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HONDURAS: VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL BAJO AGUAN
Violaciones al derecho a libre asociación en el Bajo Aguán
Varios medios de comunicación ligados a los sectores al servicio de los intereses
económicos y políticos de los promotores del golpe Estado, se han dado a la tarea de
presentar la lucha reivindicativa por la tierra como “delito”, en línea con la posición del
gobierno de catalogar las acciones de los movimientos campesinos como “actos políticos
desestabilizadores”.
El impacto mediático de este conflicto agrario ha provocado en un sector de la población
hondureña una actitud de exclusión y confrontación. Así, durante la militarización y los
asesinatos acontecidos en la comunidad Guadalupe Carney, muchos medios presentaron
estos hechos como fruto de un enfrentamiento por toma de tierras entre una supuesta "célula
guerrillera" y guardias privados de Miguel Facussé.
A esa imagen contribuyó la manipulación de los cuerpos de los campesinos asesinados, a
quienes se les colocaron armas (AK 47) sobre el cuerpo y se les tomaron fotos, para después
retirar las armas. Esas fotos fueron publicadas en algunos medios de comunicación para
defender la tesis. Sin embargo, las fiscalías que conocen el caso dejaron ver en la reuniones
con la Misión, que no comparten tal tesis que según ellos carece de fundamento.
Como ya hemos mencionado, este posicionamiento de los medios es acorde con la posición
del Gobierno y ciertas instituciones públicas. Por ejemplo Samuel Reyes, designado
presidencial, manifestó un día después de los asesinatos de campesinos del MCA en la
Finca el Tumbador, en Diario Tiempo el 16 de noviembre del 2010: “algunos pequeños
campesinos (sic) sienten cierto estímulo por las condiciones políticas que vive el país y por la
línea ideológica del director del INA, puede que por ahí se genere ese estímulo”. El diario
reproduce declaraciones del designado presidencial y miembro de la Comisión de
Seguimientos del acuerdo firmado entre el gobierno y los campesinos del MUCA en abril del
año pasado: “…lo que digo es que en algunos casos se han contaminado ciertas acciones
con aspectos políticos...” 57 . Las autoridades tampoco han querido negar públicamente que
hayan encontrado armas durante la militarización de la comunidad Guadalupe Carney. Lo
mismo sucede con la militarización del INA, donde llegaron a declarar ante los medios que se
iban decepcionados porque no encontraron armas ni allí ni en la región, pero repitieron que
era porque los campesinos las esconden.
Además, la persecución penal continua por parte de las autoridades judiciales a los
campesinos por delitos inexistentes y el constante seguimiento e intimidación por parte de la
policía, grupos de seguridad privada y ejército, refuerzan la estigmatización y percepción
social de los campesinos como grupo guerrillero y violento, no solamente incrementando así
su mala imagen pública y deslegitimando su lucha, sino también provocando un mayor
aislamiento social.
Esta estigmatización se manifiesta en el trato dado por los servicios de salud, entre otros.
Son discriminados por el personal sanitario, tratados con desprecio e incluso se les ha
negado atención médica.
Muchos campesinos plantean que debido a la fuerte estigmatización social y a las órdenes
de captura injustas de las que son víctimas, no sólo son maltratados cuando acceden a los
servicios de salud sino que en ocasiones, para evitar complicaciones, prefieren acudir a
centros privados para no correr el riesgo de ser arrestados, lo que repercute en su acceso a
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Situación de Derechos Humanos en el Valle del Aguán. Informe preliminar de la Misión de
derechos humanos, 8 – 11 de diciembre, febrero 2011.
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