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HONDURAS: VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL BAJO AGUAN
El párrafo 3 del artículo 9 estipula que toda persona detenida o presa a causa de una
infracción penal será llevada “sin demora” ante un juez u otro funcionario autorizado por
la ley para ejercer funciones judiciales. En opinión del Comité, las demoras no deben
exceder de unos pocos días.
La prisión preventiva debe ser excepcional y lo más breve posible
Incluso en los casos en que se practique la detención por razones de seguridad pública
ésta debe regirse por las mismas disposiciones, es decir, no debe ser arbitraria, debe
obedecer a las causas fijadas por la ley y efectuarse con arreglo al procedimiento
establecido en la ley (párr. 1), debe informarse a la persona de las razones de la
detención (párr. 2) y debe ponerse a su disposición el derecho a recurrir ante un tribunal
(párr. 4), así como a exigir una reparación en caso de que haya habido quebrantamiento
del derecho (párr. 5). Si, por añadidura, en dichos casos se formulan acusaciones
penales, debe otorgarse la plena protección establecida en los párrafos 2 y 3 del artículo
9, así como en el artículo 14.
Con respecto a las situaciones de detención, la Observación General 20 en relación con la
prohibición de tortura establece que la prohibición enunciada en el artículo 7 queda
complementada por las disposiciones positivas del párrafo 1 del artículo 10, según el cual
“toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano”.
Violaciones al derecho a la libertad en el Bajo Aguán
Durante la gira en el Bajo Aguán, la Misión pudo constatar que las órdenes de detención y de
captura son utilizadas como medios disuasorios y de presión por parte de las autoridades,
para intentar debilitar y atemorizar al movimiento campesino y sus reivindicaciones,
recluyéndolos en sus propios territorios.
A pesar del acuerdo firmado por el MUCA y el gobierno de Lobo en abril 2010 acordando la
entrega de once mil hectáreas, y a pesar del compromiso del gobierno de combatir la
persecución judicial y policial, la realidad es que, tras la firma del acuerdo, se siguieron
ejecutando órdenes de captura ilícitas contra miembros de las organizaciones campesinas.
En sendos listados en posesión de la policía, figuran miembros de los diferentes movimientos
campesinos. Los desalojos se siguen ejecutando de manera arbitraria, inclusive existe
amenaza de aplicar esa medida sobre seis asentamientos ya asignados por la administración
de Lobo Sosa. En la mayoría de los casos esos desalojos van acompañados de detenciones
que no cumplen con los requisitos legales.
Las detenciones ilegales a campesinos en el Valle del Aguán se han intensificado durante el
gobierno de Lobo Sosa, especialmente tras el reclamo por parte de las familias afiliadas al
MUCA de una solución pronta al conflicto agrario, especialmente con los empresarios Miguel
Facussé, René Morales y Reynaldo Canales., y del cumplimiento del acuerdo. A pesar de la
ilegalidad de estas detenciones, las órdenes de captura se siguen dando de manera casi
automática.
En total, según el testimonio del abogado defensor de gran parte de campesinos y
campesinas, hay 162 personas procesadas, principalmente por el delito de usurpación. Más
de 80 campesinos han sido encarcelados bajo cargos de hurto de tierra y de fruto de palma
africana, posesión de armas de fuego comercial y en algunos. Hay campesinos que tienen
hasta 7 procesos e incluso algunos vienen desde 1996-97 sin que hasta la fecha haya habido
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