Contenido Revista Judicial Edicion 2 - Rama Judicial

Justicia
conozca menos. En la agenda del Congreso
y en las políticas del Gobierno, el asunto de
la administración de justicia es preferente,
tan prioritario que la mayoría de las reformas
apunta a modifi car la estructura de la
dispensa de justicia y a variar las leyes que
componen nuestro derecho.
Para el caso colombiano, justo es reconocer
que nadie antes se preocupó por la justicia
como salida de un confl icto armado.
La cuestión era sencilla: quien ganaba la
guerra imponía la ley y condenaba a los criminales
de guerra e incluso se ordenaron
fusilamientos sin fórmulas de juicio. Asunto
concluido. El confl icto y la violencia entre
liberales y conservadores se mantuvo por
más de cuarenta años, y el Pacto del Frente
Nacional que los superó conllevó impunidad.
Las amnistías al M-19, EPL y otros
grupos ilegales implicaron también impunidad
sobre delitos atroces. Durante las
negociaciones en el Caguán con las FARC
el tema no se planteó ni una sola vez. Y
la paz lograda con los actores del confl icto
entre los partidos, con el M-19 y el EPL ha
sido duradera. No se conoce que por haber
gozado de impunidad hayan regresado a la
guerra o hayan vuelto a delinquir; por el
contrario, se incorporaron al proceso democrático
y fungieron uno como Ministro
de Estado, candidato presidencial, alcalde
y constituyente y otros fungen hoy activamente
como parlamentarios.
30 Revista Judicial Noviembre 2006
Pero cuando la guerra no se gana sino que
se negocia, se produce el armisticio y partes
sustanciales de este son el perdón, el olvido,
la impunidad. Durante siglos, en la historia
de la humanidad, la justicia no se asoció con
procesos de paz. No obstante, hoy la comunidad
nacional e internacional se rasgan las
vestiduras y exigen que la justicia funcione
para sancionar a los criminales. “No puede
haber impunidad. Con impunidad, la paz no
es duradera”, se dogmatiza, y mucho más
aun, ante el terrorismo, el crimen transnacional,
los abusos de poder de las dictaduras,
el narcotráfi co y el lavado de activos. En
nuestro concepto, el enfoque del tema tiene
que ser realista, sin hipocresías, ni falsas expectativas,
para evitar nuevas frustraciones.
Por eso el enfoque debe apuntar sencilla y
llanamente a conseguir la paz.
Por todo lo anterior, no dudamos en afi rmar
que llegó la hora de perseguir incansablemente
la paz hasta encontrarla; también de
invertir y fortalecer la justicia, como legitimador
de nuestro Estado Social y Democrático
de Derecho. Los grandes debates en el
país no deben estar centrados en el modelo
económico o en la modernización política, o
en el Tratado de Libre Comercio, en lo cual
hemos tenido avances sustanciales. Los principales
temas de debate en Colombia se deben
circunscribir a enfrentar el grave problema
de violencia que nos aqueja, a redefi nir
“ Es apenas lógico, natural y obvio que la ley de Justicia y
Paz suscitara un gran debate nacional e internacionalmente,
por cuanto modifi có algunos aspectos relativos
a las competencias en materia penal y creó, dentro de la
jurisdicción ordinaria, unas Salas Especializadas de Justicia
y Paz dentro de los Tribunales Superiores” .
la respuesta, pronta y cumplida del Estado,
en la solución de los confl ictos judiciales que
se presenten entre los particulares o entre
estos y la administración y a permitir que la
justicia tenga la oportunidad de funcionar y
pronunciarse. Y es que para seguir creciendo
y consolidar nuestro sistema político no
es cierto que solo se requiera derrotar la impunidad;
también es imperativo y forzoso
disminuir la criminalidad, superar la violencia
política, eliminar la pobreza, conseguir
la efi cacia y efi ciencia del sistema judicial y
lograr, principalmente, la reconciliación tan
anhelada entre los colombianos.
Un país como el nuestro, que desde la independencia
se acostumbró a convivir con las
guerras civiles; que aceptó numerosísimas
Constituciones impuestas por quien ganaba
la batalla; que durante lustros ha sido testigo
de los más crueles y ensañados enfrentamientos
entre grupos fuertemente armados
de la sociedad, cuya fi nanciación es realizada
con recursos del narcotráfi co; que argumentan
como banderas “ideológicas”, unos el
derrocamiento de las instituciones que han
propiciado injusticia social y otros a defensa
de esas mismas instituciones, es sin lugar a
duda alguna contradictorio, ingobernable y
propenso al confl icto. Y si a lo anterior se le
agrega la pobreza que se ve refl ejada en el
64.2% de la población, es así mismo un país
invivible y casi inviable.
Juez en Audiencia.