Huracán - Revista Voces

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podía ir después de darles
los buenos días a mis compañeros
de trabajo, opté
por entrar primero a mi
local, comprendiendo de
paso que esta vez la cosa
iba en serio.
Lo olfateé en el gesto
entrecortado y distante de
algunos de mis colegas, y
segundos después, de manera
más explícita, lo supe
por el oficial de Seguridad y
Protección del centro,
quien se encargó de conducirme
personalmente hasta
la Dirección. Para que no
hubiera más desvíos en el
trayecto.
Por eso ahora, cuando
tres trabajadores de diversas
áreas entran casi al
unísono por la puerta, y
toman asiento a mi lado, no
me cabe duda de que asisto
a una escena (como protagonista)
para la cual, siendo
honesto, sí estaba preparado,
pero que no imaginé
que pudiera llegar tan pronto.
El silencio es absoluto.
Ernesto Douglas se limita a
alcanzar un documento que
(solo ahora reparo en él) se
encontraba privilegiadamente
ubicado a su diestra,
sobre el buró. Lo extiende
hacia mí y dice:
—Ve leyendo esto.
Cuando termines hablamos.
Mi lectura duró mucho
más de lo deseado por la
paciencia general. Comprender
a carta cabal esta
“Resolución 12 del 2010”,
plagada de “por cuantos”,
siglas, referencias jurídicas,
y una redacción por momentos
incoherente, fue un
verdadero ejercicio académico.
Sin embargo, la esencia
de lo que tenía en mis
manos no admitía dudas:
mediante la Resolución 12
del año en curso el Director
de la institución me expulsaba
de la misma. De manera
definitiva.
¿Me tomaba por sorpresa
Nuevamente: no. Mi
única sorpresa provenía de
la premura con que esta había
aparecido. Y, por otra
parte, del motivo esgrimido
para hacerlo. Veamos.
Detrás de este encuentro
(que aunque me esfuerce
por no hacerlo, no puedo
dejar de calificar con un
solo término: represivo),
figuraban cuatro nombres
en específico. Eran la base
del iceberg. Los tres primeros
eran nombres propios:
Yoani Sánchez, Reinaldo
Escobar, Orlando Zapata
Tamayo. El tercero era un
apelativo artístico: Los
Aldeanos.
Hacía muy poco que
había publicado yo en la red
dos trabajos que los tomaban
a ellos como centro.
Primero, un artículo (“Revolution
en la Aldea”) que
basándose en un documental
de Mayckell Pedrero sobre
este dúo de rap, analizaba
aspectos musicales,
sociales e ideológicos en
torno al controversial y talentoso
grupo. Luego, con el
título “La muerte que nunca
debió ser”, una valoración
sobre la tragedia de ese
pobre hombre llamado Orlando
Zapata Tamayo, que
murió de una muerte horrenda,
y cuyo caso mucho
le pesará en la memoria a
la nación, a todos un poco
por igual. Y finalmente, una
extensa entrevista titulada
“Un límite para todos los
odios”, con la blogger de
Generación Y y su esposo,
el también periodista Reinaldo
Escobar.
Conociendo la deprimente
situación de los
medios de prensa de mi
país, no tuve siquiera la
ingenuidad de pretender
publicar estos escritos en
algún espacio oficial, dígase
revista, periódico o sitio
web de la red nacional. Y
conociendo (también) la
minusvalía de la libertad de
expresión en mi país, no supuse
que luego de ejercer
mi derecho a la voz propia,
a cuestionar críticamente
las actitudes y decisiones
que al más alto nivel se estaban
tomando, iba a pasar
indemne a las represalias.
Causa y efecto.
Pero el motivo que la
Resolución 12/2010 refería
como la falta grave por mí
cometida parecía el fruto
de una mentalidad creativa
capaz de emular con el mejor
George Orwell, y ya aquí
mi adaptación al absurdo,
mi resistencia al asombro,
no pudo menos que ceder.
¿De qué se me acusa Pues
de, en mi calidad de periodista
con una cuenta personal
a Internet (solo utilizable
en mi centro laboral),
“hacer un uso desmesurado
de la navegación, accediendo
a sitios de carácter
subversivo y contrarrevolucionario
contra nuestro
país, a los cuales no tenía
autorización a acceder”.
Estoy seguro: el desdichado
redactor de este
escrito debió sudar hielo
para no mencionar de forma
expresa la verdadera causa
de mi expulsión. Pero como
no hablar de esta parecía
más difícil que sí hacerlo, el
escriba cedió al impulso.
Dijo: “Se verificó igualmente
la publicación de artículos
en los sitios antes referidos”.
Solo eso.
Pongamos, pues, en
claro el argumento: no se
me sancionaba por publicar.
Nada de eso. Hacerlo habría
confirmado ciertas acusa-