Plan de Manejo del Parque Nacional Coiba - Smithsonian Tropical ...

El alcance de las competencias de la ANAM dentro del PN Coiba es amplio. De igual manera, la
Ley No. 44 de 2004 establece las competencias y deberes específicos de otras instituciones, tales
como la AMP, la ATP (antes IPAT), el Ministerio de Gobierno y Justicia (Policía Nacional y Servicio
Nacional Aeronaval), la SENACYT y los municipios del litoral de la provincia de Veraguas, excepto
el Municipio de Santiago. Todas estas instituciones son miembros del Consejo Directivo del PN
Coiba y tienen responsabilidades dentro del parque y la Zona Especial de Protección Marina.
OTROS INSTRuMENTOS lEGAlES
RElEVANTES PARA El PN COIBA
La Ley No. 41 de 1 de julio de 1998, Ley General de Ambiente, en su Artículo 66 crea el SINAP, el
cual es regulado por la ANAM y establece que podrán adjudicarse concesiones de administración y
concesiones de servicios a los municipios, gobiernos provinciales, patronatos, fundaciones y empresas
privadas.
El Artículo 69 de la precitada ley señala que la ANAM establecerá mediante reglamento las tarifas
que cobrarán por el uso de los servicios de las áreas protegidas. En este sentido, la Resolución AG-
0189-2008 de 11 de marzo de 2008 (G.O. No. 26.006 de 27 de marzo de 2008), establece las tarifas
de admisión, alojamiento, acampada, anclaje y grabaciones de video, material cinematográfico, audio
y fotografía en el PN Coiba.
El Artículo 94 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998 (modificado por el Artículo 67 de la Ley 44 de 23
de noviembre de 2006) establece que la ARAP emitirá las disposiciones bajo las cuales estará sujeto
el aprovechamiento, manejo y conservación de los recursos marino costeros, con excepción de las
áreas protegidas con recursos marino-costeros bajo la jurisdicción de la ANAM, para los cuales, la
ANAM emitirá y aplicará las disposiciones relativas a su aprovechamiento, manejo y conservación.
El Administrador de la ANAM podrá aplicar sanciones de hasta un millón de balboas y el Consejo
Nacional del Ambiente impondrá multas de valor mayor de un millón a diez millones de balboas
(Artículo 114).
La Ley No. 24 de 7 de junio de 1995 (Ley de Vida Silvestre) [G.O. 22.801 de 9 de junio de 1995]
prohíbe “la captura, recolección, transporte y comercio de las especies silvestres, productos y
subproductos, partes y derivados” sin el permiso de la ANAM (antes INRENARE).
La Ley No. 39 de 24 de noviembre de 2005 [G.O. No. 25,433 del 25 de noviembre de 2005) en su
Artículo 4 modifica el Artículo 48 de la Ley No. 24 de 1995 y prohíbe la caza en las áreas protegidas.
Así mismo, la Ley No. 39 en su Artículo 11 modifica el Artículo 59-A de la Ley No. 24, prohibiendo
el uso de arpones con equipos autónomos o no autónomos bajo el agua.
La Ley No. 13 de 5 de mayo de 2005 [G.O. No. 25,293 de 6 de mayo de 2005] que establece el Corredor
Marino de Panamá en todas las aguas territoriales de Panamá (mar territorial, zona contigua, zona
económica exclusiva), con el fin de proteger y conservar las poblaciones de mamíferos marinos que
merecen protección especial. La precitada legislación promueve la investigación, el avistamiento,
la recreación y la educación relacionados con los mamíferos marinos. La normativa en referencia
establece que dentro de las aguas de jurisdicción nacional, se prohíbe la captura y la caza de los
mamíferos marinos (Artículo 14). La ARAP es la encargada de ejecutar y dar seguimiento al Plan
de Acción que debe ser aprobado por el Comité Directivo del Corredor Marino. Este Comité está
integrado por varias entidades con voz y voto, entre ellas la ARAP que la preside y la ANAM.
La Resolución No. 1 de 29 de enero de 2007 (G.O. No. 25731 de 13 de febrero de 2007), norma el
avistamiento de cetáceos en aguas panameñas.
La Ley No. 1 de 3 de febrero de 1994 [G.O. No. 22,470 de 7 de febrero de 1994 (Ley Forestal)]
estipula que cuando un bosque o terreno forestal correspondiente al Patrimonio Forestal del Estado
sea declarado apto para integrar el Sistema de Parques Nacionales u otras Áreas Silvestres Protegidas
(en este caso el SINAP), éste quedará regulado por el respectivo instrumento legal (Artículo 6).
La Ley No. 14 de 2007, modificada por la Ley 26 de 2008 [G.O. No. 26,057 de 9 de junio de 2008]
(Código Penal de La República de Panamá, Titulo III, Delitos contra el Ambiente y el Ordenamiento
Ambiental) establece en su Artículo 395 que quien destruya, extraiga, contamine o degrade los
recursos naturales será sancionado con prisión de tres a seis años. La pena prevista en este artículo
se aumentará de una tercera parte a la mitad, si la acción recae en áreas protegidas o se destruyen
total o parcialmente ecosistemas costero-marinos o humedales; cuando se dañe un área declarada de
especial valor biológico, histórico, arqueológico o científico.
Por su parte, el Artículo 405 establece que quien pesque, cace, mate, capture destruya o extraiga
recurso o especie de la vida silvestre, acuática o terrestre protegida o en peligro de extinción, sin
contar con los permisos correspondientes para tales efectos, o quien teniendo los referidos permisos
incumpla las especificaciones incluidas en estos, será sancionado con prisión de dos a cuatro años.
La sanción se aumentará de una tercera parte a la mitad si se realiza en un área protegida y/o si se
efectúa durante el periodo de veda o temporada establecida.
El Decreto Ejecutivo No. 209 de 5 de septiembre de 2006 (Gaceta Oficial 25,625 de 6 de septiembre
de 2006) crea un nuevo régimen para los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) y en su Artículo 16
incluye una lista taxativa de proyectos y actividades que deberían someterse al Proceso de Evaluación
de Impacto Ambiental.
Este proceso de evaluación de los EsIA será una herramienta importante para asegurar que los
proyectos de desarrollo en la zona de influencia del PN Coiba no tengan impactos significativos
sobre los recursos naturales del parque, tales como proyectos agrícolas, acuícolas, industriales y
energéticos; del sector de la construcción y del turismo que incluyen: marinas y muelles, puertos,
usos del fondo de mar y/o rellenos a partir de media hectárea, emisarios para la descarga marina de
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