Implementación del Proceso de Acceso a la Información

II. ANTECEDENTES GENERALES / IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
II. Antecedentes Generales
El acceso a la información está a la base
del ejercicio de los derechos ciudadanos,
en tanto garantiza la posibilidad de obtener
insumos para emitir juicios o fundar
acciones de control sobre los propios
proyectos de vida o las autoridades. En
un contexto histórico, se puede identificar
que este derecho nace con la Declaración
Universal de Derechos Humanos del año
1948, donde se consagra el derecho a la
información. Posteriormente, otras instituciones
han desarrollado observaciones
específicas en lo referente al derecho de
acceso a la información de los organismos
públicos tales como la Carta Democrática
Interamericana de la Asamblea General de
la OEA, la cual establece la transparencia
de las actividades gubernamentales,
la probidad y la responsabilidad de los
gobiernos en la gestión pública (Fuenmayor,
2004). En todos estos desarrollos
se ha convenido que es un derecho
instrumental que puede ser utilizado
para garantizar el cumplimiento de otros
derechos esenciales del ser humano. Bajo
este entendido es que, en los últimos años,
se han presentado importantes argumentos
para sostener el rol fundamental del
derecho de acceso a información pública,
ya que es parte integrante de la libertad
de expresión, es un presupuesto básico
del sistema democrático y, finalmente,
es un instrumento de protección de otros
derechos fundamentales (Cerna, Harasic,
Pavón, 2009).
El derecho de acceso a la información
pública, se expresa de diversas maneras.
Una de ellas es el accountability
o rendición de cuentas. De acuerdo a
Fuenmayor (2004), se refiere a que los
funcionarios públicos “rindan cuenta
por sus conductas, es decir, que estén
obligados a justificar y a informar sobre
sus decisiones y a que eventualmente
puedan ser castigados por ellas”. Por otra
parte, Zadek (1998), lo describe como un
proceso en el cual se busca lograr que
quienes ostenten posiciones de poder y
cuyas decisiones afectan la vida de la
gente, sean responsables de sus actos,
y al mismo tiempo, se genere un canal
15
de expresión de los ciudadanos sobre los
temas que les afectan en su vida.
La segunda expresión jurídica y práctica
del derecho a la información, corresponde a
las iniciativas orientadas a la instalación y
promoción de la transparencia pública. De
acuerdo a Brewer’s Politics (1999), consiste
en la “apertura a la mirada pública”, por lo
tanto, en sus aplicaciones al sector público,
se relaciona con que los funcionarios y los
políticos hagan accesibles sus decisiones
y los procesos asociados a ellas (Curtin
& Meijer, 2006).
El interés por la protección del derecho de
acceso a información como transparencia,
se ha desarrollado de manera fuerte en todo
el mundo desde los años 90 y en América
Latina, fuertemente durante la última
década. Países que han adoptado leyes
al respecto son México, Jamaica, Trinidad
y Tobago, Belice, Panamá, Perú, Ecuador,
Chile, República Dominicana y Antigua y
Barbuda (Banisar, 2006).