Regulación juridica de los partidos politicos en Guatemala

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GABRIEL MEDRANO / CÉSAR CONDE
II. UBICACIÓN DEL TEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS
DENTRO DE LA LEGISLACIÓN
La Constitución Política de la República de Guatemala fue aprobada
por la Asamblea Nacional Constituyente el 31 de mayo de 1985, y se encuentra
vigente desde el 14 de enero de 1986. Su artículo 223 señala:
Libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas.
El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones
políticas, y sólo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la
ley determinen. Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos,
organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso
electoral, será regulado por la ley constitucional de la materia. Una
vez hecha la convocatoria a elecciones, queda prohibido al presidente de
la República, a los funcionarios del Organismo Ejecutivo, a los alcaldes y
a los funcionarios municipales hacer propaganda respecto de las obras y actividades
realizadas.
El último párrafo no aparecía en el texto original; el mismo es producto
de las reformas introducidas a la carta magna por el Congreso de la
República y aprobadas por la ciudadanía mediante consulta popular en
1994. El artículo 17 de las disposiciones transitorias y finales de la Constitución
señala: “Financiamiento a Partidos Políticos. Los partidos políticos
gozarán de financiamiento, a partir de las elecciones generales del 3
de noviembre de 1985, el que será regulado por la Ley Electoral Constitucional”.
La ley constitucional de la materia es la Ley Electoral y de Partidos
Políticos contenida en el decreto núm. 1-85 de la Asamblea Nacional
Constituyente, dictada por ese órgano el 3 de diciembre de 1985 y con
Guatemala, fue publicada en el Diario Oficial el 8 de junio de 1990, y se reformaron tres
artículos, el del presupuesto, elección de Diputados al Parlamento Centroamericano e integración
del Congreso de la República. La cuarta modificación fue aprobada por el Congreso
de la República el 21 de abril de 2004, correspondiéndole el número 10-04 y fue
publicada en el Diario Oficial el 26 de mayo siguiente. De conformidad con el artículo
177 de la Constitución Política, la Junta Directiva del Congreso debe enviar los proyectos
de ley aprobados, en un plazo no mayor de diez días, al Ejecutivo, para su sanción,
promulgación y publicación. El presidente de la República, dentro de quince días de recibido
el Decreto, previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, podrá vetarlo devolviéndolo
al Congreso con las observaciones que estime pertinentes. En el caso de estas
reformas, el Ejecutivo las sancionó el 24 de mayo de 2004.