CRISIS CAPITALISTA, ECONOMÍA, POLÍTICA Y MOVIMIENTOS ...

[281]
lucha de clases se expresa en la resistencia contra las rentas que reclama el
Estado a través de los canales formales, y buscan liberarse de tales canales.
Esa es la razón de ser de la llamada informalidad. El desarrollo de estas
ideas lleva el análisis al terreno político, y es necesario mirar las experiencias
de movimientos sociales en argentina, Bolivia y Ecuador.
El proceso político que se deriva de las acciones en la dirección que se
acaba de señalar (aunque se hacen necesarias reflexiones más consistentes
sobre este tema) debe conducir a crear los sujetos sociales capaces de hacer
una propuesta alternativa y de movilizarse políticamente por lograrla.
El estímulo a la economía popular, a organizar la población en las comunidades
para pelear y controlar sus derechos básicos, va en la dirección de
la construcción de movimientos sociales. además, esto debe combinarse
con políticas macro que tienen mucho del intervencionismo cepalino,
como se dijo atrás. El problema es que una propuesta de corte cepalino
no tiene actor social que la promueva. Las élites empresariales de la región
están articuladas a los inversores externos e instituciones reguladoras
transnacionales (García Linera: 2006) y ya no están en la promoción de
un modelo basado en mercado nacional.
Una diferencia crucial con la propuesta cepalina consiste en que la intervención
estatal debe estar sujeta a un control social, y ese control se podrá
ejercer en la medida en que se cree un sujeto social capaz de ejercerlo. De
ahí la importancia de ir a las comunidades para organizarlas, como aquí se
ha venido planteando. De lo contrario, la crisis significará una recomposición
de las cargas para que la acumulación especulativa continúe. En este
sentido no se puede aceptar el argumento de la autonomía de las instituciones
económicas, en concreto del Banco Central y la jerarquía que tiene
el ministro de Hacienda en materia del Presupuesto Público, porque ello
implicaría que la moneda y el presupuesto estarían por fuera del control
social, lo cual sería antidemocrático.
En el caso colombiano, la organización popular se encuentra con la dificultad
del conflicto armado interno. Cualquier proceso de organización
social intenta ser controlado o erradicado por las organizaciones armadas
de cualquier bando. Esto significa, además de la necesidad de buscar la
solución negociada del conflicto, andar con cuidado y trazar una ruta clara
en el sentido de que se trata de procesos que deben ser viables y acumulativos.
Se debe empezar por construir una base de mediación política
con los sectores populares, ante el debilitamiento del movimiento sindical
y el clientelismo (García Linera: 2006). Es necesario darle una mayor
elementos para un modelo alternativo
césar giraldo