Honduras - Violaciones de Derechos Humanos en el Bajo ... - Cifca

HONDURAS: VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL BAJO AGUAN
que no han sido ejecutadas hasta el momento pues el encargado de los operativos de
desalojo por parte de la Policía Héctor Villatoro les ha dicho que esperan una orden
Presidencial.
De la misma manera, se manejan las órdenes de captura como una forma de presionar los
avances de los convenios y una forma de disuadir toda expresión de desacuerdo del
movimiento campesino. Según la Defensa, existe un alto número de campesinos que tienen
pendientes órdenes de captura y los que logran llegar a un sobreseimiento de sus causas lo
hacen de manera provisional.
Es importante decir que ningún representante de las autoridades fiscales o judiciales
entrevistados ha recibido el informe prometido por el Ejecutivo sobre la tenencia de armas en
la zona, y que según su conocimiento nose encontraron armas.
Principio de oficiosidad de la acción penal pública, sólo para algunos casos.
Según el abogado defensor, desde el punto de vista de las comunidades, “La Fiscalía ha
jugado un papel de apoyo a las sociedades mercantiles” (agroindustriales). Existe la
percepción de falta de voluntad para resolver problemas agrarios por parte de las autoridades
judiciales y de parcialización en contra de campesinos.
“¿Por qué a él (Facussé) no les hacen nada y a nosotros sí?...hay una persecución hacia
nosotros y se nos violentan los derechos humanos y por eso la gente no habla”. (Juan
Chinchilla en Reunión con Fiscalía DDHH).
Cuando se les preguntó a los Fiscales asignados en la oficina de La Ceiba sobre la
responsabilidad de las violaciones de los derechos humanos derivadas de las operaciones de
desalojo, y qué ha hecho la Fiscalía Especial de Derechos Humanos al respecto y de manera
oficiosa, argumentaron que era el papel de la víctima acudir a la Fiscalía, presentando las
pruebas de tales daños y violaciones, para poder actuar, incluso el Fiscal Urbina 76 ,
argumenta que “ellos no tienen evidencias de que esto pase en los desalojos, no existen ni
fotos”. Sin embargo, es de notorio conocimiento público a través de los medios de
comunicación los daños ocasionados por la policía, ejército y guardias de seguridad en los
bienes de los campesinos desalojados.
Además, según testimonios de las víctimas del violento desalojo en la comunidad de Paso
Aguán (grupo Panamá), la comunidad denunció la situación ante la Fiscalía de Trujillo y
recibieron por respuesta: “…que si ni Pepe Lobo lo solucionó, menos ellos…”
El principio de oficiosidad de la acción pública penal está demostrado que en el caso del Bajo
Aguán sólo funciona cuando se presentan los requerimientos contra los campesinos por los
delitos de usurpación. Un Juez Supernumerario afirma, por ejemplo, que los campesinos
estaban en estado de “flagrancia” al tomarse las tierras y que por eso era inevitable las
órdenes de captura y los desalojos.
Hay una admisión abierta de la lentitud de los procesos y la falta de diligencia en los casos
de violación de derechos humanos de campesinos y campesinas del Aguán, incluso por parte
de la Fiscal Especial de Derechos Humanos, Abogada Sandra Ponce, quien justifica diciendo
que “es generalizada la lentitud en la investigación de los derechos contra la vida”.
76
Entrevista con el Coordinador de Fiscales en la Ceiba, y los Fiscales Bessi Villafranca y
Yaskin Urbina, 28 de febrero 2011.
51