Regulación juridica de los partidos politicos en Guatemala

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GABRIEL MEDRANO / CÉSAR CONDE
ro su incidencia es poca y dado que sus objetivos se enmarcan dentro del
ámbito académico las membresías resultan ser escasas.
No obstante que la Constitución Política de la República garantiza los
derechos de reunión, manifestación y de asociación, los que están contemplados
dentro de los derechos individuales; que dentro de los sociales
se encuentra que “toda persona tiene derecho a participar libremente en
la vida cultural y artística de la comunidad”, y además reconoce las formas
de vida, costumbres, tradiciones y formas de organización social de
las comunidades indígenas, y que la administración es descentralizada y
que los municipios gozan de autonomía, la Ley Electoral y de Partidos
Políticos carece de un capítulo relacionado con la participación política.
Es importante traer a cuenta que la regulación citada nace a la vida jurídica
cuando se empieza a poner fin a los gobiernos militares que durante
largo tiempo controlaron el Estado, y durante los cuales las manifestaciones
de participación social eran aplacadas severamente, aspecto que
quizá explica el por qué de la ausencia en su articulado sobre otras formas
de participación.
En el aspecto estrictamente electoral existen vacíos no sencillos de llenar.
La participación electoral no ha crecido, por el contrario ha registrado
un progresivo debilitamiento y en las últimas elecciones esta situación
no fue superada, aún cuando los datos estadísticos presentaron un
ligero mejoramiento, pero ello se debe a que por decisión del TSE se retiró
del padrón a todos los ciudadanos que no habían recogido su boleta
de empadronamiento y que durante varios años figuraron en ese listado
pero que no emitían voto, precisamente por la omisión en el cumplimiento
de ese requisito.
Existe desencanto con el funcionamiento de las entidades gubernamentales
que a lo largo del tiempo han sido incapaces de prestar servicios
eficientes a la población que sigue creciendo a un ritmo superior que
la economía, cuestión que se complica como producto de la corrupción
y la impunidad que se han padecido. Todo ello, junto a otros factores (inseguridad
e incapacidad para alcanzar consensos sobre aspectos de beneficio
general) hace que crezca la incredulidad entre los guatemaltecos
acerca de su sistema de gobierno y esto apaga las intenciones de participar,
como consecuencia del desprestigio que tienen entidades que conforman
el Estado.
El Código Municipal, de reciente promulgación, contempla en su artículo
18 que los vecinos pueden organizarse en “asociaciones comunita-