6 CONCLUSIONES 6.1 Factores principales para un desarrollo ...

grandes metrópolis por su dinámica y sus relaciones con el ambiente nacional, presentan un atractivo
creciente para la población urbana.
Ecuador confirma esta doble tendencia, a través de una desigualdad en la distribución geográfica y la
concentración de la población en los dos polos principales del país que son las ciudades de Quito y
Guayaquil, dos metrópolis cuya población pasó de 15 % a 28% con respecto a la población del país
(INEC, VI Censo de Población 2001) y que representan centros de atracción para sus respectivas
regiones que son la Sierra y la Costa. Y si bien el tejido urbano funciona alrededor de estos dos polos,
existen también ciudades de todos los tamaños que cumplen distintos papeles: polos regionales,
centros provinciales, centros locales, y ciudades agrícolas, entre otras.
Tal como habíamos planteado en las hipótesis iniciales, y sobre las que nos parece oportuno volver, el
atractivo de los centros urbanos regionales provendría de una doble tendencia. Por un lado, debido al
efecto de saturación de las grandes aglomeraciones metropolitanas por falta de espacio habitable, de
acceso difícil y oneroso a los equipamientos y servicios a la comunidad y por el otro, como
contrapartida, a través de una oferta cada vez más seductora con respecto a una calidad de vida (real o
imaginaria), tanto en el plano medioambiental como en el plano de la seguridad y de lo social, del
empleo y de un costo inferior de integración a “lo urbano”.
Es muy difícil verificar tales presupuestos en el plano estadístico y contable, ya que elementos como
éstos están por una parte totalmente objetivados (valores de bienes raíces e inmobiliarios, monto de los
salarios, etc.) pero por otra parte, también fuertemente dependientes de apreciaciones psicosociales
difícilmente cuantificables. Sin embargo, algunos puntos merecen ser puestos en relieve como
aquellos que pueden fundamentar estas elecciones residenciales que otorgan una nueva oportunidad a
las ciudades medianas y pequeñas.
Hemos visto que en Ecuador, de manera general, la desigual distribución de la población sobre el
territorio se debe a factores de orden histórico, físico, y sobre todo, socioeconómico. Los procesos de
crecimiento demográfico urbano se deben fundamentalmente a la migración de las poblaciones en
búsqueda de empleo, de educación y de un mejoramiento general de sus condiciones de vida. En el
caso particular de Cayambe por ejemplo, del total de inmigrantes provenientes de la provincia de
Pichincha (que representa un tercio de la inmigración intra-provincial en el Cantón), el 32.5%
proviene de Quito.
Las metrópolis muy grandes padecen numerosos males que repercuten prioritariamente sobre las
poblaciones más pobres y cuyo status es el más precario.
Se trata ante todo, del acceso al suelo y de la inadecuación de las modalidades de posesión de la tierra
frente a residentes de data reciente o de ciudadanos de bajos ingresos que no poseen los recursos
económicos y los contactos sociopolíticos que les permitan seguir los pasos regulares de apropiación
de los terrenos. De esto surge un doble movimiento: de informalización de los procesos de acceso a los
terrenos habitables por invasión individual o grupal, o a través de negociaciones ilícitas con
intermediarios privados o públicos; de segregación territorial a través de la cual estos individuos se
ven rechazados hacia los espacios más desvalorizados en el plano económico (zonas periféricas sin
equipamiento, zonas peligrosas ecológicamente, intersticios provisorios en los centros urbanos en
transformación) (Durand-Lasserve & Royston, 2002).
La misma presión comprobada en el campo de bienes raíces se repite en el acceso a la vivienda. Por
idénticas razones financieras, estos mismos individuos y sus familias no pueden seguir jamás las
reglas dictadas por las autoridades responsables con respecto a las modalidades de construcción y de
obtención del título de propietario. El sector “informal” es la única solución adaptada a sus
necesidades. A través de formas de solidaridades familiares o comunitarias y siguiendo un ritmo
adaptado a la capacidad de financiamiento de las familias, nuevas viviendas aparecen sin que la
precariedad de su asiento legal esté resuelta, a veces durante varias décadas (Gilbert, 1992). Esta
incertidumbre frente al porvenir material y social de las familias pobres será particularmente notable
en los barrios intra-urbanos sometidos a la especulación inmobiliaria; y lo será igualmente en las
comunas donde los gobiernos locales adoptan políticas represivas (Bolay, 2002).
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