Observatorio de Perú - CAEI

Observatorio de Perú, Número 7, Año 2, Invierno Sur 2010
y desaparecidos que dejó el proceso de violencia interna por la que atravesó el país entre los años 1980 y
2000.
A la cita en el referido memorial acudieron también representantes de la iglesia Católica y de la iglesia
Evangélica. El pastor Darío López, presidente del Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP) y el líder
de la Unión Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (UNICEP), Eleazar Soria, asistieron.
También participó del evento el obispo emérito de Chimbote, monseñor Luis Bambarén, quien fue presidente
de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP).
Por otro lado, se inauguro la "Casa de la Memoria", homenaje a las víctimas de la violencia armada, en la
ciudad de Huancavelica. El lugar tiene por objetivo "la preservación de la memoria de las víctimas y
afectados" por la guerra interna en esa región del sur peruano.La obra, ubicada en el segundo piso de la
Biblioteca Municipal, en los portales de la Plaza de Armas de Huancavelica, contiene material bibliográfico,
fotográfico y fílmico.Según diversas investigaciones, la guerra interna dejó en Huancavelica unos 800
desaparecidos y más de 6.000 afectados. La organización civil Demus destacó que el recinto se convertirá en
una "expresión concreta de reparación simbólica a las víctimas de la violencia política que afectó al
país".También hubo movilizaciones en Lima, de cientos de personas, para exigir que las víctimas del conflicto
interno obtengan reparaciones económicas individuales que, pese al compromiso del Gobierno, siguen sin
concretarse.
La secretaria de organización de la Coordinadora Nacional de Víctimas de la Violencia Política de Perú
(Conavip), Doris Caqui, precisó que el Gobierno peruano es el encargado de aprobar un presupuesto propio
de reparaciones individuales.
Según Caqui, el Ejecutivo de Alan García se ha comprometido a poner en funcionamiento el programa de
reparaciones individuales este año y debe emitir un decreto para conformar una comisión técnica que
establezca las condiciones de pago.
"Treinta años de espera es demasiado, no podemos seguir viendo cómo nuestros hermanos mueren sin
haber alcanzado justicia", apuntó la representante tras reunirse con el presidente del Congreso, Luis Alva
Castro, junto a delegados de víctimas de quince regiones.
Por su parte, la defensora del pueblo de Perú, Beatriz Merino, pidió agilizar el Registro Único de Víctimas e
implantar los programas de reparaciones individuales económicas, sanitarias y educativas, que consideró "la
principal demanda de las víctimas".
Los futuros beneficiarios de las indemnizaciones deben ser víctimas o familiares de fallecidos, desaparecidos
o personas que hayan sufrido violaciones o discapacidad durante la guerra interna.
Hasta el momento, 76.382 personas están inscritas en el Registro Único de Víctimas, pero no todas ellas son
beneficiarias, señaló la coordinadora de Evaluación del Consejo de Reparaciones, Susana Cori.
Este organismo, encargado de registrar a las víctimas del conflicto interno desde 2007, tuvo como principales
obstáculos su escaso presupuesto, de unos 3 millones de soles (1 millón de dólares), y cuestiones
administrativas, que impidieron contratar al personal suficiente, explicó Cori.
"Han pasado muchos años desde las violaciones de derechos y las personas no tienen acceso a
documentos", por lo que se recurre a otros expedientes y al cruce de bases de datos, añadió.
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