Normas nacionales sobre regulación de la fertilidad (PDF)

Normas Nacionales Sobre REGULACION DE LA FERTILIDAD
“Las parejas tienen el derecho humano fundamental
de decidir el número y espaciamiento de sus hijos y el
derecho a obtener la educación y los métodos necesarios
para hacerlo”. Este principio ha sido ratificado en las
diversas Conferencias Internacionales que la ONU ha
realizado en materias de Población y Desarrollo, de
Derechos Humanos y sobre la Mujer.
Otros instrumentos internacionales importantes
sobre estas materias que comprometen a nuestro
país son:
n La Convención para la Eliminación de toda forma de
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW ), adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
1979; en Chile se ratifica en 1989, pasando a formar
parte de la legislación nacional.
n La Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo (CIPD, El Cairo 1994), en la que el
concepto de Salud Sexual y Reproductiva (SSR)
reemplazó el concepto de control demográfico
del crecimiento de la población.
n La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing,
1995), la cual ratifica el concepto de SSR aprobado
en El Cairo
n La Resolución WHA 55.19 de la Asamblea Mundial
de la Salud 2002 que declara que “aumentar
el acceso a información y servicios de calidad
suficiente, incluyendo los de salud reproductiva,
es clave para el cumplimiento de las Metas del
Milenio, particularmente referidos a la disminución
de la mortalidad materna e infantil y el control de
la diseminación del VIH / SIDA”.
Estos acuerdos coinciden en que la anticoncepción
contribuye al respeto de los derechos fundamentales de
las personas:
Derecho a la vida: El uso de la anticoncepción
salva la vida de las mujeres, ya que evita abortos
realizados en condiciones de riesgo y embarazos en
mujeres con patologías que las exponen a graves
riesgos si se embarazan. Protege la salud de las madres
al prolongar el intervalo entre los embarazos. Salva vidas
de niños y niñas, porque las tasas de mortalidad infantil
son más altas cuando los embarazos se producen en
intervalos menores de dos años.
Derecho a la libertad individual: cada
persona, como individuo único e irrepetible, tiene el
derecho a expresar su sexualidad y decidir su conducta
reproductiva según la percepción que tiene de sí misma,
de su situación de vida y de acuerdo a sus principios y
valores. El uso de anticoncepción apoya el ejercicio de
este derecho.
Derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión: una sociedad pluralista,
en la que conviven personas con diferentes valores y
creencias religiosas que requieren respeto y tolerancia,
no impone el uso de ningún método anticonceptivo. Por
el contrario, se adecua a la diversidad de pensamiento,
conciencia y religión de las personas que los utilizan y
no pretende influir tampoco en la decisión de no usar
un método. Por otra parte, el personal de salud tiene
también derecho a considerar que el mecanismo
de acción de alguno de los métodos pudiera no ser
aceptable para ellas/os. Esta “objeción de conciencia” los
obliga, desde el punto de vista ético, a derivar a quién
solicita ese método a otro profesional que no tenga esta
objeción, asegurándose que la persona es atendida y
puede ejercer sus derechos..
Derecho a formar una familia, tener hijos o
no tenerlos: la anticoncepción responde al ejercicio
de este derecho, ligado al concepto de maternidad
y paternidad voluntaria y responsable, aceptando
las distintas concepciones de lo que es una familia
y las diferentes posiciones respecto al ejercicio de la
sexualidad desligada de la reproducción. El personal de
salud debe atender a quienes solicitan anticoncepción