Contenido Revista Judicial Edicion 2 - Rama Judicial

Justicia
de Distrito Judicial antes mencionados, los
cuales se encargan de adelantar la primera
instancia de esos procesos, incluyendo
delitos atroces. Pero, además, la Judicatura
consiguió que se apropiaran los recursos
sufi cientes e indispensables para el normal
funcionamiento de estas Salas, les adecuó
sus despachos en las sedes de dichos Tribunales
y les creó su secretaría independiente,
con los grupos de apoyo administrativo,
psicológico y social, ofi cina de sistemas y
comunicaciones, entre otras y les proporcionó
todas las condiciones de seguridad,
incluyendo vehículos blindados.
La normatividad penal colombiana y la misma
jurisprudencia de la Corte Constitucional,
señalan que no es acertado concebir
la pena o el castigo como la única fi nalidad
del derecho penal moderno, sino que
este también debe cumplir con funciones
de tanta importancia como las de verdad,
justicia y reparación, o las de prevención y
resocialización. Por ende, cuando se habla
de justicia, no solo se debe pensar en condenas
altas, sino en una retribución justa
a la sociedad, en una reparación a las víctimas
y, ante todo, en una pena efi ciente
y efi caz. Lo que indica que esta debe ser
acorde no solamente con la conducta, sino
además con las circunstancias sociales, económicas
y políticas que la rodean.
En este punto, es bueno advertir que la ley
975 de 2005 consagró el mecanismo idóneo
para la conformación de la jurisdicción
especial de Justicia y Paz, el cual se implementó
con plena independencia y autonomía
del poder ejecutivo, lo que resalta
aún más la transparencia de este proceso
de cara al país y a la comunidad internacional.
Como es de amplio conocimiento, muchos
de los integrantes de los grupos al margen
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de la ley para los cuales se consagró este
mecanismo de reinserción a la vida civil,
bajo los postulados de verdad, justicia y
reparación, han tenido alguna relación con
delitos de lesa humanidad y crímenes de
guerra, motivo por el cual se hizo necesario
encontrar un modelo jurídico-político que
permitiera la búsqueda real y defi nitiva de
una convivencia pacífi ca. Es precisamente
por ello que se exige la confesión plena
y efi caz, o mejor aún, completa y veraz,
de todos los hechos delictivos en los que
participó o de los que tenga conocimiento
cierto; la entrega de los bienes adquiridos
ilícitamente para reparar a las víctimas y de
los lícitos cuando haya lugar, pero si ello
no es sufi ciente el bloque al que perteneció
tendrá que aportarlos; la cesación de toda
interferencia en el libre ejercicio de los ciudadanos
a sus derechos políticos y la imposibilidad
de ser elegidos en cargos de elección
popular, porque no se les reconoció el
status de delito político a los paramilitares;
la desmovilización y desmantelamiento del
grupo armado ilegal, y la eventual condena
entre 5 y 8 años, para que sus miembros
puedan acceder a este benefi cio jurídico,
de acuerdo obviamente con los esfuerzos y
la colaboración que realizaron para la consecución
de la paz nacional.
Estos postulados de verdad, justicia y reparación,
sobre los cuales se funda la Ley y su
Decreto Reglamentario No. 3391 de 2006,
expedido por el Gobierno el 29 de septiembre
pasado, el cual allana defi nitivamente
el camino para juzgar a los paramilitares
responsables de delitos atroces, porque al
parecer se ajusta a la sentencia de exequibilidad
de la Corte Constitucional, buscan
asegurar la comparecencia de los responsables
ante los jueces de la República, incluyendo
a los ex-jefes de las autodefensas
que se encuentran en el Centro de Reclusión
de la Ceja (Antioquia) a disposición de
las autoridades y la fi jación de su condena,
activando además un mecanismo de control
por parte del Estado y la sociedad, de
manera que su conducta ulterior puede ser
supervisada, con lo cual los desmovilizados
podrían perder los benefi cios de la Ley, incluso
hasta el último día en que estén pagando
la pena. Estos son precisamente los
fundamentos de la Ley de “Justicia y Paz”,
en relación con los miembros de grupos
armados ilegales que, estando comprometidos
en delitos no indultables, avancen de
manera seria por los senderos de la paz,
dentro de los principios de la Universalidad,
Equilibrio y Efi cacia. Por otra parte, las víctimas
pueden participar en todas las etapas
del proceso y controvertir las decisiones
judiciales. ¡Qué más se le puede pedir al
proceso de paz en Colombia!. Si el Estado
no los ha vencido, ni los ha reducido, pues
fueron estos los que se desmovilizaron fru-
“ Es necesario liberar a la sociedad y a la
democracia de semejantes yugos. Pero si la totalidad
de esos bienes no son lo requerido o lo apropiado, ¿no
será que al fi nal el paganini resultará siendo el Estado
colombiano y lo que se pretende es meternos en un
agujero negro fi scal insondable para hacer todavía
menos viable la República?”