Contenido Revista Judicial Edicion 2 - Rama Judicial

Constitucional Editorial
JOSÉ ALFREDO ESCOBAR ARAÚJO
Magistrado Sala Administrativa
“ Es relevante, de primer
orden, concienciar
al Gobierno Nacional
sobre la importancia
de reconocer un
presupuesto acorde
con las necesidades
de la Rama Judicial” .
hora presente de once Juzgados. Igualmente
sacrifi ca la ejecución de las nuevas
responsabilidades asignadas a las distintas
Jurisdicciones, como la oralidad en materia
penal y Justicia y Paz, al tiempo que no prevé
recursos para la extensión e implementación
de la oralidad en materia laboral,
ni para la implementación de la Ley de la
Infancia y la Adolescencia, recientemente
aprobada por el Congreso de la República,
que requiere la creación de 175 juzgados
penales de menores, con un costo aproximado
de $48.333’150.600 y una Sala de
asuntos para Adolescentes, en cada Tribunal
Superior de Distrito Judicial, calculados
en la suma de $36.651’099.000.
4 Revista Judicial Noviembre 2006
Esta situación se vuelve aun más dramática,
para la administración de justicia, porque
las restricciones afectan directamente los
principios de calidad, efi ciencia y prontitud,
y – por lo mismo – deslegitima al Estado,
a pesar del enorme y comprobado esfuerzo
de quienes integran la Rama Judicial y sus
reconocidas calidades, permitiendo cuantiosas
condenas de las Cortes Internacionales
contra Colombia, las cuales a la postre resultan
más onerosas que el esfuerzo que ahora
se demanda. El aumento del gasto público
en Justicia es, sin duda, una inversión si se
analiza este solo aspecto.
Pero, además, sobre dicha circunstancia es
imperativo hoy prender las alarmas: el Estado
colombiano es partícipe activo del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y,
en correspondencia, desde hace veinte años
aceptó la competencia contenciosa de Tribunales
Internacionales, para evaluar el respeto
por parte del mismo Estado de los DD.HH.
Con todo, como es sabido, esa jurisdicción
sólo opera de manera subsidiaria y no tiene
vocación de desplazar las vías judiciales
de nuestro ordenamiento, ni de sustituir o
reemplazar a los jueces y tribunales internos.
Sin embargo, hoy estamos ante el inminente
riesgo de que esa situación ocurra,
bajo el serio planteamiento establecido en
pronunciamientos de los órganos del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos,
según los cuales se pone de presente que en
Colombia esas vías no son efi caces (porque,
por ejemplo, no conducen a que se conozca
la verdad, ni a la identifi cación y castigo de
los autores materiales e intelectuales, ni al
resarcimiento integral de las víctimas y sus
familiares), ni tales mecanismos se resuelven
en plazos razonables, como ocurrió con la
condena por US$8.000 millones en el caso
de la masacre de Mapiripán y podría suceder
con la Rochela, o con el conocido caso
“Giaccomo Turra”, entre otros. Esto podría
convertirse en una renuncia de carácter permanente
de la soberanía judicial.
Lo anterior, con la agravante de que en los
Tribunales Internacionales las condenas al
Estado colombiano se imponen en cifras
elevadas, de acuerdo con parámetros preestablecidos
que (en contraste con lo que
podría signifi car un ajuste razonable del
presupuesto de la rama judicial) sí tienen la
posibilidad real de afectar gravemente las
fi nanzas públicas.
En virtud de lo anterior, es relevante, de primer
orden, concienciar al Gobierno Nacional
sobre la importancia de reconocer un presupuesto
acorde con las necesidades de la Rama
Judicial. Las condenas internaciones al Estado
Colombiano, impuestas como consecuencia
de la mora judicial, se podrían evitar con el
hecho de destinar esos mismos recursos en el
fortalecimiento de la dispensa de justicia.
La austeridad en justicia tiene como inevitable
consecuencia la deslegitimación del Estado
como proveedor de la misma. De igual
manera, es menester indicar que el incremento
de los recursos asignados para atender la
prestación de la función pública de justicia
tendrá, como contrapartida, la eliminación
de las onerosas condenas internacionales por
mora judicial y, por lo tanto, redundará en un
signifi cativo ahorro dentro del presupuesto
de gastos generales. Esa debiera ser toda una
política de Estado para garantizar una justicia
efectiva, efi caz y efi ciente, acorde con los
estándares internacionales, que nos legitime
como garantes de los derechos humanos
ante el concierto de las demás naciones civilizadas
del mundo .