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HONDURAS: VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL BAJO AGUAN
En este contexto se dieron los asesinatos del 15 de noviembre de 2010 en el sector de “El
Tumbador” cuyo resultado ya se describió arriba en el capítulo 3.1: cinco campesinos
asesinados, varios campesinos heridos. Según información proporcionada por las fiscalías de
Trujillo y La Ceiba, no hubo ni heridos ni muertos en la otra parte que, presuntamente, eran
guardias de la seguridad privada de Miguel Facussé 68 .
En sus declaraciones públicas posteriores al crimen, ya referidas en cap 3.1, Miguel Facussé
responsabiliza al Ministro Director del INA de ser “el oso negro asesino” de los campesinos
justamente porque había sostenido la posición que las tierras del Tumbador son parte del
anterior CREM, y por tanto del Estado, postura reconocida por los gobiernos desde entonces.
Cabe agregar que desde el 15 de noviembre de 2010, ha quedado paralizado el proceso de
entrega de tierras del anterior CREM a las comunidades campesinas, incluyendo el caso de
la finca El Tumbador.
El historial de la propiedad de las tierras anteriormente utilizada para el Centro
Regional de Entrenamiento Militar (CREM)
El 21 de abril de 1972 el INA concedió título en dominio pleno a Fausto Fortín Inestroza de
una propiedad de 5,724 hectáreas como resultado de habérsela vendido por 156,851
Lempiras. El 1 de marzo de 1975, Fausto Fortín vendió esa propiedad a Temístocles
Ramírez de Arellano por la misma cantidad de dinero.
La compra realizada por Temístocles Ramírez fue ilegal ya que él es puertorriqueño de
nacimiento con nacionalidad norteamericana y la Constitución de la República de Honduras
prohíbe que un extranjero posea en propiedad terrenos de cualquier naturaleza a menos de
40 kilómetros de las fronteras hondureñas 69 . Las tierras en cuestión están precisamente a
menos de 40 kilómetros de la costa atlántica.
En el marco de la estrategia de la doctrina de la seguridad nacional, en 1983, el gobierno de
Honduras instaló el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) en las tierras en poder
de Temístocles Ramírez.
En 1987, Temístocles Ramírez apeló al gobierno de los Estados Unidos, exigiendo una
indemnización por "sus" tierras. El gobierno de Rafael Callejas respondió con el Decreto
Ejecutivo número 010-90 el 28 de junio de 1990 con el que se aprobaba el pago de Lps.
15,600.000 (15 millones seiscientos mil lempiras) equivalente a US $ 7,800.000 (7 millones
ochocientos mil dólares) para la indemnización convenida 70 .
68
Ver versión del Grupo Dinant en pié de página 44.
69
Artículo 107. Los terrenos del Estado, ejidales comunales o de propiedad privada situados en
las zonas limítrofes a los estados vecinos, o en el litoral de ambos mares en una extensión de
cuarenta kilómetros hacia el interior del país, y los de las islas, cayos, arrecifes, escolladeros,
peñones, sirtes y banco de arena, sólo podrán ser adquiridos o poseídos o tenidos a cualquier título
por hondureños de nacimiento, por sociedades integradas en su totalidad por socios hondureños y por
las instituciones del Estado bajo pena de nulidad del respectivo acto o contrato.
70
Los siguientes argumentos del decreto explican la decisión. “Considerando: Que el Gobierno
de los Estados Unidos de América asumió como propia una reclamación de un ciudadano
norteamericano, originada en daños que sufrieron sociedades hondureñas, en las cuales él tenía
intereses y que se originaron con ocasión de la construcción de las instalaciones y el establecimiento
por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras del CREM…Considerando: Que en junio de 1987, el
Congreso de los Estados Unidos emitió la ley… mediante la cual se congelaron los fondos al Gobierno
de Honduras, originados en el Programa de Apoyo Económico por valor de veinte millones de dólares
hasta que el Gobierno de Honduras conviniera en reconocer una compensación adecuada (cursiva
nuestra) a la reclamación referida”.
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