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HONDURAS: VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL BAJO AGUAN
Convención sobre los Derechos del Niño (párrafo 1 del artículo 29). Es importante destacar
que:
La prohibición de la discriminación, consagrada en el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto, no
está supeditada ni a una implantación gradual ni a la disponibilidad de recursos; se aplica
plena e inmediatamente a todos los aspectos de la educación y abarca todos los motivos
de discriminación rechazados internacionalmente. Los Estados Partes deben supervisar
cuidadosamente la enseñanza, a fin de poner de manifiesto cualquier discriminación de
hecho y adoptar las medidas para subsanarla.
Si bien el Pacto dispone su puesta en práctica gradual y reconoce las restricciones
debidas a las limitaciones de los recursos disponibles, impone también a los Estados
Partes diversas obligaciones con efecto inmediato.
Violaciones del derecho a la educación en el Bajo Aguán
El Bajo Aguán vive en condiciones alarmantes. La militarización, represión, persecución,
estigmatización, hostigamiento, desalojos forzosos y asesinatos, la han convertido en una
“zona de guerra” lo que mantiene atemorizada a toda la población campesina. Este ambiente
afecta seriamente a niños, jóvenes y adultos en sus actividades y en particular a su acceso a
la educación.
El gobierno de Porfirio Lobo Sosa, mediante el convenio suscrito el 13 de abril de 2010,
asumió el compromiso particular de mejorar la educación en las comunidades afiliadas al
Movimiento Unificado del Aguan (MUCA) el 13 de abril 2010. En las conversaciones
posteriores, las comunidades demandaron, como mínimo, 17 plazas de maestros para los
niños de las 2.500 familias. Sin embargo, el gobierno sólo les ofrece 7; hasta la fecha de la
Misión ninguna de estas plazas ha sido instalada, por lo que se observa un incumplimiento
del acuerdo después de 10 meses de vigencia, lo que a la vez implicó que la niñez de estas
comunidades ha visto vulnerado su derecho a la educación.
Las violaciones al derecho a la educación no derivan solamente de la falta de infraestructuras
y docentes. Durante la gira, la Misión pudo recoger testimonios, tanto en la comunidad La
Lempira como en la comunidad Guadalupe Carney, de la presencia de militares y de
vigilantes de Miguel Facussé deambulando armados cerca de las escuelas, contribuyendo a
un clima de miedo entre los mismos alumnos. Además, cabe señalar la ocupación militar de
la escuela de la comunidad Guadalupe Carney lo impidió la enseñanza escolar por varias
semanas entre el 10 de abril y 20 de mayo de 2010
En conclusión: el derecho a la educación de niños, jóvenes y adultos está siendo
seriamente vulnerado en el Bajo Aguán. Esto obedece a problemas estructurales ligados al
modelo de Estado excluyente. Sin embargo, estas falencias se han agudizado a raíz del
golpe de Estado acaecido en junio del 2009 y el conflicto agrario vigente en esa zona del
país.
En el asentamiento Lempira, cercano a la ciudad de Tocoa, las madres denuncian que
guardias de seguridad privada de los empresarios entran a las instalaciones de la escuela de
la comunidad con la venia de maestros y directora de la misma y proceden a atemorizar a
aquellos niños que son identificados como hijos de los campesinos del MUCA. “los guardias
de seguridad entran desde las 7 de la mañana a la escuela, portan armas y algunos de los
niños que viven en el asentamiento han sido maltratados por ellos” (Testimonio, 25 de
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