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HONDURAS: VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL BAJO AGUAN
En ese sentido, la situación en derecho a la salud, en el Bajo Aguán es un fiel reflejo de lo
que pasa en el país de las demás vulneraciones a los derechos humanos que hemos
analizado. Las comunidades campesinas viven en su mayoría hacinadas, en condiciones
insalubres y sin acceso a agua potable, alcantarillado, letrinas, sin un nivel de alimentación
necesario para garantizar su buena salud y sin acceso a servicios públicos de salud. Todo
esto constituye un cuadro de salud deprimente, atentatorio al derecho a la salud de las
comunidades campesinas del Bajo Aguán.
Adicionado a lo anterior, los dirigentes denuncian discriminación en los hospitales y centros
de salud a los campesinos víctimas de la represión que buscan asistencia médica. La razón
es su involucramiento en el movimiento campesino y la estigmatización que eso ha
provocado, lo que además es violatorio al derecho a no discriminación.
En conclusión: históricamente en Honduras el derecho a la salud ha sido violado
constantemente. La mayoría de las personas no cuenta con acceso a servicios de salud, lo
que reduce la esperanza de vida de la población. En el caso específico del Bajo Aguán,
adicionado a las deficiencias crónicas del sistema, se suman una serie de aspectos que
tienen que ver con la movilidad, hostigamiento, discriminación y estigmatización de los
campesinos que influyen negativamente en el acceso a unos servicios de atención médica
mínimos. Lo que constituye una situación alarmante de violación de este derecho a la
población en la región.
Marco Antonio Estrada Santos, de la comunidad Marañones, es un claro ejemplo de la
situación en que se encuentran los campesinos cuando se trata de acceso a salud: tras
haber sido disparado a sangre fría por un militar durante el desalojo de la finca La Suyapa, el
8 de febrero de 2010, fue trasladado al hospital de La Ceiba, donde fue maltratado por tres
policías mientras esperaba a ser atendido en la camilla. Posteriormente estuvo hospitalizado
15 días en el hospital Catarino Rivas en San Pedro Sula. Cuando fue dado de alta se
trasladó a Cortés a casa de un familiar mientras asistía a tratamiento médico y esperaba una
operación de cirugía reconstructiva que finalmente nunca llegó. Actualmente sufre aún
fuertes dolores, tiene fracturas faciales, la herida del ojo no ha sanado por falta de atención
médica. Su situación de salud no le permite trabajar.
En la finca La Confianza por ejemplo, el asentamiento se encuentra en una zona inhundable,
no apta para ser habitada. Existe la promesa en el convenio “gobierno – MUCA”, de
reubicarlos a una zona segura con mejores viviendas y condiciones de salud, pero a casi un
año después esto no ha sido cumplido. La promesa de “mejoramiento de vivienda” también
incluye a las comunidades: 5 de Enero, El Mochito, Los Laureles y Quebrada Onda, sin que
hasta el momento haya alguna señal que indique de que esto será una realidad.
También en el mismo convenio el gobierno se comprometió a mejorar las condiciones de
salud de la población. Sin embargo, en lo que va de tiempo solamente se han hecho cuatro
brigadas medicas a la zona, hay un centro de salud pero al igual que en el resto del país,
este no cuenta con medicamentos, por lo que su contribución es bien limitada.
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