Wilfredo Ardito Vega - Universidad del Pacífico

Una de las ventajas que tuvo el movimiento antirracista, pese a su escaso número de
integrantes, fue haber coincidido con la preocupación de Beatriz Merino, Defensora del
Pueblo, quien impulsó la acción de su institución respecto a esta problemática.
A partir del año 2006, la Defensoría del Pueblo realizó una campaña de sensibilización
en los medios de comunicación que tuvo mucho éxito y ha emitido dos informes sobre
el comportamiento de las instituciones públicas. Los informes no se centran en el
racismo, sino en todas las formas de discriminación y toman como punto de partida las
quejas o denuncias de los ciudadanos. De esta forma, alcanzan mayor visibilidad
aquellas causales de discriminación que normalmente no son negadas por las víctimas
como la discapacidad. Sin embargo, la Defensoría ha manifestado su preocupación por
las demás formas de discriminación aunque no hayan sido invocadas por la población.
Las Oficinas Defensoriales de Junín, Arequipa y Tacna también impulsaron las
Ordenanzas contra la discriminación y, desde que se aprobó la Ordenanza de
Apurímac, promovieron las Ordenanzas integrales 89 , como también se hizo en las
oficinas de Huánuco y Cajamarca. Del mismo modo, las Oficinas Defensoriales de
Ayacucho y Apurímac apoyaron todas las actividades contra el racismo.
Otra institución cuyo rol ha sido muy importante fue INDECOPI. Se han desarrollado
muchas acciones de manera conjunta que llegaron a las severas sanciones a los locales
racistas. Los funcionarios de INDECOPI también han participado en numerosos
talleres y conversatorios organizados por la Mesa. Sin embargo, también existen
funcionarios que dan una atención sumamente formal a las víctimas y que, inclusive,
sospechan que presentan denuncias falsas, sin mayor fundamento.
Dentro del Poder Ejecutivo, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES)
exhibe una mayor sensibilidad al respecto, pronunciándose sobre la situación de las
trabajadoras del hogar y las agencias funerarias que colocan a afroperuanos como
cargadores en los entierros de lujo.
Otras alianzas importantes se han manifestado con las municipalidades provinciales y
distritales y los gobiernos regionales. Mientras algunas Municipalidades se limitaron
a aprobar Ordenanzas contra la discriminación, como un acto meramente formal, otras
promovieron la capacitación de sus funcionarios (Abancay, Huamanga, Jesús
Nazareno, San Juan Bautista, Andahuaylas, Huancayo, Miraflores), así como los
Gobiernos Regionales de Ayacucho y Apurímac.
En relación a otras instancias públicas, ha habido cercanía con el Ministerio de Trabajo,
para la capacitación a los inspectores laborales. Se logró también que el Ministerio de
Educación aceptara incluir dentro de los materiales de tutoría una sección
correspondiente a la discriminación preparada por una integrante de la Mesa contra el
89 Puede apreciarse que no todas las Oficinas Defensoriales se trazan las mismas prioridades. En las
mencionadas oficinas existían comisionados muy preocupados por la problemática de la discriminación,
que promovieron activamente las normas al respecto.
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