaria del proyecto de la mentada Ley 13/2009, se dice que resultaba un sinsentido que los graduados sociales pudieran defender y representar a sus clientes en primera instancia de los social y que habiendo sido 49 Nº 10 Enero - Junio 2010
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