Una prueba de desigualdad: - Human Rights Watch

administración de las “prueba con opción de declinar” podría, en la práctica, ser
indistinguible de una política de pruebas obligatorias en un sentido importante: muchas
mujeres no tendrían la oportunidad de tomar una decisión verdaderamente informada
con respecto a si quieren ser sometidas a la prueba. En la ausencia de un esfuerzo serio
por parte del gobierno de la República Dominicana para garantizar consejería incluyente
y de calidad pre y post prueba, la propuesta reforma podría resultar en violaciones al
derecho al consentimiento informado. Además, dadas las difundidas violaciones a la
confidencialidad de la prueba documentadas en este informe, es probable que el nuevo
régimen no contribuiría a superar la discriminación y el abuso sufridos por las mujeres
viviendo con VIH.
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, ONUSIDA, y la
Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han
resaltado sistemáticamente la importancia de la voluntariedad, la calidad de la consejería,
el consentimiento informado y la confidencialidad de las pruebas y la atención del VIH
como partes esenciales de las estrategias de prevención, especialmente en las Directrices
Internacionales sobre VIH/SIDA y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Este enfoque enfatiza la existencia de una presunción en el derecho internacional de
derechos humanos a favor de sistemas que protejan rigurosamente el derecho a la
privacidad a través de mecanismos de confidencialidad y consentimiento informado.
Antes de pasar una ley que invalide explícita o implícitamente estas presunciones, el
gobierno de la República Dominicana tiene la responsabilidad de demostrar, apelando a
evidencia científica concreta, el por qué son necesarias y convenientes tales limitaciones
de los derechos. En todo caso, el gobierno tiene la obligación urgente, frente las
mujeres, de garantizar la vital consejería pre y post prueba para todas las personas que se
sometan a la misma, además de medidas de confidencialidad rigurosas adoptando una
política de tolerancia cero hacia las violaciones a la confidencialidad.
La República Dominicana ha ratificado tratados internacionales que requieren que el
gobierno proteja los derechos humanos a la privacidad, a la integridad física, al más alto
nivel posible de salud, a la no discriminación en el acceso a empleo y en el lugar de
trabajo y la no discriminación por razones de salud, tales como el ser VIH-positivo.
Estos tratados incluyen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.
Este informe se basa en entrevistas a mujeres viviendo con VIH realizadas en enero del
2004 en Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Santiago y Puerto Plata en
la República Dominicana. Además, Human Rights Watch encuestó brevemente a
algunas mujeres y hombres que trabajan en la industria hotelera y en fábricas de las
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