Nuestro derecho de asociación sindical - Luis Emilio Recabarren

41.- Requerir cambios económicolaborales no es delito
Ante movilizaciones sociales de magnitud, diversos gobiernos les han enfrentado, entre
otras vías, operando la denominada ley de seguridad del Estado. Con este nombre se ha
conocido históricamente un elenco de cuerpos legales. La ley hoy vigente corresponde a
la 12.927; dictada en 1958, exhibe hoy varias modificaciones que han aumentado los
delitos y han agravado las penas; de su variado contenido, frecuentes denuncias han
tenido los denominados delitos contra la normalidad de las actividades nacionales;
aquellos descritos en el art. 11 de la ley se caracterizan por la interrupción o suspensión
colectiva, paros o huelgas de los servicios públicos o de utilidad pública, o en las
actividades de la producción, del transporte o del comercio que, sin ajustarse a las leyes,
produzcan alteraciones del orden público o perturbaciones en los servicios de utilidad
pública o de funcionamiento legal obligatorio o daño a
cualquiera de las industrias vitales.
No olvidemos que es requisito esencial para configurar tales delitos el ánimo, el
propósito, la intención de perturbar o alterar la normalidad de las actividades nacionales,
que constituye el bien jurídico tutelado por el citado precepto legal; por consiguiente, no
los cometen aquellos sindicalistas (u otros actores) que, ejecutando los mencionados
actos, lo hacen con la intención de lograr un mejoramiento económico de los
trabajadores [*]. Carecen también de carácter delictuoso “las actividades que importan
disidencia social o manifestaciones de opiniones, en cualquier forma o por cualquier
medio, aunque sean susceptibles de controversia, y aunque importen disconformidad con
la actividad desarrollada por el Estado”, respetuosamente y sin violencia [**].
[*] Criterio acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago, en resolución de fecha 21 de marzo de 1988, que dejó sin efecto
condenas de primera instancia, dictadas contra tres sindicalistas, en un proceso penal iniciado por el Ministerio del Interior alegando
infracción a la citada ley.
[**] Doctrina acogida por la Corte de Apelaciones de Santiago, en resolución de fecha 13 de julio de 1983, que ordenó la libertad de
varias personas acusadas de delito contra la seguridad del Estado (Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales,
tomo LXXX, número 2, mayo-agosto 1983, Segunda parte, Sección cuarta, págs. 79 y ss).
Aunque reconocemos desenvolvernos en una circunstancia diferente, la doctrina de tales fallos, aun con veinte o más años a
cuestas, sigue vigente.