Honduras - Violaciones de Derechos Humanos en el Bajo ... - Cifca

HONDURAS: VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL BAJO AGUAN
2011 un total de 11,000 hectáreas a las cooperativas integrantes del Movimiento
Unificado Campesino del Aguán (MUCA); y a respetar y garantizar los derechos sobre
la tierra de las cooperativas del Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del
Aguán (MARCA).
Asimismo, los compromisos adquiridos en el Acuerdo con MUCA para garantizar el
derecho a la educación, a la salud y a la vivienda hasta la fecha han sido incumplidos.
La Misión constata con preocupación que sigue la represión y violencia contra integrantes de
las comunidades y organizaciones campesinas, quienes viven en total indefensión y
desprotección ante las actuaciones y omisiones de las autoridades. Los crímenes cometidos
contra la vida en el Bajo Aguán están encaminados a la impunidad, lo que facilita la
repetición de violaciones a los derechos humanos.
La actuación parcializada de las autoridades es evidente. La Misión constató la celeridad de
los casos de investigaciones de parte, particularmente por el delito de usurpación de tierras
(de los propietarios privados), en comparación con las investigaciones oficiosas que deben
realizarse por la muerte (de los campesinos).
Esto no hace sino aumentar la desconfianza de los movimientos campesinos, ya de por sí
muy extendida a causa de la estrecha relación que las fuerzas de seguridad pública (policía y
ejército) tienen, como los testimonios recogidos acreditan, con los agentes de empresas de
seguridad privada. Las comunidades afectadas viven un estado de violencia e indefensión
ante el temor de salir de sus tierras y ante el acoso de las fuerzas de seguridad y guardias
privadas.
La criminalización de la protesta social, en particular del movimiento campesino, ha tomado
la característica de imputar diversos procesos a los líderes de la comunidad. Tal acoso,
sumado a la dudable imparcialidad de determinados medios de comunicación, ha
degenerado en una estigmatización y criminalización de los campesinos y campesinas del
Bajo Aguán. Se les considera miembros de “comunidades conflictivas” o inclusivo se les tilda
de ¨células guerrilleras¨ y se continúa haciendo referencia, tanto por los propios medios como
por las autoridades, a la posesión de armas por parte de los campesinos. Sin embargo, la
Misión hace notar que todas las autoridades públicas entrevistadas reconocieron que en
ninguna de las diversas militarizaciones y registros en la región, han encontrado armas en
posesión de las comunidades campesinas.
Esta estigmatización tiene un impacto directo en el acceso y disfrute de los campesinos y
campesinas de sus derechos más básicos tales como la salud o la educación. Los menores
de edad son particularmente afectados por el conflicto y el clima de hostigamiento hacia las
comunidades campesinas, los menores son identificados como miembros de familias
guerrilleras y casos de discriminación contra ellos fueron documentados en los casos en que
acuden a la escuela. Muchos no tienen ni siquiera acceso a centros educativos. Situaciones
parecidas se producen en el ejercicio del derecho a la salud. Los campesinos y sus familias
son señalados e incluso a veces rechazados cuando acuden a centros de salud públicos por
parte del personal sanitario.
Se siguen produciendo desalojos forzosos contrarios a los estándares internacionales
relativos a la prevención, realización o seguimiento a esta medida, que debería ser
excepcional. La violencia y el uso excesivo de la fuerza durante los desalojos es una
constante que la Misión corroboró. En la mayoría de los casos se reportaron además la
quema de champas (chozas), y destrucción de los cultivos y de las pertenencias personales
54