Una prueba de desigualdad: - Human Rights Watch

I. Resumen
La creciente epidemia de VIH/SIDA en la República Dominicana se desarrolla en el
marco de una arraigada desigualdad entre hombres y mujeres y de elevados niveles de
conductas de alto riesgo, como el poco uso de preservativos, la multiplicidad de parejas
sexuales, y la iniciación sexual temprana. Esta situación ha puesto a la mujer en mayor
riesgo de infección de VIH y ha multiplicado las consecuencias para las mujeres en
términos de violaciones de derechos humanos relacionadas al VIH en el trabajo y en el
sistema de salud pública.
El gobierno de la República Dominicana ha adoptado medidas para enfrentar la crisis de
VIH/SIDA en el país, como la creación en el 2002 de un organismo multisectorial, el
Consejo Presidencial del SIDA, COPRESIDA, encargado de coordinar y monitorear los
esfuerzos de los sectores público y privado para prevenir la propagación del VIH/SIDA.
El gobierno también ha implementado un programa nacional para reducir la transmisión
vertical del VIH y ha buscado financiamiento internacional para programas de
tratamiento del SIDA de largo plazo. Ciertamente, estas medidas constituyen necesarios
avances positivos y van en la dirección correcta. Por ello, el gobierno debe ser elogiado.
Sin embargo, el gobierno no ha sabido tomar en serio el vínculo—bien establecido y
analizado en la literatura internacional sobre salud pública y derechos humanos—entre la
diseminación de la enfermedad y la arraigada desigualdad sexual, la violencia contra la
mujer, y otros sesgos sociales que de distintas maneras limitan la autonomía y los
derechos de las mujeres. Consecuentemente, las políticas, programas y planes de
VIH/SIDA que la República Dominicana ha diseñado e implementado en algunas áreas
no han podido enfrentar adecuadamente las graves violaciones de derechos humanos
sufridas por las mujeres y en otras áreas hasta han contribuido a estas violaciones.
Este informe se centra en las dos áreas que Human Rights Watch considera vitales, pues
necesitan la más pronta reforma. La primera es la discriminación contra la mujer en el
lugar de trabajo, en particular a través de pruebas de VIH involuntarias administradas a
mujeres que trabajan y que buscan empleo. Nuestra investigación demuestra que las
mujeres que buscaron empleo en la industria del turismo o en las zonas francas—los dos
principales empleadores de mujeres—son obligadas a someterse a pruebas de VIH como
condición para acceder al empleo, violándose así su derecho a la no discriminación en el
acceso al empleo y en el lugar de trabajo. Ninguno de los mecanismos gubernamentales
diseñados para hacer respetar los derechos laborales ha tratado de manera adecuada este
abuso, permitiéndose así que los empleadores den curso a sus abusos con impunidad.
1 HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 16, NO. 4 (B)