informe ambiental costa rica 2002 - Programa de Naciones Unidas ...

Ordenamiento jurídico
e instituciones
La Constitución Política de la República de Costa
Rica consagra en su artículo 50 el derecho constitucional
de toda habitante a un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, el cual, con su reforma en junio
de 1995, reza lo siguiente:
“El Estado procurará el mayor bienestar
a todos los habitantes del país, organizando
y estimulando la producción y el más
adecuado reparto de la riqueza. Toda persona
tiene derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada
para denunciar actos que infrinjan
ese derecho y para reclamar la reparación del
daño causado. El Estado garantizará, defenderá
y preservará ese derecho. La ley determinará
las responsabilidades y las sanciones
correspondientes”.
La reforma al artículo 50 de la constitución política
es un paso que puede tener la mayor trascendencia
en la futura configuración institucional del país. Frente
al derecho constitucional a la propiedad privada, y
en tensión con este derecho, la nueva reforma establece
el derecho de la ciudadanía a “un ambiente sano”,
limitando constitucionalmente la libertad de acción atribuida
de previo al propietario privado.
Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente (N°
7554, 1996) da contenido jurídico al nuevo principio
constitucional, estableciendo la rectoría del Ministerio
de Ambiente y Energía en el campo ambiental, la obligatoriedad
de realización de estudios de impacto ambiental
en todo proyecto de desarrollo, así como una
secretaría técnica en el MINAE para regular y aprobar
estos estudios. La nueva ley crea además instancias de
consulta y participación local y regional para asuntos
relacionados con el manejo de los recursos naturales,
incluyendo el bosque, denominados Consejos (Locales
o Regionales) Ambientales.
Tanto la reforma al artículo 50 de la constitución,
como la Ley Orgánica del Ambiente, refrendan la Ley
General de Salud. Ley No. 5395 del 30 de octubre de
1973 y sus reformas, donde se declara la salud de la
población de interés público. La ley establece en su
articulado algunas obligaciones y prohibiciones dirigidas
a la preservación del medio ambiente y sus elementos,
y en su artículo 262 indica que toda persona
natural jurídica está obligada a contribuir a la promoción
y mantenimiento de las condiciones del medio
ambiente, natural y de los ambientes artificiales que
permitan llenar las necesidades vitales y de salud de la
población. Prohíbe toda acción, práctica u operación
que deteriore el medio ambiente natural o que alterando
la composición o características intrínsecas, especialmente
del aire, el agua y el suelo, produzcan una
disminución de su calidad y estética, y haga a tales bienes
inservibles para algunos de los usos a que están
destinados o cree éstos para la salud humana o para la
fauna o la flora inofensiva al hombre. Con respecto a
los desechos sólidos indica que los que provengan de
las actividades corrientes personales, familiares o de
la comunidad y de operaciones agrícolas, ganaderas,
industriales o comerciales, deberán ser separados, recolectados,
acumulados, utilizados cuando proceda y
sujetos a tratamiento o dispuestos finalmente por las
personas responsables, a fin de evitar o disminuir en lo
posible la contaminación del aire, del suelo o de las
aguas.
Tierra
Hasta el momento, las acciones de ordenamiento
territorial existentes se enmarcan en diversos instrumentos:
planes de manejo en áreas de conservación,
zonificación agropecuaria, planes reguladores, zona
marítimo terrestre, proyectos de manejo de cuencas.
Sin embargo, hay desarticulación de acciones entre las
instituciones públicas involucradas: Ministerio de
Ambiente y Energía, Ministerio de Agricultura y Ganadería,
Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y municipalidades, entre otras.
El Ministerio de Ambiente y Energía impulsa,
en el marco del Sistema Nacional de Áreas de Conservación,
la elaboración de políticas de control y protección,
fomento, áreas silvestres protegidas, forestales,
educación ambiental, biodiversidad y manejo del fuego.
La Ley de Biodiversidad (1998), al proponerse
como objetivo integrar la conservación y uso sostenible
de la biodiversidad en el desarrollo de políticas
72 GEO Costa Rica: una perspectiva sobre el medio ambiente