"Ciudadanía y clase social". - Reis - Revista Española de ...

THOMAS HUMPHREY MARSHALL
gastar en un caso depende en gran medida del valor que tenga para las partes,
y sobre esto, se argumenta, los interesados son los únicos jueces. Algo muy
diferente de lo que ocurre con un servicio sanitario, donde la gravedad de la
enfermedad y la naturaleza del tratamiento requerido pueden juzgarse objetivamente
con muy poca referencia a la importancia que le atribuya el paciente.
No obstante, aunque se exige algún tipo de pago, no puede ser tal que prive al
litigante de su derecho a la justicia o que le coloque en desventaja vis à vis su
oponente.
Las disposiciones principales del plan son las siguientes. El servicio estará
limitado a una clase económica —la de aquellos cuyas rentas y capital disponible
no excedan las cantidades de 420 y 500 libras, respectivamente 36 —. «Disponible»
significa el remanente que queda después de importantes deducciones
por los dependientes, el alquiler, la propiedad de una casa y útiles de trabajo,
etcétera. La contribución máxima del litigante a sus propios costes está limitada
a la mitad de la diferencia entre su renta disponible y 156 libras, más la
diferencia entre su capital disponible y 75 libras. Su responsabilidad en los costes
de la otra parte, si perdiese el juicio, queda por completo a la discrecionalidad
del juzgado. Tendrá la asistencia profesional de un procurador y un abogado
defensor, obtenidos de una lista de voluntarios, que serán remunerados por
sus servicios en el High Court (y tribunales superiores) con un 15 por 100
menos de las tarifas que el Taxing Master considere razonables en el mercado, y
en el County Court siguiendo escalas uniformes todavía no fijadas.
El plan, como se verá más adelante, hace uso de los principios del límite de
renta y la comprobación de recursos, que acababan de ser abandonados en los
otros servicios sociales principales. Y la comprobación de recursos, o la valoración
de la contribución máxima, la efectuará el National Asistance Board, cuyos
miembros, además de conceder las subvenciones previstas en la legislación,
«tendrán poder discrecional general para permitirles deducir de la renta cualquier
suma no considerada habitualmente cuando atienden una solicitud de
asistencia regida por el National Asistance Act, 1948» 37 . Será interesante ver si
este vínculo con la antigua Poor Law convertirá la Asistencia Legal en poco
deseable para muchos que tendrían derecho a aprovecharse de ella, entre los
que se incluirían las personas con rentas brutas de 600 ó 700 libras anuales.
Pero, independientemente de los agentes utilizados para llevarla a cabo, la
razón para introducir la comprobación de recursos económicos es clara. El precio
a pagar por el servicio del juzgado y la profesión de la abogacía desempeña
un papel útil en la evaluación de la urgencia de la demanda. Ha de retenerse,
por lo tanto. El método de ajuste es similar al de un impuesto progresivo. Si
consideramos solamente la renta, e ignoramos el capital, vemos que un hombre
con una renta disponible de 200 libras tendría que pagar 22 libras, o un 11
36 Si el capital disponible superara las 500 libras, todavía se concedería asistencia legal, a discreción
del comité local, si los ingresos disponibles no excedieran la cantidad de 420 libras.
37 Cmd. 7563: Summary of the Proposed New Service, p. 7, parr. 17.
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