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HONDURAS: VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL BAJO AGUAN
durante esas acciones, sin que estos abusos por parte de las autoridades hayan sido
castigados.
Recomendaciones
1. A las autoridades hondureñas
Las autoridades nacionales hondureñas, sean de facto e incluso cuando pesen sobre ellas la
falta de legitimidad, mantienen sus obligaciones adquiridas en su calidad de Estado parte de
los principales instrumentos del derecho internacional público, de respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos. Así lo prescribe la misma Constitución Política Hondureña
cuando establece que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros
Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno y prevalecen sobre el
mismo. En ese sentido, las autoridades hondureñas deben:
a. Cumplir con su deber de investigar y sancionar de forma expedita todos los
crímenes y las otras violaciones graves de derechos humanos cometidas en
el Bajo Aguán, y perseguir penalmente tanto a los autores materiales como
intelectuales.
b. Cesar de inmediato la represión y la violencia contra el movimiento
campesino, detener especialmente los desalojos forzosos, y adoptar medidas
efectivas que brinden protección a las personas en riesgo.
c. Cumplir las disposiciones legales y los acuerdos políticos firmados que obligan
a las instituciones del Estado a entregar la totalidad de las tierras del anterior
Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) a las empresas campesinas
aglutinadas en el Movimiento Campesino del Aguán (MCA); a transferir el total
de 11,000 hectáreas a las cooperativas integrantes del Movimiento Unificado
Campesino del Aguán (MUCA); y a respetar y garantizar los derechos sobre la
tierra de las cooperativas del Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino
del Aguán (MARCA).
d. Asimismo, cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo con MUCA
para garantizar el derecho a la educación, a la salud y a la vivienda que hasta
la fecha han sido incumplidos.
e. Tomar medidas políticas y legislativas encaminadas hacia el cumplimiento de
sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de respeto de los
derechos humanos, particularmente el acceso a la justicia, el derecho a la
alimentación, vivienda y educación.
f. Garantizar la debida identificación de los agentes de la fuerza pública (policía
nacional y ejército), particularmente en la zona del Bajo Aguán, y revisar
mediante una investigación internacional independiente y rigurosa el rol que
han jugado las empresas de seguridad privada en la región del Bajo Aguán.
g. Retirar la base militar de la comunidad Guadalupe Carney y abstenerse de
otro proceso de militarización de la región.
h. A la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, actuar con mayor diligencia en
la investigación de los 25 asesinatos ocurridos desde enero 2010 a marzo de
2011, y todos aquellos cometidos hasta la fecha y alcanzar una mayor
coordinación con las diferentes fiscalías de la región, recuperando confianza
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