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ANEXOS
Anexo 2:
Principales Problemas
del Sistema de Salud
La función de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de
Regulación y Fiscalización en Salud Pública alcanzó un desempeño
de 30%, (Desempeño medio inferior). Los indicadores 1,
2 y 4 logran desempeños por debajo del estándar (50%) y el
indicador 3 tiene un desempeño igual al estándar. Es necesario
fortalecer la capacidad fiscalizadora por la ASN y el desarrollo
de instrumentos y el marco legal para cumplir con esta responsabilidad.
Considerando que es una función que adquiere
mayor relevancia en el proceso de descentralización sectorial y
en el ejercicio de rectoría de la ASN, resulta necesario fortalecer
los procesos relacionados a la implementación de las normas y
su cumplimiento, significando ello una mayor asesoría y apoyo
técnico a los niveles subnacionales, y ver como una oportunidad
a las instancias del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado
de Salud para fortalecer el liderazgo de la ASN y
afianzar más su rol rector normativo y regulador.
A pesar de existir mecanismos de concertación a nivel nacional,
aún no se hace uso extensivo de estos mecanismos y muchas
de estas políticas no han tenido la formulación participativa que
pudiera esperarse. Esto dificulta la planificación a largo plazo
que pudiera dar sostenibilidad a los planes elaborados y continuidad
a las políticas establecidas.
Otro problema a señalar en el tema de planificación es la falta
de información confiable para la toma de decisiones. Se ha
avanzado en la metodología de Análisis de Situación de Salud,
pero aún no se unifican los sistemas de información del Ministerio
encontrándose con frecuencia diferentes cifras para un
mismo indicador, lo que dificulta la toma de decisiones y la
planificación respectiva.
La estructura actual del Ministerio, establecida antes del proceso
de descentralización, en la concepción de un Ministerio
prestador de servicios de salud deviene ahora en inadecuada,
dificultando el ejercicio del rol rector del ministerio.
obligados a promover la participación ciudadana en la formulación,
debate y concertación de sus planes de desarrollo y sus
presupuestos a través de espacios de participación adecuados
para ese fin.
Asimismo la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos,
Ley Nº 26300, regula el ejercicio de estos derechos,
estableciendo, al igual que la norma constitucional, que los derechos
de participación ciudadana son: Iniciativa de Reforma
Constitucional, Iniciativa de la formación de las leyes, Referéndum,
Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y
regionales, otros mecanismos de participación establecidos por
esta ley para el ámbito de los gobiernos municipales y regionales.
Asimismo, la referida norma establece que son derechos de
control ciudadano: La revocatoria de autoridades, la remoción
de autoridades, la demanda de rendición de cuentas y otros
mecanismos de control establecidos por esta ley para el ámbito
de los gobiernos municipales y regionales.
En el caso específico de salud, la Ley General de Salud garantiza
que todo usuario de un servicio tiene derecho a que se le informe
de las características del servicio, se le brinde información
sobre su proceso personal y que se le comunique todo lo necesario
para que pueda dar su consentimiento informado previo a
la aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento.
La Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de
Salud prevé la formación y funcionamiento del Consejo Nacional
de Salud, los Consejos Regionales de Salud y también de los
Consejos Provinciales y Locales de Salud. Dichos espacios de
coordinación y concertación tienen un carácter consultivo y su
composición, determinada por la referida Ley, es mayoritariamente
a base de representantes de las instituciones prestadoras
de servicios de salud. Así, la representación de la sociedad
civil en salud y de las organizaciones sociales de base se ve
limitada a un(a) representante de entre siete o nueve.
Participación Ciudadana
Situación actual:
La participación ciudadana entendida como la participación de
la población en todas las etapas de la gestión pública: planificación,
diseño, implementación y evaluación está consagrada en
la Constitución de 1993, tanto como derecho fundamental de la
persona (art. 17) así como derecho político (art. 31). Igualmente,
la Ley de Modernización del Estado establece la democracia participativa
(art. 8) y el control ciudadano al conferirle el derecho
de participar en los procesos de formulación presupuestal, fiscalización,
ejecución y control de la gestión del Estado (art. 9).
De otro lado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (artículos 3, 5 y 22) garantiza que toda la información
que posee el Estado se presume pública, salvo excepciones
establecidas por ley; y que todas las entidades públicas están
obligadas a publicar sus disposiciones, su organización, recursos
humanos, remuneraciones, presupuesto, adquisiciones,
proveedores y otros.
También la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades
establecen que los gobiernos regionales y locales están
En el nivel prestacional, el Decreto Supremo 01-94-SA norma la
constitución y funcionamiento de las Comunidades Locales de
Administración de Salud (CLAS) a partir del Programa de Administración
Compartida (PAC) y actualmente administran al 35%
de los establecimientos de primer nivel de atención en todo
el país. El PAC desconcentró, por primera vez en el sector, la
asignación y gestión de los recursos del servicio de salud, y ha
contribuido, en un promedio de experiencias nacionales, con la
mejora de la calidad y con una mejor utilización de los recursos
públicos en los establecimientos que son administrados bajo
esta modalidad.
Fuera del ámbito estrictamente prestacional durante las últimas
décadas se han desarrollado mecanismos de organización y representación
locales ya establecidos en algunas regiones como
los SIVICOS, SIVICs, comités de salud y desarrollo. Muchos de
estos mecanismos todavía deben desarrollar capacidades y alcanzar
una mayor articulación con niveles centrales de representación
política.
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