La representación procesal de las coaliciones - Tribunal Electoral ...

ordinario. Para ello recurre a la jurisprudencia definida de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) identificada
como P./J. 113/2001, 12 según la cual:
Vertiente
Salas
Regionales
si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador
establecer los plazos y términos conforme a los cuales
se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación
respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental,
con el fin de lograr que las instancias de justicia
constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al
que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los
conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan,
siempre y cuando las condiciones o presupuestos
procesales que se establezcan encuentren sustento en los
diversos principios o derechos consagrados en la propia
Constitución General de la República.
Concluye entonces el voto minoritario que al no existir prueba
alguna o hecho respecto del cual pueda desprenderse de manera
fehaciente que el promovente, ciudadano Luis Hugo Núñez
Bermúdez, 13 cuenta con atribuciones para intentar los medios de
impugnación, resulta evidente para la discrepante que éste carecía
de legitimación procesal (SM-JIN-13/2009, 70-1).
12
Con el rubro JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL
LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA
REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS
CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE
LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN
PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO
DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.
13
En el expediente SM-JIN-4/2009 el representante del promovente fue Salvador Aviña
Cid, mientras que en el SM-JIN-12/2009 fue Eduardo Francisco Ríos Martínez; en
todos los casos se trató de representantes del Partido del Trabajo acreditados ante
diversos Consejos Distritales del ife en Zacatecas, los cuales también aducían acudir
ante la justicia electoral en nombre de la coalición “Salvemos a México” que decían
representar. Sólo en el asunto SM-JIN-12/2009 se les reconoció el carácter de
personero de la coalición, mientras que en los otros dos casos se les acreditó
como representantes del Partido del Trabajo, tal como se puede apreciar en el
cuadro 1.
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