Escenas Laborales - AELE

ANÁLISIS LEGAL
Esta limitación impide cuestionar una resolución judicial
que insiste en mantener una irregularidad procesal básica,
pese a los recursos impugnatorios que ejerza la parte perjudicada.
Ello representaba una situación según la cual
el afectado no podía acceder a la acción de amparo, pues
el juez estaba en condiciones de rechazar de plano la acción
incoada.
El nuevo texto legal (artículo 4º) permite ejercer la acción
de amparo aún en el caso de «resoluciones judiciales
firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal
efectiva», resultando sólo improcedente si el afectado dejó
consentir la resolución que dice agraviarlo.
El mismo artículo señala lo que debe entenderse por tutela
procesal efectiva manifestando que es «aquella situación
jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo,
sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional,
a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial
en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada
ni sometido a procedimientos distintos de los previstos
por la ley, a la obtención de una resolución fundada en
derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a
la imposibilidad de revivir procesos fenecidos...».
Se corrige así una circunstancia anómala que sucede
con alguna frecuencia, permitiéndose un examen más detallado
de aspectos procesales que no pocas veces son atropellados
por ligereza o por falta de profesionalidad de jueces
o vocales.
Sin embargo, teniendo en cuenta nuestra realidad y práctica
procesal, es probable que, con esta medida, se prolonguen
innecesaria e indebidamente los procesos, pues el litigante
perdedor encontrará en esta posibilidad que le brinda
el nuevo Código, oportunidad para probar suerte utilizando
complementariamente la vía del amparo.
3.2. La acción de amparo en relación con temas de
incidencia laboral. Al parecer el Código Procesal Constitucional
habría introducido una variante de importancia respecto
a la utilización de la vía del amparo como medio
adecuado para dilucidar determinadas situaciones de carácter
laboral. Se trataría de aquellos casos que afectan
algún derecho fundamental del trabajador subordinado, sobre
todo en lo relacionado con la permanencia o arraigo
del servidor en su puesto de trabajo, frente a la decisión del
empleador de dar por concluido el vínculo laboral cuando
no existe causa justa que sustente tal medida.
Dentro de los alcances de la actual legislación sobre el
amparo, la utilización de esta vía, prescindiendo de la determinada
por la Ley Procesal del Trabajo, resultaba una
opción a tomar por el justiciable, ya que dentro de nuestro
ordenamiento jurídico anterior a la vigencia de la Ley Nº
28237, el proceso de amparo no constituye una vía subsidiaria
a la que se pueda acudir sólo cuando no existan
otras normas idóneas para dilucidar controversias en relación
con algún derecho constitucional.
El Tribunal Constitucional se ha encargado más de una
vez de señalar que el amparo resulta un proceso alternativo
según el cual la protección de los derechos fundamentales
de la persona queda librada a la decisión que tome el
afectado, teniendo éste para escoger sea el proceso laboral
o la vía del amparo.
• A partir de la vigencia del Código Procesal Constitucional,
no sería posible esta alternativa, pues su artículo 5º ha
determinado que no proceden los procesos constitucionales
–el amparo es uno de ellos– cuando «existan vías procedimentales
específicas, igualmente satisfactorias, para la protección
del derecho constitucional amenazado o vulnerado»,
situación ésta que no está considerada en el artículo 6º de la
Ley que actualmente regula las acciones de garantía.
Estimamos que existiendo expresamente considerado en
la Ley Procesal del Trabajo el conocimiento de los jueces de
Trabajo respecto a temas tales como la impugnación del
despido; el cese de actos de hostilidad del empleador; el
incumplimiento de disposiciones y normas laborales, cualquiera
fuere su naturaleza; el pago de remuneraciones y
beneficios económicos, etc. como lo determina el artículo 4º
de la Ley Nº 26636, ya no se daría la opción a cargo del
trabajador a que nos hemos referido, pues de acuerdo a
las nuevas normas no podrán ser aceptados los recursos de
amparo sobre estos temas, pues el artículo 47º del Código
Procesal Constitucional faculta al juez para «rechazar liminarmente
una demanda manifiestamente improcedente en
los casos previstos por el artículo 5º del presente Código».
Naturalmente que el hecho de que pueda resultar inviable
la acción de amparo para estos casos, no significa que
necesariamente cambiarán los criterios que el Tribunal Constitucional
(TC) ha venido sosteniendo en los últimos años
sobre todo en lo relacionado con el despido arbitrario. Los
jueces y vocales laborales, así como los miembros de la
Sala Suprema que tengan a su cargo la solución de los
recursos de casación que se promuevan sobre este tema,
podrán adherirse a la tendencia generada por el TC, o
bien variar sus alcances con la sustentación legal que fundamente
válidamente la distinta posición asumida.
3.3. Plazo para la interposición de la acción de amparo.
El artículo 44º del Código Procesal Constitucional fija en
sesenta (60) días hábiles el plazo para iniciar esta acción.
Se contará a partir del momento en que se produzca la
afectación, siempre que el interesado «hubiese tenido conocimiento
del acto lesivo y se hubiere hallado en posibilidad
de interponer la demanda».
En la aún vigente legislación, el artículo 37º de la Ley Nº
23506 se refiere al plazo señalando que «el ejercicio de la
acción de Amparo caduca a los sesenta días hábiles de
producida la afectación, siempre que el interesado, en aquella
fecha, se hubiese hallado en la posibilidad de interponer
la acción...».
Sobre este aspecto, no existe mayor variación entre
ambas legislaciones.
3.4. Vigencia del Código Procesal Constitucional. La
Segunda Disposición Transitoria y Derogatoria de este Código
determina que entrará en vigencia «a los seis meses
de su publicación en el Diario Oficial El Peruano», lo que
considerando la fecha de publicación de la Ley Nº 28237,
(31 de mayo de 2004) nos lleva a concluir que el Código
iniciará su vigencia el 1º de diciembre de 2004.
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JULIO 2004