Contenido Revista Judicial Edicion 2 - Rama Judicial

. a der.): Dra. Teresa Castillo Cabas, Juez 28 del Circuito; Carlos Héctor Tamayo Medina, Juez 2do. del Circuito; Ana
s; Hernando Torres Corredor, Magistrado Sala Administrativa CSJ; Martha Yenira Sánchez Vargas, Coordinadora Centro
. Municipal de Conocimiento; José Alfredo Escobar Araújo, Presidente Consejo Superior de la Judicatura; María del
de Jesús Méndez Molina, Juez 26 Municipal de Garantías.
Constitución Política y la Ley 270 de 1996.
En efecto, uno de los presupuestos esenciales
del Estado social de derecho, es el de
contar con una debida administración de
justicia. A través de ella, se protegen y se
hacen efectivos los derechos, las libertades
y las garantías de la población entera, y se
defi nen igualmente las obligaciones y los
deberes que les asisten a la administración
y a los asociados. Se trata, del compromiso
general en alcanzar la convivencia social y
pacífi ca, de mantener la concordia nacional
y de asegurar la integridad de un orden político,
económico y social justo. Cada vez se
reclama con mayor ahínco una justicia seria,
efi ciente y efi caz donde el juez abandone
su papel estático, como simple observador
y mediador dentro del tráfi co jurídico, y se
convierta en un partícipe más de las relaciones
diarias de forma tal que sus fallos no
sólo sean debidamente sustentados desde
una perspectiva jurídica, sino que, además,
respondan a un conocimiento real de las situaciones
que le corresponde resolver. Ello
implica, un mayor dinamismo judicial, pues
sin lugar a dudas es el juez el primer llamado
a hacer valer el imperio de la Constitución y
de la ley en benefi cio de quienes, con razones
justifi cadas, reclaman su protección. Así,
la justicia ha pasado de ser un servicio público
más a convertirse en una verdadera función
pública, como bien la defi ne el artículo
228 del Estatuto Fundamental. Signifi cando
que tanto en cabeza de los más altos tribu-
nales como en la de cada uno de los juzgados
de la República, en todas las instancias,
radica una responsabilidad similar, cual es la
de hacer realidad los propósitos que inspiran
la Constitución en materia de justicia, y
se resumen en que el Estado debe asegurar
su pronta y cumplida administración a todos
los asociados.
Dentro de ese tejido, la administración de
justicia debe ser efi ciente; donde, no solo
los funcionarios sino también los empleados
judiciales deben ser diligentes en
la sustanciación de los asuntos a su cargo,
sin perjuicio de la calidad de los fallos
que deban proferir (Art. 7° LEAJ). Signifi ca
lo anterior que los despachos judiciales no
solo deben atender en forma diligente sus
responsabilidades, sino que además el juez
debe fallar haciendo gala de su seriedad, su
conocimiento del derecho y su verdadero
sentido de justicia; pues la administración
de justicia no puede sino reclamar que sus
pronunciamientos estén enmarcados por la
excelencia.
En la organización básica de la Rama Judicial
(Art. 11° Id.), se encuentra la célula básica
de la organización judicial como se
denomina al Juzgado, cualquiera sea su
categoría y especialidad. Se integrará por (i),
el juez titular (ii), el secretario (iii), los asistentes
que la especialidad demande y (iv)
por el personal auxiliar califi cado que de-
termine el Consejo Superior de la Judicatura
(Art. 21 LEAJ). La expresión “los asistentes
que la especialidad demande”, debe interpretarse
de conformidad con las reglas y determinaciones
que sobre el particular adopte
el Consejo Superior de la Judicatura (Art. 257
C.P.), pues de lo contrario se permitiría a cada
juzgado determinar libremente su propia
planta de personal, ocasionando graves trastornos
logísticos y laborales y entrabando el
funcionamiento mismo de la administración
de justicia. Entonces, uno de los órganos que
con mayor responsabilidad debe cumplir su
deber de prestar una administración de justicia
pronta, seria, diligente y efi caz es precisamente
el juzgado. Por ello, resulta ilustrativa
la denominación utilizada por el legislador estatutario,
con lo cual resalta la importancia y
la trascendencia de este tipo de instituciones.
En esa medida, es al titular de ese despacho
judicial –y a través de él a los demás funcionarios–
a quien le corresponde velar por
el debido funcionamiento de su dependencia,
por el cumplimiento estricto de los términos
procesales y, lo que es más importante,
por el respeto permanente de los derechos
fundamentales de los ciudadanos, a través
de una cabal impartición de justicia.
Congruente con lo anterior, la organización
básica interna de cada despacho judicial
será establecida por la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, con
sujeción a las necesidades que existan en
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