Regulación juridica de los partidos politicos en Guatemala

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GABRIEL MEDRANO / CÉSAR CONDE
directorios de esos organismos dirigentes nacionales de dicho partido; en
el caso del PAN, es miembro activo de la Unión de Partidos Latinoamericanos
—UPLA—, de la que un diputado al Congreso Nacional representante
de esa agrupación nacional fue presidente; el Partido Libertador
Progresista PLP, mantiene relaciones con la Internacional Liberal; Los
verdes tienen relaciones con organizaciones ambientalistas de diferentes
países y con la organización Verde América Latina, de la que recibieron
asesoría durante el proceso electoral de 1999; El DIA ha recibido apoyo
y cooperación del Partido del Trabajo de México y han asistido dirigentes
nacionales a seminarios organizados a nivel internacional por esa organización
mexicana; la posición de la URNG es más amplia al respecto,
ya que no sólo declara que tiene relaciones políticas con la Internacional
Socialista y otras organizaciones mundiales o regionales de partidos políticos,
sino que también con los gobiernos socialistas de Cuba, Corea,
China y Vietnam, y partidos socialdemócratas y organizaciones de izquierda
de países europeos; la UNE tiene vínculos con varias organizaciones
internacionales, mientras que los otros han señalado que no pertenecen
ni tienen nexos con organizaciones foráneas.
No se cuenta con información acerca de la naturaleza, contenido, partes
suscribientes y otras características de los acuerdos, eso en el caso
que se hayan celebrado entre los partidos y las organizaciones internacionales.
XVII. ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
La libertad de expresión está regulada de forma amplia en el artículo
35 constitucional, bajo el epígrafe de “Libertad de emisión del pensamiento”.
Además existe una ley de rango constitucional, la de “Emisión
del Pensamiento”, que norma dicho derecho. Si bien, la libertad de expresión
es uno de los requisitos fundamentales para la existencia de la
democracia y del imperio de la ley, y que es imposible concebir la celebración
de elecciones libres si no existe dicha libertad, también lo es que
la utilización inequitativa de los medios de comunicación social puede
llevar a abusos en desmedro de procesos electorales competitivos. En el
caso de Guatemala es complejo establecer de manera clara la frontera entre
ambos derechos.