Aldaba_33_agosto_2013

Defender nuestro Patrimonio
Consejo de Redacción
Fotografias: José Manuel López Bueno
La sección “Defender nuestro patrimonio” de nuestra revista es sin duda una de las más emblemáticas de la
misma, puesto que ALDABA nació con el fin no sólo de promover y fomentar la cultura sino, sobre todo, y además, con
la clara voluntad de protegerla y defenderla en sus más variadas manifestaciones. De ahí que, desde su origen, haya pretendido
ser un “aldabonazo” para la conciencia de este pueblo, en el que, por desgracia, con demasiada frecuencia, la apatía,
la abulia y la dejadez se han convertido en nuestra seña identidad como colectivo. Basta comprobar cómo se han perdido
paulatinamente -y con una pertinaz constancia- costumbres, edificios, instituciones… sin que haya habido ni siquiera un
movimiento ciudadano que, al menos, haya tratado de impedirlo. A lo sumo se han podido dar protestas o quejas individuales
por parte de personas con cierta formación o sensibilidad, pero cuya efectividad práctica ha sido nula. Pese a ello,
nuestra revista no ha cejado en el empeño y ha seguido clamando… ¡en el desierto!, y aún hoy quiere seguir haciéndolo,
convencida de que un pueblo que no sabe respetar su cultura y sus tradiciones, así como abrirse a nuevas aventuras, a las
vanguardias, es un pueblo llamado a pasar sin pena ni gloria por la historia. Por ello la defensa del llamado patrimonio
cultural, inmueble o mueble, antropológico, literario o artístico, ha sido siempre objeto preferente de nuestra atención y,
en concreto, con esta Sección, hemos querido reservar un espacio desde el que poder alzar una voz crítica, de denuncia,
con el único fin de evitar que aquél fuera, ¡o siguiera siendo!, atacado.
No obstante este propósito, también desde aquí hemos puesto de relieve lo que de positivo se hace en este campo
y así en anteriores ediciones hemos hablado de la recuperación de El Hotelito, del edificio del Albollón hoy destinado al
Servicio municipal de Urbanismo, o del destinado al Servicio de Recaudación en la calle Triana, de la promoción de la
cal, de la catalogación de nuestros barrios más emblemáticos como conjunto histórico, de la rehabilitación de la ermita
de San Miguel o de la restauración de la Capilla de Jesús, etc., pero, desgraciadamente, todo ello, con ser bueno, no deja
de ser más que la excepción que confirma la regla, frente a un paulatino y contante deterioro de nuestro pueblo. Como
decía muy expresivamente el título de un artículo de nuestro compañero Diego Villar, en el número anterior de la revista,
la incontestable realidad es que Martos languidece.
De ahí que no podamos bajar la guardia y en esta ocasión ofrezcamos todo un muestrario de despropósitos ante
los cuales, ciudadanos y poderes públicos, permanecemos impasibles. Desgraciadamente una mala política urbanística,
que arrastramos desde hace décadas, ha centrado su atención en el desarrollo de nuevos suelos situados en los bordes
del casco tradicional, olvidándose, casi por completo, de la ciudad consolidada, y lo que es peor aún, dentro de ella, del
casco histórico, catalogado, no lo olvidemos, como objeto de especial protección. Ello se ha traducido en un progresivo
abandono de este enclave en el que el “deber de conservación” brilla por su ausencia.
Como es sabido, secularmente ha existido la obligación de todo propietario de un inmueble de “conservar” el mismo.
Ello se ha traducido incluso en una obligación legal desde, al menos, 1956. Hoy día, la Ley andaluza de Ordenación
urbanística, contempla este “deber de conservación”, especificando que “los propietarios de edificios tienen el deber
de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público”; añadiendo que “los municipios (esto es, los
Ayuntamientos), podrán ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para
conservar aquellas condiciones”. Es más, si, pese a darse esas órdenes por parte de un Ayuntamiento, el propietario no
las cumpliere, aquél podrá ejecutarlas con carácter subsidiario, o, lo que es lo mismo, las llevará a cabo a su costa y luego
repercutirá en el propietario dicha cantidad. Y esto sin olvidar, como es obvio, la potestad sancionadora y expropiatoria
de la que disponen los Ayuntamientos también en estos casos. A todo este andamiaje legal ha de añadirse el contenido
normativo del Plan General de Ordenación Urbana, cuya revisión está a punto de llevarse a cabo, en el que se concreta,
hasta el detalle, ese deber de conservación genéricamente contemplado en la ley. Sin embargo, una vez más el desánimo
42