CRISIS CAPITALISTA, ECONOMÍA, POLÍTICA Y MOVIMIENTOS ...

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ahorro que México había implementado recuperando la estabilidad (que
por cierto le costó más de 100 mil millones de dólares al país) y medidas
para extender la penetración del mercado financiero. Para “proteger” al
país de la inestabilidad financiera internacional se necesitaba ampliar el
financiamiento interno con la privatización de los fondos de pensiones y
seguros. Para asegurar la inversión extranjera en infraestructura y en servicios
públicos y sociales, que contribuiría a mantener la necesaria disciplina
fiscal, debían reformarse los marcos regulatorios para ampliar la inversión
privada y crear fondos estatales de manejo de riesgos. Es decir, que las “regulaciones
financieras” se reclaman para fortalecer al capital financiero.
Esa asociación público-privada en infraestructura y en servicios públicos
y sociales liberaría al gobierno de ser el proveedor exclusivo o principal,
pero el nuevo papel del Estado “en la regulación de la provisión y en
garantizar que los proveedores privados no abandonen a los pobres” será
un papel “más exigente” que el de proveedor. Sería el ingreso a una época
de “posprivatización”, en la que la provisión la harán los privados, “que lo
hacen mejor”, con el financiamiento público y sin que esa infraestructura y
servicios perdieran el status jurídico estatal. Esta es una de las características
del Estado social de derecho consagrado por la Constitución de 1990 en
Colombia, en cuya elaboración había participado Guillermo Perry como
miembro de la asamblea Constituyente, quien posteriormente fue ministro
de Hacienda y Crédito Público del gobierno de Ernesto Samper hasta
1995, cuando pasó al Banco Mundial.
Conviene retener esta idea de asociaciones público-privadas como
“posprivatización” porque, supuestamente alejada de la obsesión privatizadora
neoliberal, es uno de los ejes del social-liberalismo: desarrollar
políticas sociales focalizadas con financiamiento público, con lo que se
transfieren inmensas sumas del fondo de consumo de los trabajadores y
de los consumidores pobres –vía impuestos al salario, impuestos indirectos
y tarifas– al capital que provee los servicios para los extremadamente
pobres. Políticas socialliberales que favorecen una mayor concentración
del capital, al mismo tiempo que legitiman a los gobiernos y les crean una
base social clientelar y desorganizada políticamente.
Para retener al capital externo, continúa La larga marcha, habría que avanzar
prioritariamente en la reforma del mercado laboral (mayor flexibilización
y disminución de costos para el capital); en la reforma jurídica y administrativa
que garantizara e hiciera más eficientes los derechos de propiedad del capital;
en políticas de atención a la pobreza para reducir la inestabilidad social;
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