Informe completo - Asociación de Investigación y Estudios Sociales

Instituto de Derechos Humanos
Universidad de San Carlos de Guatemala
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Universidad Rafael Landívar IIJ/URL
Revista de
Derechos Humanos
Año III, Núm. 4
Guatemala, 2005

Instituto de Derechos Humanos
Universidad de San Carlos de Guatemala
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Universidad Rafael Landívar
Año III, Núm. 4
REVISTA DE
DERECHOS HUMANOS
Guatemala, 2005

Revista de Derechos Humanos / Instituto de Investigaciones Jurídicas
(IIJ), Instituto de Derechos Humanos (IDHUSAC). [2003 - ]
Guatemala: Universidad Rafael Landívar. (IIJ): Universidad
de San Carlos de Guatemala. (IDHUSAC). 2005. Año III, Núm. 4
(julio – diciembre de 2005).
333 págs.
ISBN 99922-886-0-4
1. Derecho agrario 2. Agricultura - Aspectos ambientales
3. Derecho constitucional 4. Derechos humanos - Guatemala
5. Emigración e inmigración 6. Pobres - Condiciones sociales
7. Derechos humanos – Honduras 8. Derechos del niño
9. Adolescencia - Aspectos sociales 10. Derecho consuetudinario indígena
Revista de Derechos Humanos, año III, número 4, 2005.
D.R. © Proyecto Regional de Apoyo a la Educación, Capacitación e Investigación en
Derechos Humanos en Centroamérica, con el apoyo del Gobierno de Finlandia
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD–.
Sede del componente de investigación del Proyecto:
Universidad Rafael Landívar, Campus Central,
Vista Hermosa III, zona 16, edificio “O”, 2º. nivel
Aportado Postal: 39-C, Ciudad de Guatemala
Guatemala, 01016
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Editora responsable: Raquel Montenegro Muñoz
Impreso en Serviprensa S. A.
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Ciudad de Guatemala, Guatemala
El contenido de los artículos incluidos en la presente publicación es responsabilidad de cada autor y,
por lo tanto, no necesariamente coincide ni compromete la posición del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar ni del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, agentes implementadores del componente de investigación del Proyecto.

CONSEJO EDITORIAL
Directora del Instituto de Derechos Humanos de la
Universidad de San Carlos de Guatemala
–IDHUSAC–
M. A. María Elisa Sandoval Argueta
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Rafael Landívar
–IIJ/URL–
Dr. Larry Andrade-Abularach
Jefe Académico e Investigador Principal del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Rafael Landívar –IIJ/URL–
M. A. Gustavo García Fong
Coordinador Nacional del Proyecto Regional de Apoyo a la Educación,
Capacitación e Investigación en Derechos Humanos en Centroamérica
M. A. Pablo Gerardo Hurtado García
Secretaria del Consejo Editorial
M. A. Raquel Montenegro Muñoz

ÍNDICE
PRESENTACIÓN ........................................................................................................................................7
DOCTRINA
Nuevas dimensiones del derecho agrario y una justicia agraria para el siglo XXI .............................. 11
Ricardo Zeledón Zeledón
Los derechos humanos individuales a la luz de la Constitución Política de
la República de Guatemala y los instrumentos internacionales ...........................................................79
Carmen Patricia Jiménez Crespo
Factibilidad y viabilidad de construir una plataforma de acción social con
instituciones atingentes a los derechos humanos en Guatemala ........................................................ 117
Jorge Alejandro Batres Quevedo
En defensa de los pobres ....................................................................................................................147
Antonio Francisco Mosquera Aguilar
El andar del migrante hacia el norte .................................................................................................179
Carol Lisseth Girón Solórzano
Los derechos económicos, sociales y culturales desde la perspectiva de las mujeres .......................197
María Eugenia Solís García
Una mirada a la infancia y a la adolescencia. Sus derechos y la violencia .......................................219
Miriam Ileana Argueta Laines
INVESTIGACIÓN
Restitución de la armonía cósmica. Propuesta jurídica de
los pueblos originarios de Abya Yala .................................................................................................247
José Emilio Rolando Ordóñez Cifuentes
RESEÑAS
Recensiones de tesis sobre Derechos Humanos ................................................................................319
Claudia María López David
Pablo Gerardo Hurtado García

–6–

PRESENTACIÓN
Con la ayuda del Proyecto Regional de Apoyo a la Educación, Capacitación
e Investigación en Derechos Humanos en Centroamérica, y trabajando en
cooperación el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San
Carlos de Guatemala y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Rafael Landívar, agentes implementadores del componente de investigación
del proyecto, ha sido posible la publicación de la Revista de Derechos Humanos,
número 4.
En relación con su contenido, se establecieron algunos criterios dada la naturaleza
de la publicación y, el Consejo Editorial decidió incluir algunos temas
doctrinarios, investigaciones efectuadas en el marco de este programa y reseñas
sobre tesis que fueron presentadas con el tema de derechos humanos; todo este
material está relacionado con la temática más actual y vigente, a la cual se le
debe dar el tratamiento adecuado en estos espacios, para ser socializadas con
los entes responsables de la implementación de políticas públicas y colaborar de
esta manera con la presentación de ponencias que contengan acciones posibles y
ejecutables, con el ánimo de coadyuvar en la solución de problemas nacionales,
que es una responsabilidad de todos y todas los ciudadanos y las ciudadanas.
Por otra parte, la experiencia de haber publicado las revistas anteriores, nos demuestra
que éstas contienen una riqueza bibliográfica que es utilizada por estudiantes
e investigadores y que cada día son más los que están interesados en profundizar
en la temática de derechos humanos más ahora que nuestras universidades en sus
respectivas curricula, mediante los rediseños curriculares, están incorporando en
la educación superior el tema de los derechos humanos.
–7–

Al ser esta publicación, parte de un proyecto educativo y con la certeza de que
la educación transforma y libera a los pueblos, esperamos que la misma sea una
contribución a la sensibilización de sus lectores y que poco a poco se vaya internalizando
en los colectivos sociales, la necesidad de la promoción, defensa y ejercicio
pleno de los derechos humanos, que nos lleve a alcanzar el bienestar general y la
vida en plenitud que es el deseo de todas las personas.
M. A. María Elisa Sandoval Argueta
Directora del Instituto de Derechos Humanos
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala –IDHUSAC–
Dr. Larry Andrade-Abularach
Director del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar
–IIJ/URL–
M. A. Raquel Montenegro Muñoz
Secretaria del Consejo Editorial
de la Revista de Derechos Humanos

DOCTRINA

NUEVAS DIMENSIONES DEL
DERECHO AGRARIO
Y UNA JUSTICIA AGRARIA
PARA EL SIGLO XXI

RICARDO ZELEDÓN ZELEDÓN
Costarricense, licenciado en derecho, con especialidad en derecho público por la Universidad
de Costa Rica, doctor en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid, cursó un post doctorado en la Facoltà di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Pisa, Pisa, Italia; además, posee la especialización en derecho
agrario internacional y comparado, en el Istituto di Diritto Agrario Internazionale e
Comparato, Florencia, Italia. También llevó a cabo una pasantía en la Court de Cassatiòn,
Paris, Francia.
Su labor profesional ha sido ardua, pues se ha desempeñado en múltiples cargos,
tales como magistrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Costa Rica,
magistrado de la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental, México-
España. También ha sido catedrático de la Universidad de Costa Rica, presidente de la
Academia Costarricense de Derecho, presidente de la Asociación Costarricense de Derecho
Agrario, presidente de la Asociación de Juristas del Derecho Agrario Costarricense
y presidente de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios, con sede en Pisa, Italia.
Actualmente es el presidente del Comité Americano de Derecho Agrario.
Ha publicado gran cantidad de libros tanto en Costa Rica como en Argentina,
México, Brasil y Colombia; ha dirigido obras colectivas con autores latinoamericanos
y europeos en derecho agrario, derecho civil y derecho procesal.
Tiene más de 125 artículos publicados en revistas especializadas de Europa y
América Latina, producto de sus investigaciones científicas, dictámenes, discursos
académicos y relaciones presentadas en congresos internacionales. Después, muchos
de éstos fueron incorporados en libros publicados en Costa Rica y diversos países de
América Latina.
Participó como jurista en la investigación interdisciplinaria “Evaluación del Proyecto
de Titulación de Tierras de Honduras”. También intervino como jurista en la investigación
interdisciplinaria “Diagnóstico para el Establecimiento de un Proyecto de Tierras
para Panamá”. Además, fue el jurista codirector de la investigación interdisciplinaria
“Evaluación del Proyecto de Titulación de Tierras en República Dominicana”, junto
con David Stanfiel, del Land Tenure Center de la Universidad de Wisconsin, Estados
Unidos. Asimismo, dirigió el Proyecto de Tribunales Agrarios para América Latina, del
ILANUD, en San José, Costa Rica.

RESUMEN EJECUTIVO
Las nuevas dimensiones del derecho agrario deberán ser analizadas en dos
ámbitos distintos, vinculados entre sí, el primero inmerso en el mundo del
derecho, el segundo como producto de los grandes movimientos de solidaridad
impulsados a partir de las cumbres de Naciones Unidas donde se encuentran
las definiciones y los valores por donde aspira a caminar la humanidad del futuro.
En el ámbito del mundo del derecho, las nuevas dimensiones toman en cuenta que
el derecho agrario de los mercados emana como exigencia para la co mer cializa ción
de los productos agrícolas y que la vertiginosidad jurídica del derecho ambiental ha
producido transformaciones profundas; además, debe considerar el desarrollo como
derecho fundamental y la modernización de los sistemas judiciales.
Como respuesta a nuevas dimensiones de la humanidad el derecho agrario
propone respuestas, tales como la seguridad alimentaria. Esta constituye una de
las grandes columnas vertebrales de la solidaridad y la construcción de un derecho
agrario para la paz.
Una reforma estructural, profunda y humanista del sistema de administración
de justicia para el derecho agrario, debe dirigirse a la consecución de dos ideas
fundamentales, impuestas por el derecho procesal comparado a todo tipo de modernización
procesal: abandonar el sistema ineficaz de la escritura, para vincularse al de
la oralidad y la modernización, orientada a superar la multiplicidad de los sistemas
procesales y a eliminar la infinidad de procedimientos especiales. El fin del proceso
de modernización, es la reorganización y la reestructuración judicial agraria, para
concebir un sistema más eficiente. Dentro de ésta se inscribe la reforma procesal
del derecho agrario.
–13–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
La columna vertebral del nuevo sistema procesal, debe estar constituida por
una estrategia de conciliación, llamada a darle un sentido más humano, eficiente y
pacífico al proceso. El juez agrario de la oralidad debe ser un personaje extremadamente
dinámico, de ingenio agudo y profundo, impulsor de actividad creativa dentro
del proceso, capaz de encontrar fórmulas de entendimiento en un diálogo para la
paz, impulsor de soluciones, investigador acucioso de la verdad, profundamente
perspicaz para ingresar en los casos y llevarles luz jurídica, comprometido con el
desarrollo del derecho y su misión en la sociedad. El tránsito de un sistema escrito
a uno oral también significa una evolución del papel y el protagonismo del abogado
dentro del proceso.
–14–

NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
ABSTRACT
The new dimensions of the agrarian laws should be analyzed in two different
fields, linked within each other. In the first field is immersed the world of
the law. In the second one the result of the large movements of solidarity
prompted from the Summits of United Nations where the definitions and values of
humanity pretend to walk in the future.
In the environment of the world of the law, the new dimensions that should be
taken into account are that the agrarian laws applied to the markets originate the
demand for the commercialization of the agricultural products that the rapid changes
in the legal system have produced deep transformations, besides, the development
should be considered as a fundamental right and the modernization of the legal
jurisdiction.
In response to the new dimensions of humanity the agrarian laws propose
answers, such as: the alimentary security which constitutes the big backbone of the
solidarity, the construction of an agrarian law for the peace.
A deep, structural and humanist reform of justice administration system for the
agrarian law should be directed to the achievement of two fundamental ideas imposed
by the straight procedural compared to all kinds of procedural modernizations:
to abandon the ineffective system of writing to be linked to the oral speech and the
modernization oriented to overcome the mutiplicity of the procedural systems and
eliminate the infinite special procedures.
The aim of the process of modernization is the re-organization and restructuring
of the Judicial Agrarian System, to conceive a more efficient one. The procedural
reform of the agrarian law is considered here.
–15–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
The backbone of the new procedural system should be constituted by a strategy
of conciliation so that the process is more human, efficient and peaceful while the
agrarian judge for the oral speech should be an extremely dynamic person, with a
deep and sharp talent, very creative in the process, capable of finding formulas of
understanding in a dialogue for the peace, and proposer of solutions, and a diligent
investigator of the truth, deeply perceptive to deal with the cases and committed
with the development of the law and his mission in the society. The transit from a
writing system an oral means also an evolution of the role and the prominence of
the lawyer in the process.
–16–

NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
CONTENIDO
1. Los grandes cambios en el derecho agrario. Críticas. El dilema
frente a las emergentes vicisitudes de los últimos tiempos ............................19
2. Las nuevas dimensiones ofrecidas al derecho agrario por
los avances del derecho en general y por la conciencia
internacional a través de la solidaridad ..........................................................22
3. Primera dimensión jurídica: el derecho
agrario de los mercados ..................................................................................24
4. Segunda dimensión jurídica: el ambiente .......................................................27
5. Tercera dimensión jurídica: el desarrollo .......................................................29
6. Cuarta dimensión jurídica: la modernización de
los sistemas judiciales ....................................................................................30
7. Las nuevas dimensiones de la humanidad a
través de la solidaridad ...................................................................................31
8. Trascendencia de las nuevas dimensiones
para el nuevo derecho agrario ........................................................................34
9. La justicia agraria y ambiental como
otra dimensión del nuevo derecho agrario .....................................................35
10. Éxitos y retos de la justicia agraria en Latinoamérica y
sus etapas evolutivas ......................................................................................37
11. Problemas y desafíos genéricos de los poderes judiciales
a superar por la justicia agraria y ambiental ...................................................48
12. Los nuevos horizontes de la justicia agraria y ambiental ...............................50
13. La modernización del sistema judicial agrario y
ambiental a través de un sistema estructurado de fuentes
e interpretación del derecho ...........................................................................55
14. La nueva justicia agraria y ambiental .............................................................59
15. La urgencia de la sociedad civil por una nueva
justicia agraria más humanista .......................................................................61
16. Los fines de una reforma procesal humanista ................................................63
–17–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
17. Por un proceso más humano fundado en la oralidad y la inmediatez ............65
18. Estrategia para superar los dogmas encargados
de alargar el proceso e impedir la aplicación de la justicia ............................67
19. Procesos agrarios de única instancia,
con casación en ordinarios y apelación en los demás ....................................70
20. La conciliación como columna vertebral para
un proceso agrario humanista, fundado en
la búsqueda concertada de la paz ...................................................................72
21. El juez agrario de la oralidad debe ser más humano,
respetuoso de las partes, sin alterar el equilibrio,
la justicia ni la verdad. ....................................................................................75
22. El papel histórico del abogado dentro
del proceso agrario humanista ........................................................................76
–18–

NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO
Y UNA JUSTICIA AGRARIA
PARA EL SIGLO XXI*
RICARDO ZELEDÓN ZELEDÓN
1. Los grandes cambios en el derecho
agrario. Críticas. El dilema frente a
las emergentes vicisitudes de los
últimos tiempos
Cuando el mundo avanza nutrido
de gran inspiración, con paso
sólido, con una mente profundamente
abierta y positiva, no obstante haber
pasado pensativo por el umbral, para
entrar victorioso hacia el siglo XXI, el
derecho agrario también ha recibido todo
ese influjo de gran positivismo y, por
ello, se le identifica con características
absolutamente novedosas, pues ahora
se ofrece dentro del complejo sistema
jurídico como un producto mucho más
acabado y sustancialmente distinto al de
sus orígenes.
Las profundas variaciones conocidas
en los últimos años del siglo anterior le
impregnan nuevas, evidentes y complejas
dimensiones. Son variantes de la más
diversa índole. De aquel origen incipiente,
rico en realidades y profundamente
comprometido con el fortalecimiento
jurídico de una nueva agricultura, ha
pasado a una nueva etapa, donde conoce
una marcada formación y desarrollo, difícilmente
conocida por otras disciplinas
jurídicas. Sus fuentes se han multiplicado
para ofrecer un ordenamiento jurídico
cada vez más completo y orgánico, tanto
en el plano normativo como axiológico,
en un proceso en permanente evolución
y cambio.
Las nuevas dimensiones se descubren
en la evolución misma de la humanidad.
En Europa se encuentra una
conformación sociopolítica diferente,
pero profundamente enraizada con la
agricultura, base de una larga historia
agraria con proyecciones, siempre
* Conferencia pronunciada el 7 de febrero de 2006 en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia con motivo
de la inauguración del Diálogo Nacional Agrario Intersectorial convocado por la Presidenta de la Corte Suprema
de Justicia de Guatemala.
–19–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
comprometidas con fortalecerla a través
de un sistema jurídico y político cada
vez más perfeccionado. Por su parte,
América Latina también ha evolucionado
dentro de un sensible cambio de
su equilibrio y orientación, donde el
retorno a lo agrario cada vez se percibe
como una alternativa de proyecciones
incalculables. Evidentemente, el mundo
es otro, ha salido de etapas difíciles y
oscuras para proyectarse con una personalidad
e inspiración absolutamente
nueva. La agricultura y sus normas sufren
el impacto positivo de fenómenos
cada vez más originales, con horizontes
más profundos y retos de la más diversa
naturaleza.
Dentro de los efectos más evidentes
se encuentran los cambios ocurridos en
casi todos sus institutos fundamentales.
Surgen en forma espontánea muchísimos
con gran vigor y solidez, de ahí el nacimiento
de un complejo conjunto muy
diferente al de los orígenes de la disciplina,
también se manifiesta una cierta
metamorfosis en otros como consecuencia
de las nuevas vicisitudes económicas
e históricas, y en ese complejo proceso
también se presencia la desaparición de
algunos otros institutos, otrora fundamentales,
como consecuencia de todos
estos grandes cambios.
En esta marcada evolución, o involución
para otros, la doctrina se ve afectada,
progresando en la mayoría de los casos,
lanzada hacia la construcción de nuevas
fórmulas jurídicas o fundando las bases
para una cada vez más sólida teoría general.
De la misma manera, un sector de
la doctrina agrarista se muestra perplejo u
oscilante, incluso cambiante e inseguro.
Dentro del sector de los escépticos,
hace algunos años se comenzaron a
escuchar muchas tesis pesimistas. Ante
los profundos cambios, cuya reacción
fue quedar estáticos, se anunció la crisis
del derecho agrario e incluso su propia
desa parición.
La influencia economicista impulsada
por la Organización Mundial
del Comercio comenzó a dividir a los
agraristas, pues muchos encontraron en
aquella definición fría, calculadora, donde
la agricultura del capitalismo pretende
ser tratada en los mismos términos del
comercio o la industria, una orientación
política llamada a negar la inspiración
social propia del nacimiento de la disciplina;
otros, por el contrario, se sumaron
a ese proceso para darle una explicación
distinta, considerándolo como la única
alternativa válida para la agricultura. El
impacto del comercio internacional generó
las más diversas tomas de posición.
Para un sector de la doctrina clásica
latinoamericana, nacida al calor de la
reforma agraria, cuya tesis se inclinó por
identificar al derecho agrario con dicha
reforma, predicen el derrumbamiento
–20–

NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
de las bases mismas de la disciplina,
porque han podido constatar la brutal
derogatoria de grandes modelos jurídicos,
encargados de iluminar importantes
procesos reivindicatorios para la región.
Dentro de esos casos se subraya con
nostalgia lo ocurrido en países como
México, Perú y Ecuador. También denuncia
esta corriente doctrinaria la pérdida
de juridicidad palpable en muchos
otros países con procesos de la misma
índole, donde incluso hay definiciones
políticas evidentes, dirigidas hacia la
desregulación o hacia la negación de los
principios de leyes aún vigentes, pero sin
contenido real. Estas críticas encuentran
un respaldo tangible en la multiplicación
de los levantamientos armados en el
campo, tanto de sectores campesinos
como indígenas, cuyos reclamos de tierras
recuerdan las luchas de las primeras
décadas del siglo pasado.
Para unos pocos, la creación misma
de los tribunales agrarios en muchos
países latinoamericanos, constituye un
retroceso, pues consideran ese fenómeno
como el tránsito de un “derecho de
los campesinos” a un “derecho de los
abogados”.
Casi todas las críticas encuentran
una coincidencia en señalar la negación
de lo social, el empobrecimiento de la
agri cul tura de la región y la pérdida de
prota go nismo de la agricultura en la
onda neoliberal, pues por la vía de la
apertura de mercados donde los ciudadanos
pobres del campo sólo adquieren
el calificativo de consumidores, se ha
pues to en peligro todos los institutos nacidos
al calor de la tutela de los derechos
humanos económicos y sociales. El crédito
agrario fue uno de los institutos más
afectados con esta visión econo micista,
pues se acusa de haber sido el primero
en desaparecer.
En este complejo movimiento de
frustración, de pesimismo, originado en
la década de 1980, también se ha impac tado
a importantes sectores de los cul to res
del derecho agrario. Por ello, insignes
juristas abandonan su enseñanza, pues
comenzaron a considerarla como parte de
la historia del derecho, porque los nue vos
fenómenos la muestran como una rama
jurídica deformada, la cual dista mucho
de todo cuanto fue en sus orígenes.
El agrarista del nuevo siglo, del nuevo
milenio, se encuentra evidentemente
frente a una compleja coyuntura, una
encrucijada, un dilema donde tiene dos
gran des opciones frente a todas estas
gran des modificaciones o alteraciones.
La primera resulta mucho más compleja
y comprometedora. El agrarista se ve
compelido a investigar todos estos profundos
cambios para valorar todo cuanto
hasta ahora ha acontecido, es decir, debe
determinar a ciencia cierta, si en este
proceso han operado verdaderos avances
para encontrar el nuevo derecho agrario
–21–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
o, por el contrario, identificar todos los
factores de estos retrocesos, para encontrarles
una adecuada solución. Urge
conocer el estado actual de las fuentes
normativas, fácticas y axioló gi cas para
llegar a determinar los alcances de su
contenido. Sólo así, recurriendo a modernos
criterios de interpretación podrá
fortalecer y descubrir el nuevo derecho
agrario, decidir si efectivamente se empeña
en continuar luchando por construir
su ciencia. La segunda opción resulta ser
mucho más simple, consistiría en aceptar
irremediablemente la crisis, no hacer
absolutamente nada y acusar el estado
terminal del derecho agrario.
2. Las nuevas dimensiones ofrecidas
al derecho agrario por los avances
del derecho en general y por la
conciencia internacional a través
de la solidaridad
El descubrimiento de las nuevas
dimensiones del derecho agrario se ve
directamente vinculado con la acertada
apreciación y la toma de conciencia de
los caminos por los cuales debe comenzar
a avanzar el derecho y la humanidad
del futuro, no la del futuro remoto, sino
la de los próximos años.
Si bien es cierto, la terminación del
siglo XX, particularmente en sus dos
últimas décadas, como siempre ha acontecido
con todos los grandes fenómenos
históricos, ofreció un panorama desolador,
sobre todo en los países pobres, esto
ha sido el producto de la crisis a la cual
fue llevado el mundo como consecuencia
de procesos de deshumanización. Se trata
de movimientos donde se dejó de lado al
ser humano para colocar al consumo, al
dinero, al mercado, es decir, bienes y
no valores. Contra esta definición deshumanizante
se levantan las opiniones
más respetadas de todo el mundo, representadas
por la conciencia del concierto
internacional de las naciones.
Las nuevas dimensiones del derecho
agrario deberán ser analizadas en dos
ámbitos distintos, vinculados entre sí,
aunque fácilmente identificables a través
de movimientos culturales de gran trascendencia
en el mundo moderno. El primero
de ellos se refiere a las nuevas dimensiones
por donde marcha el mundo del derecho;
el segundo es el producto de los grandes
movimientos de solidaridad impulsados a
partir de las cumbres de Naciones Unidas
donde se encuentran las definiciones y
los valores por donde aspira a caminar la
humanidad del futuro.
A) El derecho en general, con una
marcada influencia en el agrario,
presenta una evolución en cuatro
dimensiones:
1) la nueva economía impulsa la
creación de un cierto derecho de
los mercados, como forma de in-
–22–

NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
tegrar las economías nacio nales
en ámbitos mayores para lograr
una defensa conjunta de los países,
privilegiando la protección
de sus propios consumidores y
no sólo la de los comerciantes;
2) para combatir la degradación de la
naturaleza surge, con una energía
sin precedentes, el fenómeno de
la protección del ambiente, y la
garantía como derecho fundamental
de un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, para
garantizar la sobre viven cia del ser
humano en el planeta;
3) como exigencia de los pueblos,
de los grupos y de las personas
el desarrollo se convierte en un
derecho fundamental, en un fin
y una esperanza, para lograr un
trato más justo para los seres
humanos; y,
4) frente a la acusada crisis del
derecho y la jurisprudencia,
basados en instrumentos desfasados
de las nuevas realidades,
se plantea como una urgencia
inaplazable la modernización
de los sistemas judiciales, particularmente
de todo cuanto se
refiere a la justicia agraria.
B) Frente a los procesos de globa lización
económica, donde se descuida
o se abandona al ser humano, se
levantan los movimientos de solidaridad.
Constituye la incorporación
indiscutible dentro de la conciencia
internacional de valores, y principios
de gran contenido ético y
axiológico, orientados a proclamar
una serie de derechos ina lie nables
de todas las personas, particularmente
de derechos humanos de la
tercera generación encargados de
reivindicar los derechos humanos,
para superar la crisis y proyectar a
la humanidad hacia nuevos rumbos
en el futuro.
Estas dimensiones de solidaridad, en
cuanto interesan al derecho agrario, se
encaminan en las siguientes direcciones:
1) garantía de la seguridad alimentaria,
a través de productos
sanos para preservar la salud y la
vida de las personas, permitiendo
en los países desarrollados bienes
agroalimenta rios de la mejor
calidad, producidos en armonía
con la naturaleza y para el bienestar
de los ciudadanos, y en los
países en vías de desarrollo o
pobres, garantizando la alimentación
de las personas, luchando
contra el flagelo del hambre y la
miseria, dotándoles a su vez de
instrumentos para convertirse
en protagonistas del proceso de
autoabastecimiento, y
–23–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
2) garantía de la paz, rechazando el
enfrentamiento y el caos social,
como instrumento para per mitir
la plena realización co mo seres
humanos dentro de la sociedad,
y para el logro de una auténtica
democracia donde los seres
humanos puedan desarrollarse
plenamente, pues sólo al amparo
de la paz todos los demás derechos
humanos podrán cumplirse
eficien temente.
Dependiendo del ángulo desde
donde se analice cada fenómeno, podrá
encontrarse un derecho agrario en crisis
o en evolución. En crisis, si las nuevas
dimensiones ahogan, traicionan o destruyen
al agrario. En evolución, si el
fenómeno lo enriquece, moderniza o le
convierte en instrumento para alcanzar
nuevos objetivos.
Optar por la evolución implica
replantear muchos criterios. Se trata
de un proceso donde la agricultura adquiere,
y también pierde, protagonismo.
Además, axiológicamente, los derechos
humanos sobre los cuales se acrisoló,
se fortalecen con nuevos derechos
fundamentales.
Identificar correctamente estos fenómenos
permitirá valorar las nuevas
dimensiones.
3. Primera dimensión jurídica: el
derecho agrario de los mercados
El derecho agrario de los mercados
emana como exigencia para la comerciali
zación de los productos agrícolas.
Como en todo el mundo, América Latina
está in mersa en un complejo proceso de
integración. La unión procura la solidaridad
entre países ricos con menos ricos,
pobres con otros en proceso de desarrollo;
unidos para el logro de un fin común.
Aquí se descubre una redimensión del
derecho agrario. El mayor impacto es el
enriquecimiento de sus fuentes.
Este fenómeno opera en varias vertientes:
con los nuevos fenómenos integra
cionistas y con los acuerdos de la Organización
Mundial del Comercio, pues
pese a los grandes obstáculos, en ambos
se está considerando a la agricultura.
A. En América Latina hay dos grandes
momentos de la integración. El primero,
incipiente, localizable entre 1960
y 1991, tuvo como centro la in dustria
y no la agricultura. El segundo,
más moderno, de 1992 en adelante,
en glo ba también a la agricultura.
En la primera etapa, los países de
una mayor riqueza prefieren relaciones
bilaterales. A partir de los menos desarrollados
surgen las ideas integra cionistas,
avanzando hasta cubrir el continente.
–24–

NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
El Mercado Común Centroamericano,
1960; el Mercado Andino, 1969; el Mercado
Común del Caribe, 1973 y el Mercado
Común del Cono Sur, 1991. Se integraron
para impulsar la industria ignorando conscientemente
el tema agrario.
Sólo en la experiencia de Centroamérica
con el Protocolo de Limón,
sobre granos básicos, 1965, (que nunca
rigió, pues el mercado se desarticuló con
la guerra y el del Caribe), se presenta
co mo innovación un estilo de cooperación
por áreas dentro de las cuales está
la agrícola, y allí podría encontrarse un
cierto germen histórico de un nuevo
derecho agrario comunitario.
En la segunda etapa se descubren
facetas más interesantes para el derecho
agrario. Muchos factores influyen en esta
nueva toma de posición. Los cambios
políticos en la región y también en Europa
Oriental, el Tratado de Maas tricht,
la superación del proceso inflacionario
y un acentuado desarrollo democrático
en el continente parecen estar llamados
a permitir un avance significativo en
esta materia.
El primero en avanzar fue el Pacto
Andino. Con el Tratado de Galápagos,
1989, y el de Machu Picchu, 1990,
se adop tan medidas para la comercialización
de productos agrícolas. Sobre
todo, se asumen posiciones más firmes
en la protección del ambiente.
En el Tratado de Libre Comercio,
1993, entre Estados Unidos, Canadá
y México, se encuentran novedades
realmente interesantes. Por medio de
este tratado se crea una zona de libre comercio
para todo el norte del continente.
Tiene dos particularidades: incorpora la
agricultura como parte de la integración
y contempla normas protectoras del
ambiente.
El tratado, en la segunda parte
referida al Comercio de Bienes tiene
el Capítulo VII referido a lo “agropecuario”.
Especifica los mecanismos
de la co mer cialización de los productos
agrícolas entre los países, así como sus
excepciones, plazos, preferencias, restricciones
y particularidades. Incluye
normas fito y zoo sanitarias, reglas de
origen y de calidad de productos, normas
técnicas comunes, crea un comité
trilateral encargado de imponer normas
para el comercio de productos agrícolas.
Reduce y elimina tarifas aduanales a
la agricultura, armoniza la legislación
sobre importación de carne, aumenta las
cuotas de exportación de aves, huevos
y derivados y, en general, contempla
derechos de los consumidores dentro
del mercado, orientadas a la protección
de su salud y su vida.
Lamentablemente, los procesos de
integración en el continente son horizontales
y no verticales. Aún se mantienen
los viejos criterios de los Estados
–25–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
soberanos y no se encuentran políticas
comunes capaces de crear verdaderos
procesos de integración económica, con
dimensiones más profundas y de mayor
solidez histórica.
B. Los acuerdos por los cuales se creó,
en Marrackecht, 1994, la Or ga nización
Mundial del Comercio conforman
la otra corriente. Dentro de
sus objetivos, al igual de como era
la inspiración del GATT, se continuó
por la línea de impulsar un sistema
mundial de comercio más abierto y
transparente. Éstos tienen ahora una
dimensión prácticamente universal
por los temas abordados y por el
número de participantes.
Respecto de la agricultura, la Organización
Mundial del Comercio continúa
atacando los elementos distor sionadores
de la actividad comercial; tal es el
caso de las medidas de protección en
fronteras, o bien, el apoyo directo a la
producción y subsidios a la exportación.
Este es un tema complejo, entendible
dentro de una economía globalizada y
para países desarrollados, pero cada vez
resulta más criticable porque condiciona
a los países en vías de desarrollo y a los
pobres, convirtiéndolos en más pobres,
dependientes de los grandes mercados y
de las transnacionales.
El Acuerdo sobre la Agricultura
refuerza normas para el comercio de
productos agrarios en un marco a largo
plazo y de políticas internas. En la
transición se prevén compromisos de
acceso a los mercados, ayuda interna y
competencia de las exportaciones.
El Acuerdo sobre Medidas Sanitarias
y Fitosanitarias limita las medidas para
proteger la vida o la salud de las personas
y de los animales, para preservar los
vegetales, eliminando discriminaciones
arbitrarias o injustificables en condiciones
idénticas o análogas.
C. Principalmente en Europa, el impacto
del mercado sobre el de recho
a gra rio ha sido determinante. La
doc trinaria clásica ha visto el derrumbamiento
de sus fundamentos,
ahora superados y atípicos, mientras
se erigen originales perspectivas.
La explicación es simple. El objeto
parece haber cambiado. Las fuentes y el
contenido se acrecentaron. La definición
debe replantearse.
Una primera orientación es más
radical, además, muestra visos de autonomía.
Se ha identificado con el nombre
de “derecho agroalimentario”. Un sector
lo justifica en la prevaleciente comercialización
de los productos alimentarios
dentro del mercado. Otro, lo favorece
por la importancia de la alimentación en
el mundo moderno: es el surgimiento del
derecho da la alimentación.
–26–

NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
También hay otra orientación. Resulta
más evolucionada, pues busca fortalecer
la disciplina. Distingue el derecho
agrario comunitario, en el cual forja
toda la nueva orientación de una figura
su pra nacional, con sus fuentes y particularidades
propias como ordenamiento,
en relación con los viejos criterios de un
derecho agrario nacional.
Esto es así porque Europa está conociendo
los fenómenos de la multi funcionalidad
y la multidimensionalidad de
la agricultura moderna. Porque los actos
normativos emanan de órganos comunitarios
con competencia supra nacional,
cuyo fin consiste en impulsar una política
agraria y una política ambiental
común para todos los países miembros,
dirigiendo en esta forma las estructuras
productivas en relación al ambiente y al
desarrollo sostenible; todo en función
del mercado.
4. Segunda dimensión jurídica: el
ambiente
La segunda dimensión del derecho
agrario está en el campo ambiental.
La vertiginosidad jurídica del tema ha
producido transformaciones profundas.
Ninguna disciplina conoció, en tan poco
tiempo, una formación y desarrollo tan
impresionante. Tras las convenciones
internacionales se promulgaron reformas
constitucionales y legales.
Para los escépticos la afirmación
del ambiente como derecho transversal,
afecta el entero ordenamiento jurídico,
y no como una nueva clasificación jurídica,
afecta los cimientos mismos del
agrario. Para ellos la protección de la
naturaleza implica el empobrecimiento
del patrimonio agrario.
La tesis pesimista resulta inaceptable
porque el impacto del ambiente
en el derecho es asombroso. De 1972 a
la fecha todo cambió. El origen puede
ubicarse en dos documentos de Naciones
Unidas: la Carta de Estocolmo de 1972
y la Carta de la Naturaleza de 1982. El
clímax se encuentra constituido por los
documentos aprobados en la célebre
Cumbre de Río en 1992.
La cumbre erigió un hecho histórico
trascendente con impacto universal e
inspiró 4 documentos cardinales.
La Agenda XXI, orientada hacia la
formación de un nuevo orden económico
internacional sobre la base de la
protección del ambiente: pretende fijar
las estrategias indispensables para minimizar
el daño ambiental y garantizar la
sostenibilidad del proceso de desarrollo.
La Declaración sobre los Bos ques, toma
todas las medidas necesarias para reverdecer
la Tierra, tute lando, protegiendo y
manteniendo los pulmones más importantes
del planeta. La Convención sobre
la Diversidad Biológica, tiene como fi-
–27–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
nalidad asegurar una efectiva acción nacional
para contrarrestar la destrucción
de las especies biológicas, los há bitat y
ecosistemas. La Convención sobre el
Cambio Climático, protege la atmósfera
de la contaminación, especialmente de
la industria y la agricultura.
Estos documentos comienzan a nutrir
las fuentes normativas del derecho
internacional e interno. Surge así una
nue va axiología jurídica. El resultado
inmediato, ha sido la aparición del
“derecho al ambiente sano y ecológicamente
equilibrado”. Ahora, es tangible
e incontrastable. Constituye uno de los
derechos humanos de solidaridad de la
tercera generación.
Por esto, la sensibilidad universal
hacia la naturaleza, la tutela del ambiente,
el surgimiento del derecho humano
a un ambiente sano y ecológicamente
equi librado, como derecho de la tercera
generación, impactan todos los ordenamientos
jurídicos y particularmente
al derecho agrario.
La repercusión, a todas luces, lógicamente
es positiva. Implica un fortalecimiento
conceptual y axiológico. Porque
lo ambiental siempre ha sido inquietud
profunda del agrarista. La agricultura
está en función de la naturaleza. La
teoría agrobiológica y la teoría de la
agrariedad son una prueba irrefutable.
La tierra, el agua, el aire, constituyen
elementos indispensables para el cultivo
y la cría de vegetales y animales.
El agrarista, en defensa del ambiente
y la agricultura, desde siempre
se encargó de denunciar ardientemente
tanto la agricultura contaminada como
la agricultura contaminante. Condenó
el abuso de contaminar y, también, más
adelante la de dañar, perjudicar o alternar
la naturaleza. En esta tesitura el agrarista
siempre simpatizó con el requerimiento
de los consumidores de sus derechos inalienables
a productos agrícolas naturales,
sanos, biológicamente puros.
Urge delimitar las áreas para ejercer
la actividad empresarial agraria y señalar
dónde debe ser prohibido cultivar si ello
afecta al ambiente. Debe producirse
conforme a las exigencias del ambiente.
Resulta inconveniente destruir bosques
para sustituirlos por agricultura. Los desechos
de las empresas no deben contaminar
los ríos ni los mares. La propiedad
agraria debe ejercerse en consonancia
con la naturaleza. Los contratos agrarios
no pueden afectar la sobrevivencia del
mundo vegetal o animal.
Evidentemente, la nueva dimensión
suscita límites a la actividad agraria.
También crea conflictos de intereses
en tre empresa, propiedad y contrato si
éstos se analizan aisladamente y no en
armonía con el ambiente. La función
económica de estos institutos debe
–28–

NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
ejercerse en armonía con la tutela del
ambiente, sin depredarlo ni degradarlo.
La jurisprudencia está llamada a jugar
un papel protagónico en la fijación de
este nuevo equilibrio, condenando la
destrucción y sentando el principio de
la responsabilidad objetiva, aplicable
a quien contamine, dañe o afecte el
ambiente.
El tema ambiental ha sido tan importante
en el derecho agrario, como
para permitir una cierta afirmación de
lo “agroambiental”. No es una nueva
corriente aislada o negadora del agrario,
tampoco es un movimiento autonomista.
Por el contrario, es la aceptación de una
auténtica área de coincidencia entre lo
agrario y lo ambiental llamada a concretar
el fortalecimiento del derecho
agrario, influido por el pensamiento
ambiental.
5. Tercera dimensión jurídica: el
desarrollo
La tercera dimensión para el derecho
agrario es el desarrollo, como derecho
fundamental. La inaugura la Declaración
sobre el Derecho al Desarrollo, de 1986. Es
otro de los derechos humanos de solidaridad
o de la tercera generación. La paternidad
corresponde a Naciones Unidas.
El tema no es nuevo. Se trata del
desarrollo agrario ya impulsado por la
disciplina. Constituye una etapa superior
de la reforma agraria. Busca solucionar
los problemas de las estructuras agrarias,
crear nuevos modelos empresariales,
mejorar los regímenes de propiedad y
posesión de bienes productivos, promover
un régimen completo de contratos
agrarios. En esencia, pretende agilizar
y revitalizar el funcionamiento del corazón
del proceso económico de la agricultura,
tanto en la producción como en
la industrialización y comercialización
de los productos.
El derecho debe participar en la
consolidación jurídica y humanista del
desarrollo agrario. Tiene la responsabilidad
de reorientar conceptualmente el
proceso, concebir los nuevos institutos
y darle una filosofía.
Es bien sabido que tanto el desarrollo
como la protección del ambiente,
constituyen hoy, verdaderos superderechos
humanos. Entrelazando ambos
es como ha conocido la cultura moderna
el “desarrollo sostenible”. Se convierte
así en una especie de megaderecho humano.
Este concepto nace de la Cumbre
de Río, donde se reunió el concierto de
las naciones para sentar las bases del
futuro desarrollo, y ahí el ambiente se
tuvo como estrategia o columna vertebral,
por ello, esta cumbre no es una
reunión del ambiente sino de desarrollo.
El desarrollo sostenible, constituye una
etapa superior, donde se resolverán los
problemas del futuro derecho agrario. Se
–29–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
piensa en una agricultura desarrollada en
equilibrio pacífico con la naturaleza, con
el medio ambiente.
6. Cuarta dimensión jurídica: la
modernización de los sistemas
judiciales
La modernización de los sistemas judiciales
constituye una cuarta dimensión
para el derecho agrario. Se plantea como
una de las exigencias más sentidas de las
sociedades democráticas modernas.
En general, la modernización de los
sistemas de administración de justicia
constituye un importante instrumento,
para superar la acusada crisis del derecho,
en cuanto a la pérdida de significado
de la ley y la indeterminación de la jurisprudencia.
Esto porque, aún en países
con gran tradición jurídica, la mayoría
de los aparatos judiciales se muestran
atrasados, con una gran mora judicial,
todavía vinculados a sistemas procesales
fundados en la escritura, la me diatez,
sin responder a las exigencias de la
sociedad, las relaciones económicas y
sociales, y las aspiraciones de prontitud
de los ciudadanos y los pueblos.
Cuando el derecho agrario debe
resolverse dentro de sistemas judiciales
atrasados, los avances en el ámbito sustantivo
fracasan por falta de un sistema
procesal moderno.
Hoy, como nunca, es evidente el
desarrollo alcanzado por el derecho
agrario, dotado de todo tipo de normas,
principios, una rica axiología, respaldado
todo ese conjunto normativo por
una sólida doctrina llamada a integrar el
entero sistema, sin embargo, por ser el
agrario un derecho de realidades, donde
las vicisitudes y las situaciones emergen
todos los días, también se conoce
el fenómeno de la ausencia de normas
agrarias para casos concretos. Esto exige
la presencia de tribunales agrarios, llamados
a aplicar los principios generales
y permitir el desarrollo de la disciplina,
a través de un derecho agrario juris prudencial
evolutivo.
La inexistencia de códigos, nunca
ha sido un problema para el agrario,
pues esta disciplina, por lo general, ha
venido siendo desarrollada a través de la
normativa especial o especializada. De
aquí la importante labor del agrarista, encargado
de promover permanentemente
la sistemática, impulsando a través de
la interpretación, la lógica del sistema,
pues en todos los ordenamientos
agrarios también hay multiplicidad de
disposiciones desperdigadas, sin lógica,
ni coherencia, donde se requiere la labor
del intérprete.
Como consecuencia de sistemas de
administración de justicia atrasados, no
obstante el esfuerzo del legislador constitucional
y derivado de ofrecer un dere-
–30–

NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
cho agrario en permanente evolución y
cambio, la jurisprudencia proveniente de
órganos no agrarios ofrece un producto
contradictorio e insatisfactorio. Esto es
así, porque los operadores del derecho
no son agraristas, generalmente recurren
a cuerpos normativos como el Código
Civil para resolver problemas particulares
con una óptica general, desprovista
de la materia donde se debe resolver el
problema; sin tomar en cuenta la función
económica, social y ambiental del
derecho agrario. El reclamo de justicia,
en esta forma, fracasa. No soluciona los
graves problemas modernos.
Se pretende la instauración de sistemas
judiciales donde exista siempre la
especialización agraria, con tribunales
específicos de la materia, dotados de
jueces conocedores del derecho agrario,
capaces de resolver con un sentido
humanista los graves problemas de la
materia jurídica agraria, pretendiendo
sobre todo, reivindicar la interpretación
jurídica, como garantía fundamental de
la libertad.
Los principios generales del derecho
agrario, asumen un papel cardinal.
Significa la negativa a utilizar normas
de otras ramas jurídicas, aún cuando
sean de rango superior. Si no hay norma
se recurre a sus mismos principios. Es
el instrumento para aplicar únicamente
sus propias fuentes jurídicas, exclusivamente
las idóneas, pues de lo contrario
se traicionaría al agrario. Incluso pueden
aprovecharse los institutos del Derecho
Romano o del mismo Código Civil, pero
en este caso, a figuras con una determinada
estructura, se debe necesariamente
aplicar la función económica, social y
ambiental de lo agrario. La verdadera
autonomía está ahí. Es la forma como en
el plano de la solución de los casos en la
contienda judicial, se logra la completez
del sistema.
Se anhela consagrar la evolución.
Para ello debe concebirse un método de
interpretación jurídico moderno, capaz
de visualizar la norma a la luz de los
valores de la sociedad y la realidad donde
va a ser aplicado, dándole al hecho
técnico y al hecho político su verdadera
dimensión. Es así como se configura el
derecho agrario jurisprudencial a través
de un moderno sistema de administración
de justicia.
7. Las nuevas dimensiones de
la humanidad a través de la
solidaridad
En otro orden de nuevas dimensiones,
la humanidad se fija horizontes
humanistas, tendientes a señalar las vías
por donde deberá caminar el mundo del
futuro. Son rumbos de solidaridad destinados
a impulsar, bajo otra filosofía, la
justicia social y el desarrollo económico
para los más necesitados.
–31–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
La solidaridad es el nombre sím bolo
de los derechos humanos de la tercera
generación, de aquellos derechos fundamentales
concebidos para los pueblos,
los grupos sociales y también para los
individuos, capaces de introducir una
nueva ética y una moderna axiología a
las exigencias del futuro. La solidaridad
se dirige a crear una sólida conciencia
in ter nacional dirigida a interpretar los
des tinos de la humanidad e iluminar
a los países en vías de desarrollo y
pobres, proponiéndoles verdaderos
proyectos políticos y jurídicos, con el
objetivo de prepararlos para un futuro
más prometedor.
El movimiento adquiere una amplia
connotación política, pero también
tiene un significado en las más
diversas manifestaciones de la cultura,
constituyendo un sólido pilar de la
religión, pues la solidaridad es la más
clara expresión del amor hacia los más
necesitados.
Todos dependemos de todos. El
bienestar propio está en el de los demás.
Siempre debe mediar un espíritu
de servicio hacia los similares. Si otros
sufren no puede existir justicia ni paz
en el mundo. El individualismo absoluto
es representación del egoísmo; la
afirmación de sí mismo es la negación
de todos. El consumismo desmedido
es la representación del individualismo
económico. El mundo moderno no
puede seguir la línea del egoísmo, debe
construir la solidaridad. Principalmente,
los Estados más ricos se encuentran obligados
a contribuir con el desarrollo de
los más necesitados, prestarse a cooperar
y no a explotar, no pueden enriquecerse
a costa de la miseria y el hambre de los
demás. A los débiles, a los más pobres, a
los abandonados se les debe brindar una
atención mayor.
La solidaridad es el compromiso
constante y permanente para el logro del
bien común. Influye en todos los ámbitos
del orden de la vida humana, muy
particularmente de la convivencia civil
y social. Es la interdependencia transformada
en valor, el valor de la solidaridad.
Porque entre los seres humanos, entre
los grupos, entre los pueblos debe existir
una interdependencia derivada de las
relaciones humanas, de la coexistencia
y el bien común.
En el mundo de los más necesitados,
y particularmente de quienes viven y
se desarrollan en el ámbito agrario, la
dignidad humana permanentemente
es ofendida, humillada, sacrificada,
abandonada, a través de flagelos imperdonables
de hambre, miseria, discriminación
y violencia. Frente a estos
graves problemas de la humanidad, el
derecho agrario se empeña en formular
respuestas acertadas.
–32–

NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
A) La seguridad alimentaria constituye
una de las grandes columnas
ver te brales de la solidaridad. Sería
el derecho de todos los ciudadanos
del mundo, a recibir productos agroalimentarios
indispensables para
satisfacer el hambre, permitir una
adecuada nutrición, contribuir al
mejoramiento de su salud y adquirir
un nivel de vida digno.
Su génesis se vincula principalmente
con el derecho humano a la salud,
no tanto al de la vida; es por tanto, un
derecho humano de la primera generación,
pero cuando la salud adquiere una
atención mayor dentro de la seguridad
social incluida dentro de los derechos
humanos económicos y sociales, pasa
a ser parte de la segunda generación. Y
más recientemente su máxima expresión
deriva de una visión de avanzada, acrisolada
en documentos de Naciones Unidas,
tendientes a expandir y darle vigencia
al derecho a la alimentación consagrado
desde la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, de 1948, en el
mundo jurídico internacional.
La globalización económica utiliza el
término de la seguridad ali men taria, con
una visión mercantil, referido a la garantía
de productos agro alimentarios de buena
calidad, con garantía de origen, colocados
en los mercados para un consumidor de
más categoría y más refinado.
El crecimiento del hambre y la
pobreza en el mundo, consecuencia de
procesos economicistas, ha acrisolado
en los últimos años expresiones como
“discriminación alimentaria” e “inseguridad
ali mentaria”, frente a los cuales el
mundo ha comenzado a sentar una serie
de estrategias donde el derecho agrario
está llamado a jugar un papel de solidaridad
muy importante.
B) La construcción de un derecho
agra rio para la paz se convierte
en otro de los desafíos de la dimensión
de la solidaridad impuestas
por la ética y la axiología del mundo
moderno.
Es una lucha por combatir la confrontación,
la intolerancia, la violencia,
los levantamientos armados, la guerra;
como consecuencia de las injusticias sociales,
hacia sectores vinculados al agro,
absolutamente abandonados por las políticas
de sus países, o bien por constituir
estas zonas las áreas escogidas para el
enfrentamiento ideológico, sumando al
problema político del descontento de las
clases pobres y campesinas de los países
más oprimidos, quienes se convierten en
soldados para abandonar la agricultura.
De la pobreza en los campos, de la
falta de oportunidades para los campesinos,
de la ausencia de trabajo, del
levantamiento armado o la guerra, se
–33–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
sirven también grandes males como el
narcotráfico, pues la agricultura de drogas
constituye una alternativa para esos
sectores marginales, que optan por una
vida de ilegalidad o clandestinidad como
única salida a su situación económica.
Un derecho agrario para la paz
busca constituirse en un estandarte de
libertades, pretende reencontrarse con
sus estatutos originales, inspirados en
la justicia social, para garantizarle a los
ciudadanos de las zonas de conflicto en
el campo, verdaderas alternativas de
reinserción en la sociedad civil.
Aquí resurgen los temas clásicos,
de gran trascendencia en el pensamiento
del mundo moderno, como la ordenación
del territorio, el saneamiento
de la propiedad agraria, la distribución
equitativa de tierras, a través de procesos
integrales de reforma y desarrollo
agrario. Otro instrumento del derecho
agrario para la paz es el de la justicia
agraria, en tanto sea un instrumento
idóneo para impulsar figuras procesales
modernas, dentro de un nuevo
concepto de sistema judicial, para garantizar
la paz, tanto en las relaciones
inter per sonales, como entre los grupos
campesinos e indígenas, respetando
sus derechos, buscando soluciones a
través del diálogo, al respeto, la tolerancia,
entre los sectores en conflicto,
pues la paz no se logra sólo en los
grandes acuerdos, sino también en la
equidad aplicable al caso concreto de
todos los días.
8. Trascendencia de las nuevas
dimensiones para el nuevo derecho
agrario
La humanidad avanza hacia estados
superiores. El derecho vive momentos
frenéticos de agitación. El agrarista
no puede ser personaje anónimo. Se
le abren grandes posibilidades. No
debe aceptar la crisis, la marginalidad
o anunciar el apocalipsis. El derecho
agrario cambió y seguirá cambiando.
Retrocediendo unas veces, pero agresivo
en búsqueda de la culminación
y el apogeo; entre tristezas y alegrías.
En ello radica su riqueza, su inagotable
versatilidad.
Las nuevas dimensiones le ofrecen
un derecho más vinculado al proceso
económico y social, a la realidad, a los
valores superiores de la sociedad. Es
la hora del agrarista para recapacitar,
reflexionar, filosofar, empeñado en la
construcción de un mundo mejor.
En efecto, corresponde ahora a los
juristas del derecho agrario atinar en
los senderos del futuro. Se requiere
audacia, creatividad, esperanza para la
construcción de una ciencia más sólida.
Deberán convertirlo en parte esencial
de la cultura.
–34–

NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
En los inicios del siglo XXI existe
una profunda convicción en todos los
sectores, de que la disciplina evoluciona,
pero sobre todo las mayorías están
esperanzadas en encontrar soluciones
acordes a sus graves problemas a través
de disciplinas como la agraria. Por esta
razón, comienza a difundirse un espíritu
cada vez más generalizado, consciente,
comprometido con la disciplina del derecho
agrario, con la seguridad de haber
iniciado una marcha poderosa hacia
un destino aún inconcluso, rindiendo
homenaje al pasado, pero con la mente
en el mañana.
9. La justicia agraria y ambiental como
otra dimensión del nuevo derecho
agrario
Al avanzar el siglo XXI los retos de la
justicia agraria y ambiental tienen orientaciones
específicas. Por una parte se dirigen
hacia la protección de derechos e intereses
de naturaleza cada vez más profunda para
garantizar la democratización de los sistemas
de administración de justicia. Además,
coinciden con valores universales
dirigidos a la preservación y sobrevivencia
de la humanidad, en un planeta capaz de
suministrar alimentos a la población, sin
ser destruido ni degradado.
Junto a la tutela de los derechos subjetivos,
fundamento de todo el sistema,
en cuanto protege al ser humano, con lo
agrario y ambiental, también cobran vida
los derechos humanos de la segunda y
tercera generación. Junto a lo económico
y social también estará la solidaridad. Se
trata de derechos llamados a garantizar la
vida del hombre en sociedad y en
relación con los pueblos para la sobrevivencia
del planeta.
Esto obliga a contar con una visión
más amplia. Los sistemas judiciales
deberán permitir el acceso a la justicia
a todos los grupos y sectores de la sociedad.
Generarán opciones claras, para
garantizar el ejercicio pleno y cristalino
de sus derechos. Exige una apertura
democrática, llamada a dinamizar la
manifestación real de los sistemas de
administración de justicia, satisfaciendo
principalmente los intereses de los
justiciables.
Se trata de una concepción instrumental
para el cumplimiento de fines
trascendentales. Fines vinculados tanto
a las particularidades de la materia agraria
y ambiental, como al valor justicia,
impregnado en sus articulaciones. Si no
se incorporan criterios de equidad en
este tipo de relaciones, la sobrevivencia
del sistema no tiene por sí solo, un
fundamento de cohesión susceptible de
permitirle existir.
En este sentido, las instancias jurisdiccionales,
tanto las del mundo judicial
como las del administrativo, en el ámbito
–35–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
nacional e internacional, se convierten
en requisito indispensable para garantizar
el funcionamiento de lo agrario y
ambiental, creciendo y definiéndose en
las nuevas dimensiones ofrecidas por el
mundo moderno.
Los sistemas productivos del nuevo
siglo no pueden limitarse a lo eminentemente
dinámico o tecnológico, para
mostrar procesos de mayor productividad
o eficiencia. Tampoco basta con su
incorporación en procesos de mercadeo,
para garantizar el éxito de las nuevas economías.
Resulta indispensable contar con
valores y principios, con normas claras y,
sobre todo, con la posibilidad de garantizar
a los pueblos, así como a sus empresarios
y productores, la obtención de
rendimientos, tanto a nivel nacional co mo
internacional, del rédito de sus esfuerzos
y del de la entera sociedad productiva.
En las complejas relaciones de producción,
en la fijación de cuotas y precios,
incentivos y restricciones, así como en
la ejecución de políticas, no puede faltar
la coercitividad para el cumplimiento de
las obligaciones y la garantía de la imparcialidad
ante los conflictos. En suma,
producción y justicia deben encontrarse
y generar su acercamiento.
Igual acontece con la imperativa
necesidad de contar con una agricultura
llamada a respetar, preservar y conservar
el ambiente. Ella no podrá subsistir si
al mismo tiempo no se sanciona a través
de mecanismos eficaces cualquier
tipo de actividad productiva orientada
a irrespetar, degradar, destruir o dañar
los recursos naturales. En este ámbito,
la justicia es ampliamente requerida y
sus posibilidades deben ofrecer todo
tipo de alternativas. Ha de tratarse tanto
de mecanismos sancionatorios, como
com pensatorios y de restauración del
daño ambiental, pues la sensibilidad de
la sociedad internacional limita cada
vez con mayor energía, la transgresión
de los bienes comunes e irreparables, de
la humanidad.
He aquí donde lo agrario y ambiental
se entrelazan, en un proceso
de desarrollo sostenible, con visos de
auténtica justicia para garantizar a las
nuevas generaciones la posibilidad
real de sobrevivir en un mundo cada
vez más complejo y esperanzadamente
menos degradado.
Se trata de exigencias urgidas por
la comunidad internacional y señaladas
también, por el proceso de interna cionalización
del derecho agrario, en su estrecha
vinculación con lo ambiental, al
momento de reflexionar sobre el futuro
de las sociedades llamadas a impulsar
su propio desarrollo, en el mundo de la
producción agraria.
Al visualizar y colocar acertadamente
las eventuales dimensiones del escenario,
donde se interpretará la trama del desa-
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NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
rrollo de los pueblos urgidos de nuevas
posibilidades de sobrevivencia, conviene
agregar la exigencia de la paz y la justicia,
como única posibilidad cierta de sobrevivir
en un mundo equilibrado.
10. Éxitos y retos de la justicia agraria
en Latinoamérica y sus etapas
evolutivas
La justicia agraria tiene una profunda
historia vinculada al nacimiento mismo
de la disciplina en Latinoamerica. Incluso,
la primera manifestación jurídica
del continente se encontró vinculada al
tema procesal en México, a principios
del siglo pasado. A partir de ahí la idea
se fue difundiendo en todo el continente,
con distintas respuestas y niveles de
profundidad, generando un verdadero
movimiento identificado con el nombre
símbolo de “jurisdicción agraria”.
En una mirada retrospectiva, sin el
afán de sentar las bases de una evaluación
crítica de todo el movimiento, pueden
señalarse una serie de éxitos alcanzados
por la idea, cuya vinculación original
fue la de darle cumplimiento adecuado
a la normativa iusagraria. Se temía, con
razones fundadas, la posible traición del
derecho sustantivo dentro de los sistemas
tradicionales de justicia. Se percibía un
proceso de restauración jurídico, llamado
a impedir el cumplimiento de las aspiraciones
de la sociedad, y las exigencias
socio econó micas de esos tiempos cuyo
equilibrio debía ser corregido.
Las graves dificultades atravesadas
por esos modelos de justicia agraria, se
constituyeron en verdaderos retos para
el movimiento. Particularmente, cuando
los ejemplos elaborados caían uno a uno
frente a las adversidades ofrecidas por
el ordenamiento jurídico, en especial el
derivado de los sistemas concebidos sin
la variable económica o social, o donde
éstos se manifestaban como negación
política o histórica a los esquemas tradicionales.
Los éxitos de la jurisdicción agraria
se aprecian, con solo recordar las
etapas evolutivas, encontradas en el
derecho procesal agrario latinoamericano.
En efecto, entre principios de
siglo y la última década de éste, pueden
ubicarse dos etapas bien diferenciadas,
con sus características y particularidades
propias.
La primera etapa, es el resultado de
una serie de intentos legislativos, cuyo
conjunto constituye un momento caracterizado
por la búsqueda de un modelo
susceptible de responder a las exigencias
institucionales del derecho agrario. Su
duración fue de casi medio siglo. En ese
período hubo complejos problemas para
crear un nuevo modelo. Primero, porque
el derecho agrario no tenía perfiles
institucionales lo suficientemente claros
–37–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
como para generar un sistema procesal
específico. Como existían ideas contrastantes
respecto del derecho positivo,
también las hubo del procesal. Además,
los modelos procesales concebidos no
fueron lo suficientemente sólidos, desde
el punto de vista jurídico, como para
superar los embates de los cambios y
tampoco respondieron a las exigencias
y expectativas de la disciplina.
Lo acontecido en cada uno de los
países con el modelo creado, ofrece una
idea de cuanto se afirma.
México fue, dentro del concierto
de los países latinoamericanos, el más
precoz, diáfano y preocupado por la
pro mulgación de normativa procesal
agra ria. Ello ocurrió incluso a nivel
constitucional. Sin embargo, los principios
de la ley del 6 de enero de 1915
fueron reiterados luego en futuros códigos
y leyes, en los cuales se reformó y
modernizó, los llamados a concebir una
jurisdicción especial. Esto es así porque
se ubicó fuera del Poder Judicial. Su
competencia se dirigió a conocer de
las acciones de restitución, ampliación,
acomodamiento, creación de nuevos
centros de población agrícola, inafectabilidad,
expropiación, nulidad de fraccionamiento
y muchas otras más. Los
procedimientos, tenían la modalidad del
juicio ordinario, para conocerse en dos
vías: la restitutoria y la dotatoria. Se
crearon tantas acciones como derechos
que a favor de los beneficiarios de la ley
existan. El desarrollo del proceso, en
sus dos instancias, siempre se dirigió
por el sector administrativo agrario.
Desde el Gobernador y la Comisión
Agraria Mixta, en primera instancia,
y la Secretaría de Reforma Agraria y
el Presidente de la República, en segunda.
Poco tiempo después, en 1920, en
República Dominicana se instituyeron
órga nos constitucionales, encargados
de conocer los asuntos referidos a la
pro piedad inmobiliaria. Fueron instituidos
por la ordenanza No. 511 del
Gobierno norteamericano. Luego, por
Ley No. 1542 del 7 de noviembre de
1947, es una jurisdicción especializada.
Los tribunales de tierras dependen del
Poder Judicial y se encuentran divididos
orgá nica mente, siguiendo los lineamien
tos generales de la administración
de justicia. En grado conoce un tribunal
superior de tierras. Contra lo resuelto
por éste, cabe recurso de casación
ante la Corte Suprema de Justicia. Sin
embargo, sólo tiene competencia para
conocer lo referido a la propiedad inmobiliaria,
pues todos los demás asuntos
agrarios se siguieron discutiendo en
la jurisdicción civil, penal y laboral.
El procedimiento tiende a cumplir el
objetivo fundamental de registrar todos
los terrenos en el territorio nacional, y
se orienta más hacia el derecho civil y
no al agrario.
–38–

NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
También en Colombia se concibió
un modelo muy interesante. Desde 1936
se incorporó en la Constitución Política
el principio de la función social de la
propiedad. De igual manera, se sentaron
las bases de la jurisdicción agraria. En
la Ley de Tierras del mismo año, 1936,
se dispuso la creación de juzgados agrarios.
Éstos, eran indispensables para conocer
de institutos tan avanzados para la
época, como los de la propiedad agraria,
posesión agraria, extinción del dominio
agrario por el no uso, y muchos otros
más. Aún cuando no llegaron a existir
esos tribunales agrarios, el legislador
de aquella época previó la institucionalización
de la justicia agraria, cuya
semilla llegó a florecer muchos años
después.
Un modelo totalmente diferente fue
el argentino. En 1948, con el carácter
de órgano jurisdiccional especial, se
crearon las cámaras regionales paritarias
de conciliación y arbitraje obligatorio,
en las diferentes provincias, y una
cámara central; por medio de la Ley No.
13.246 del 10 de septiembre de 1948,
se encomendó al Poder Ejecutivo la
creación de este tipo de órganos dentro
del Ministerio de Agricultura. Estaban
integradas por representantes de los
arren dantes, arrendatarios y aparceros,
así como por funcionarios de ese Ministerio.
La competencia se refiere a
toda la problemática de los contratos de
arrendamiento y aparcería. Funcionaron
durante varios años, pero en 1960 fueron
declarados inconstitucionales por la
Corte Suprema de la Nación.
En 1953, en Bolivia, se impulsa un
profundo proceso de reforma agraria.
Ello ocurrió a través de la Ley No. 3464
del 2 de agosto, seguida por el Decreto
Supremo No. 3471 del 27 de agosto. Se
pretendió institucionalizar una jurisdicción
agraria especial, sobre las mismas
bases del modelo mexicano. Se aplicaría
por medio del Servicio Nacional
de Reforma Agraria, constituido por el
presidente de la República, el Consejo
Nacional de Reforma Agraria, jueces
agrarios y brigadas agrarias móviles. Las
acciones son exactamente las mismas
de México: afectación y dotación, restitución
y reversión. Para concebir estas
acciones fue necesaria la promul gación
de una serie de leyes principalmente en
1955 y 1956.
La primera jurisdicción especializada
se crea a través del decreto como
fuerza de Ley sobre Tribunales Agrarios
No. 2 del 3 de octubre de 1967. Esto
ocurrió en Chile con fundamento en el
artículo 86 de su Constitución Política y
el 154 de la Ley de Reforma Agraria No.
16.640 del 28 de julio. Los tribunales
creados fueron de primer grado en las
provincias y uno de apelaciones. Eran
colegiados y se integraban tanto por
jueces juristas como por jueces laicos.
Lamentablemente, su competencia era
–39–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
muy reducida, pues se limitaba a las
acciones derivadas de las expropiaciones
de interés agrario cumplidas conforme
a la Ley de Reforma Agraria. Si bien se
dejó abierta la posibilidad para ampliar
la competencia, ello nunca ocurrió. El
proceso era estrictamente civil. Es decir,
se remitió la normativa al Código de Procedimientos
Civiles sin crear procesalmente
nada nuevo. En 1973 el régimen
militar desarticuló este modelo.
En Ecuador, la Ley de Reforma
Agraria y Colonización No. 480 del 11
de julio de 1964 instituye los tribunales
agrarios. El marco general sólo se logra
obtener hasta la promulgación de la Ley
de Procedimiento Agrario No. 918 del
21 de junio de 1971. Sin embargo, la
vida de estos órganos fue efímera porque
la normativa procesal fue derogada
por la Ley No. 11.712 del 9 de octubre
de 1973. Paradójicamente, ésta también
era de reforma agraria. La competencia
otorgada fue mucho más amplia que
todas las conocidas en otros países
latinoamericanos. Esos tribunales deberían
de conocer todas las acciones
derivadas de la Legislación de Reforma
Agraria. Los órganos agrarios estaban
constituidos, en primera instancia, por
los juzgados de tierras y, en segunda,
por una sala especializada de la Corte
Suprema de Justicia. El procedimiento
fue, sin embargo, prácticamente el
mismo utilizado en la materia procesal
civil.
Los modelos anteriores van a ser ampliamente
superados, no sólo histórica
sino principalmente por la profundidad
institucional, con una serie de ejemplos
muy sólidos llamados a constituir la
segunda etapa de la jurisdicción agraria
latinoamericana. Se trata de modelos
más modernos de justicia agraria; fueron
concebidos como verdaderos sistemas
jurisdiccionales, con órganos especializados,
estructurando procesos originales
y con principios modernísimos. Con
todas sus vicisitudes llegaron, incluso
a impactar en los sistemas civiles de
administración de justicia, porque se
revelaron contra el tradicionalismo.
En esta forma, se fundaron las bases
para la consolidación de un verdadero
movimiento de jurisdicción agraria
especializada.
Se encarga de abrir esta nueva etapa,
con criterios realmente originales, la Ley
de Reforma Agraria peruana No. 17.716
del 24 de junio de 1969. Por su medio se
concibe un Fuero Privativo Agrario. Estuvo
constituido por un tribunal agrario
ubicado en Lima y juzgados de tierras
distribuidos por todo el país. Se concibió
una estructura de administración de justicia
ágil, sencilla. Se buscó la celeridad
para resolver los procesos sin dilación;
por eso se quedó en dos instancias sin
casación. El tribunal fue un órgano colegiado
mientras los juzgados de tierras
serían unipersonales. Para ambos casos
la ley exigió requisitos de especialidad
–40–

NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
y probidad. Uno de los aspectos más
importantes fue la competencia; porque
el legislador peruano, además de la
normativa de reforma agraria, abarca
todo el contenido del derecho agrario.
Se conciben dos tipos distintos de procedimientos:
el ordinario agrario y los
especiales.
En el ordinario agrario se conoce
de todos los asuntos para los cuales no
existe una tramitación especial. Fue
profundamente simplificado; sin incidentes
ni formalidades. Por esta razón
tiene tres etapas muy bien determinadas:
interposición de la demanda, audiencia
de pruebas y sentencia.
Los procedimientos especiales, por
el contrario, se encuentran constituidos
por las expropiaciones, recursos de amparo,
juicios de las comunidades campesinas,
deslinde, tercerías excluyentes
de dominio, formación de títulos supletorios,
división y partición, interdictos,
y muchos más. En los especiales, se
sigue la tramitación establecida por la
normativa donde se originaron y no en
la normativa procesal agraria.
Las características calificantes del
fuero son las simplificaciones procesales
y la función activa del juez. Sus
principios procesales, por los cuales
cobra fama el fuero, son el de la oralidad,
amplios poderes otorgados al juez
para conducir el proceso y encontrar la
verdad real, así como el de la gratuidad
de la justicia. La oralidad, se manifiesta
en la audiencia de pruebas. En ella, las
partes y sus abogados disponen, bajo la
dirección del juez, de la evacuación de
la prue ba a través de la expresión oral,
creando el contradictorio, interrogando,
discutiendo, en fin, aportando los elementos
para probar los hechos de sus
pretensiones.
Con la oralidad se encuentran también
los principios consustanciales de
inmediatez y concentración. El contacto
directo del juez con las partes y la prueba
va a crear la inmediatez. La concentración
está presente, porque el juicio se verifica
en una sola diligencia continua, generalmente
en el terreno, donde además de interrogar
a los testigos también se cumple
la inspección ocular y se ordena la prueba
pericial. Finalmente, también se consagró
el principio de la gratuidad de la justicia.
Por una parte existe gratuidad fiscal para
campesinos, cooperativas y comunidades.
El aspecto más importante, desde el
punto de vista social, es la gratuidad de la
defensa técnica, la cual se debía ejercer a
través de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio de Agricultura.
La jurisdicción agraria venezolana
fue organizada desde 1976, a través
de la Ley Orgánica de Tribunales y
Procedimientos Agrarios, donde se
institucionaliza una jurisdicción especializada
para el derecho agrario. Luego fue
–41–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
reformada, el 29 de agosto de 1982, para
adquirir las características actuales. Conci
be a los tribunales agrarios de primera
ins tancia y los tribunales superiores
agra rios, en segunda. Además, se crea un
órgano administrativo llamado Pro curaduría
Agraria Nacional, cuya función es
ejercer la defensa y representación de los
beneficiarios de la reforma agraria. La
competencia se refiere a todos los asuntos
donde deba aplicarse la legislación
agraria, así como el aprovechamiento de
los recursos agrícolas, después se agrega
lo referido a la protección de los recursos
naturales y se incorpora el contencioso
administrativo agrario.
Los procedimientos establecidos son
los mismos pautados en la Ley Orgánica
de los Tribunales y Procedimientos de
Trabajo, a falta de procedimientos especiales
en la materia. Se encuentran dos
tipos de procesos; por el ordinario agrario
se conoce de todos aquellos asuntos previstos
en la competencia, para los cuales
no exista un procedimiento especial
previamente establecido; los especiales,
son aquellos con una regulación en otra
normativa, cuyo carácter agrario los atrae
hacia esta jurisdicción especializada. Inicialmente,
se previeron los principios de
la oralidad, el inquisitivo, abreviación y
concentración.
Con la reforma se pretendió mantener
el de la oralidad junto con mayores
poderes para el juez y la gratuidad de
la justicia. Verdaderamente, la oralidad
no se manifiesta en forma plena, pues
la prueba no es recibida en esta forma
por el juez. Por tal la inmediatez y
la concentración también tiene sus
límites. El problema está en no haber
concedido un proceso para el derecho
agrario y asumir el laboral, donde las
normas del proceso civil incluso, se
aplican suple toriamente. Al no haberse
resuelto el tema de la oralidad, con la
reforma, sí se mejoró en alguna forma
el de los poderes del juez. Principalmente,
se consagran los preceptos de
la verdad real, amplitud de la prueba
e igualdad real entre las partes. Esto
ocurre sin perjuicio de las facultades
genéricas de los jueces de ordenar de
oficio la evacuación de pruebas, o dictar
oficiosamente medidas para asegurar
y proteger la producción agraria y los
recursos naturales renovables. Dentro
de esos poderes, conviene destacar el de
la facultad del juez para improbar una
transacción, cuando estime una lesión a
derechos o intereses de los beneficiarios
de la reforma agraria.
Se redefine también, con la reforma,
la función de la Procuraduría Agraria
Na cional. Ahora va a ser un organismo
administrativo con autonomía funcional,
adscrita al Ministerio de Agricultura y
Cría. Su acción se amplía a la asistencia
técnica gratuita a pequeños productores
pesqueros; y se le faculta, con un sentido
más amplio, a interponer de oficio
–42–

NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
acciones, cuando hubiere violación o
transgresión lesiva a los derechos de los
beneficiarios.
En Costa Rica también se ha concebido
una jurisdicción especializada a través
de la Ley No. 6.734 del 29 de marzo
de 1982. Toda la estructura se encuentra
ubicada dentro del Poder Judicial. Se
institucionalizaron juzgados agrarios
para conocer en primera instancia, un
tribunal superior con sede en San José,
para la segunda y recurso ante la Sala de
Casación, Primera de la Corte Suprema
de Jus ticia, como tercera instancia rogada.
Junto a los órganos judiciales, se ha
estructurado una sección para la defensa
agraria, dentro del Departamento de
Defensores Públicos. La competencia
otorgada a la jurisdicción es amplísima,
pues abarca todo el derecho agrario. Si
bien, se señalan una serie de acciones,
la jurisprudencia ha interpretado la
competencia evo lutivamente, siguiendo
el criterio de la teoría de la empresa.
En esta forma se conocen los asuntos,
donde se discutan temas referidos a la
actividad empresarial agraria. Igualmente,
abarca las actividades conexas a ésta
de industrialización, transformación y
comercialización de productos agrícolas;
naturalmente, las acciones referidas a
fundos de aptitud agraria.
La ley contempla tres tipos distintos
de procesos. Primero, el ordinario agrario.
En él, se discuten todos los asuntos
para los cuales no hay una tramitación
específica. La ley concibe el proceso en
forma concreta, pero mucho más sumario
respecto del civil, bajo los linea mientos
del proceso laboral cuyos principios
también se siguen supletoria mente. En
el ordinario, jurispruden cial mente, se
han incluido los civiles de Ha cienda
contra el Estado, y en un cierto momento
también, contenciosos administrativos,
pero en este último caso, luego, la misma
jurisprudencia los limitó.
En segundo lugar, se encuentran los
procedimientos especiales, contemplados
en la misma ley, constituidos en un
principio por las expropiaciones agrarias
y las demasías. En cuanto a expropiaciones,
una ley general de esta materia las
sustrajo para pasarlas a la jurisdicción
ordinaria. Finalmente, se encuentran los
otros procedimientos, constituidos por
un conjunto de acciones, ubicados en
diferentes cuerpos procesales e incluso
legislación especial, atraídos a esta jurisdicción
por referirse a fundos agrarios
o a la actividad agraria. En el ordinario
agrario se sigue la verbalidad, que en estricto
sentido no es oralidad. Porque en
la etapa de pruebas el juez, casi siempre,
se traslada al lugar del conflicto y ahí recibe
el elemento probatorio. Comienza
con un reconocimiento judicial, luego
recibe los testigos, y eventualmente
la prueba pericial. Es verbal porque el
juez interroga, dando luego la palabra
a las partes para formular preguntas y,
–43–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
posteriormente, consagra en un acta lo
declarado por el deponente a todas las
preguntas. Con la verbalidad se está
también en presencia de los principios
de inmediatez y concentración. Nunca
se comisiona a otro juez para realizar
el juicio y, además, hay poca distancia
entre la demanda y la sentencia. Este
criterio no constituye la oralidad y
como aspecto negativo en casi todos
los ordinarios hay la posibilidad de
tres instancias. Esto último rompe con
la concentración. No obstante, como
segundo principio fundamental, hay un
reequi li brio por medio de los importantes
poderes otorgados al juez. Ellos van
desde el impulso oficioso del proceso,
pasando por facultades concedidas para
la admisión y evacuación de la prueba,
hasta culminar con una amplia discrecio
na lidad, para apreciar y valorar la
prueba sin sujeción estricta a las normas
de derecho común.
En tercer lugar, se consagra el
principio de la gratuidad de la justicia.
Hay gratuidad fiscal, porque no se deben
pagar impuestos ni rendir fianzas,
aun cuando las pruebas de peritos y los
gastos de transporte corren por cuenta de
la parte. La defensa pública agraria es la
máxima expresión de este principio. Se
otorgó, inicialmente, sólo para defender
a los no habientes, pero luego el servicio
se amplió para ejercer acciones demandando
el cumplimiento de los derechos
de esos beneficiarios.
La ley costarricense de 1982, en
este momento, es objeto de un profundo
debate, tanto en el Poder Judicial como
en la Asamblea Legislativa, para aprobar
una profunda reforma. La competencia
se ampliaría a lo ambiental en cuanto
interesa a lo agrario. Va a abarcar todo el
ámbito agroambiental. De igual manera,
la competencia se reduce para dejar conocer
lo penal. Se pretende incorporar la
oralidad plena. Los jueces agrarios tan
solo instruirían el proceso, cumpliendo
la misión de llevar la paz a las partes por
medio de la mediación y la conciliación.
Si no hubiere arreglo, o solo fuere en
parte, el juicio oral y público lo realizará
el tribunal superior agrario, a través de
secciones llamadas a recorrer el país y
apersonarse en los lugares de conflicto.
Sin embargo, lo más novedoso es la
incorporación de normas de fondo aunque
con impacto en lo procesal, sobre el
sistema de fuentes y la interpretación en
el derecho agrario y lo agroambiental.
Colombia forma parte también
del concierto de los ordenamientos
de la segunda etapa de la jurisdicción
agraria. El Estatuto de Jurisdicción
Agraria, fue aprobado por medio del
decreto No. 2.303 del 7 de octubre de
1989. Por su medio se cumple el sueño
frustrado de la Ley No. 200 de 1936. La
competencia es de carácter genérico, ya
que abarca un amplio campo de acción
cuyo objeto es el derecho agrario. Se
refiere a la actividad agraria fundiaria,
–44–

NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
así como los recursos naturales y el
ambiente rural en general. Uno de sus
fines principales es garantizar un tratamiento
compensador entre las partes
desiguales. En este sentido también
se incluye la acción popular para la
protección del ambiente rural. Aun
cuando se han creado pocos órganos
jurisdiccionales la ley crea y organiza
la jurisdicción agraria a través de 115
juzgados agrarios en todo el país. Para
ciertos casos de menor cuantía, conocen
en única instancia y para los demás,
como primera instancia. Se crean a su
vez las salas agrarias en la mayor parte
de los tribunales superiores de distrito
judicial. A ellas les corresponde conocer
en alzada de las sentencias dictadas por
los juzgados. En los casos establecidos
por la ley procede el recurso de casación.
Aún cuando los juzgados tienen
asignada una competencia territorial,
también se introduce la modalidad del
desplazamiento de los jueces.
En esta normativa se contemplan
tres tipos de procesos declarativos. Por
medio del ordinario, con mucha similitud
del proceso abreviado de la legislación
procesal civil, se conoce de todos los
asuntos carentes de un proceso especial.
Por otro lado, están los procesos verbales,
enumerados en la ley, casi siempre fundiarios,
definidos por una cuantía inferior
a la del ordinario. Finalmente, están los
procesos especiales referidos a contratos,
posesión y recursos naturales.
Como principios procesales destacan
la simplicidad, concentración y
brevedad de las actuaciones, como forma
de buscar la celeridad del proceso.
Destacan los amplios poderes del juez.
Le corresponde conducir el proceso y
principalmente, verificar dos audiencias
de gran trascendencia por el resultado
del asunto sometido a su conocimiento.
La primera es la obligatoriedad de
la audiencia de conciliación en todo
proceso declarativo. Ella se celebra
después de la etapa de la interposición
de la demanda, o a solicitud de partes,
en cualquier etapa del proceso. Ahí se
procura un acuerdo amigable, salvo
el caso de transacción en derechos de
personas incapaces o amparadas por
pobres. El efecto principal es la cosa
juzgada parcial o total. Con la primera
se delimita el punto de discusión y con
la segunda, fenece el proceso. En la
práctica hay un gran éxito con la conciliación
judicial, porque muchos procesos
terminan ante los juzgados o las salas
agrarias por la acción pacificadora de
los titulares de estos órganos. La otra
audiencia fundamental, es la de pruebas
cuando no hay conciliación total. En
ella el juzgador dirige y administra el
elemento probatorio. Se procura mantener
una cierta situación de equilibrio
procesal, para evitar la desigualdad material
entre las partes. El principio de la
defensa técnica gratuita, se materializa
a través del Instituto del Amparo de Pobreza,
garantizado para los campesinos
–45–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
de escasos recursos, así como para las
comunidades e indígenas.
Estas etapas de la jurisdicción agraria
muestran un modelo consolidado de
justicia. Incluso dentro de los sistemas
procesales latinoamericanos, se les califica
históricamente con una marcada
personalidad y constituyen un modelo,
para incorporar sus novedades a los
otros tipos de jurisdicciones especializadas.
Su influencia se ha sentido, sobre
todo, en materia laboral y de familia.
Es más, existen inquietudes para llevar
estos avances al proceso civil; por eso,
parecen marcar una impronta histórica.
Sin embargo, no dejan de surgir muchos
riesgos. Se trata de nuevos problemas,
referidos a su eventual eficacia y sobrevi
vencia, dentro de los sistemas judiciales.
Ello obedece a reacciones frente a
los procesos de reforma agraria, donde
algunos de ellos fueron concebidos, o
bien, al fenómeno de la restauración
tan típico de los sistemas jurídicos. Un
breve análisis de estos riesgos, permitirá
comprender mejor los peligros y los
retos del futuro.
El más complejo de los problemas es
la restauración judicial. Independientemente
de los criterios del legislador para
concebir un modelo original, dotado de
instrumentos procesales idóneos y bien
concebidos, al entrar en contacto con el
sistema judicial, donde imperan otros
principios y fines, la justicia nueva corre
el riesgo de sucumbir, porque resulta
un cuerpo extraño dentro de la justicia
tradicional.
En este caso pueden presentarse dos
fenómenos. Uno de ellos, lógicamente,
es el de derogar la nueva normativa
por no llenar las expectativas o por no
cumplir sus objetivos. El caso más claro
fue el de la ley peruana de 1969. En una
reforma posterior del Poder Judicial
se consignó un Transitorio, encargado
de fijarle un límite temporal al Fuero
Agrario. En realidad, esto obedeció a una
definición política contraria a la reforma
agraria. La pretensión fue incorporarlo
a la estructura del Poder Judicial, para
someterlo a los lineamientos de éste.
Aún cuando el fuero se mantuvo varios
años más, no tuvo suficiente capacidad
de resistencia. Fue así como, posteriormente,
fue anulado y más tarde desarticulado.
El otro caso es el de su anulación
dentro del Poder Judicial; constituye una
cierta pérdida de eficacia, pérdida de
objetivos y, sobre todo, desaparición de
la especialidad. La jurisdicción agraria
venezolana presenta esta patología. Los
juzgados agrarios, originalmente concebidos
para conocer exclusivamente de
esta materia, comenzaron a perder su
especialidad. El mecanismo consistió en
atribuirles competencia en materias distintas.
En esta forma, en vez de agrarios
han comenzado a ser juzgados mixtos.
Porque, en el mismo territorio, tienen la
obligación de conocer y resolver causas
–46–

NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
no agrarias. No se trata de llevar a lo
civil, laboral o familia el nuevo proceso
a través de los juzgados agrarios. Por el
contrario, se trata de desvirtuar su función,
al recargarles causas distintas, cuyo
procedimiento es totalmente diferente al
agrario. En esta forma, no sólo se le brinda
menor importancia a la materia, sino
también, dentro del cúmulo de trabajo, la
disciplina tiende a desnaturalizarse.
Esto trae como consecuencia otro
problema que puede llegar a ser un
riesgo aún más grave; se trata del nombramiento
de jueces sin especialidad en
derecho agrario. La explicación de los
poderes judiciales está en la falta de necesidad
de nombrar especialistas para
lo agrario, si ese requisito no rige para
las demás materias. Efectivamente,
muchos sistemas latinoamericanos no
exigen a los jueces de las otras materias
especialidades académicas para el ejercicio
de su cargo. Esta omisión debería
ser corregida. Además, esto no justifica
en modo alguno el nombramiento de
jueces agrarios desconocedores de
la materia cuando la ley impone ese
requisito. El problema no es de orden
procesal, es de política judicial. El riesgo
es devaluar la calidad de la justicia
agraria, porque la especialidad de los
institutos de la disciplina, requiere de
un conocimiento más profundo para
aplicar los principios propios y no los
de cualquier otra rama del derecho.
Cuando esto ocurre se desnaturaliza
el modelo. Ello significa un retroceso
en cuanto se comienzan a aplicar normas
contradictorias o contrastantes.
En consecuencia, las exigencias de la
agricultura, y toda su compleja problemática,
en vez de resolverse se agrava,
porque la restauración resulta más
evidente al aplicarse el ordenamiento
civil y no los principios generales del
derecho agrario.
Otro de los graves riesgos de la justicia
agraria y ambiental, está en la pérdida
de significado de su jurisprudencia,
porque a falta de claridad de los criterios
unificadores de una cierta disciplina, al
iniciarse la contaminación de aquélla con
conceptos antagónicos, sólo se genera la
inseguridad jurídica y su absoluta desarticulación.
A este riesgo con tribuyen muchos
factores; uno de ellos, naturalmente,
es el de los jueces sin especialidad; otro,
tener jueces espe cializados superiores jerárquicos
sin dominio de la materia, principalmente
por falta de discernimiento de
ellos para aplicar en forma preeminente
los principios generales de la materia sobre
normas de otras disciplinas. Y en este
riesgo pueden incurrir incluso los órganos
jurisdiccionales especializados como
ocurre, generalmente, en todas las demás
disciplinas. Este es el más claro ejemplo
de la restauración. Significa la aplicación
de un cierto derecho amorfo, indistinto,
ajeno a las exigencias de la sociedad,
desconocedor de las realidades, muchas
veces resumido en el Código Civil.
–47–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
11. Problemas y desafíos genéricos de
los poderes judiciales a superar por
la justicia agraria y ambiental
La justicia agraria y ambiental enfrenta
los mismos problemas de todos
los poderes judiciales. Son problemas y
desafíos genéricos; es importante tener
claridad meridiana sobre ellos, porque
también, frente a estos riesgos pueden
sucumbir los nuevos intentos.
En efecto, la sociedad democrática
moderna tiene nuevos requerimientos
para los sistemas judiciales. El sistema
organizado de justicia debe ser instrumento
para la solución de los conflictos
de toda la sociedad, no sólo de los
conflictos de intereses subjetivos. Se
trata de alternativas y orientaciones
para el rumbo cultural, democrático,
económico y social de los tiempos
modernos.
Los dos requerimientos más importantes
de la sociedad democrática
moderna son la nueva dimensión del
principio de igualdad ante la ley y la
seguridad jurídica para un mundo en
permanente evolución y cambio. Se trata
de exigir al derecho un mayor contacto
con el pueblo. No aislado o a espaldas
suyas; porque el derecho no es, ni puede
ser, el producto de un ejercicio intelectual.
Es, por el contrario, una vivencia
real llamada a resolver problemas reales.
Estas exigencias se evidencian con la
acusada crisis del derecho, y sus consustanciales
crisis del Estado y de los
sistemas judiciales.
Las objeciones planteadas para subrayar
la crisis del derecho tienen dos
perspectivas distintas. Por un lado, la
pérdida de significado de la ley y, por
el otro, la indeterminación de la jurisprudencia.
La primera se acusa cada
día con mayor insistencia. Se le achaca
a la ley la falta de capacidad como instrumento
para el logro de las soluciones
más justas entre los ciudadanos; porque
el legislador moderno parece estar más
preocu pado por la sobre vivencia del
Estado que por el desarrollo jurídico
de la sociedad. Sus tareas se dirigen a
resolver problemas de fi nanciamiento,
buscar empréstitos, aprobar presupuestos.
Ello significa quedar en la órbita del
aparato estatal. La producción legislativa
de los problemas más apremiantes de la
sociedad (en el plano económico, social,
cultural o humano) no se enfrentan. El
ordenamiento jurídico se muestra como
un sistema desfasado de la realidad
actual; por eso ofrece un panorama
desolador. Aun cuando el conjunto
normativo es de grandes dimensiones,
complejo e inexpugnable, también se
encuentran muchísimas leyes viejas,
obsoletas, lejos de ser las mejores o las
urgidas por la sociedad. Los principales
códigos, por lo general, producto de la
herencia de otros momentos históricos,
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NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
se encuentran en posición contrastante
con la misma sociedad.
En el ámbito agrario y ambiental
se encuentra una situación alarmante,
porque se trata de disciplinas sin normas.
En esta forma, la agricultura para
regirse moderna y adecuadamente debe
recurrir a los principios generales de la
materia y no a la legislación. En materia
ambiental el contenido de la disciplina
es limi tadísimo, reducido a documentos
internacionales sin normas claras y vinculan
tes, por esa razón, existen muchos
criterios porque es un derecho intuido;
no concreto ni delimitable.
Estos fenómenos ponen a dudar al
ciudadano de la igualdad ante la ley. El
concepto popular de ella es totalmente
diferente. Para superar las dificultades
el derecho agrario y ambiental, deben
concebir un adecuado sistema de justicia,
donde principalmente se garantice el
establecimiento de una igualdad material
y no meramente formal. Debe constituir
una garantía democrática de seguridad
para los ciudadanos; de lo contrario,
caería en los mismos problemas de la
justicia tradicional.
Por otra parte, se acusa la indeterminación
de la jurisprudencia. La labor
judicial no puede orientarse única y
exclusivamente a la satisfacción de intereses
individuales o a la solución de
conflictos interpersonales. La solución
de casos, sin una política general, con
base en una legislación desfasada de la
realidad ofrece un producto contradictorio
e in satisfactorio. Por esa razón,
soluciones disímiles para presupuestos
fácticos semejantes, crea en la ciudadanía
una desconfianza en el sistema judicial.
La crisis resulta más evidente cuando el
juez resulta ser un mero instrumento del
designio de cuerpos jurídicos dotados de
soluciones sin credibilidad. Si la exégesis
es el método del juzgador para resolver
los graves problemas modernos, poco
sentido tiene el reclamo de justicia.
Frente a estos graves problemas debe
plantearse urgentemente en lo agrario y
ambiental una nueva interpretación jurídica;
porque es el único mecanismo para la
evolución. La interpretación del derecho
se muestra como una garantía fundamental
de la libertad. En la interpretación,
labor propia de los sistemas judiciales, y
por medio de los más altos tribunales, se
deben satisfacer los principios de igualdad
ante la ley y de seguridad jurídica.
12. Los nuevos horizontes de la justicia
agraria y ambiental
Para tener claridad de las vicisitudes
históricas de la jurisdicción agraria en
Latinoamérica, en una mirada retrospectiva,
así como de sus éxitos y fracasos,
problemas y riesgos actuales, conviene
ahora mirar hacia el futuro para encon-
–49–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
trar las bases de su modernización, a
través de nuevas alternativas ins titucionales.
Sólo así se podrá cumplir con
las expectativas de la disciplina.
Se trataría de vislumbrar los horizontes
de la justicia agraria y ambiental,
como nueva dimensión hacia el siglo
XXI, con el propósito de concebir los
lineamientos sobre los cuales se deberían
consolidar y fortalecer los modelos
procesales existentes y tratar de orientar
los nuevos intentos.
A) Debe quedar claro, naturalmente, el
obligado acercamiento entre lo agrario
y lo ambiental; por eso, la modernización
obliga a institu cio nalizar la
dimensión ambiental de lo agrario.
Ello implica, necesariamente, atraer
hacia la competencia de los órganos
jurisdiccionales especializados, todo
lo agroambiental; esto significa únicamente
lo vinculado al agro, porque
los otros campos son competencia
de otros tribunales, como los civiles,
penales o contencioso administrativos.
B) Los principios procesales meta han
de constituir las grandes orientaciones
por donde deberán dirigirse
los sistemas procesales agro ambientales
para adquirir rasgos de
modernidad.
1) Desde hace muchos años en
el derecho procesal se ha considerado
a la oralidad como el
nombre símbolo de evolución
y avance, porque los sistemas
procesales aún atados al principio
de la escritura, encuentran
límites muy complejos para
constituir verdaderos vehículos
para la justicia. Si bien es cierto,
después de la Revolución Francesa
la escritura constituyó una
garantía para la igualdad, frente
al secreto de los procesos medievales,
la lentitud encontrada en
ellos, así como el formalismo y,
sobre todo, la distancia establecida
entre la realidad y los jueces,
pronto demostraron su incapacidad
para cumplir los objetivos
de una administración de justicia
realmente igualitaria. Es to es
explicable porque si el proceso
es lento, lleno de articulaciones
y recursos, sólo sirve al culpable,
quien se vale de él para retardar
los fallos; se convierte en instrumento
para la injusticia, por esta
razón fue necesario crear nuevos
criterios procesales.
Con la oralidad se pretende darle
dinamicidad al proceso; debe ser más
ágil y rápido. Es en la etapa probatoria,
la más importante del proceso, donde se
manifiesta realmente. Ésta, constituye
un instrumento para acercar a las partes,
establecer contacto entre ellas con sus
abogados, entonces se les permite expre-
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NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
sarse, se crean las condiciones idóneas
para el contradictorio, se satisface la
posibilidad de encontrar la verdad real
a través del interrogatorio amplio de los
testigos, se conocen a viva voz y directamente
los dictámenes de los expertos,
se intercambian criterios y opiniones y,
sobre todo, por medio de este principio
se facilita la labor del juez para apreciar
en una dimensión verdadera el contenido
y valor de las probanzas.
En las otras etapas donde deben
docu mentarse los actos siempre es importante
la escritura. En consecuencia,
tanto la etapa de la interposición de la
demanda y la contestación, incluidos los
documentos aportados en esa, así como
en la etapa constituida por la resolución
del proce so representada por la sentencia,
sigue manteniéndose la expresión
escrita.
Con la oralidad se manifiestan otros
dos principios absolutamente consustanciales
como son el de la inmediatez
y la concentración. Ellos van a garantizar
la humanización del proceso y la
celeridad. Con la inmediatez se expresa
el contacto directo del juez con las
partes y la prueba. Permite al juzgador
adentrarse en el elemento probatorio
para encontrar la verdad real, y no sólo
a la formal pretendida por las partes.
Con esa relación se superan los límites
del juez típico de la escritura, donde se
confunde el mundo de los documentos
y alegatos escritos con la realidad,
porque la inmediatez facilita al juez encontrar
el cuadro fáctico buscado para
aplicar el derecho. Por su parte, como
las pruebas deberán recibirse en una
o pocas audiencias, también está presente
el principio de la concentración.
Las distancias entre la etapa inicial de
la interposición de la demanda y la
sentencia se estrechan más. Habrá, en
consecuencia, una administración de
justicia más pronta y cumplida.
La oralidad concebida en esta forma
obliga necesariamente a la identidad
física del juzgador, ya que sólo podrá
dictar sentencia el juez imbuido de la
discusión. Jamás, quien no estuvo en
el juicio.
2) El principio de la oralidad implica
necesariamente darle poderes
al juez; porque en la escritura los
poderes le son otorgados únicamente
a las partes, y el juez es
tan solo un árbitro, encargado de
fijar las pautas establecidas en la
ley a instancia de ellas.
Con la oralidad los poderes son de
las partes, pero también otorgados al
juez de diferente tipo, aunque no pueden
ser ejercidos ni sobre las partes ni
arbitrariamente, pues siguen siendo las
partes las que definen el contenido del
proceso, su prueba, y la búsqueda de la
verdad, con el auxilio del juez.
–51–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
Primero, lógicamente, está la facultad
para conducir el proceso. Las etapas
previstas en las normas son abiertas y
cerradas por el juzgador, sin necesidad
de instancia de parte. En esta forma,
asume el papel de director y conductor
del proceso. Una vez puesto en su
conocimiento el contenido del debate,
a través de la demanda y contestación,
está obligado a continuar hasta su final.
En consecuencia, no podría imputarse a
las partes el castigo de la desestimación
o el abandono. El avance por las diferentes
etapas procesales, puede conducir a
la sentencia, pero también, a fórmulas
alternativas de solución de conflictos,
porque esta última también constituye
una vía para terminarlo.
Los poderes más importantes se
refieren, en segundo lugar, a la administración
del elemento probatorio,
porque el juez es quien decide sobre la
admi sibilidad de la prueba. Éste puede
rechazar la impertinente o abundante,
más no puede ordenar otras, ni siquiera
para mejor proveer, pues esa es una
característica de los sistemas procesales
autoritarios. Además, al dirigir el
debate en la etapa probatoria, decide
los criterios para evacuarla, permite a
las partes interrogar o preguntar, señalar
límites en cuanto a su contenido
o alcances y, sobre todo, ha de estar
facultado para formular preguntas
directamente para obtener el máximo
provecho de ella.
Finalmente, deberá tener amplios
poderes para apreciar y valorar la prueba
recibida. Esto significa gozar de amplias
facultades para determinar el cuadro fáctico
sobre el cual deberá dictar la sentencia.
Para tal efecto razonará y justificará
el valor dado a las probanzas, expresando
los criterios de legalidad o de equidad
para sus valoraciones, sin sujeción estricta
a las normas de derecho común sobre
la valoración de la prueba.
3) La modernización procesal
de berá implicar también la gratuidad
de la justicia. Ello opera
a través de la garantía de defensa
de los justiciables sin recursos
económicos para enfrentar los
procesos. Igual mente, por medio
de mecanismos llamados a
llevar a los estrados judiciales
el que branto de normas am bientales
y buscar las sanciones
previstas en las leyes.
La defensa técnica gratuita, garantizada
como principio general del
derecho procesal debe incluir, tanto la
asistencia para ser demandado, como
para demandar. En esta forma, el acceso
a la justicia es más amplio y democrático.
El abogado nombrado para asistir
a los no habientes, deberá gozar de
especialización en derecho agrario y
ambiental, y tener el apoyo logístico
necesario para desempeñar su labor en
forma eficiente.
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NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
En el caso de las infracciones normativas
al ambiente, una sana administración
de justicia debe contar con fiscales
ambientales o ecológicos, llamados a
investigar y denunciar las infracciones
cometidas. Han de constituir un cuerpo
uniforme con los defensores públicos,
pues aun cuando actúan en campos distintos,
cumplen los mismos fines.
C) La modernización de la justicia
agraria y ambiental exige introducir
figuras fundamentales para alcanzar
también la paz. Se trata de institutos
procesales llamados a distensar a las
partes. Encontrar soluciones alternativas
para evitar, sólo en casos indispensables
o extremos, la impo si ción
de la sentencia.
Estos institutos son de diferente
tipo y pueden ser utilizados conforme
a las exigencias mismas del proceso.
La mediación y la conciliación constituyen
algunos de ellos. En este caso, el
juez trata inicialmente de mediar entre
las partes para encontrar una solución
conforme a las diferentes pautas señaladas
por éstas. Posteriormente, trata de
buscar una posible solución y la ofrece
como vía conciliatoria. Para tal efecto, el
juzgador deberá inicialmente identificar
los aspectos respecto de los cuales no
existe disputa, y poco a poco incursionará
en los aspectos conflictivos. Si se
llega a un acuerdo, éste se documenta y
posteriormente se aprueba. Lo acordado
se comprende limitado a extremos
negociables, nunca a los irrenunciables,
respecto del cual opera la cosa juzgada.
Si tan solo existe un acuerdo parcial,
también se le documenta y se continúa
el proceso.
La mediación y conciliación puede
plantearse en diferentes etapas del proceso.
Conviene intentarlo desde el principio;
incluso si no se logra volver sobre
ello una vez evacuadas las pruebas, aún
antes de dictar la sentencia.
En todo caso, conviene impulsar
estas soluciones garantizando los derechos
profesionales de los abogados,
porque si va en perjuicio de sus honorarios
ellos mismos se convierten en un
obstáculo, pero si ocurre lo contrario,
otorgando porcentajes, lucharán por la
conciliación.
También conviene prever fórmulas
arbitrales cuando no funcione la mediación
o conciliación. En este caso se
trataría de árbitros llamados a encontrar
solución al conflicto. También puede
preverse la intervención de expertos
conciliadores dentro del mismo sistema
de administración de justicia distintos
del juez de la causa.
D) En el campo agrario y ambiental evidentemente
sólo lo patológico debería
llegar a las instancias ju di ciales;
por eso, dentro de las solu ciones
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REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
alternativas de la justicia también
se comienzan a prever instancias
administrativas.
En materia agraria existen interesantes
posibilidades respecto de los
contratos agrarios, cuando son los
mismos gremios o grupos organizados
de productores y propietarios, asistidos
por la Administración Pública, quienes
encuentran solución a sus propios problemas
o intereses contrastantes. En los
contratos de arrendamiento y aparcerías,
así como en los agroindustriales,
generalmente hay organizaciones vigilantes
del cumplimiento y satisfacción
de sus intereses. En este caso la
creación de instancias administrativas
para resolver los problemas adquieren
gran validez.
Igual acontece con los problemas
de la propiedad y posesión. Porque hay
instituciones llamadas a conocer esos
conflictos a través de procedimientos
administrativos. Cuando se encuentra
solución a los diversos conflictos, entonces
los acuerdos o soluciones deben
sustituir la contienda judicial.
Particular relevancia adquiere también
la solución de conflictos por los
propios interesados a través de sus
comunidades con la asistencia de la Administración
Pública. Uno de los casos
más interesantes para Latinoamerica lo
constituye la justicia comunal e indígena
donde se aplica el derecho consuetudinario;
en ellos debe, privar su derecho,
no el ordinario.
En el aspecto ambiental también hay
tribunales administrativos, llamados a
encontrar solución a conflictos de ese
orden. Por su medio pueden imponerse
sanciones. Sin embargo, adquiere mayor
importancia cuando sirve de instrumento
para la prevención. Los ciudadanos
teniendo acceso a estas instancias,
adquieren una cultura de conservación
y protección de los recursos naturales
indispensables para preservar el medio
ambiente.
E) También para lo ambiental se
vienen impulsando modelos intere
san tí simos para la solución internacional
de conflictos. En estos
casos los Estados y los organismos
in ter na cio na les tendrían una vía
para encontrar respuesta a los serios
problemas, refe ridos a la infracción
de normas internacionales en zonas
fronterizas, respecto de ríos, mares
o, en gene ral, daños al ambiente con
efecto en áreas de ellos o de terceros
Estados.
Uno de los ejemplos más valiosos,
lo constituye la creación de una Corte
Internacional de Arbitraje y Conciliación
Ambiental, por un grupo de des ta -
ca dísimos juristas, expertos en derecho
ambiental, con sede en San Se bas tián,
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NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
España, y en México, cuyo fin es ofrecer
la posibilidad a los Estados, los
organismos internacionales, así como
a los sujetos de cualquier tipo, cuando
los Estados están dispuestos a someterse
a arbitraje o a esa jurisdicción,
para encontrar soluciones jurídicas a
los problemas.
La Corte cuenta con un grupo de
especialistas de reconocida fama en
todo el mundo, y con procedimientos
de carácter internacional, para resolver
los casos.
También resulta estimulante y válido
el intento por crear una Corte Internacional
del Ambiente. Esta fue sometida
a la aprobación de las Naciones Unidas.
Su objetivo es constituir un organismo
supranacional con competencia para
aplicar los tratados y convenios internacionales,
garantizar en esta forma el
debido cumplimiento de esos instrumentos
internacionales y la adecuada
preservación de los recursos naturales
en el mundo.
13. La modernización del sistema
judicial agrario y ambiental a
través de un sistema estructurado
de fuentes e interpretación del
derecho
El secreto fundamental de la modernización
de la justicia agraria y
vambiental, así como de cualquier sistema
judicial, se encuentra íntimamente
vinculado con el tema de las fuentes y
la interpretación del derecho. Constituye
el despertar dinámico, constructivo, de
avance, en las disciplinas de cambio
constante y vicisitudes novedosas.
El tema del sistema de fuentes propio
y específico, aparece como consecuencia
de la necesidad de contar con un criterio
para determinar cuáles son ellas y cuáles
no; porque hay fuentes absolutamente
extrañas, e incluso con trastantes o negadoras,
de lo agrario y ambiental. Además,
conviene establecer una jerarquía
entre unas y otras. Cuando la exigencia
se dirige a buscar un modelo con fuentes
propio y específico es porque el sistema
“general” de fuentes del ordenamiento
no implica una discriminación para cada
una de las ramas. En consecuencia, carece
de sentido aplicar el sistema general
cuando es necesario darle un sentido a
la rama, en el campo específico, y urgen
de la ley o la jurisprudencia para señalar
la forma como adquieren relevancia en
cada campo específico.
El tema de la interpretación, surge
como excitativa para la defensa del ius
constitutionis, del derecho objetivo. Esa
salvaguardia entraña una finalidad pública
en lo agrario y ambiental más allá
del interés de las partes. Cuando éstas
acuden a la administración de justicia
contribuyen a mantener incólume la
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REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
aplicación e interpretación en lo agroambiental
en forma directa, y en forma
indirecta, cuando exista quebranto al
derecho objetivo, también a encontrar
respuestas a sus pretensiones.
Tanto para las fuentes como para la
interpretación judicial, modernamente,
la aplicación formal no es suficiente.
La legislación general de los códigos
ha dado paso a la legislación especial
en el derecho agrario y ambiental.
La especialidad, complejidad y multiplicidad
de estas normas obligan a
la jerarquización y a nuevas formas
interpretativas. Sobre todo porque los
errores en la producción legislativa
resultan hoy más evidentes. Existe
mayor confusión y contradicción. Los
criterios de la derogatoria de las leyes
no constituye un instrumento confiable
ni tampoco el de las reformas. La labor
del juez especializado cobra mayor
relevancia, porque resulta difícil la
aplicación del derecho y, por ello,
requiere de una preparación técnica
más acabada.
La aplicación formal del derecho
no es suficiente, porque en la época
moderna el mayor problema radica en la
ponderación, equilibrio y construcción
entre valores y fuerzas para ir creando
el derecho agrario y ambiental. El juez,
sobre todo, aquel ubicado en la cúspide
del sistema judicial llamado a sentar los
criterios jurisprudenciales, va definiendo
los principios generales de la disciplina.
Estos adquieren aplicación concreta
en cuanto informan al ordenamiento.
En forma abstracta son pro gra máticos,
pero en su aplicación cotidiana son concretos.
Por esto la preeminencia de los
principios generales del derecho agrario
y ambiental juegan dentro del sistema
de fuentes de la creación normativa, un
papel histórico.
En consecuencia, el paso de la época
clásica a la moderna se encuentra
constituido por el cambio de criterio
respecto al dogma de la primacía de la
ley. En la clásica bastaba la aplicación
formal y exegética. Hay una intención
legislativa por consagrar la literalidad
de la norma. La realidad jurídica o los
valores de la sociedad poco importaban.
Era una aplicación formal y no real. En
la época moderna prevalecen la realidad
y los valores. El derecho se debe aplicar
en forma real.
Por esta razón hay un elemento realmente
novedoso. En el derecho agrario
y ambiental se reivindica a la jurisprudencia
como fuente del derecho. Esto
constituye la base para crear un auténtico
sistema de fuentes, concebir modernos
criterios de interpretación y, sobre todo,
darle a la jurisprudencia el carácter de
fuente formal del ordenamiento, con
aplicación obligatoria y vin cu lan te;
porque todas las fuentes normativas son
vinculantes. En lo agrario y ambiental no
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NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
se comparte el viejo criterio liberal de
proteger únicamente la libertad del juez
desprotegiendo a su vez la libertad de la
sociedad. La interpretación de la ley, su
integración, y sobre todo los principios
agrarios y ambientales deben ser acatados
obligatoriamente por los juzgadores
de instancia. La inobservancia de la
jurisprudencia constituye inobservancia
de la ley.
En un proyecto de Ley de Jurisdicción
Agraria y Ambiental costarricense,
se ha planteado un esfuerzo muy importante
por estructurar un adecuado sistema
de fuentes, dar respuesta al tema de la
interpretación jurídica en lo agro ambiental,
y también reivindicar el carácter de la
jurisprudencia como fuente del derecho.
Las normas encargadas de señalar estos
novísimos criterios, ofrecen un intento
por iniciar formalmente el reto de esta
fundamental transformación. También se
muestran, en forma nove dosa, como una
posibilidad para la discusión.
Artículo 6. Fuentes.
Las fuentes del derecho agrario, por
su orden de jerarquía, son:
a) El derecho de la Constitución,
b) Los tratados y convenios internacionales
y todas las declaraciones y
principios de derechos humanos,
c) Esta y todas las demás leyes coincidentes
con el espíritu de esta normativa, y
d) Los reglamentos y demás actos normativos
administrativos generales
de carácter agrario o ambiental.
Artículo 7. Ordenamiento agrario.
El ordenamiento agrario es especial
en cuanto a su materia y contenido.
La jurisprudencia y los principios
generales del derecho agrario servirán
para interpretar e integrar las normas
escritas. Cuando éstos interpreten,
integren o delimiten las normas tendrán
el mismo valor de la disposición
interpretada, integrada o delimitada.
En ausencia de norma tendrán rango
de ley.
La costumbre y los usos servirán de
fuente complementaria siempre y cuando
amplíen, clarifiquen o mejoren esta
nor mativa sin oponerse a ella. Sólo en
ausencia de norma o principio general
de esta materia, se aplicará el derecho
común, en cuanto coincida con su filosofía
y no se oponga a ella.
Artículo 8. Aplicabilidad.
Las disposiciones de los dos artículos
anteriores se aplicarán también al
derecho agroambiental.
Lo fundamental del sistema de fuentes
estructurado, entre los numerales 6 y
7, es la clara definición por ser derecho
–57–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
agrario, sólo el derivado de las fuentes
agrarias. Esto significa apartarse del criterio
de poder contaminar lo agrario con
normas distintas de las suyas. Eso tiene
fundamento en la especialidad, no en la
generalidad. Ahí mismo radica ahora su
autonomía.
Las fuentes más importantes, aparte
de las escritas ya conocidas, serán los
principios generales y la jurisprudencia.
Los primeros derivan tanto del ordenamiento
como de la cultura: son jurídicos
y metajurídicos. Por su medio, realmente
se está también reincorporando, aún
cuando no se diga, a la doctrina porque la
cultura de la disciplina es la conformada
por los científicos y cultores del derecho
agrario y ambiental en sus obras, y a
ellas recurre el juez. Las fuentes escritas
serán sólo aquellas, coincidentes con la
filosofía de los principios; las antagónicas
y negadoras no lo son.
En la interpretación no podrá aplicarse
norma distinta de las agrarias; hay
varios casos. En ausencia de ésta imperan
los principios generales del derecho
agrario y ambiental. Así la jurisprudencia
adquiere importancia cardinal. Por otra
parte, si interpreta la norma escrita logra
integrarla de la misma manera. En este
sentido, la jurisprudencia es la segunda
voz de la ley, la nueva voz, y adquiere un
rango sustitutivo. Entonces, cuando integra
la norma la jurisprudencia adquiere el
valor de la norma integra da. Cuando, en
ausencia de ésta, suple el vacío o la laguna
jurídica, tendrá rango de ley.
Independientemente de todo cuanto
deberá discutirse científicamente
sobre este tema subyace otro aspecto
más importante; en la técnica de estas
normas hay una respuesta política, o
si se quiere de política de la justicia
agraria y ambiental. Es la respuesta
para enfrentar la acusada crisis del derecho;
porque la pérdida de significado
de la ley se trata de superar con una
dimensión más amplia de comprender
dentro de ese concepto al or dena miento
jurídico agrario, es decir, la integración
de las fuentes formales y las materiales,
donde la ausencia de norma escrita no
requiere de la aplicación de disposiciones
de otras disciplinas, sino de sus
propios principios, y al comprenderse
como especial se reduce el ámbito de
su aplicación sólo a las agrarias. Por
otra parte, la indeterminación de la
jurisprudencia se supera dándole un
papel protagónico dentro del proceso
de interpretación, a través de instrumentos
reales, para la integración y
delimitación de la disciplina. Así la jurisprudencia
será, junto a los principios
generales, la fuente más importante del
derecho agrario. Para todos los efectos,
los criterios de fuentes e interpretación
se aplican a lo agro am biental. Con
ello, el cuadro de la modernización
queda completo, cerrado, con visos de
autonomía.
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NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
Tampoco debe olvidarse la incorporación
de los usos y las costumbres
agrarias como fuente; pero no son todos.
Solamente aquellos llamados a ampliar,
clarificar o mejorar las normas agrarias.
Esto es así porque, y sobre todo en agricultura
y ambiente, muchos usos y costumbres
son contra legem. Es evidente
en el sector agrario en la contratación.
Existe la imposición del fuerte sobre el
débil. Se conciben figuras bajo el mínimo
legal irrespetando derechos del más
pobre. Igual acontece en lo ambiental.
Se desarrollan prácticas anti econó micas,
violatorias del ambiente, como aquellas
de quemar los bosques, destruir especies,
lanzar desechos y, también, contratar
la extracción de especies maderables
donde hay vedas o exigencias legales
de cumplir requisitos para la reforestación.
Por esta razón, sólo serán fuentes
los usos y costumbres llamados a darle
una dimensión más amplia, y justa, a las
normas agrarias.
Pareciera contradictorio haber incluido
“el derecho de la constitución”
o, genéricamente, los tratados y convenios
internacionales sin discriminar de
lo no agrario o ambiental, pero no hay
contradicción; en ambos casos se trata
de fuentes con carácter general. En la
Constitución están todos los derechos
y no sólo los agrarios o ambientales.
En buena técnica jurídica los derechos
deben aplicarse en forma armónica,
coherente, proporcional. Así el derecho
al ambiente sano y ecológicamente equilibrado
no está por encima ni debajo de
ninguna libertad. En la interpretación
constitucional cobra vida el sentido de
toda la sociedad, de sus valores y principios.
Igual acontece con los convenios
y tratados internacionales. Más bien en
el seno de la Constitución y el derecho
internacional, el agrario y ambiental se
enriquecen.
14. L a n u e v a justicia agraria y
ambiental
La forma como se prepara el derecho
agrario para el nuevo milenio se
encuentra directamente vinculada con
las nuevas dimensiones de la disciplina
y como una de esas dimensiones es la
justicia; las nuevas orientaciones pretenden
incorporar los aspectos referidos a
los mercados, el ambiente y el desarrollo
como parte indisoluble de la nueva
concepción.
La vinculación derecho agrario y
ambiente para enriquecerse en lo agroambiental
parece ser una de las claves
fundamentales; porque por medio de este
entrelazamiento, se impulsará también
en el ámbito jurisdiccional, al desarrollo
sostenible para asegurar la sobrevivencia
de un mundo productivo en armonía
con la naturaleza. Ello significa mayor
productividad y eficiencia protegiendo,
respetando, preservando y conservando
–59–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
el medio. Si esta aspiración se cumple,
podrán afirmarse enfrentados positivamente
los retos y se habrán cumplido sus
fines trascendentales. Esto es fortalecer la
democracia, dinamizando el ejercicio real
de los derechos de los sujetos vinculados
a la agricultura, en una nueva etapa donde
el ambiente es su base, pero también
objeto de garantía para el futuro de las
nuevas generaciones.
En el nuevo milenio la evolución
vivida por la jurisdicción agraria en el
siglo XX, ahora llamada a convertirse
en agraria y ambiental o agroambiental,
ofrece posibilidades ciertas para
impulsar modelos desprovistos de los
problemas ya conocidos de restauración
judicial o su posible derogatoria legislativa.
Para ello la garantía de llevar
adelante un derecho agrario cada vez
más moderno, por medio de la justicia,
deberá comprender el aporte de jueces
especializados dotados de gran mística
y extraordinaria capacidad, imbuidos en
la tarea y el compromiso de fortalecer
la disciplina y evitar cualquier tipo de
contaminación jurídica, su traición o
negación.
La moderna justicia agraria y ambiental
está llamada a dar respuestas novedosas,
ágiles, originales, inteligentes,
para contribuir con las aspiraciones de
la sociedad democrática, dando mayor
seguridad jurídica y superando cualquier
posible crisis del derecho.
La legislación de la nueva justicia
agraria y ambiental debe estar dotada
de las técnicas jurídicas de los nuevos
tiempos. Y ello debe ser comprendido en
un sistema más amplio. Desde los órganos
jurisdiccionales, hasta aquellos de la
administrativa y los concebidos para los
conflictos internacionales. Deben estar
indisolublemente concebidas, en una
relación de complementariedad porque
han de cumplir los mismos fines.
Por una parte, los temas de la oralidad,
así como los de las soluciones
alternativas de conflictos, principalmente
la conciliación y la mediación, deberán
garantizar una justicia más humana, menos
traumática, más ágil, orientada hacia
la paz social y el desarrollo humano.
Además, en los nuevos sistemas judiciales,
urge definir fórmulas orientadas
a fortalecer institucionalmente la disciplina,
impidiendo por todos los medios
su contaminación normativa. En este
aspecto, las propuestas por introducir,
junto a las pautas procesales, criterios
más acabados para definir un sistema
sólido de fuentes, donde cobren vida
las materiales junto a las formales para
superar los problemas fundamentales de
lo agrario y ambiental, de ser disciplinas
sin normas, reivindicará a la realidad
y los valores más altos de la sociedad,
para concebir un derecho más dinámico
y vigente. Con este sistema de fuentes,
el cual puede tener una construcción
–60–

NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
legal, pero también ju ris pru dencial y
doctri naria, aparejado a nuevos criterios
de in terpretación jurídica, se podría abrir
para el siglo XXI un derecho agrario verdaderamente
original, vislumbrado por
el avance de la política agro am biental
y las exigencias económicas y sociales
de ese ámbito. Sólo una visión futurista,
imaginativa, incluso soñadora en un
mundo mejor, permitirá al derecho agrario
entrar al siglo XXI con la seguridad
de su consolidación.
15. La urgencia de la sociedad civil
por una nueva justicia agraria más
humanista
Al iniciar el encuentro del nuevo milenio,
la sociedad civil está urgiendo del
Estado, de la sociedad, de sus gobernantes,
una sólida reforma estructural, legislativa
y judicial, profundamente más humana.
La cultura jurídica es deudora,
con la actualización de las normas
sustan tivas de los privados y las exigencias
de los nuevos tiempos. Este
aspecto ha sido descuidado, relegado,
olvidado. Con esta actitud, también
el legislador no ha contribuido a
mejorar el ordenamiento jurídico, ni
a fortalecer el desarrollo humano.
En el ámbito procesal agrario los
ciudadanos, de derecho privado y de
derecho público, cada vez exigen con
mayor angustia un proceso rápido, ágil,
divorciado de formalismos estériles,
comprensible al pueblo, llamado a resolver
eficazmente todas sus emergentes
y complejas controversias.
El derecho de los ciudadanos, es
de cir, el civil, el contencioso admi nis trati
vo, el laboral, el de familia, el agra rio,
han sido preteridos, injustamente olvidados.
Todas las disciplinas requieren una
mayor atención del legislador y de la
modernización judicial; porque aún hoy
se encuentran encarcelados en una historia
de sistemas procesales des fa sados
y con problemas para el nuevo siglo. En
efecto, arrastran la herencia de tiempos
remotos, sin correspondencia con las
urgencias ciudadanas, y han sido concebidos
en forma tan alambicada, para
impedir el conocimiento y dominio por
parte de jueces, abogados, y con mucha
mayor razón del pueblo.
Una reforma estructural, profunda y
humanista del sistema de administración
de justicia para el derecho agrario, debe
dirigirse a la consecución de dos ideas
fundamentales, impuestas por el derecho
procesal comparado a todo tipo de
modernización procesal.
La primera idea consiste en abandonar
el ineficaz sistema de la escritura para
vincularse al de la oralidad. Por medio de
este principio se pretende reivindicar el
derecho inalienable de los ciudadanos a
–61–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
comunicarse con la justicia, a través de
sus jueces, para ser vistos y escuchados
en sus angustias y en sus requerimientos
judiciales. En esta forma, se humaniza
el proceso y la justicia. A través de la
inmediatez, el juez junto con las partes,
no frente o sobre ellas, podrá intentar
fórmulas de conciliación para encontrar
entre todos una adecuada, justa y concertada
solución a la contienda judicial
y en esa forma cumplir, entre todos,
los acuerdos logrados abandonando la
imposición de la sentencia.
Sin embargo, si no se encontrare una
vía conciliatoria, a través de las oportunidades
ofrecidas por la inmediatez,
el mismo juzgador podrá comprender
mejor el problema sometido a su conocimiento
por los justiciables. Tendrá
mayores posibilidades para acercarse
a la verdad real. Sobre todo por medio
de ese contacto directo con las partes y
la prueba estará facultado para dictar
sus sentencias lo más ajustadamente
posible a la equidad y al derecho. La
oralidad debe cumplirse a través de una
o pocas audiencias, desprovistas de todo
tipo de incidencias y nulidades, pues si
se resuelven previamente, también los
procesos se acortarán, porque media el
principio de la concentración. El tiempo
entre la interposición de la demanda y
la sentencia se acorta, se avecina. De
esta forma se debe superar la rémora
de la morosidad judicial y habrá mayor
confianza en el sistema. Para el eficaz
cumplimiento de los fines de la oralidad
debe impulsarse la creación de un juez
auténtico y nuevo. Un hombre de su
tiempo. Con amplios poderes, para conducir
el proceso e investigar la verdad
real, a través de una libre apreciación
de la prueba, sin sujeción a una tarifa
legal o tasación probatoria, consciente
de su obligación de responder, a través
de fórmulas inteligentes y justas, a la
sociedad con sentencias aleccionadoras
y de gran calidad.
La segunda idea de la modernización,
se orienta a superar la multiplicidad
de los sistemas procesales y a
eliminar la infinidad de procedimientos
especiales. Se aspira a la promulgación
de un código procesal general. Debe
ser concebido para ubicar en un solo
sistema procesal, todas las disciplinas
del derecho privado y público:
ahí entrarán el agrario, civil, familia,
contencioso administrativo y laboral.
Naturalmente, deberá tenerse especial
consideración respecto de ciertas particularidades
propias del derecho de
fondo, cuya influencia en el proceso
le da personalidad a cada materia, así
como en la dificultad de los casos. Toda
la enorme gama de procedimientos, deben
reconducirse a unos pocos procesos
mucho más eficientes y seguros. En esta
forma, se cumpliría la tarea histórica de
unificar todo lo disperso. En cualquier
caso, para cada disciplina jurídica debe
mediar un juez especializado en su res-
–62–

NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
pectiva materia, para aplicar correcta
y profundamente el derecho de fondo.
Los abusivos incidentes, propios de
los sistemas antiguos, deben reformularse,
para prever su interposición sólo
respecto de aquellas eventualidades
procesales donde cumplen una misión
efectiva. Para com batir el abuso de las
nulidades, conviene una reclasificación
para limitarlas sólo a las infracciones
constitucionales, tanto antes como
durante el proceso. En am bos casos la
formulación de cualquier in cidencia o
nulidad, debe tener un momento procesal
determinado, donde se conozcan
todas las infracciones pro tes tadas para
sanearlas oportunamente. La unidad
del sistema procesal conducirá a la
seguridad jurídica y la especialidad de
sus jueces en las respectivas materias a
una mejor calidad de la justicia.
16. Los fines de una reforma procesal
humanista
La propuesta de este nuevo sistema
procesal, profundamente humanista,
debe satisfacer una serie de fines fundamentales.
A) El primero es de carácter científico
y técnico. Se dirige a seguir
necesariamente los lineamientos
impulsados por la ciencia del
derecho procesal, en sus éxitos
y experiencias de derecho comparado,
con la formulación de
nuevos y más eficaces institutos,
demostradamente capaces para
responder a las nuevas exigencias
de las sociedades modernas. El diseño
arquitectónico de la obra debe
ser armónico, de líneas sobrias y
grandes proyecciones, destinado
a resistir las inclemencias y, sobre
todo, durar en el tiempo.
B) El segundo es de carácter filosófico.
El sistema debe ser concebido
con la suficiente claridad conceptual,
para impulsar un modelo más
eficiente y humano susceptible
de faci litarle a los ciudadanos el
acceso real y no hipoté tico, a una
justicia pronta y cumplida. Ese acceso
a la justicia debe ser definido
como un derecho fundamental,
porque es otorgado a las personas
para encontrar soluciones pacíficas
fundadas en la equidad y no en el
arbitrio. Para tal fin es necesario
fundar toda su estructura en una
base de principios procesales modernos,
idóneos y eficientes, para
ofrecerle al justiciable un contacto
humano con su juez, con el sistema
de administración de justicia y,
sobre todo, para contribuir a encontrar,
por medio del diálogo y la
conciliación, soluciones pacíficas
a sus problemas, a través de vías
alternativas de los viejos sistemas
fundados en la imposición arbitral
de la sentencia.
–63–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
C) Naturalmente, el sistema también
debe cumplir un fin social. Es el
tercero. Debe adaptarse a la sociedad
y contribuir a transformarla gradualmente,
para llevarla hacia estadios
más evolucionados, aplicando el
derecho más justa y rectamente,
creando los mecanismos para propiciar
también un ambiente de paz
y democracia.
El objetivo general de la propuesta,
pretende eliminar todas las distinciones
procesales entre civil, laboral, familia,
agrario y contencioso administrativo,
para estructurar un solo sistema procesal
para todas las diversas disciplinas,
garantizando y respetando las particularidades
de cada rama y la aplicación
especializada del derecho en cada una
de ellas.
El primer objetivo específico de la
reforma procesal propuesta, procura
reconducir la infinidad de procedimientos
ordinarios y especiales de todas las
materias a unos pocos procesos. De esta
forma se brindaría mayor seguridad jurídica
a los ciudadanos porque podrían
comprender mejor el proceso.
El segundo gran objetivo específico
de la unificación procesal, es superar
los obstáculos de las innecesarias diferencias
procesales entre las distintas
disciplinas jurídicas, para garantizar
la eficaz aplicación del derecho sustantivo
a los casos concretos en cada
jurisdicción especializada. Esta es una
diferencia fundamental.
Cada sede debe contar con jueces
especializados en el derecho sustantivo
de su disciplina jurídica. El proceso es
el camino, cuyo dominio debería ser
ejer cido por todos, pero las normas de
fondo identifican por especialidad cada
disciplina. Sería imperdonable reconocer
la existencia de jueces, conocedores
sólo del derecho procesal, porque ese no
es el fin de la solución de controversias
en la sociedad y es inconcebible la de
navegantes del proceso, sabedores sólo
del derecho de fondo. Se trata de la unificación
del sistema procesal, para la seguridad
jurídica y la justicia especializada
como garantía democrática. Por lo tanto,
con un código procesal general dotado
de pocos procesos, se podrá garantizar
una mejor justicia a los ciudadanos.
17. Por un proceso más humano
fundado en la oralidad y la
inmediatez
Las nuevas dimensiones de la modernización
procesal, se identifican
con la aspiración de crear sistemas
desprovistos de formalidades innecesarias,
caracterizados por las simplificaciones
procesales y la celeridad
en armonía con la seguridad jurídica.
Para la humaniza ción del proceso es
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NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
indispensable el contacto directo del
juez con las partes, para buscar desde
un primer momento soluciones pacíficas
a la contienda judicial a través del
diálogo, la conciliación y el debido
entendimiento. De esta manera, el
resultado eventualmente podría no ser
impuesto sino concertado, igualmente,
la ejecución podría ser voluntaria sin
imposición judicial; porque las partes
quieren ser vistas y escuchadas por el
juzgador. Tienen derecho a manifestarse
públicamente, por sí o por medio
de sus representantes legales, delante
de la parte contraria, de los abogados
y demás participantes. Incluso, cuando
no medie conciliación total y el proceso
lógicamente deba seguir, se obtendrán
importantes frutos, si desde un principio
se ha permitido a los contendientes
estar en contacto, se les ha invitado
públicamente a expresar en forma libre
sus argumentos, porque ello significa
materializar el derecho a ser escuchados
por la administración de justicia,
tanto en sus pretensiones personales y
las motivaciones del conflicto, como
en sus reclamos de justicia.
Esa inmediatez del juez con las
partes, es indispensable para conocer
sus pretensiones en el caso concreto;
así como sus requerimientos hacia la
administración de justicia, escuchar sus
argu mentos y recibir las pruebas, sólo
puede lograrse a través de un sistema de
ora lidad procesal.
Oralidad, entraña la posibilidad de
expresarse en la forma más amplia, ser
percibido por el juzgador, así como por
las otras partes, a través de todos los
sentidos, con la seguridad de ubicarse
en un ámbito de comunicación amplio
donde la interacción es la regla.
La oralidad es el mejor instrumento
para facilitar la inmediatez y la publicidad;
pero también se cumplen muchos
otros principios colaterales. Entre ellos
el de la concentración; porque si las audiencias
son concebidas para escuchar a
las partes y evacuar las pruebas, también
ellas deberán contribuir a la celeridad,
esto es acortar considerablemente el
tiempo, entre la interposición de la demanda
y el dictado de la sentencia.
Con la concentración, en una o pocas
audiencias, se contribuye a evitar el mal
endémico de los procesos interminables.
Evidentemente, la resolución de
los recursos necesitará de tiempos más
reducidos y, en ese sentido, serán más
fá cil combatir las dilaciones innecesarias
de las incidencias y nulidades.
Otro principio consustancial al
sistema de la oralidad, importantísimo,
es el de la identidad física del juzgador.
El juez o tribunal encargado de dirigir
la audiencia donde se ha celebrado el
debate, y frente a quien se han evacuado
todas las pruebas y se han emitido
las conclusiones de las partes, en razón
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REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
de sus probanzas y pretensiones, es el
único facultado para dictar la sentencia.
Ese juzgador llamado a estar en la etapa
más importante del proceso, dotado de
amplios poderes, dentro de los cuales
sobresale el de la libre valoración de
las pruebas, deberá obligatoriamente
dictar el fallo a la terminación de la
audiencia.
Otro principio fundamental es el
del permanente contradictorio. No es
colateral, pero adquiere una mayor relevancia
dentro del sistema de la oralidad.
El contradictorio no debe reducirse
sólo a la etapa de la contestación de la
demanda.
El juez de un sistema dotado de
oralidad es un personaje distinto al tradicional,
porque el principio sólo puede
cumplirse si el juez tiene amplios poderes
para conducir el proceso, con una activa
participación durante todo su desenvolvimiento.
Se trata de potestades otorgadas
para prevenir a las partes la corrección
de la demanda o la contra demanda, las
contestaciones, excepciones y nulidades.
Se busca tener más clara la contienda
judicial, integrar correctamente la litis,
y evitar la repetición del juicio por errores
formales. Lógicamente, también se
otorgan poderes para conducir el proceso,
admitir, rechazar, evacuar y ordenar
las pruebas, y, fundamentalmente, para
apreciar libremente el material probatorio
recibido delante suyo.
El principio de la oralidad no significa
un proceso totalmente oral. No
en traña un proceso reñido o desligado abso
lutamente de lo escrito. Por el contrario,
la oralidad opera fundamentalmente
en la etapa de recepción de pruebas.
Es indispensable aprovechar todas las
ventajas de la escritura para documentar
muchas partes del proceso.
Dentro de todo este conjunto importantísimo
de principios, debe incluirse
el de la buena fe y lealtad procesal. Constituye
un elemento indispensable para
impulsar la paz, la tolerancia, el respeto
entre los adversarios y, sobre todo, la dignidad
de la justicia. Las partes, sus representantes
o asistentes y, en general, todos
los llamados al proceso, deben ajustar su
conducta a estos principios. En todos los
casos deberán actuar con lealtad y buena
fe. Para tal efecto el tribunal deberá, por
todos los medios a su alcance, impedir el
fraude procesal, la colusión y cualquier
otra conducta ilícita o dilatoria.
Las aspiraciones de un proceso
moderno pueden cumplirse, a través del
desarrollo de los principios procesales
de inmediatez, oralidad, concentración,
identidad física del juzgador, publicidad,
impulso procesal, ordenación, respeto
a la iniciativa privada de la demanda,
contradictorio, buena fe y lealtad procesal.
Todos ellos deberán contribuir al
cumplimiento del derecho fundamental
de todo ciudadano al proceso, y junto
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NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
a una pronta y eficiente administración
de justicia, deben lograr un proceso más
humano para combatir la morosidad judicial,
la litigiosidad, limitar los excesos
de la parte culpable dentro del proceso y,
darle vigencia al principio constitucional
de justicia pronta y cumplida.
18. Estrategia para superar los dogmas
encargados de alargar el proceso
e impedir la aplicación de la
justicia
El fin del proceso de modernización
es la reorganización y la reestructuración
judicial agraria para concebir un
sistema más eficiente. Dentro de ésta se
inscribe la reforma procesal del derecho
agrario.
La estrategia de la propuesta pretende
acortar, en forma significativa,
la duración de los procesos en armonía
con el respeto y debido cumplimiento de
todos los derechos constitucionales de
los justiciables. La propuesta no tendrá
éxito, si no logra superar muchos criterios
arcaicos, cuya única función ha sido
la de entorpecer los procesos y retrasar
la justicia.
A) Tres son los falsos dogmas levantados
para garantizar los derechos
procesales de los ciudadanos cuya
verdadera función ha sido la de
dilatar, alargar, complicar, retrasar,
entorpecer la prosecución de los
procesos.
En primer lugar, se ubica el dogma
de la doble instancia. Entraña el correlativo
derecho a apelar absolutamente todas
las resoluciones dictadas por los jueces.
Se califica por sus defensores como
una verdadera garantía constitucional.
En realidad, es desconfianza hacia los
jueces adornada de una estrategia destructiva.
Si a cada gestión de cualquiera
de las partes va aparejada una decisión
judicial para resolver lo pedido, entonces
recurrir a todas las decisiones, significa
obstaculizar el camino del proceso con
resultados frustrantes para el ciudadano
con sed de justicia.
Doble instancia significa implícitamente,
tercera instancia; porque en el
concepto equivocado de este principio se
pretende revisar y revisar, anular y anular,
impedir el dictado de la sentencia.
El segundo dogma, es el imperio de
los incidentes. Se trata de otra inmensa y
deforme puerta gigantescamente abierta,
para permitir el ingreso al proceso de
todo tipo de discusiones, cuyo efecto
principal es tratar de destruir todo el camino
cumplido para volver a comenzar.
Por su medio se introducen confusiones,
dudas, malos entendidos, se siembran
las bombas destinadas a explotar antes
o después en el corazón del camino procesal
para impedir el avance, o como si
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REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
fuere un juego declarar inexistente todo
lo actuado y comenzar de nuevo.
Finalmente, se encuentra el dogma
de las nulidades. Son el perfecto combustible
y la pólvora de las dos armas
anteriores. Son consecuencia de los
errores cometidos por los jueces o la
parte contraria cuya reserva y correcta
aplicación, en un momento procesal determinado,
hace fracasar todo intento por
el avance enemigo; y como el dogma de
las nulidades tampoco tiene límites, se
busca darle ese calificativo a cualquier
tipo de error, inadvertencia, infracción
procesal o de fondo, muchas veces representativas
de insignificancias cuya
discusión debe atender el juez, y cuya
resolución, naturalmente, va a quedar
suspendida por la apertura de nuevos
recursos de apelación.
Todos estos dogmas son figuras extrañas
y antagónicas con el interés público,
general y social de la modernización
procesal, porque la multiplicación de los
recursos, la infinidad de los incidentes y
nulidades no compaginan con un sistema
eficiente de administración de justicia.
B) La única forma de combatir los
dogmas extrajurídicos encargados
de deformar el proceso y obstaculizar
una justicia dotada de celeridad,
es construir un sistema alternativo,
susceptible de impedir la dilación y
el abuso del proceso.
1) Se propone reestructurar los
procesos del derecho privado
y público, eliminando la doble
instancia e impidiendo la revisión
excesiva.
La idea es reducir los procesos, en
absolutamente todos los casos, a una
única instancia, garantizando el resultado
final con una sola revisión, por
parte de otro órgano judicial, ubicado
jerár qui ca mente en una escala superior.
La revisión es única y exclusiva de la
sentencia, y en algunos casos de resoluciones
con características similares,
porque provisionalmente fijan estado
al adelantar efectos del futuro fallo, y
excluyen total mente la revisión de todas
las resoluciones por un órgano distinto
o superior.
En los procesos con estructura de
ordinarios, la exhortación se dirige a
eliminar la actual primera instancia.
Consecuentemente, la única instancia
se realizará ante el actual superior. Esto
significa, una única instancia ante un
tribunal colegiado y con la revisión procesal
de su sentencia, a través del recurso
extraordinario de casación.
2) En el nuevo sistema para el derecho
privado y público se propone
un nuevo proceso incidental. Los
incidentes sólo podrán oponerse
en el momento procesal correspondiente
y por las causales es-
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NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
tablecidas por la ley. Solamente
suspenderán el dictado de la
sentencia, cuando también lo determine
el ordenamiento jurídico.
Por esta razón, aún en los casos
de nulidad, deberá avanzarse por
las diferentes etapas procesales;
porque es un imperativo la prosecución
del juicio y conducir el
proceso lo más cerca posible a la
sentencia. Se mantiene el criterio
de dejar el trámite incidental únicamente
para cuando no exista
otro proceso.
Con la oralidad, los incidentes se interponen
por escrito fuera de la audiencia
y en forma oral durante el trámite de la
audiencia.
3) Se propone crear una nueva
categoría de nulidades completamente
original.
Solamente habrá dos tipos de nulidad
susceptibles de análisis y discusión
judicial. Las primeras son las expresamente
calificadas como tales en las
normas procesales (nulidad, admisi bilidad
y caducidad) y las segundas, las
derivadas de infracciones a derechos
constitucionales cometidas antes o durante
el proceso. El principio colateral,
es suministrar suficientes poderes a los
jueces, para cumplir con un método
llamado a permitir la subsanación de las
nulidades. Con ello se pretende sanear
los posibles vicios, evitando anular las
etapas procesales cumplidas. Naturalmente,
pueden encontrarse casos de
nulidades absolutas cuya reposición es
imposible, pero ésta debe ser la excepción
y no la regla.
Debe desterrarse por ley, a través de
un principio bien claro y correctamente
concebido para no dejar ningún portillo;
el viejo y tradicional criterio de decretar
nulidades por razones no contempladas
expresamente en el ordenamiento jurídico.
Sobre todo, debe superarse la ineficiente
e insensible práctica de anular los
procesos, ordenando su reposición sin
considerar los actos cumplidos, algunos
de ellos incluso irrepetibles. Dentro de
los principios generales del Código debe
establecerse el de la economía procesal
con mención específica a este tema.
En la oralidad, las nulidades se
in vo can como proceso incidental y se
oponen en el momento procesal correspondiente.
19. Procesos agrarios de única instancia,
con casación en ordinarios y apelación
en los demás
Todos los ordinarios agrarios se
tramitarán en única instancia ante un
órgano colegiado, siguiendo el principio
de la oralidad. Contra las sentencias dictadas
en ellos, se otorga como revisión
procesal el recurso de casación. De ellos
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REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
conocerá la respectiva sala de la Corte
Suprema de Justicia con competencia en
razón de la materia.
La estrategia sugerida es eliminar la
actual primera instancia. Todo queda reducido
a una única instancia en la actual
segunda. Se opta por eliminar la primera
y no la segunda, porque generalmente,
existe más confianza popular en un órgano
colegiado y no en uno unipersonal; y
como el órgano colegiado en definitiva,
siempre debería conocer mejor, entra
en escena inmediatamente como único
y exclusivo.
Todos los demás procesos, distintos
de los ordinarios, se propone tramitarlos
también en única instancia ante un
órgano unipersonal. La revisión opera
ante un órgano colegiado, a través del
recurso de apelación. Cuando se celebren
audiencias en este tipo de procesos,
siempre serán orales y el resultado de las
mismas, deberá consignarse en un acta
lacónica y en la sentencia definitiva o
interlocutoria.
Los procesos de ejecución serán
siempre escritos.
En los ordinarios agrarios el proceso
se reduce a dos fases específicas y concretas.
La primera es la de iniciación y
la segunda, de pruebas y sentencia.
A) La fase de iniciación de todos los
procesos debe estar absolutamente
–70–
documentada; por obligación será
siempre escrita. La demanda, bajo
pena de inadmisiblidad, deberá
contener en forma clara, precisa
y circunstanciada un elenco de
todos los hechos, así como señalar
expresamente los fundamentos
de derecho, petitoria, la prueba
ofrecida para evacuar y lugar para
oír notificaciones. También deberá
acompañar todos los documentos en
su poder, así como certificaciones de
hechos o documentos encontrados
en cualquier tipo de registro y, salvo
casos excepcionales, podrá solicitar
prueba documental por medio del
tribunal. El tribunal deberá revisar
la demanda y estará facultado para
ordenar su corrección, si no se ajusta
a los requerimientos legales de todos
los aspectos indispensables para
permitir un debate claro.
Con el emplazamiento se prevendrá
a la parte contraria de la obligatoriedad
de contestar la demanda ajustándose a
los términos de cómo fue formulada y el
derecho a interponer excepciones. Igualmente,
se prevendrá de la obligación
de aportar todo el elemento probatorio,
para la contestación y las excepciones.
Todas las excepciones, sin distingo de
su calificación, deberán ser interpuestas
en el mismo acto de la contestación.
Salvo el caso del proceso incidental por
incompetencia, todas las excepciones,
incidencias o nulidades formuladas no

NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
interrumpirán el proceso. Se actuará en
la misma forma, si con la contestación
se formula contrademanda.
Si mediara proceso incidental por
incompetencia, se evacuará la prueba y
se resolverá. Si hubiere conflicto deberá
someterse el asunto a conocimiento
inmediato de la Sala de Casación de la
Corte Suprema de Justicia con competencia
para dirimirlo. Resuelto, se remitirá
el expediente al tribunal competente
para proseguir con el juicio.
B) La fase demostrativa, de conclusiones
y sentencia, bajo pena de
nulidad, será totalmente oral. La ausencia
a esta fase de la parte actora,
tendrá por desistida la demanda, y si
faltare la parte demandada, se tendrá
por contestada afirmativamente la
demanda. En cualquiera de estas
eventualidades, en el mismo acto,
se dictará sentencia.
En el proceso ordinario esta fase tendrá
dos audiencias: una preliminar, donde
el órgano judicial actuará como despacho
sanador y otra complementaria para evacuar
la prueba, escuchar las conclusiones
de las partes, expresadas oralmente y
para el dictado de la sentencia.
En los procesos ordinarios todo se
resolverá en una sola audiencia. Esta
comprenderá tanto la preliminar, como
la complementaria. El juez tiene la facultad
para determinar si separa ambos
momentos a través de un receso o le da
continuidad.
En todos los casos la parte dispositiva
de la sentencia será leída por el
tribunal, previo receso para deliberar,
al finalizar la audiencia de pruebas,
después de la intervención de las partes
para emitir sus conclusiones. Se exceptúan
de esta regla los contenciosos
administrativos, civiles de Hacienda y
tributarios. En los anteriores y todos
los demás casos la sentencia como
documento, se notificará en estrados,
dentro de los 5 días siguientes a la
última audiencia.
Los procesos de ambos tipos, se
caracterizan por seguir el principio de
la oralidad a través de audiencias. En
los ordinarios hay dos audiencias: la
preliminar y la complementaria. En los
otros, ambas audiencias se producen en
un único día.
20. La conciliación como columna
vertebral para un proceso agrario
humanista, fundado en la búsqueda
concertada de la paz
La columna vertebral del nuevo sistema
procesal debe estar constituida por
una estrategia de conciliación llamada
a darle sentido más humano, eficiente y
pacífico al proceso.
–71–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
La humanización del proceso y la
conciliación son elementos indisolubles
del principio de la oralidad, como nuevas
propuestas del moderno derecho procesal;
son principios paralelos. Por esa
razón, resulta imposible comprenderlos
por un sistema procesal como el de la
escritura, donde impera el tradicional
principio dispositivo en su máxima expresión.
En la oralidad, por el contrario,
humanización y socialización del proceso
son la regla.
En el sistema de la escritura impera
el criterio de la heterocomposición. El
Estado está concebido, como un instrumento
para impedir la autotutela de los
privados, porque es imposible hacerse
justicia entre la partes. Por el contrario,
la oralidad se aparta completamente de
la heterocomposición, asume una definición
y un principio absolutamente
distinto, es el de la autocomposición.
No es concebible un juez distante de las
partes e incapaz de ofrecer soluciones
al conflicto. La humanización y la paz
exigen un proceso dotado de jueces con
mayores poderes, capaces de intervenir
en todas las etapas procesales para la
pronta solución judicial. Esta estrategia
sólo es posible si existe un contacto
directo del juzgador con las partes y
los litigantes. Esto opera sólo con la
inmediatez. En esa comunicación permanente,
las tres partes buscarán una
salida al diferendo. Se acercarán para
lograr un resultado ideado por todos
y no impuesto por uno. El momento
de la conciliación debe preverse como
opción válida durante todas las etapas
procesales. Desde la primera audiencia,
cuando se cita a las partes para sanear el
proceso, se deben prever y buscar todos
los medios de conciliación. Y este criterio
conviene institucionalizarlo para ser
utilizado en cualquier otro momento y
en todas las etapas. La conciliación, así,
se prolonga incluso para la ejecución de
la sentencia.
Se procura superar el enfrentamiento
judicial por el entendimiento a través
de los sistemas de administración de
justicia. Este es el auténtico sentido de
la solución alternativa de conflictos. No
se trata de la privatización ni de la desjudicialización,
sino de la huma nización
procesal, a través de los sistemas organizados
de justicia. Es la búsqueda de
soluciones antes y durante el proceso,
para evitar la confrontación y la litigiosidad,
pero a través de las vías judiciales
o parajudiciales.
Son exigencias del siglo XXI la humanización
del proceso y la conciliación
judicial, pues constituyen instrumentos
para la satisfacción de la paz. Esta es una
–72–

NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
nueva dimensión del proceso del futuro.
Constituye un elemento indispensable
de cualquier forma de modernización
judicial.
La sociedad moderna exige un
trato humano e igualitario para los
justi cia bles. Deben abrirse los despachos
judiciales para dejar entrar
al pueblo. La nueva justicia requiere
de juz ga dores capaces de escuchar
atentamente los planteamientos de los
ciudadanos, observar con atención todas
sus probanzas. Sólo a través de esa
inmediatez y con un sentido profundamente
humano, podrá acercarlos hacia
la consecución de soluciones prácticas
y razonables.
Los poderes del juez deben ser
suficientes para ingresar a la compleja
maraña del problema y opinar libremente
sin reputarse, en ningún momento,
un adelanto de criterio. Además, esos
poderes deben permitirle aden trarse
en la discusión, sabedor de ser instrumento
para la tutela de los intereses de
los más desfavorecidos; esto es tener
la posibilidad de identificar correctamente
el objeto del debate y corregirlo
cuando ello sea necesario; así como
auxiliar al más débil, garantizando el
adecuado respeto a sus derechos frente
a quien mejor asesorado o con mayores
posibilidades, de cualquier tipo, pueda
utilizar el proceso en perjuicio del otro.
En disciplinas de carácter social, como
es el caso de laboral, familia o agrario,
estas potestades están concebidas para
garantizar los derechos económicos
y sociales de los justiciables. En tal
virtud, solo será conciliable lo jurídicamente
posible, sin transar en derechos
indisponibles.
La conciliación puede intentarse
previa al desarrollo del proceso. En tal
caso, deberían crearse centros de conciliación
con funcionarios debidamente
capacitados. No conviene establecerla
como requisito o presupuesto para accionar.
Consecuentemente, la parte puede
acudir libremente a plantear la acción
judicial; pero por estas características,
el juez podría remitir, trabada la litis, a
una conciliación previa.
En la conciliación la solución no proviene
del juez ni puede ser su exclusiva
responsabilidad. Debe ser concordada y
negociada. Solo así las partes resuelven
sus diferencias. La conciliación judicial
puede ser total o parcial. Si es total y
aprobada por el juez, inmediatamente
produce cosa juzgada. Si es parcial, sólo
será objeto de discusión judicial lo no
acordado. La sentencia interlo cutoria
se encargará de definir esta última situación.
Las opiniones del juez conciliador
no son motivo de recusación. Esta es
una regla de oro. Sólo así puede el juzgador
propiciar, en forma imparcial, sin
–73–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
temores ni preocupaciones, un arreglo
justo y equitativo para las partes. En su
modalidad intraprocesal, debe tener carácter
obligatorio como etapa procesal,
y obligaciones del juez promoverla, con
sanciones a quien falte a la audiencia.
Tiene muchísimas ventajas. La conciliación
estimula sentimientos colectivos de
justicia, potencia la argumentación y el
discurso entre las partes, desestimula la
imposición de la fuerza y la violencia,
satisface a las partes cuando llegan a un
acuerdo, no existen vencedores ni vencidos,
no hay la sensación de victoria o
derrota. Es efectiva, porque los acuerdos
adquieren valor de cosa juzgada y sus
efectos se cumplen con mayor disposición,
en comparación con las sentencias
coercitivas. La celeridad, contribuye a
ahorrar tiempo y dinero. Y dentro de
la política judicial, descongestiona los
despachos, permitiendo la humani zación
de la justicia.
En un replanteamiento de la conciliación
debe preverse tanto la previa
como la intraprocesal, debe ser obligatoria,
imponiendo sanciones a quien falte
a la audiencia, como la desestimación
de la demanda, si es el actor, o la presunción
de contestación afirmativa, si
es el demandado, y debe abarcar tanto a
los sujetos de derecho privado, como al
Estado y sus instituciones.
Los jueces deben ser capacitados
para su cargo. Sobre todo para ser jueces
de paz, con un profundo sentido de la
conciliación. Debe fomentarse la cultura
conciliatoria entre ellos y, naturalmente
ser impuestos de todo cuanto filosófica y
socialmente, está detrás de este instituto.
Debe florecer una conciencia nacional
pacifista y contestataria de la litigiosidad
y la violencia.
Tradicionalmente, el sector más
pesimista respecto de esta corriente ha
sido el de los abogados. Esta actitud
tiene varias explicaciones, por una parte,
su pérdida de protagonismo; porque han
sido forjados en la cultura del litigio y
el enfrentamiento. Además, porque el
sistema está concebido para los procesos
largos, donde los honorarios se calculan
en función del tiempo y las etapas procesales
cumplidas. Una de las soluciones
más lógicas es tomar medidas para premiar
a los abogados conciliadores protegiendo
sus honorarios. En ese sentido
serán aliados, no obstáculo, a fórmulas
conciliadoras y de paz.
La capacitación para la paz significa
impulsar un cambio de cultura. Desde
la forma de expresarse públicamente en
la audiencia, el respeto al adversario, la
tolerancia, la capacidad de escuchar y
comprender, la posibilidad de razonar
sobre fórmulas conciliatorias, la satisfacción
personal y la paz espiritual para
llegar a acuerdos. Este cambio de cultura
abarca a los jueces y a los abogados, pero
debe involucrar a toda la sociedad.
–74–

NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
21. El juez agrario de la oralidad debe
ser más humano, respetuoso de las
partes, sin alterar el equilibrio, la
justicia y la verdad
El juez agrario de la oralidad, debe
ser un personaje extremadamente dinámico,
de ingenio agudo y profundo,
impulsor de actividad creativa dentro
del proceso, capaz de encontrar fórmulas
de entendimiento en un diálogo
para la paz, impulsor de soluciones,
investigador acucioso de la verdad,
profundamente perspicaz para ingresar
en los casos y llevarles luz jurídica,
comprometido con el desarrollo del
derecho y su misión en la sociedad.
De esta forma se podrá garantizar la
imparcialidad y la igualdad de las
partes en el proceso, porque imparcialidad
no significa indiferencia, ni
insensibilidad frente a los problemas
humanos discutidos por las partes, más
bien entraña un interés por encontrar la
verdad y la justicia a través de la equidad
en el caso concreto, sin prejuicio,
ni perjudicar previamente a ninguna
de las partes. La igualdad, tampoco se
garantiza detrás del velo del secreto o
la me dia tez con las partes, porque, contrariamente,
sólo conociéndolas puede
el juzgador dotar de los reales derechos
a quienes acuden a su despacho
en busca de justicia. No puede ser un
árbitro ni mucho menos un funcionario
pasivo, porque esas son características
incompatibles con la nueva filosofía.
Tampoco puede abusar de sus poderes
para ordenar su propia prueba, conducir
la verdad hacia donde él crea, ni asumir
posiciones inquisitivas propias de regímenes
totalitarios o de fuerza.
Para el cumplimiento de la paz
social, superar el antagonismo tribunalicio,
combatir la morosidad judicial y
buscar el justo entendimiento entre las
partes, los jueces de la oralidad son dotados
de poderes conciliadores. Por su
medio, el juzgador asume un rol nuevo
y distinto del de la tradicional escritura.
Con el recurso de la inmediatez y conocidos
todos los extremos sobre los cuales
versará el debate, el juzgador debe
proponer e intentar la solución al conflicto
por medio del diálogo y el entendimiento
mutuo. El nuevo rol se dirige
al encuentro de soluciones concordadas
y equilibradas entre los contendientes.
Se trata de poderes nuevos porque en
la audiencia de advenimiento el juez
puede, incluso, proponer soluciones, señalar
ventajas de la solución anticipada,
esgrimir argumentos de conveniencia,
sin encontrarse en ningún caso inhibido
para conocer el fondo del asunto, si no
logra la conciliación. Estos poderes son
amplísimos porque, si al menos se logra
un acuerdo parcial o se señalan aspectos
sobre los cuales no hay controversia,
el juez es investido de la potestad de
dictar sentencia interlo cutoria, con la
cual precluye la discusión sobre esos
–75–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
temas. Por lógica, el límite a los poderes
conciliatorios está en la imposibilidad
de invitar a las partes o, en definitiva,
aprobar, cualquier tipo de solución en
perjuicio de derechos, indis ponibles;
porque este tipo de derechos no pueden
ser cuestionados ni desacreditados, por
un afán conciliatorio en beneficio del
circulante.
Naturalmente, los poderes más
importantes se relacionan con la administración
y valoración de la prueba;
porque en la oralidad, la inmediatez con
las partes, la prueba y todos los demás
participantes en el proceso, constituyen
el principal instrumento para llegar a la
verdad real de los hechos y a la garantía
de una sentencia justa.
22. El papel histórico del abogado
dentro del proceso agrario
humanista
El tránsito de un sistema escrito a
uno oral, significa también una evolución
del rol y el protagonismo del
abogado dentro del proceso.
Con la escritura, la mediatez, el
secreto, el abogado es un personaje
disminuido. Debe comunicarse con un
expediente, una cierta cosa inanimada
muy lejos de ser humana, a través de
escritos y razones cuyo contenido no
sabe nunca si fueron leídos o comprendidos.
Es el contacto entre su cliente y
la administración de justicia; pero ni
uno ni otra jamás verán al juez. Su único
vínculo con el aparato judicial es a través
de funcionarios o actuarios cuando se
evacúa la prueba.
Esto cambia con la oralidad. El
abogado adquiere un protagonismo
realmente espectacular. Es el ideal del
auténtico abogado, porque comparece
personalmente ante los tribunales, a expresarse
verbal y enérgicamente frente
a los jueces, delante de su cliente, para
clamar por justicia. Ejerce la defensa en
público y está seguro de ser escuchado.
Discute, razona, conversa, impulsa el
diálogo. Éste debe estar muy preparado,
tanto en los detalles del caso, como en
los extremos de los aspectos jurídicos y
procesales en discusión. Ahora sí debe
estudiar la retórica y comprender el arte
de comportarse a gran altura delante
de sus colegas y adversarios. Debe
convencer también con su intachable
conducta a los juz ga dores de las razones
de su cliente; y como los procesos
deben desarrollarse en períodos breves
se encontrará mejor retribuido y podrá
co brar lo justo. En esta forma la ora lidad
permite al abogado reivindi carse socialmente,
convertirse en un personaje útil
en la búsqueda de la verdad y el ejercicio
de los derechos, impulsor de la defensa,
pero también de soluciones pacíficas a
la contienda judicial. En el ambiente
tribunalicio, saldrá del anonimato para
–76–

NUEVAS DIMENSIONES DEL DERECHO AGRARIO Y UNA JUSTICIA AGRARIA PARA EL SIGLO XXI
entrar en contacto con los jueces, darse
a conocer y a estimarse como buen
abogado.
La ética del profesional en derecho
debe crecer en el nuevo sistema procesal,
porque el ejercicio de su misión, a la luz
del día y en períodos más breves, obliga
necesariamente a comportarse rectamente
frente a los tribunales, pero también
frente a los adversarios. Deberá actuar
ajustando su conducta en todo momento
tanto a la dignidad y majestad de la
justicia, como al respeto de los derechos
y la personalidad de las demás partes y
litigantes. Estos principios han generado
en la oralidad, una cierta reciprocidad de
consideraciones entre adversarios. Tal
es el caso del intercambio de copias de
escritos y docu mentos, para evitar a la
contraria la obligación de ir al tribunal
a procurarlos, en el derecho anglosajón.
Toda esta con cepción ética, se encuentra
como base de conducta en los principios
mismos de un código general del proceso.
Por ello, el tribunal estará facultado
para impedir el fraude procesal, la colusión
y cualquier otra conducta ilícita
o dilatoria.
Naturalmente, el nuevo sistema
procesal exige del abogado, especiales
condiciones intelectuales y de do minio
del derecho, porque aun cuando se
simplifica el proceso, esta participación
pro ta gónica requiere mucho más.
–77–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
–78–

LOS DERECHOS HUMANOS INDIVIDUALES
A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA
Y LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

PATRICIA JIMÉNEZ CRESPO
Es licenciada en ciencias jurídicas y sociales además de abogada y notaria.
Ha realizado estudios de maestría en tres campos: docencia universitaria,
derechos humanos y asesoría académica.
Entre su experiencia laboral se ha desempeñado como asesora jurídica
en varios bufetes. También ha laborado en el Centro de Formación Profesional
para la Mujer Junkabal, donde se desempeñó como directora del
Programa Nutricional y Asistencia Social y asesora de orientación además
de catedrática del área de sociología. Asimismo, ha ejercido como docente
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael
Landívar, en la Universidad del Istmo –UNIS– y en el Instituto Nacional
de Administración Pública –INAP–.
Actualmente, es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Rafael Landívar –IIJ/URL–. También es asesora
académica en la Universidad del Istmo –UNIS–.

RESUMEN EJECUTIVO
En este artículo se realiza un análisis comparativo entre los derechos humanos
incluidos en la Constitución Política de la República de Guatemala 1 y los
contenidos en algunos instrumentos internacionales.
La comparación inicia con el derecho a la vida. Cuando aborda este derecho
expone los artículos de la Constitución guatemalteca relativos al tema. Continúa
con los instrumentos internacionales y cita la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre
otras.
La exposición continúa con el análisis del derecho a la libertad e igualdad. La
autora se refiere nuevamente a la Constitución y a instrumentos internacionales.
Anota, además, cómo muchas veces este derecho es violentado.
Después, se refiere a la libertad de acción y a la detención legal. Respecto a
la libertad de acción, indica que ésta, constituye una novedad para la legislación
constitucional guatemalteca actual. Respecto a la detención legal, aborda aquellos
artículos referidos a la detención propiamente dicha. Continúa con los derechos del
detenido y allí se refiere a los derechos que, corresponden a la persona que dados
los presupuestos de la detención legal, se encuentra sometida a proceso.
Se interna, el artículo, en el análisis comparativo de la inviolabilidad de la
vivienda, de la correspondencia, documentos y libros. Para esto, compara la
1 Se refiere a la Constitución Pólitica de la República de Guatemala proclamada en 1985, parcialmente reformada
en 1994.
–81–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
Constitución guatemalteca, la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
la Convención Intera mericana sobre Derechos Humanos, la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. Además, se refiere al registro de personas y vehículos,
a la libertad de locomoción, en donde también se toman en cuenta, los instrumentos
internacionales ya enumerados.
Finalmente, se refiere al derecho de asilo, de petición, libre acceso a tribunales
y dependencias del Estado, de reunión y manifestación, derecho de asociación, de
libre emisión del pensamiento y de religión. En todos estos casos toma como base
lo preceptuado en los instrumentos ya referidos en el párrafo anterior.
–82–

LOS DERECHOS HUMANOS INDIVIDUALES A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA…
ABSTRACT
This article presents a comparative analysis among the human rights included
in the Political Constitution of the Republic of Guatemala and the contents
in some international instruments.
The comparison initiates with the right to life. When this right is undertaken,
it is based on the articles of the Guatemalan Constitution. 2 It continues with the
international instruments and cites the Universal Declaration of the Human Rights,
the American Convention on Human Rights; among others.
The exposition continues with the analysis of the right for freedom and equality.
The author refers again to the Constitution and to international instruments. He
notes, besides, how many times this right is broken.
Later, refers to the Right of Action and to the Right of protection from arbitrary
arrest. With respect to the Right of Action it is indicated that this constitutes a novelty
for the current Guatemalan constitutional legislation. In relation to the lawful detention,
the reference is made to those articles that have to do specifically to detention.
The author continues with the right to a fair trial, Right of protection from arbitrary
arrest and states that these rights prevail while the cause is submitted to process.
The comparative analysis of the right to the inviolability of the home, correspondence,
documents and books. To do this, the author compares the Guatemalan
Constitution, the Universal Declaration of the Human rights, the American Convention
on Human rights, the American Declaration of the Rights and Duties of the
2 It´s the Constitución Política de la República de Guatemala, proclamed in 1985, partially reformed in 1994.
–83–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
Man and the International Agreement of Civil and Political Rights. Besides, it is
mentioned the register of people and vehicles, the freedom of mobilizing, where the
author also refers to the international instruments.
Finally, the author talks about the right to asylum, right of petition, free access
to courts and State Agencies, Right to a fair trial, the right for demonstrations, Right
of assembly, freedom of speech and religion, the right to freedom of opinion and of
the expression of ideas; Right to religious freedom. All of these cases are based on
the rules established in the international human rights instruments already mentioned
in the previous paragraph.
–84–

LOS DERECHOS HUMANOS INDIVIDUALES A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA…
CONTENIDO
1. Derecho a la vida ...........................................................................................87
2. Libertad e igualdad ........................................................................................89
3. Libertad de acción .........................................................................................92
4. Detención legal .............................................................................................92
5. Derechos del detenido ...................................................................................95
6. Inviolabilidad de la vivienda, de la correspondencia,
documentos y libros ....................................................................................100
7. Registro de personas y vehículos ................................................................102
8. Libertad de locomoción ...............................................................................103
9. Derecho de asilo ..........................................................................................104
10. Derecho de petición .....................................................................................106
11. Libre acceso a tribunales y dependencias del Estado; publicidad de los
actos administrativos y acceso a archivos y registros estatales ...................107
12. Derecho de reunión y manifestación y derecho de asociación ....................108
13. Libre emisión del pensamiento ................................................................... 110
14. Libertad de religión ..................................................................................... 112
Bibliografía ....................................................................................................... 115
–85–

–86–

LOS DERECHOS HUMANOS INDIVIDUALES A LA LUZ DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Y LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
Es necesario que los pueblos que están reformando sus ordenamientos den a la
democracia un auténtico y sólido fundamento, mediante el reconocimiento explícito
de los derechos humanos. Entre los principales hay que recordar el derecho a la
vida, del que forma parte integrante el derecho del hijo a crecer bajo el corazón de
la madre, después de haber sido concebido…
Encíclica Centesimus annus.
PATRICIA JIMÉNEZ CRESPO
Aun cuando los derechos humanos
son indivisibles, para efectos
de estudio y análisis, los com -
pararemos tomando en cuenta su regulación
tanto en nuestra Carta Magna como
en algunos instrumentos internacionales.
1. Derecho a la vida
Este derecho ha sido reconocido
como uno de los más importantes, de
manera explícita, en la Constitución
de 1945 (artículo 23), en la de 1956
(artículo 40, tercer párrafo), 3 en la de
1965 (artículo 43, segundo párrafo) y
en nuestra actual Carta Magna, en los
artículos 2o. y 3o. que establecen:
Artículo 2o. Deberes del Estado.
Es deber del Estado garantizar a los
habitantes de la república la vida,
la libertad, la justicia, la seguridad,
la paz y el desarrollo integral de la
persona.
Artículo 3o. Derecho a la vida. El
Es tado garantiza y protege la vida
hu mana desde su concepción, así
co mo la integridad y la seguridad
de la persona.
A manera de refuerzo y complemento,
encontramos también la protección
de este derecho en otros instrumentos
internacionales tales como la Declara-
3 Jorge Mario García Laguardia. Constitución y orden democrático. (Guatemala: Editorial Universitaria de la USAC,
1984). Pág. 122.
–87–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
ción Universal de Derechos Humanos,
en su artículo 3; la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, en el
artículo 4.1; la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre,
en el artículo 1; el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, artículo
6.1; la Convención sobre los Derechos
del Niño, los Convenios y Protocolos
de Ginebra, la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer,
la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de Reclusos, el Código de
Conducta para Funcionarios Encargados
de Hacer Cumplir la Ley; por citar los
principales.
Como uno de los primeros derechos
que contempla el texto constitucional,
el derecho a la vida es uno de los
valores más sagrados, 4 elementales y
fundamentales; alrededor de éste giran
todos los demás. El mismo contempla,
tanto el derecho a no ser privado injustamente
de su vida, como a la protección
de la vida desde el momento de
su concepción, en cuyo caso, el aborto
sería una clara violación a este derecho,
elevado jerárquica mente a nivel de
norma constitucional.
Aunque, por otro lado, se defiende el
derecho a la vida digna, como argumento
para fundamentar la práctica de la eutanasia;
aún por el amparo de este artículo,
no se aprueba esta acción como excepción
al derecho a la vida; más bien, se reconoce
el derecho del enfermo incurable
a vivir dignamente; se complementa éste
con el derecho a la salud y la seguridad
social; cuando ésta le proporciona los
medios necesarios para una vida digna
en tales circunstancias.
Otra excepción a este derecho es el
de la pena de muerte, que también ha
estado presente en otros textos constitucionales
y a la fecha se mantiene en
nuestra legislación, con las limitaciones
y condiciones que marca la ley. Para
el efecto, nuestra actual Constitución
establece:
Artículo 18. Pena de muerte. La
pena de muerte no podrá imponerse
en los siguientes casos:
a) Con fundamento en presunciones;
b) A las mujeres;
c) A los mayores de sesenta años;
d) A los reos de delitos políticos y comunes
conexos con los políticos, y
e) A reos cuya extradición haya sido
concedida bajo esa condición.
4 Álvaro Castellanos Howell. Derecho constitucional. (Guatemala: PROFASR. URL, 1988). Capítulos “Los derechos
fundamentales” y “Derechos humanos individuales”. Pág. 38.
–88–

LOS DERECHOS HUMANOS INDIVIDUALES A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA…
Contra la sentencia que imponga la
pena de muerte, serán admisibles todos
los recursos legales pertinentes, inclusive
el de casación; éste siempre será
admitido para su trámite. Además, sólo
se ejecutará después de agotarse todos
los recursos. Finalmente, el Congreso de
la República podrá abolir la aplicación
de esta pena.
También se incluye como parte de
este derecho el de la integridad y la
seguridad de la persona, 5 interpretado
como la obligación por parte del Estado
de garantizar que todo ser humano por
ningún motivo, será objeto de tortura,
mutilaciones, lesiones 6 u otras que vulneren
su integridad personal o que pongan
en peligro, tanto su integridad como
su vida, sus bienes u otros derechos; en
cuyo caso de acuerdo con esta norma, las
personas que por cualquier razón se encuentren
privadas de libertad, no deben
ser sometidas a torturas, tratos y/o penas
crueles, inhumanos o degradantes.
2. Libertad e igualdad
Ya sea de manera explícita o en forma
genérica, este derecho se encuentra
consagrado en los textos constitucionales
de 1879 (artículos 16 y 20), de
1945 (artículo 23), de 1956 (artículos
40, primer párrafo y 116), de 1965 (artículos
43, primer párrafo y 114, inciso
3o.) 7 y en el actual, en el artículo 4o.
que se complementa con el 19 y que
establecen:
Artículo 4o. Libertad e igualdad.
En Guatemala todos los seres humanos
son libres e iguales en dignidad
y derechos. El hombre y la mujer,
cualquiera que sea su estado civil,
tienen iguales oportunidades y responsabilidades.
Ninguna persona
puede ser sometida a servidumbre
ni a otra condición que menoscabe
su dignidad. Los seres humanos
deben guardar conducta fraternal
entre sí.
Artículo 19. Sistema penitenciario.
El sistema penitenciario debe
tender a la readaptación social y
a la reedu cación de los reclusos y
cumplir con el tratamiento de los
mismos, con las siguientes normas
mínimas:
a) Deben ser tratados como seres humanos:
no deben ser discriminados
por motivo alguno, ni podrán infli-
5 Tarcisio Navarrete y otros. Los derechos humanos al alcance de todos. 3ª. ed. (México: Ed. Diana, 2001) Págs.
35 a 39.
6 Ramiro De León Carpio. Catecismo constitucional. 7ª. ed. (Guatemala: Instituto de Investigación y Capacitación
Atanasio Tzul, 1995). Pág. 48.
7 García, Op. cit. Pág. 123.
–89–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
gírseles tratos crueles, torturas físicas,
morales, psíquicas, coacciones
o molestias, trabajos incompatibles
con su estado físico, acciones de nigrantes
a su dignidad, o hacerles víctimas
de exacciones ni ser sometidos
a experimentos científicos…
A continuación se presenta una lista
de algunos instrumentos internacionales
donde se consagran los derechos a la
libertad y a la igualdad:
• Código de Conducta para Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir
la Ley;
• Convención 105 Relativa a la Abolición
del Trabajo Forzoso;
• Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer “Convención
De Belém Do Pará”;
• Convención sobre Asilo Territorial;
• Declaración sobre los Derechos Humanos
de los Individuos que no son
Nacionales del País en que Viven;
• Convención sobre el Estatuto de los
Apátridas;
• Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados;
• Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer;
• Convención sobre la Esclavitud;
• Convención sobre la Nacionalidad
de la Mujer Casada;
• Convención Suplementaria sobre
la Abolición de la Esclavitud, la
Tra ta de Esclavos y las Instituciones
y Prácticas Análogas a la
Esclavitud;
• Convenio 169, de la Organización
Internacional del Trabajo –OIT–,
sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes;
• Declaración sobre la Raza y los
Prejuicios Raciales.
Además, los principios básicos o
rectores que se formulan respecto a estos
derechos aparecen en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos; en
la Convención Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre y en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. A continuación se presenta un
cuadro resumen de los artículos referidos
a estos derechos en los instrumentos
mencionados.
–90–

LOS DERECHOS HUMANOS INDIVIDUALES A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA…
Declaración
Universal de
los Derechos
Humanos
Convención
Americana
sobre Derechos
Humanos
Declaración
Americana de los
Derechos y Deberes
del Hombre
Pacto
Internacional
de Derechos
Civiles y Políticos
Libertad Artículo 1 Artículo 7,1 Artículo 1 Artículo 9,1
Igualdad y
protección de
y ante la ley Artículo 7 Artículo 24 Artículo 2 Artículos 26
De derechos Artículo 2 Artículos 2.1 y 3
De deberes Artículo 2
Ante tribunales Artículo 14,1
No discriminación Artículo 7
Según los derechos de libertad e
igualdad, todos los seres humanos gozamos
de la misma dignidad y los mismos
derechos frente a la ley, sin importar si
somos hombres o mujeres, ni otra condición;
nadie puede convertir en esclavo
a otro ser humano, este derecho se complementa
con el de la libre elección del
trabajo y a no ser sometidos a trabajos
forzados que menoscaben la personalidad,
dignidad o decoro de ninguna
persona; aún en el caso de contratos de
trabajo, dicha relación debe guardar los
límites del respeto a la persona humana,
por el mandato de la conducta fraternal,
que a su vez conlleva la paz.
También abarca el derecho a gozar
de la libertad personal, salvo en el caso
de delito, donde se requiere la acción
penal; en este caso, le asistirán los
derechos de detención, es decir, ésta
debe realizarse mediante notificación
judicial, basada en ley. Cuando esto
sucede, el Estado debe proteger a todas
las personas de la privación ilegal de
la libertad, mediante un procedimiento
judicial, sin el cual, teóricamente, no se
puede privar de este derecho a ninguna
persona; aún cuando nuestra historia
muestra arbitrariedades en este campo,
como el caso de las redadas donde se
detienen a personas por tener apariencia
de sospechosos, por citar los casos menos
escandalosos. También está el caso
de los desaparecidos; muchos de ellos
por motivos políticos, que en ningún
momento son sometidos a procesos en
ningún tribunal establecido conforme
a la ley.
–91–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
Asimismo, contempla el derecho a
la misma protección por medio de la ley,
en orden a la igualdad que les caracteriza;
sin importar su raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política, origen
nacional, social, posición económica,
nacimiento, 8 o cualquier otra condición
que pudiera originar algún tipo de
discriminación. La misma, en nuestro
medio, se puede dar en dos sentidos, en
cuanto a los desposeídos, negándoles
sus derechos u obstaculizándoles su
ejercicio, en algunos casos vedándoles
su derecho de defensa; y en el caso de
quienes tienen posibilidades económicas
o poder político brindándoles aún los
medios más allá de la ley, cayendo en
el llamado “ïnfluyen tismo”. 9 Aunque el
caso más notable de discriminación en
materia de administración de justicia,
es el menosprecio hacia las personas
indígenas, quienes reciben en muchos
casos una doble discriminación; por su
posición social y por su etnia.
3. Libertad de acción
Constituye una novedad para nuestra
legislación constitucional actual, pues no
se encontraba en textos constitucionales
anteriores de forma tan explícita como
en nuestro texto vigente, regulado en el
artículo 5o. que establece:
Artículo 5o. Libertad de acción.
Toda persona tiene derecho a hacer
lo que la ley no prohíbe; no está obligada
a acatar órdenes que no estén
basadas en ley y emitidas conforme
a ella. Tampoco podrá ser perseguida
ni molestada por sus opiniones o por
actos que no impliquen infracción a
la misma.
Este derecho comprende la libertad
de hacer todo lo que la ley no prohíba,
entre otros, el derecho a expresarnos individualmente,
a emitir nuestra opinión
sin que ninguna autoridad o persona nos
pueda molestar 10 o amonestar por ello
(siempre y cuando no se lesione con
ello, los derechos de otros). Igualmente,
abarca el derecho a realizar acciones no
prohibidas por la ley.
4. Detención legal
Aquí se tratarán exclusivamente
los derechos referidos a la detención
propiamente dicha, para luego analizar
los procesales y los referidos al
detenido.
Siguiendo la metodología que hemos
venido realizando, encontramos
el derecho a no ser ni ilegal ni arbitrariamente
detenido o preso; éste se
8 Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
9 Navarrete, Op. cit. Págs. 65 a 67 y 115.
10 De León Carpio, Op. cit. Pág. 50.
–92–

LOS DERECHOS HUMANOS INDIVIDUALES A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA…
encuentra contemplado en la Constitución
de 1879 (artículos 30 y 33); en la
de 1945 (artículos 43, 47 y 49); en la
de 1956 (artículos 43, 62 y 67); en la
de 1965 (artículos 46, 49 y 52) y en la
de 1985 en los artículos 6, 11 y 13, que
establecen:
Artículo 6o. Detención legal. Ninguna
persona puede ser detenida
o presa, sino por causa de delito o
falta y en virtud de orden librada
con apego a la ley por autoridad
judicial competente. Se exceptúan
los casos de flagrante delito o falta.
Los detenidos deberán ser puestos a
disposición de la autoridad judicial
competente en un plazo que no exceda
de seis horas, y no podrán quedar
sujetos a ninguna otra autoridad.
El funcionario o agente de la autoridad
que infrinja lo dispuesto en este
artículo será sancionado conforme a
la ley, y los tribunales, de oficio, iniciarán
el proceso correspondiente.
Artículo 11. Detención por faltas o
infracciones. Por faltas o por infracciones
a los reglamentos no deben
permanecer detenidas las personas
cuya identidad pueda establecerse
mediante documentación, por el
testimonio de persona de arraigo, o
por la propia autoridad.
En dichos casos, bajo pena de la
sanción correspondiente, la autoridad
limitará su cometido a dar parte del
hecho a juez competente y a prevenir
al infractor, para que comparezca
ante el mismo dentro de las cuarenta
y ocho horas hábiles siguientes. Para
este efecto, son hábiles todos los días
del año, y las horas comprendidas
entre las ocho y las dieciocho horas.
Quienes desobedezcan el emplazamiento
serán sancionados conforme
a la ley. La persona que no pueda
identificarse conforme a lo dispuesto
en este artículo, será puesta a disposición
de la autoridad judicial más
cercana, dentro de la primera hora
siguiente a su detención.
Artículo 13. Motivos para auto de
prisión. No podrá dictarse auto de
prisión, sin que preceda información
de haberse cometido un delito y sin
que concurran motivos racionales
suficientes para creer que la persona
detenida lo ha cometido o participado
en él.
Las autoridades policiales no podrán
presentar de oficio, ante los
medios de Comunicación social, a
ninguna per sona que previamente
no haya sido indagada por tribunal
competente.
Entre los instrumentos internacionales
que refuerzan estos derechos
encontramos los presentados en la
siguiente tabla.
–93–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
Declaración
Universal de
los Derechos
Humanos
Convención
Americana
sobre Derechos
Humanos
Declaración
Americana de los
Derechos y Deberes
del Hombre
Pacto
Internacional
de Derechos
Civiles y Políticos
Detención legal
Prohibición de
detención ilegal Artículo 9 Artículo 23 Artículos 7, 2, 3
El juez verifica la
legalidad de la detención Artículo 25
Reparación por
detención ilegal Artículos 9, 5
En primer lugar, se debe partir de
un presupuesto básico: el motivo de la
detención debe ser la comisión de un
delito o falta, además el detenido debe
ser señalado como presunto responsable,
en cuyo caso debe mediar orden de
juez competente de acuerdo con la ley,
ante quien tendrá el detenido derecho a
presentarse para defenderse. Esto significa
que ninguna autoridad (salvo el
caso de flagrante delito) tiene facultad
para detener a ninguna persona, sin que
medien los presupuestos y requisitos
antes indicados; si éstos no han sido
presentados, deberá cumplirse con
éstos dentro del período que indica la
ley, o en su caso, según jurisprudencia
internacional, dentro de un período
razonable, que en ningún caso debe
sobrepasar el mes.
En cuanto al derecho a la indemnización,
no existe práctica judicial de su
reclamo en nuestro medio, no obstante
la jurisprudencia internacional ha avanzado
en esta materia acreditando la
responsabilidad al Estado para su reclamo.
Tomando en cuenta que Guatemala
ratificó estas convenciones y declaraciones,
los afectados pueden ampararse
en ellas, ya sea en el caso de prisión
por condenas revocadas, como en el de
prisión preventiva que se eterniza por
retardo innecesario de la administración
de justicia.
Finalmente, debe tomarse en consideración
que las personas detenidas no
deben ser presentadas por la autoridad
ante los medios de comunicación social,
como muchas veces vemos en los teleno
ticiarios o diarios escritos, donde se
muestra la imagen de los capturados, ya
sea en el momento posterior a su aprehensión
o al momento de su indagatoria.
Esta acción vulnera el principio de inocencia
que veremos dentro del siguiente
bloque de derechos.
–94–

LOS DERECHOS HUMANOS INDIVIDUALES A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA…
5. Derechos del detenido
En este apartado contemplamos los
derechos que corresponden a la persona
que, dados los presupuestos de la
detención legal, se encuentra sometida
a proceso. En las constituciones anteriores
se señala que el detenido tiene
derecho a un recurso efectivo, a un
juicio regular y a ser juzgado con las
debidas garantías contempladas en las
disposiciones siguientes: Constitución
de 1879 (artículos 34, segundo párrafo,
incisos 1o. y 2o.; 35 y 36); Constitución
de 1945 (artículos 41, 42, 51, letras a
y b y 50, segundo y tercer párrafos);
Constitución de 1956 (artículos 60,
segundo y tercer párrafos; 79, literales
a), b) y c); 73 segundo párrafo y 75)
y en la Constitución de 1965 (artículo
50, 53 primer párrafo; 78, 80, incisos
1o. a 4o.).
En los textos mencionados en el párrafo
anterior, ninguno menciona otros derechos
esenciales que deben reconocerse
a toda persona privada de su libertad, por
ejemplo, el que se presuma su inocencia
mientras no se establezca legalmente
su culpabilidad, el de ser liberada bajo
caución, sometiéndola a determinado
control, de cualquier otra forma. Durante
el juicio, el derecho a ser juzgada en un
plazo razonable, a que se le impute o
compense el tiempo pasado en detención
preventiva sobre la pena que finalmente
le fuere impuesta, a que se le otorgue una
indemnización o reparación en caso de
detención ilegal, injusta o excesiva, etcétera.
11 En cuanto a la Constitución Política
de la República de Guatemala aprobada
en 1985, éstos se encuentran regulados en
los siguientes artículos:
Artículo 7o. Notificación de la
causa de detención. Toda persona
detenida deberá ser notificada inmediatamente,
en forma verbal y por
escrito, de la causa que motivó su
detención, autoridad que la ordenó y
lugar en el que permanecerá. La misma
notificación deberá hacerse por
el medio más rápido a la persona que
el detenido designe y la autoridad
será responsable de la efectividad
de la notificación.
Artículo 8o. Derechos del detenido.
Todo detenido deberá ser
informado inmediatamente de sus
derechos en forma que le sean compren
sibles, especialmente que pueda
proveerse de un defensor, el cual
podrá estar presente en todas las
diligencias policiales y judiciales.
El detenido no podrá ser obligado a
declarar sino ante autoridad judicial
competente.
11 García Laguardia, óp. cit. Pág. 127.
–95–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
Artículo 9o. Interrogatorio a detenidos
o presos. Las autoridades
judiciales son las únicas competentes
para interrogar a los detenidos
o presos. Esta diligencia deberá
prac ticar se dentro de un plazo que
no exceda de veinticuatro horas.
El interrogatorio extra judicial carece
de valor probatorio.
Artículo 10. Centro de detención
legal. Las personas aprehendidas
por la autoridad no podrán ser
conducidas a lugares de detención,
arresto o pri sión diferentes a los
que están legal y públicamente
destinados al efecto. Los centros
de detención, arres to o prisión
provisional, serán dis tintos a aquellos
en que han de cumplirse las
condenas.
La autoridad y sus agentes, que
violen lo dispuesto en el presente
artículo, serán personalmente
responsables.
Artículo 12. Derecho de defensa.
La defensa de la persona y sus
derechos son inviolables. Nadie
podrá ser condenado ni privado de
sus derechos, sin haber sido citado,
oído y vencido en proceso legal
ante juez o tribunal competente y
pre esta blecido.
Ninguna persona puede ser juzgada
por Tribunales Especiales
o secretos, ni por procedimientos
que no estén pre esta ble ci dos
legalmente.
Artículo 14. Presunción de inocencia
y publicidad del proceso.
Toda persona es inocente, mientras
no se le haya declarado responsable
judicialmente, en sentencia debidamente
ejecutoriada.
El detenido, el ofendido, el Ministerio
Público y los abogados
que hayan sido designados por
los interesados, en forma verbal o
escrita, tienen derecho de conocer,
personalmente, todas las actuaciones,
documentos y diligencias
penales, sin reserva alguna y en
forma inmediata.
Artículo 15. Irretroactividad de la
ley. La ley no tiene efecto retroactivo,
salvo en materia penal cuando
favorezca al reo.
Artículo 16. Declaración contra
sí y parientes. En proceso penal,
ninguna persona puede ser obligada
a declarar contra sí misma,
contra su cónyuge o persona unida
de hecho legalmente, ni contra sus
parientes dentro de los grados de
ley.
Artículo 17. No hay delito ni pena
sin ley anterior. No son punibles
las acciones u omisiones que no
estén calificadas como delito o fal-
–96–

LOS DERECHOS HUMANOS INDIVIDUALES A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA…
ta y penadas por ley anterior a su
perpetración.
No hay prisión por deuda.
Artículo 19. Sistema penitenciario.
El sistema penitenciario debe
tender a la readaptación social y
a la reedu cación de los reclusos y
cumplir con el tratamiento de los
mismos, con las siguientes normas
mínimas:
a) Deben ser tratados como seres
humanos: no deben ser discriminados
por motivo alguno,
ni podrán infligírseles tratos
crueles, torturas físicas, morales,
psí quicas, coacciones o molestias,
trabajos incompatibles
con su estado físico, acciones
de ni grantes a su dignidad, o hacer
les víctimas de exac ciones,
ni ser sometidos a experimentos
científicos;
b) Deben cumplir las penas en
los lugares destinados para el
efecto. Los centros penales son
de carácter civil y con personal
especializado; y
c) Tienen derecho a comunicarse,
cuando lo soliciten, con sus
familiares, abogado defensor,
asistente religioso o médico, y
en su caso, con el representante
diplomático o consular de su
nacionalidad.
La infracción de cualquiera de las
normas establecidas en este artículo,
da derecho al detenido a reclamar del
Estado la indemnización por los daños
ocasionados y la Corte Suprema de Justicia
ordenará su protección inmediata.
El Estado deberá crear y fomentar
las condiciones para el exacto cumplimiento
de lo preceptuado en este
artículo.
Artículo 32. Objeto de citaciones.
No es obligatoria la comparecencia
ante autoridad, funcionario o empleado
público, si en las citaciones
correspondientes no consta expresamente
el objeto de la diligencia.
En este orden de ideas, la legislación
internacional contempla estos
derechos en los siguientes instrumentos:
Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas;
Código de Conducta para Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley;
Declaración sobre la Protección de
Todas las Personas contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes; Declaración sobre
los Principios Fundamentales de Justicia
para las Víctimas de Delito y del Abuso
de Poder; Convención Internacional sobre
la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial, Convención
sobre los Derechos del Niño, el Convenio
151 sobre las Relaciones de Trabajo
–97–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
en la Administración Pública; Convenio
169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes; Convenio para
Mejorar la Suerte de Heridos y Enfermos
en las Fuerzas Armadas en Campaña;
Convenio para Mejorar la Suerte de los
Heridos, Enfermos y Naúfragos de las
Fuerzas Armadas en el Mar; Convenio
Relativo al Tratamiento de los Prisioneros
de Guerra; Convenio Relativo
a la Protección de Personas Civiles
en Tiempos de Guerra; los protocolos
adicionales a los convenios de Ginebra
relativos a la protección de las víctimas
de los conflictos armados sin carácter
internacional y el relativo a la protección
de las víctimas de los conflictos armados
internacionales, entre otros. También
podemos encontrarlos en los siguientes
instrumentos:
Declaración
Universal de
los Derechos
Humanos
Convención
Americana
sobre Derechos
Humanos
Declaración
Americana de los
Derechos y Deberes
del Hombre
Pacto
Internacional
de Derechos
Civiles y Políticos
Derechos del detenido
Deber de informar sobre causas
Recurrir a tribunal que decida
sobre legalidad de la detención
Derecho a ser juzgado o puesto
en libertad
Derecho a tratamiento humano
Derecho a obtener reparación
por detención ilegal
Prohibición de prisión por deudas
Acusado
Acusaciones que se le formulan
De qué se le acusa
Presunción de inocencia
Derecho a disponer de intérprete
Derecho a ser juzgado sin
dilaciones
Derecho a defenderse
Preparación de su defensa
Juzgado por tribunal imparcial
Artículo 7,4 Artículo 9,2
Artículo 7,6 Artículo 25
Artículo 7,5 Artículo 25 Artículo 9,3
Artículo 25 Artículo 10,1
Artículo 9,5
Artículo 7,7 Artículo 25
Artículo 9,2
Artículo 8,2 Artículo 14,3
Artículo 11, 1 Artículo 8,2 Artículo 14,2
Artículo 8,2 Artículo 14,3
Artículo 8,1 Artículo 14,3
Artículo 8,2 Artículo 14,3
Artículo 8,2 Artículo 14,3
Artículo 10 Artículo 26 Artículo 14,1
Continúa
–98–

LOS DERECHOS HUMANOS INDIVIDUALES A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA…
Declaración
Universal de
los Derechos
Humanos
Convención
Americana
sobre Derechos
Humanos
Declaración
Americana de los
Derechos y Deberes
del Hombre
Pacto
Internacional
de Derechos
Civiles y Políticos
Interrogar a sus acusadores
No declarar contra sí mismo
No imponer penas crueles
Derecho del Estado a estar
presente cuando se examine su caso
Amparo
Condenado
Derecho a indemnización
Derecho al indulto
Deber de indemnizar al
condenado injustamente
Artículo 8,2 Artículo 14,3
Artículo 8,2 Artículo 14,3
Artículo 26
Artículo 41,1
Artículo 25,1 Artículo 18
Artículo 10
Artículo 4,6 Artículo 6,4
Artículo 14,6
En resumen, podríamos decir de
estos derechos que toda persona sujeta
a proceso penal, cuenta con una serie
de derechos y garantías, con esto, la
Constitución protege la integridad
de los procesados, garantizando una
serie de principios en la aplicación de
cualquier otra norma de materia penal,
cuyo objeto ideal, es hacer prevalecer la
justicia mediante la correcta aplicación
de la misma.
Con base en los artículos citados,
como mínimo el acusado debe gozar,
como parte del debido proceso, de las
siguientes garantías: conocer el nombre
de su acusador; ser careado con
los testigos que depongan en su contra
para hacerles preguntas; conocer los
hechos que se le imputen, la publicidad
o audiencia pública que deberá tener el
juicio; que la justicia sea expedita y sea
juzgado en el término que señala la ley;
la garantía de audiencia y de ofrecimiento
de pruebas, y a contar con un defensor
asignado por él o que le sea nombrado
uno de oficio. 12
La irretroactividad de la ley garantiza
que nadie puede ser juzgado
por ley posterior a la comisión de un
hecho calificado en dicha ley como
delito o con agravación de la pena.
Ésta tiene como fundamento la seguridad
jurídica, con el propósito que
los habitantes de Guatemala sepan a
12 Op. cit. Págs. 120 y 121.
–99–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
qué atenerse con sus actuaciones, de
acuerdo con la ley vigente al momento
de la celebración de un acto o contrato
o comisión de un hecho delictivo, por
razones de justicia.
Una crítica que podríamos hacer a la
presunción de inocencia, es que según
dicho principio toda persona es inocente,
mientras no se le haya declarado responsable
judicialmente, no obstante, en la
práctica pareciera ser que el principio
fuera “todo acusado es culpable mientras
no demuestre lo contrario...”, es decir,
se invierte el principio y la carga de la
prueba, pues quien acusa debería probar
la culpabilidad, así el Estado mediante
sus investigadores debería comprobar
la culpabilidad del acusado, y no a la
inversa.
Además, debe tomarse en cuenta
que en el medio nacional los defensores
de oficio son muy pocos y no se
dan abasto para atender la magnitud
del trabajo existente. Un solo defensor
debe hacerse cargo, simultáneamente,
de muchos procesos, esto tiene como
consecuencia la reducción del tiempo
disponible para estudiar cada uno y
le dificulta su asistencia a todas las
audiencias, esto es, en muchos casos,
materialmente imposible, por lo que
se requiere el incremento de recursos
económicos, materiales, pero principalmente
personales, para opti mizar la
garantía de la debida defensa.
6. Inviolabilidad de la vivienda, de
la correspondencia, documentos
y libros
Este derecho se formula en otros textos
constitucionales como el derecho de
la persona a no ser objeto de injerencias
en su vida privada y familiar, domicilio o
correspondencia; de la misma manera se
refiere en estos textos, los ataques ilegales
a su honra y reputación, con una curiosa
mezcla de protección contra las calumnias
e injurias de los medios de comunicación,
lo que definitivamente regula también el
derecho de rectificación correspondiente.
Estos derechos se encontraban regulados
en los respectivos cuerpos legales en los
artículos siguientes: Constitución de 1879
(artículo 37 y 38), en la de 1945 (artículos
35 y 37), en la de 1956 (artículos 55
y 56), y en la de 1965 (artículos 57 y 58).
En la actual Constitución, se incluye en
los ar tículos 23 y 24, que se transcriben
a continuación.
Artículo 23. Inviolabilidad de la
vivienda. La vivienda es inviolable.
Nadie podrá penetrar en morada
ajena sin permiso de quien la habita,
salvo por orden escrita de juez
competente en la que especifique
el motivo de la diligencia y nunca
antes de las seis ni después de las
dieciocho horas. Tal diligencia se
realizará siempre en presencia del
interesado, o de su mandatario.
–100–

LOS DERECHOS HUMANOS INDIVIDUALES A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA…
Artículo 24. Inviolabilidad de
correspondencia, documentos
y libros. La correspondencia de
toda persona, sus documentos y
libros son inviolables. Sólo podrán
revi sarse o incautarse, en virtud de
resolución firme dictada por juez
competente y con las formalidades
legales. Se garantiza el secreto de la
correspondencia y de las comunicaciones
telefónicas, radiofó ni cas,
cablegráficas y otros productos de
la tecnología moderna.
Los libros, documentos y archivos
que se relacionan con el pago de
impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones,
podrán ser revisados
por la autoridad competente de
conformidad con la ley. Es punible
revelar el monto de los impuestos
pagados, utilidades, pérdidas, costos
y cualquier otro dato referente a las
contabilidades revisadas a personas
individuales o jurídicas, con excepción
de los balances generales, cuya
publicación ordene la ley.
Los documentos o informaciones
obtenidas con violación de este
ar tículo no producen fe ni hacen
prueba en juicio.
Del mismo modo, en instrumentos
internacionales, se contemplan de la
siguiente manera en el cuadro.
Este derecho constituye fundamentalmente
una defensa contra las intromisiones
y/o ataques a la intimidad de
la persona y los ámbitos donde la misma
tiene más valor. Este derecho custodia lo
Declaración
Universal de
los Derechos
Humanos
Convención
Americana
sobre Derechos
Humanos
Declaración
Americana de los
Derechos y Deberes
del Hombre
Pacto
Internacional
de Derechos
Civiles y Políticos
Inviolabilidad del domicilio Artículo 12 Artículo 11 Artículo 9 Artículo 17
Inviolabilidad de la
correspondencia Artículo 12 Artículo 11 Artículo 10 Artículo 17
Derecho a la intimidad Artículo 17
–101–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
íntimo de ésta, como el domicilio y sus
comunicaciones, que ahora se amplían
hacia los medios telefónicos, radiofónicos
y otros usados actualmente, tales
como fax, Internet y otros análogos que
en algún momento pudieran usarse.
La inviolabilidad de la vivienda o
su intromisión tiene dos excepciones:
la primera, cuando se cuenta con la
autorización de quien la habita y la segunda,
cuando media orden escrita de
juez competente, firmada y sellada por
el mismo, siempre y cuando se efectúe
dentro de las seis de la mañana y seis de
la tarde; fuera de este horario, nadie puede
ingresar al inmueble. Al llevarse a cabo el
allanamiento, se debe entregar una copia
de la orden a quien habita el lugar o al
encargado; si alguna autoridad infringiere
estos condi cio nantes, su conducta se
tipificaría como delito de allanamiento
ilegal conforme el artículo 436 del Código
Penal. Si, por otra parte, el infractor fuese
un civil o persona particular, el delito que
correspondería sería el de allanamiento de
morada, según el artículo 206 del Código
Penal. También se debe recordar que este
derecho es uno de los que no puede ser
suspendido, ni aún en Estado de excepción
decretado legalmente.
En cuanto a la inviolabilidad de la
correspondencia, documentos y libros,
se han tomado como una extensión de
la persona, por lo cual, la violación o
intromisión en los mismos constituye
un ataque contra su dignidad y la propia
persona. Respecto a la correspondencia,
no sólo abarca las cartas, postales, telegramas,
sino también otros impresos,
encomiendas, paquetes, giros, etc. 13
La revisión de éstos al igual que de la
vivienda, sólo puede ser realizada mediante
orden de juez competente. 14
7. Registro de personas y vehículos
En textos constitucionales anteriores
al actual no encontramos reglamentación
al respecto, pero sí se regula en el
artículo 25 de la Carta Magna vigente,
que determina:
Artículo 25. Registro de personas
y vehículos. El registro de las
personas y de los vehículos, sólo
podrá efectuarse por elementos de
las fuerzas de seguridad cuando se
establezca causa justificada para
ello. Para ese efecto, los elementos
de las fuerzas de seguridad deberán
presentarse debidamente uniformados
y pertenecer al mismo sexo de
los requisados, debiendo guardarse
el respeto a la dignidad, intimidad y
decoro de las personas.
13 Castellanos, Op. cit. Págs. 59 a 61.
14 De León Carpio, Op. cit. Pág. 75.
–102–

LOS DERECHOS HUMANOS INDIVIDUALES A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA…
En un Estado de derecho ideal, el registro
de personas y vehículos corresponde
únicamente a las fuerzas de seguridad,
la Policía Nacional Civil en el caso del
Estado guatemalteco. Esta labor no debe
ser realizada por las fuerzas armadas ni
por miembros de policías particulares,
como se produce en la actualidad en el
ingreso a los edificios de los bancos u
otras instituciones privadas.
Por otra parte, este registro debe
ser efectuado por personas del mismo
sexo que la requisada. Esta condición
no siempre se cumple, pues con mucha
frecuencia son hombres quienes se
encargan de revisar las pertenencias de
mujeres aun cuando se considera que
carteras o porta folios, son efectos personales,
que al igual que los documentos
son una extensión de la persona y su
intimidad.
De la misma manera, el registro de
vehículos no puede ser llevado a cabo
si no hay una mujer con la función de
requisar el vehículo de una dama; si se
presenta este caso, ella no tiene obligación
de bajarse del mismo, únicamente
será susceptible de revisión de la papelería
reglamentaria (tarjeta de circulación
y licencia de conducir vigente), y aún en
este caso, no podrá ser objeto de sanción
si no se tratare de policía de tránsito, en
el caso que su papelería no estuviere de
acuerdo con la ley.
8. Libertad de locomoción
Este se conoce en legislaciones
anteriores como derecho de libre circulación
y residencia; se contempla
en los artículos 19, en la Constitución
de 1879; en el 25, en la de 1945; en el
46, en la de 1956 y en el 59, en la de
1965. Nuestra actual Constitución le
dedica el artículo 26, en el siguiente
sentido:
Artículo 26. Libertad de locomoción.
Toda persona tiene libertad de
entrar, permanecer, transitar y salir
del territorio nacional y cambiar
de domicilio o residencia, sin más
limitaciones que las establecidas por
la ley.
No podrá expatriarse a ningún guatemalteco,
ni prohibírsele la entrada
al territorio nacional o negársele
pasaporte u otros documentos de
identificación.
Los guatemaltecos pueden entrar y
salir del país sin llenar el requisito de
visa. La ley determinará las responsabilidades
en que incurran quienes
infrinjan esta disposición.
De igual manera, en la legislación
internacional se consagra este
derecho, regulado en los siguientes
instrumentos:
–103–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
Declaración
Universal de
los Derechos
Humanos
Convención
Americana
sobre Derechos
Humanos
Declaración
Americana de los
Derechos y Deberes
del Hombre
Pacto
Internacional
de Derechos
Civiles y Políticos
Libre circulación intranacional Artículo 13,1 Artículo 22,1 Artículo 8 Artículo 12,1
Límites a circulación
internacional Artículo 22,3,4
Libre circulación internacional Artículo 13,2
Ciudadano
Entrar al Estado al que pertenece Artículo 22,2 Artículo 12,4
Salir del Estado al que pertenece Artículo 22,2 Artículo 12,2,3
Limitaciones de salir del Estado
al que pertenece Artículo 22,3
Prohibición de la expulsión del
Estado al que pertenece Artículo 22,5
El derecho de circulación denominado
también derecho de tránsito,
constituye una forma de manifestación
de la libertad general, y de la necesidad
que tiene toda persona de desplazarse
para la realización de sus objetivos
particulares. Este abarca también el
derecho de libertad de salir, entrar y
residir; también conocidas como “libertades
clásicas”, 15 propias de todo
régimen democrático. Estos derechos
pueden ser restringidos en caso de
Estado de excepción, en caso de condena
y a los extranjeros que no cuenten
con permiso o visa para permanecer o
ingresar al país. 16
En cuanto a la circulación dentro del
propio país, no se requiere el visado para
trasladarse de un lugar a otro dentro del
propio territorio; aunque sí se requiere
el pasaporte vigente cuando se ingresa y
egresa del territorio nacional, para controlar
los movimientos migratorios.
9. Derecho de asilo
En nuestra historia constitucional
no aparece sino hasta la Constitución
de 1945 (artículo 26), regulado también
en la de 1956 (artículo 48), en
la de 1965 (artículo 61) y en la actual
Constitución, en el artículo 27. Dichos
15 Navarrete, Op. cit. Pág. 73.
16 Castellanos, Op. cit. Pág. 65.
–104–

LOS DERECHOS HUMANOS INDIVIDUALES A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA…
textos prohibían, en primer lugar, conceder
la extradición de reos políticos
extranjeros o intentar obtener la de
reos políticos guatemaltecos, reconociendo
con ello el derecho de asilo a
los perseguidos políticos siempre y
cuando éstos se acogieran a la bandera
nacional y respetasen la soberanía y las
leyes del país. También se comprendía
dentro de la prohibición, la de persecución
por delitos comunes conexos
con los políticos.
Cabe, asimismo, hacer una observación
en cuanto a terminología, en
los citados textos el término refugiado
se refiere a los “guatemaltecos que por
causas políticas se refugiaren en otro
país”, 17 equiparando el derecho de asilo
al de refugio; como sabemos, el segundo,
por la recién terminada historia nacional
de conflicto armado interno, comprende
otros alcances, más en materia de derecho
humanitario que de derecho de asilo.
Pero volviendo a nuestra actual Constitución,
la misma lo regula en el siguiente
sentido:
Artículo 27. Derecho de asilo.
Guatemala reconoce el derecho de
asilo y lo otorga de acuerdo con las
prácticas internacionales.
La extradición se rige por lo dispuesto
en tratados internacionales.
Por delitos políticos no se intentará
la extradición de guatemaltecos,
quienes en ningún caso serán entregados
a gobierno extranjero, salvo
lo dispuesto en tratados y convenciones
con respecto a los delitos de
lesa humanidad o contra el derecho
internacional.
No se acordará la expulsión del
territorio nacional de un refugiado
político, con destino al país que lo
persigue.
En este sentido, en materia internacional
se encuentra este derecho regulado
en el artículo 14 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos,
en el artículo 22,7 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos
y en el artículo 27 de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre. También en materia específica
regularán los tratados celebrados,
tales como la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de
Todos los Trabajadores Migratorios y
sus Familiares, la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, la Convención
Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura, la Declaración sobre
la Protección de Todas las Personas
contra la Desaparición Forzada, la De-
17 García Laguardia, Op. cit. Págs. 131 y 132.
–105–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
claración sobre los Derechos Humanos
de los Individuos que no son Nacionales
del País en que Viven y el Estatuto de
la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados,
entre otros.
Es de hacer notar que dicha regulación
se orienta no sólo a la protección
de la persona, a su propia integridad,
por la comisión de delitos políticos,
sino también los conexos con éstos, y
también los casos de conflicto armado
interno, salvo el caso de delitos de lesa
humanidad.
10. Derecho de petición
Este derecho es regulado en las leyes
fundamentales de 1879, artículo 22;
en la de 1945, artículo 30; la de 1956,
ar tículo 52 y en la de 1965, artículo 62.
Las dos últimas presentan la variante
que excluían del derecho de petición
en materia política a los extranjeros, y
la del 65 dispone ya en caso de silencio
administrativo, que el peticionario tiene
el derecho de recurrir al amparo que a
efecto de que se fije un término final
a la autoridad para su resolución. 18 La
actual legislación, al efecto dispone lo
transcrito a continuación.
Artículo 28. Derecho de petición.
Los habitantes de la República de
Guatemala tienen derecho a dirigir,
individual o colectivamente, peticiones
a la autoridad, la que está obligada
a tramitarlas y deberá resolverlas
conforme a la ley.
En materia administrativa el término
para resolver las peticiones y
notificar las resoluciones no podrá
exceder de treinta días.
En materia fiscal, para impugnar
resoluciones administrativas en los
expedientes que se originen en reparos
o ajustes por cualquier tributo,
no se exigirá al contribuyente el
pa go previo del impuesto o garantía
alguna.
En cuanto a la legislación internacional,
únicamente la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, en su artículo 24 regula el
mismo en el sentido de una pronta resolución.
En general, este derecho también
es una garantía individual. 19
Fundamentalmente, este derecho
confiere la facultad de dirigir solicitudes
a las autoridades, tanto en forma indivi-
18 García Laguardia, Op. cit. Págs. 132 y 133.
19 Castellanos, Op. cit. Pág. 67.
–106–

LOS DERECHOS HUMANOS INDIVIDUALES A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA…
dual como colectiva; éstas pueden ser
de beneficio común, en cuyo caso las
autoridades tienen la obligación de tramitarlas
y resolverlas conforme la ley. 20
En materia administrativa, las autoridades
tienen por mandato constitucional
la obligación de resolver y notificar las
mismas dentro de 30 días de ser presentadas
las solicitudes respectivas. En
otras materias úni camente se refiere el
citado precepto de obligación de resol ver
conforme a la ley, lo que da margen a
una reso lución con forme lo establecen
las distintas resoluciones a nivel internacional
“en tiempo razonable”, pero
¿cuán to será un tiempo razonable en
Gua temala y en cada materia
Un avance importante en materia
fiscal, es que se ha dejado sin efecto
el pago previo del impuesto o ajuste
impugnado, pues la legislación anterior
obligaba a pagar primero el impuesto
o ajuste del reclamo antes de tener acceso
a la justicia en este campo. Debe
recor darse que existe una gran riqueza
de jurisprudencia, en cuanto a fallos
emitidos por la Corte de Constitu cionalidad,
como fuente de derecho, en cuanto
a esta facultad.
11. Libre acceso a tribunales y
dependencias del Estado;
publicidad de los actos
administrativos y acceso a
archivos y registros estatales
No existe legislación constitucional
anterior que regule estos derechos en la
forma como los regula nuestro actual
texto constitucional, en los artículos 29,
30 y 31, de la manera siguiente:
Artículo 29. Libre acceso a tribunales
y dependencias del Estado.
Toda persona tiene libre acceso a los
tribunales, dependencias y oficinas del
Estado, para ejercer sus acciones y hacer
valer sus derechos de conformidad
con la ley. Los extranjeros únicamente
podrán acudir a la vía diplomática en
caso de denegación de justicia.
No se califica como tal, el solo hecho
de que el fallo sea contrario a sus intereses
y en todo caso, deben haberse
agotado los recursos legales que
establecen las leyes guatemaltecas.
Artículo 30. Publicidad de los
actos administrativos. Todos los
actos de la administración son pú-
20 De León Carpio, Op. cit. Pág. 80.
–107–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
blicos. Los interesados tienen derecho
a obtener, en cualquier tiempo,
informes, copias, reproducciones
y certificaciones que soliciten y la
exhibición de los expedientes que
deseen consultar, salvo que se trate
de asuntos militares o diplomáticos
de seguridad nacional, o de datos
suministrados por particulares bajo
garantía de confidencia.
Artículo 31.- Acceso a archivos
y registros estatales. Toda persona
tiene el derecho de conocer
lo que de ella conste en archivos,
fichas o cualquier otra forma de
registros estatales, y la finalidad a
que se dedica esta información, así
como a corrección, rectificación y
actualización. Quedan prohibidos
los registros y archivos de filiación
política, excepto los propios de las
autoridades electorales y de los partidos
políticos.
En cuanto a legislación internacional,
además de la Declaración Americana
sobre Derechos Humanos, está la
Declaración sobre los Principios Fundamentales
de Justicia para las Víctimas de
Delitos y del Abuso de Poder, así como
el Código de Conducta para Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la
Ley, entre otros.
También se encuentra regulada esta
materia concretamente en la Ley de lo
Contencioso Administrativo. Este derecho,
en general, comprende la facultad
de acceder a los tribunales en demanda
de sus propios intereses o de sus representados,
además, a cada persona
le corresponde el derecho a conocer lo
que de ellos mismos obre en archivos
estatales, así como conocer los procedimientos
que en cualquier dependencia
del Estado obre ya sea sobre sí, o en caso
de procesos fenecidos, sobre cualquier
otro asunto, como consecuencia de la
publicidad que tienen algunos de esos
actos, con las reservas de ley. Aunque
constituye un derecho, en Guatemala
las crecientes estadísticas en materia de
delitos, asaltos, secuestros, ha hecho que
por seguridad de las mismas personas,
alguna de esa información no sea suministrada
de forma tan indiscriminada
como se solía hacer.
12. Derecho de reunión y manifestación
y derecho de asociación
La Constitución de 1879 (artículo
25); la de 1945 (artículos 31 y 32); la
de 1956 (artículos 53 y 54) y la de 1965
(ar tículos 63 y 64), comprendían más
bien las limitaciones a estos derechos;
se prohibía, inclusive en las de 1879
y 1945 el establecimiento de congregaciones
con ventuales y monásticas,
equi pa rán dolas a las instituciones o
asociaciones que atentaran contra la
moral pública, lo que en algún momento
–108–

LOS DERECHOS HUMANOS INDIVIDUALES A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA…
histórico hizo ver a Guatemala como un
país con un franco rechazo hacia todo
lo religioso. 21
Actualmente, estos derechos se encuentran
comprendidos en los artículos
33 y 34 que se anotan a continuación.
Artículo 33.- Derecho de reunión
y manifestación. Se reconoce el
derecho de reunión pacífica y sin
armas.
Los derechos de reunión y de manifestación
pública no pueden ser
restringidos, disminuidos o coartados;
y la ley los regulará con el
único objeto de garantizar el orden
público.
Las manifestaciones religiosas en el
exterior de los templos son permitidos
y se rigen por la ley.
Para el ejercicio de estos derechos
bastará la previa notificación de
los orga nizadores ante la autoridad
competente.
Artículo 34.- Derecho de asociación.
Se reconoce el derecho de libre
asociación.
Nadie está obligado a asociarse ni
a formar parte de grupos o asociaciones
de autodefensa o similares.
Se exceptúa el caso de colegiación
profesional.
Asociación
Declaración
Universal de
los Derechos
Humanos
Convención
Americana
sobre Derechos
Humanos
Declaración
Americana de los
Derechos y Deberes
del Hombre
Pacto
Internacional
de Derechos
Civiles y Políticos
Libre asociación Artículo 20 Artículo 16,1 Artículo 22 Artículo 22, 1
Limitaciones Artículo 16,2 Artículo 22,2
Libertad de manifestación Artículo 1 Artículo 7,1 Artículos 1 y 21 Artículo 9,1
Reunión limitaciones Artículo 20,1 Artículo 15 Artículo 21 Artículo 21
21 García Laguardia, Op. cit. Págs. 124 y 125.
–109–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
Este derecho constituye una manifestación
de la libertad de las personas
y una de sus variantes es la reunión y
otra, la asociación con el propósito de
conseguir intereses comunes; mientras
que la primera constituye un derecho de
reunirse dos o más personas sin el objetivo
concreto de formar una asociación,
la que puede o no ser pasajera y tener
o no como objetivo la obtención de un
objetivo determinado, en algunos casos
podrá ser con fines de crítica política,
social, cultural, entre otros. Su única
limitación es que no afecte derechos ni
intereses de terceros.
Según nos indica Navarrete, 22 este
derecho de reunión se ha entendido
también como manifestación pública de
ideas, ligado al derecho de petición; se
puede decir que es el recurso utilizado por
grupos de personas o la sociedad entera
para hacer oír su voz ante las autoridades
gubernamentales, cuyo limitante es la no
afectación de los derechos de los demás,
como sucediera recientemente en nuestro
país con el conocido “Jueves Negro”.
En cuanto al derecho de asociación,
cabe comentar que el mismo tiene igualmente
una excepción a la libertad de asociación,
y es la colegia ción profesional,
la que persigue como fin la superación
del gremio e igualmente la seguridad
de las personas que usan los servicios
profesionales de un agremiado.
13. Libre emisión del pensamiento
Reconocido en legislaciones anteriores,
como derecho a opinar, expresarse e
informarse libremente, este derecho también
forma parte de la esfera del derecho
de libertad de todo pueblo democrático,
que permite el desarrollo en los campos
intelectual, político y social y abarca la
difusión de ideas, opiniones o valores,
por cualquier medio escrito, impreso o
artístico. Este derecho es reconocido en
la Constitución de 1879 (artículo 26),
en la de 1945 (artículo 36), en la de
1956 (artículos 44 y 57) y en la de 1965
(artículos 45 y 65).
El derecho de información es la
facultad de solicitar, obtener o divulgar
datos o informaciones, cuya única
limitante son algunos actos administrativos
y algunos asuntos diplomáticos o
militares; es reconocido a partir de la
Constitución de 1945 (artículo 53), en
a de 1956 (artículo 71) y la de 1965 (artículo
75). 23 En la Carta Magna actual se
regula de la siguiente forma:
Artículo 35. Libertad de emisión
del pensamiento. Es libre la emisión
del pensamiento por cualesquiera
22 Op. cit. Págs. 100 y 101.
23 García Laguardia, Op. cit. Pág. 124.
–110–

LOS DERECHOS HUMANOS INDIVIDUALES A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA…
medios de difusión, sin censura ni
licencia previa. Este derecho cons -
titucional no podrá ser restringido
por ley o disposición gu ber namental
alguna. Quien en uso de esta libertad
faltare al respeto a la vida privada o a
la moral, será res ponsable conforme
a la ley. Quie nes se cre yeren ofendidos
tienen derecho a la publicación
de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones.
No constituyen delito o falta las
publicaciones que contengan denuncias,
críticas o imputaciones contra
funcionarios o empleados públicos
por actos efectuados en el ejercicio
de sus cargos.
Los funcionarios y empleados públicos
podrán exigir que un tribunal
de honor, integrado en la forma que
determine la ley, declare que la publicación
que los afecta se basa en
hechos inexactos o que los cargos
que se les hacen son infundados. El
fallo que reivindique al ofendido,
deberá publicarse en el mismo medio
de comunicación social donde
apareció la imputación.
La actividad de los medios de comunicación
social es de interés público
y éstos en ningún caso podrán ser
expropiados. Por faltas o delitos
en la emisión del pensamiento no
podrán ser clausurados, embargados,
intervenidos, confiscados o
decomisados, ni interrumpidos en
su funcionamiento las empresas, los
talleres, equipo, maquinaria y enseres
de los medios de comunicación
social.
Es libre el acceso a las fuentes de
información y ninguna autoridad
podrá limitar ese derecho.
La autorización, limitación o cancelación
de las concesiones otorgadas
por el Estado a las personas, no
pueden utilizarse como elementos
de presión o coacción para limitar
el ejercicio de la libre emisión del
pensamiento.
Un jurado conocerá privativamente
de los delitos o faltas a que se refiere
este artículo.
Todo lo relativo a este derecho
constitucional se regula en la Ley
Constitucional de Emisión del pensamiento.
Los propietarios de los medios
de comunicación social, deberán
proporcionar cobertura socio eco nómica
a sus reporteros, a través de la
contratación de seguros de vida.
En materia internacional, encontramos
su regulación en los siguientes
cuerpos legales:
–111–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
Declaración
Universal de
los Derechos
Humanos
Convención
Americana
sobre Derechos
Humanos
Declaración
Americana de los
Derechos y Deberes
del Hombre
Pacto
Internacional
de Derechos
Civiles y Políticos
Libertad de pensamiento Artículo 18 Artículo 13 Artículo 18,1
Derecho a la libertad de
difusión del pensamiento Artículo 4
Este derecho cuenta para la protección
de los particulares frente a los
medios de comunicación social, pues
aun cuando los medios tienen el derecho
de información y publicación deben
respetar el resguardo de la reputación,
la buena imagen o fama de terceros.
Además, deben tutelar como valores
jurídicos la honra, la reputación personal
y la vida privada, protegiéndolos frente a
un ejercicio excesivo y a veces abusivo
de la libertad de expresión, que despedaza
indiscriminadamente a diestra y
siniestra sin importar el daño que cause,
“mientras más escandalosa la noticia y
venda más ejemplares… no importa lo
demás”.
Entre los ataques que se producen
en contra de estos medios de comunicación,
en cuanto a la libertad de
expresión, están la desinformación, la
represión y la compra o acaparamiento
de los medios de comunicación. La primera
consiste en el ocultamiento de la
verdad o decir verdades a medias para
provocar confusión o mantener la ignorancia.
La segunda constituye el ataque
directo o persecución del Gobierno
en contra de los medios; por ejemplo,
en tiempo del “Serranazo”, cuando
se prohibía la publicación de todo lo
que estaba sucediendo en las cúpulas
de Gobierno y por eso el diario Siglo
Veintiuno hizo una publicación especial
titulada Siglo XIV, denunciando con ello
el retroceso de esta libertad, propia de
todo Estado democrático, valuarte de la
verdadera libertad de un pueblo. Finalmente,
el apoderamiento de los medios
de difusión o comunicación social por
parte del Gobierno es otra forma de
amordazarlos, dado que no se permite
la publicación o difusión de todo lo que
acontece.
14. Libertad de religión
Se contemplan como derecho a la
libertad de conciencia, religión y culto,
los textos constitucionales de 1879 (artículo
24) y los de 1945 (artículo 29) que
reconocían la profesión libre de todas
las religiones y el libre ejercicio de los
cultos siempre y cuando los mismos se
realizaran en el interior de los templos,
–112–

LOS DERECHOS HUMANOS INDIVIDUALES A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA…
cuya única limitante es el respeto al
derecho de otros y que no se produzcan
acciones subversivas o prácticas contrarias
a la paz y al orden público.
En cuanto a la Constitución de 1956
(artículo 51) y la de 1965 (artículo 66)
este derecho se amplía además al reconocimiento
del libre ejercicio de todas
las religiones, se reconoce el derecho
a la exteriorización y práctica de las
religiones o creencias, tanto en forma
individual como colectivamente, en
público o en privado; mediante la enseñanza,
el culto y la observancia, sin
más limitaciones que la paz, el orden
público y el respeto a los símbolos patrios,
así como la prohibición expresa de
participación en política partidista a las
asociaciones y agrupaciones religiosas
y a los ministros de los cultos. 24 Por su
parte, la Constitución de 1,985 la regula
de la siguiente manera:
Artículo 36. Libertad de religión.
El ejercicio de todas las religiones
es libre. Toda persona tiene derecho
a practicar su religión o creencia,
tanto en público como en privado,
por medio de la enseñanza, el culto
y la observancia, sin más límites que
el orden público y el respeto debido
a la dignidad de la jerarquía y a los
fieles de otros credos.
Artículo 37. Personalidad jurídica
de las iglesias. Se reconoce la
personalidad jurídica de la Iglesia
Católica. Las otras iglesias, cultos,
entidades y asociaciones de carácter
religioso obtendrán el reconocimiento
de su personalidad jurídica
conforme las reglas de su institución
y el Gobierno no podrá negarlo si no
fuese por razones de orden público.
El Estado extenderá a la Iglesia Católica,
sin costo alguno, títulos de
propiedad de los bienes inmue bles
que actualmente y en forma pacífica
posee para sus propios fines, siempre
que hayan formado parte del
patrimonio de la Iglesia Católica en
el pasado. No podrán ser afectados
los bienes inscritos a favor de terceras
personas, ni los que el Estado
tradicionalmente ha destinado a sus
servicios.
Los bienes inmuebles de las entidades
religiosas destinados al culto, a
la educación y a la asistencia social,
gozan de exención de impuestos,
arbitrios y contribuciones.
Además, se toma en cuenta dentro
de los instrumentos internacionales el
articulado presentado en el siguiente
cuadro.
24 García Laguardia, Op. cit. págs. 130 y 131.
–113–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
Declaración
Universal de
los Derechos
Humanos
Convención Americana
sobre Derechos
Humanos
Declaración
Americana de los
Derechos y Deberes
del Hombre
Pacto
Internacional
de Derechos
Civiles y Políticos
Derechos de creencia
religiosa Artículo 3
Libertad de conciencia Artículo 18 Artículo 12,1 Artículo 18
Se suman a los anteriores, la Convención
Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación
Racial y la Declaración sobre
la Eliminación de Todas las Formas de
Intolerancia y Discriminación Fundadas
en la Religión o las Convicciones, entre
otras.
Este derecho en sí, involucra tres
aspectos, el de la intimidad de la conciencia
en la que radica la creencia, la
de ma ni festación exterior de la fe religiosa,
25 y la libertad de culto. 26
Dichas formas, en muchos países y
casos, se han visto limitadas por otras
prác ticas despreciativas y discriminatorias,
lo que ha creado la necesidad de
la formulación de la Declaración sobre
la Eliminación de Todas las Formas de
Intolerancia y Discriminación Fundadas
en la Religión o las Convicciones,
proclamada por la Asamblea General de
Naciones Unidas de 1981.
Entre las formas de manifestación de
este derecho tenemos la celebración de
ceremonias, devociones o actos de culto
respectivo, tanto en los templos como en
otros sitios. En Guatemala, se presentan
ciertas manifestaciones características de
fe; por ejemplo, las procesiones principalmente
las que se producen durante la
época de Semana Santa o aquellas propias
de la cosmovisión maya. En la actualidad
se defiende el derecho de los grupos mayas
a celebrar sus cultos y ceremonias en
centros ceremoniales y que hoy en día son
patrimonio nacional, tales como ruinas,
cuyos horarios de visita les restringen la
realización de determinadas actividades,
que de acuerdo con su calendario, son celebradas
en la noche, a la puesta del sol, etc.
En cuanto a la exoneración de impuestos
y la concesión de títulos, debe
destacarse que a partir de esta Constitución
ya se amplía su base a todas las
iglesias; anteriormente era casi con exclusividad
para la Iglesia Católica.
25 Navarrete, Op. cit. pág. 80.
26 Castellanos, Op. cit. pág. 78.
–114–

LOS DERECHOS HUMANOS INDIVIDUALES A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA…
BIBLIOGRAFÍA
1. Asamblea Nacional Constituyente.
Constitución Política de la República
de Guatemala. 1985.
2. Castellanos Howell, Álvaro. Derecho
constitucional. Guatemala:
PROFASR. URL, 1998.
3. De León Carpio, Ramiro. Catecismo
constitucional. 7ª. ed. Guatemala:
Instituto de Investigación y Capacitación
Atanasio Tzul, 1995.
4. García Laguardia, Jorge Mario.
Constitución y orden democrático.
Guatemala: Editorial Universitaria
de Usac, 1984.
5. Navarrete M., Tarcisio y otros. Los
derechos humanos al alcance de todos.
3ª. ed. México: Ed. Diana, 2001.
6. Organización de los Estados Americanos.
Convención Americana
sobre Derechos Humanos. 22 de
noviembre de 1969.
7. ________________ Convención
sobre Asilo Territorial. 28 de marzo
de 1954.
8. ________________ Declaración
Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre. 1948.
9. Organización de las Naciones Unidas.
Convención Interame ricana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia Contra la Mujer
“Convención De Belém Do Pará”.
9 de junio de 1994.
10. ________________ Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados.
22 de abril de 1954.
11. _________________ Convención
sobre el Estatuto de los Apátridas.
6 de junio de 1960.
12. _________________ Convención
sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra
la Mujer. 3 de septiembre de 1981.
13. _________________ Convención
sobre los Derechos del Niño. 2 de
septiempre de 1990.
14. __________________ Convención
Suplementaria sobre la Abolición de
la Esclavitud, la Trata de Esclavos
y las Instituciones y Prácticas Análogas
a la Esclavitud. 30 de abril de
1957.
15. __________________ Declaración
sobre la Raza y los Prejuicios Raciales.
27 de noviembre de 1978.
–115–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
16. __________________ Declaración
sobre los Derechos Humanos de los
Individuos que no son Nacionales
del País en que Viven. 13 de diciembre
de 1985.
17. __________________ Pacto Internacional
de Derechos Civiles y
Políticos. 23 de marzo de 1976.
18. _______________ Código de Conducta
para Funcionarios Encargados
de Hacer Cumplir la Ley. 17 de
diciembre de 1979.
19. _________________ Convención
sobre la Esclavitud. 9 de marzo de
1927.
20. _________________ Convención
Suplementaria sobre la Abolición de
la Esclavitud, la Trata de Esclavos
y las Instituciones y Prácticas Análogas
a la Esclavitud. 30 de abril de
1957.
21. _________________ Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
10 de diciembre de 1948.
22. _________________Convención
sobre la Nacionalidad de la Mujer
Casada. 29 de agosto de 1934.
23. _________________ Declaración
sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Intolerancia y Discriminación
Fundadas en la Religión o
las Convicciones. 25 de noviembre
de 1981.
24. Organización Internacional del Trabajo.
Convenio (No. 169) sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países
Independientes. 5 de septiembre de
1991.
–116–

FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE
CONSTITUIR UNA PLATAFORMA DE
ACCIÓN SOCIAL CON INSTITUCIONES
ATINGENTES A LOS DERECHOS
HUMANOS EN GUATEMALA

JORGE ALEJANDRO BATRES QUEVEDO
Licenciado en psicología por la Escuela de Psicología, maestro en formulación
y evaluación de proyectos por la Facultad de Ciencias Económicas
y maes tro en psicología social y violencia política por la Escuela de Psicología,
todos estos títulos otorgados por la Universidad de San Carlos
de Guatemala (USAC).
Además, el magíster Batres aprobó el Seminario Permanente de Investigación
en Derechos Humanos organizado por el Instituto de Derechos
Humanos de la USAC (IDHUSAC) y por el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar (IIJ/URL) y fue capacitado
como investigador en pobreza, por FLACSO, Sede Guatemala.
Actualmente, se desempeña como docente universitario en la Escuela
de Psicología de la USAC.

RESUMEN EJECUTIVO
Las prácticas de promoción de los derechos humanos en Guatemala han sido
condicionadas históricamente por los problemas sociales y políticos que
atraviesa el país, y que en ningún momento han dado descanso a los defensores
de derechos humanos, para plantearse con tranquilidad algo diferente a
la defensa frontal y legítima, ante situaciones que ponen en riesgo la vida de la
población guatemalteca. En este contexto, los esfuerzos de las organizaciones pro
derechos humanos se producen a partir de coyunturas específicas, se dispersan y no
tienen el impacto esperado.
La situación de desarticulación de las organizaciones de derechos humanos en
Guatemala es alarmante y llama en lo inmediato a reunir alrededor de prácticas
paradigmáticas los esfuerzos aislados de la sociedad guatemalteca por construir una
cultura que vea en los derechos humanos una oportunidad de desarrollo.
En esta investigación se proporcionan elementos para las organizaciones guatemaltecas
interesadas en articular frentes aglutinantes, las orientaciones teóricas y
condiciones prácticas en que esta alianza es viable y factible.
No existen impedimentos reales entre las organizaciones de derechos humanos
en Guatemala para constituir una plataforma de acción social en el tema, por lo
cual se invita a los actores de la promoción, educación y defensa de los derechos
humanos, a acoger críticamente este informe y abrir un espacio de discusión que le
encuentre sentido a los intentos de articulación en Guatemala, más allá de coyunturas
incidentales, efectos de una situación mantenida y estructurada de violación de los
derechos humanos en la sociedad guatemalteca.
–119–

ABSTRACT
The practice of publishing about the human rights in Guatemala, has been
conditioned historically by the political and social problems that occur in
the country, and in any circumstance have given the defenders of human rights
a time to cease the defense, in a way that they could put into practice something
different to the legitimate and frontal defense, before situations that put in risk the
life of the Guatemalan population. In this context, the efforts of the organizations
for human rights are given from specific joints, they are scattered and they do not
have the impact expected.
The situation of breaking-up the organizations of human rights in Guatemala is
alarming and calls in the immediate time to meet around paradigmatic practices the
isolated efforts of the Guatemalan society, to build a culture that see in the human
rights an opportunity of development.
In this investigation we are providing the elements for the Guatemalan organizations,
interested in articulating agglutinative fronts, the theoretical orientation and
practical conditions in which this alliance is viable and feasible. There are not real
obstacles among the organizations of human rights in Guatemala to constitute a
platform of social action in this issue, that’s why the actors of the promotion, education
and defense of the human rights are invited to receive this report critically,
and to open a space of discussion that find pertinent the intents of articulation in
Guatemala, beyond incidental joints, which effects have maintained a situation of
structured violation of the human rights in the Guatemalan society.
–121–

CONTENIDO
Introducción ....................................................................................................125
1. Antecedentes del movimiento social de derechos
humanos en Guatemala .................................................................................126
2. Ideas que las organizaciones atingentes asocian a
los derechos humanos ...................................................................................129
2.1 Orientación eclesial o iusnaturalista ......................................................129
2.2 Orientación legal o positivista ...............................................................131
2.3 Orientación de desarrollo o histórica .....................................................132
3. Acciones que se desarrollan en torno a los
derechos humanos en Guatemala..................................................................133
4. Validez teórica y práctica de los derechos humanos en Guatemala ..............135
5. La plataforma de acción social en derechos humanos
como una posibilidad ....................................................................................135
6. Lecciones aprendidas en coordinaciones anteriores .....................................136
7. Condiciones y características de la plataforma .............................................137
8. Organizaciones que podrían participar en la plataforma ..............................139
–123–

9. Condiciones sociales que facilitan y obstaculizan
la constitución de una plataforma de acción social
en derechos humanos ....................................................................................140
Conclusiones ...............................................................................................141
Bibliografía ...................................................................................................144
–124–

FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE CONSTITUIR UNA
PLATAFORMA DE ACCIÓN SOCIAL CON INSTITUCIONES
ATINGENTES A LOS DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA
JORGE ALEJANDRO BATRES QUEVEDO
Introducción
A
partir del retiro de la Misión
de las Naciones Unidas para
Guatemala (MINUGUA) en
2003, se evidenció la falta de madurez
del movimiento de los derechos humanos
en Guatemala y también se hizo
evidente la necesidad de hacer un alto en
el camino para evaluar profundamente
cuál ha sido el papel que ha jugado la
sociedad civil y el Estado en materia de
derechos humanos.
En el marco de esta discusión, a
continuación se describen y analizan
las orientaciones que están sustentando
y orientando las prácticas de derechos
humanos de las organizaciones atingentes
al tema, para buscar pistas de cómo
articular y fortalecer los esfuerzos dispersos
ya iniciados; presumimos que en
la medida que se identifiquen orientaciones
comunes y, por qué no decirlo, evolucionadas
desde prácticas específicas,
se facilitará la consolidación de frentes
aglutinantes, que permiten en el corto
plazo un mayor avance e incidencia.
La factibilidad de esta convergencia
está sujeta a la solidez de la lucha por
los derechos humanos en Guatemala,
orientada y dirigida por temas comunes o
diversos; la viabilidad depende de la disposición
de los actores principales por
reunirse alrededor de iniciativas afines,
disposición que estará condicionada por
circunstancias que recogen sus propósitos
orga ni zativos inmediatos.
Este análisis corresponde a una
investigación realizada con veintidós organizaciones
dedicadas a la promoción,
educación y defensa de los derechos humanos
en el país; con éstas se discutieron
los siguientes temas: orientaciones en
derechos humanos, es decir, factibi lidad
y con diciones de viabilidad de cons tituir
una plataforma.
Esta investigación se fundó con el
pro pósito de devolverle a las organizaciones
guate maltecas interesadas en articular
frentes aglutinantes que mejoren su incidencia
en la promoción, educación y defensa
de los derechos humanos, las orientaciones
teóricas y condiciones prácticas
en que esta alianza es viable y factible.
–125–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
1. Antecedentes del movimiento
social de derechos humanos en
Guatemala
Para entender el desarrollo histórico
que ha tenido la lucha por los
derechos humanos en Guatemala, nos
parece necesario adscribirnos a una
comprensión histórica de los mismos;
es decir, comprenderlos como resultado
del proceso de evolución de la
sociedad, y más concretamente, una
evolución forzada por las luchas de
transformación social. En este sentido
nos parece importante hablar de
desarrollo de los derechos humanos
en Guatemala, reconociendo que éste
ha sido posible por la existencia de
un movimiento social que ha forzado
cambios en las cúpulas de poder económico
y político.
Sin afirmar que antes de estos años
no hayan ocurrido movimientos y
transformaciones sociales, ubicaremos
el inicio del movimiento por los derechos
hu manos con esta denominación:
derechos humanos, en la década 1944
-1954; 1 que dicho sea de paso, ha sido
reconocida como la década en la que
se han logrado más y mayores cambios
sociales en Guatemala.
Vale la pena destacar, en este primer
momento, la promoción de los derechos
por parte del Estado; los gobiernos de
Arévalo y Arbenz eran vigilantes y
promotores de los derechos humanos,
lo cual ha quedado ampliamente documentado
en la historia de Guatemala.
Los gobiernos sucesivos iniciaron una
época de violación sistemática de los
derechos humanos, haciendo surgir
las primeras demandas de la población
guatemalteca por el respeto de sus
derechos.
Después de 1955 se registran importantes
acciones organizadas del
movimiento social por contrarrestar la
ola represiva iniciada por el gobierno
con trarrevolucionario de Castillo Armas.
2 Las acciones “anticomunistas” de
los go biernos que sucedieron a Armas,
se extendieron a toda la población,
generando una tensión social tal que
en noviembre de 1960 dio origen a las
primeras acciones del conflicto armado
interno. 3
1 Antonia Reyes Prado. “Aportes para la discusión: un movimiento por los derechos humanos en Guatemala”. La
Insignia; Guatemala, 2003. http://www.lainsignia.org/2003/julio/der_035.htm. Pág. 1.
2 Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). Informe del Proyecto Interdiocesano de
Recuperación de la Memoria Histórica “Guatemala Nunca Más”. El Entorno Histórico, Tomo III. (Guatemala,
1998). Pág. 19.
3 ODHAG, Op. cit., pág. 25.
–126–

FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE CONSTITUIR UNA PLATAFORMA DE ACCIÓN SOCIAL…
La década de los años sesenta se
caracterizó por una política de represión
estatal, dirigida principalmente contra
dirigentes estudiantiles y sindicales, y
líderes políticos que no eran afines a
las políticas de gobierno; también se
iniciaron las primeras prácticas de desaparición
forzada y secuestro. 4
A partir de la década de los años setenta,
el ejército se instaló en el gobierno
e inició un largo período de dictaduras
militares; las “acciones pacificadoras”
del gobierno de Arana iniciaron con la
suspen sión de las garantías individuales
y la declaración de la “guerra civil”; se
inició una nueva ola de terror que incluía
la cen su ra de la prensa, el toque de queda,
cateos domi ciliares, desapariciones
selec ti vas, secuestros y asesinatos, entre
otras medidas drásticas que tenían como
fin “salvar al país y terminar con la ola
de criminalidad”, según el discurso gubernamental.
5
Hoy en día resulta inconcebible
negar la vinculación que el movimiento
social (popular), tuvo con el movimiento
guerrillero; de hecho a mediados de
los años setenta se produjeron acercamientos
importantes, que nutrieron la
lucha de ambos sectores; eso sirvió de
justificación para que el ejército impulsara
desde el gobierno una represión
generalizada, al amparo de una política
“con trainsurgente” que conoció las
formas más crueles de control social.
Las manifestaciones organizadas del
movimiento social, con denominación
específica de derechos humanos se
registraron en estos difíciles años de la
historia guatemalteca. 6
En los gobiernos de Romeo Lucas
García, Efraín Ríos Montt y Oscar Mejía
Víctores, las violaciones a los derechos
humanos son incontables; la política
de “tierra arrasada”, la organización de
las Patrullas de Autodefensa Civil y las
continuas campañas militares, marcan
una época de terror sin precedentes para
los derechos humanos en Guatemala.
Durante los años más álgidos del conflicto
armado interno surgen las organizaciones
que hoy mantienen la lucha por los derechos
humanos: el Grupo de Apoyo Mutuo
(GAM), la Coordinadora Nacional de
Viudas de Guatemala (CONAVIGUA),
el Centro de Estudios e Investigaciones
en Derechos Humanos (CIEPRODH), la
Coordinadora Nacional de Desplazados
de Guatemala (CONDEG), las Comunidades
de Población en Resistencia (CPR),
entre otras.
4 Reyes, Op. cit., pág. 2.
5 ODHAG, Op. cit., pág. 74.
6 Reyes, Op. cit., pág. 2.
–127–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
A finales de los años ochenta las
organizaciones de víctimas habían desarrollado
un esfuerzo importante por
los derechos humanos en Guatemala, lo
que debe ser reconocido como un mérito
histórico, pues fue el inicio de un movimiento
que se construyó en el interior de
Guatemala y en una época sumamente
difícil para la historia del país. 7
Entre finales de los años ochenta y
principio de los noventa, también nacieron
instituciones especializadas en
derechos humanos, como la Fundación
Myrna Mack (FMM), la Fundación de
Antropología Forense de Guatemala
(FAFG), el Centro de Atención Legal en
Derechos Humanos (CALDH), la Oficina
de Derechos Humanos del Arzobispado
de Guatemala (ODHAG), entre otras.
Debe anotarse también el surgimiento
de organizaciones que defendían los derechos
de las mujeres y los pueblos indígenas;
grupos que defendían los derechos
de grupos especiales como personas con
disca pa cidad o de la tercera edad; organizaciones
a favor de los derechos de la
niñez, trabajadoras de casa, trabajadoras
del sexo, enfermos de SIDA o por el derecho
a la preferencia sexual, etc.
A partir de la firma de los Acuerdos
de Paz se produce cierta digresión en el
movimiento social, contrario a lo esperado,
pues los acuerdos constituían una
plataforma importante, sobre la cual
pudieron emanar demandas tan abar cadoras
como los derechos humanos.
A finales de los noventa y principios
de 2000 crece la preocupación por los
derechos humanos, esfuerzos que como
característica general comparten la
búsqueda por reconceptualizarse como
luchas posconflicto, argumentando sobre
todo que ocurren en un nuevo escenario
histórico, social y político.
El movimiento por los derechos
humanos en Guatemala, según nuestro
parecer, no ha logrado superar totalmente
la crisis de dispersión de estos últimos
años; correspondemos con Antonia Reyes
Prado en algunos hechos que podrían
causar esta falta de articulación: 8
a. El hecho de que el tema de los derechos
humanos se vincule a organizaciones
de izquierda, que en un
principio rehuyó el tema por considerarlo
pequeño-burgués, provoca
divergencias en el presente.
b. El movimiento social protagonizado
por las organizaciones formadas
durante los años ochenta, alcanzaron
a finales de los noventa un
pro tagonismo importante en la
vida social del país, al punto que
7 Reyes, Op. cit. pág. 3.
8 Reyes, Op. cit. pág. 6.
–128–

FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE CONSTITUIR UNA PLATAFORMA DE ACCIÓN SOCIAL…
algunos de sus líderes se lanzaron
a la actividad política partidista, lo
que provocó vacíos de liderazgo; a
lo que agregamos que no hubo una
renovación adecuada de líderes; lo
cual provocó que estas organizaciones
perdieran prota gonismo social.
c. El surgimiento de entidades especializadas,
sobre todo en los años
noventa, y su rápido proceso de
institu cionalización, provocó que
el movimiento por los derechos humanos
se profesionalizara y perdiera
contacto con las bases sociales.
d. En los últimos años se ha producido
un desencuentro entre las organizaciones
de derechos humanos y
la falta de reconocimiento mutuo;
las ocasiones de coordinación son
coyunturales y no logran un impacto
sostenido.
2. Ideas que las organizaciones
atingentes asocian a los derechos
humanos
En el análisis discursivo del material
proporcionado por las organizaciones
que participaron se encontraron
tres orientaciones discursivas:
la eclesial, la legal y la de desarrollo;
cada una de estas orientaciones cabe
dentro de definiciones más amplias
ya reconocidas por su origen, propósito
o referencia; 9 así la línea eclesial
sigue el fundamento más antiguo y
nos brinda el entendimiento de los
derechos humanos como inherentes al
ser humano; la orientación legal deriva
de la noción anterior y pone límites al
poder, que debe reconocer y proteger
los derechos humanos; finalmente, la
fundamentación histórica de los derechos
humanos se refiere a ellos como
frutos de la evolución de la sociedad
y más específicamente como fruto de
las luchas de los pueblos.
2.1 Orientación eclesial o
iusnaturalista
Una primera orientación de derechos
humanos se ha producido alrededor
de la Iglesia Católica, que fundamentada
en su doctrina social tiene su
manera de ver los derechos humanos.
En la Carta Encíclica del Papa Juan Pablo
II “Cente simus Annus”, 10 se resalta
la existencia de derechos humanos que
no proceden de ninguna obra realizada
por el hombre, sino de su dignidad
esencial de persona: y se explica esta
postura por el principio personalista:
9 Marco Antonio Sagastume. Educación en derechos humanos. (Consejo Superior Universitario. Centroamérica,
1998). Págs. 3 a 6.
10 Doctrina Social de la Iglesia. (México: Ediciones Paulinas, 1997).
–129–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
“el hombre vale por lo que es y no por
aquello que tiene o hace; reconocer
este principio signifi ca aceptar que
la persona humana (hombre y mujer)
con su dignidad trascendente es el
centro y fi n de toda la vida económica
y social”. 11
De esa manera, la práctica de promoción
y defensa de los derechos humanos
se remonta a los inicios de la historia
evangélica de la Iglesia Católica, que
encuentran su motivación en los mismos
principios evangélicos: “la dignidad
humana hunde sus raíces en la imagen
de Dios (...) esto hace que todas las
personas sean esencialmente iguales
(...) de ahí que la promoción de los derechos
humanos sea una exigencia del
evangelio.” 12
Por extensión, se puede comprender
que todas las denominaciones religiosas,
por lo menos las cristianas, comparten,
en esencia, esta misma motivación
por la dignidad humana: “las iglesias
siempre han propuesto el amor al prójimo,
hasta el amor a los enemigos, en
la mejor línea evangélica. Sin embargo,
el concepto de derechos humanos,
que a la postre tendría un alcance más
restringido, nace en el campo jurídico
y político, en una sociedad laica y sin
referencia religiosa”. 13
La comprensión de esta orientación
resulta fundamental para entender la
práctica de defensa de derechos humanos
de las distintas denominaciones
religiosas, particularmente de la Iglesia
Católica. Sin embargo, bajo esta perspectiva
podrían ubicarse con facilidad
un sinfín de comprensiones y prácticas
de derechos humanos de muchas instituciones
guate maltecas, que de una u otra
manera se han visto influenciadas por
estos principios esencialistas, algunas
veces sin que ni siquiera se percaten
de ello.
En la orientación eclesial más amplia
y de vanguardia parece estar implícito un
reconocimiento de los derechos humanos
en dos sentidos: a) esencialmente, los
derechos humanos son naturales al ser
humano, pero b) necesitan de un ordenamiento
social que los haga posible.
De esa cuenta, se les vincula a un cuerpo
de leyes que regulen el ordenamiento
social; es importante rescatar que este
tipo de enfoque, parte del ser humano y
lo pone en una posición superior ante la
ley, de manera que ninguna ley puede ser
violatoria de un derecho humano.
11 Bartolomeo Sorge. La propuesta social de la Iglesia. (España: BAC Popular, 1999).
12 Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). Plan Estratégico ODHAG 2005 - 2009.
(Guatemala: ODHAG, 2005). Pág. 54.
13 Ibíd. ODHAG. Pág. 55.
–130–

FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE CONSTITUIR UNA PLATAFORMA DE ACCIÓN SOCIAL…
2.2 Orientación legal o positivista
El surgimiento del Sistema de Naciones
Unidas 14 suscitó, en su proceso de
consolidación, dos corrientes importantes:
la legalista y la desarrollista; éstas se
distinguen por su forma de percibir los
derechos humanos, pero en la práctica
no son plenamente distin gui bles, porque
al interior de la organización que les dio
vida las prácticas son indiferenciables;
mas bien se nota una separación entre
la una y la otra en las organizaciones
que han adoptado una u otra forma de
pensamiento.
La corriente legalista encuentra su
génesis en la misma constitución de la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU), en 1945; 15 cuando todas las
naciones buscan sentar las bases de una
nueva forma de relaciones internacionales,
que eviten nuevas confrontaciones
bélicas. Es importante mencionar
que el preámbulo de surgimiento de la
ONU, no estuvo precisamente en los
derechos humanos, sin embargo, son
adoptados como una suerte de derecho
internacional, materializados en los
tratados internacionales, a partir de la
declaratoria en 1945, y para efecto se
establece la Asamblea General de la
ONU, facultada inter nacionalmente
para “ayudar a ser efectivos los derechos
humanos y las libertades fundamentales”.
16
En las prácticas institucionales
es muy frecuente que el trabajo de
defensa y promoción de los derechos
humanos se asocie a tareas de índole
legal y de administración de justicia;
de hecho se piensa en un vínculo inequívoco
entre ley y derecho humano,
que más bien corres ponde a un estereotipo
que asume, entre otras cosas,
que los abogados son especialistas en
derechos humanos; esta interpretación
llevada a sus extremos supone la
primacía de la ley ante los derechos
humanos; sin embargo, no es el objeto
de nuestro análisis; en esta sección nos
ocuparemos de presentar las declaraciones
institucionales que validan la
existencia de una orientación legal
moderada.
En esta orientación surgen asociaciones
entre Estado y derecho, obligación y
derecho, justicia y derecho; entre derechos
colectivos y derechos individuales,
derechos y democracia, entre otras.
14 Manuel Diego De Velasco. Derecho internacional público. (España: Editorial Aguilar, 1931). También: Alfred
Vedross. Derecho internacional público. (España: Editorial Aguilera, 1961) y Francisco Cancino Cuevas. Tratado
sobre la organización internacional. (México: JUS S.A., 1962).
15 Ministerio de Gobernación. Derechos humanos: la ONU. (Guatemala, 1991).
16 Alfred Vedross. Resolución 1296, Sistema de las Naciones Unidas. Carta de las Naciones Unidas. Sustracción del
artículo 13, inciso b. Las Naciones Unidas y los derechos humanos.
–131–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
Se presume que el ordenamiento
jurídico recoge los derechos humanos
y crea las posibilidades prácticas para
hacerlos vigentes en las relaciones
sociales; el Estado se constituye en el
vigi lante de esos derechos a través del
cum plimiento de la ley y en esencia en el
úni co violador de derechos humanos.
En esta orientación nos interesa resaltar
el vínculo que tienen los derechos
humanos con el Estado, el marco jurídico
que los posibilita y la administración
de justicia; sumado a los elementos que
rescatamos en la orientación eclesial, anticipamos
desde ya las posibilidades de
una concepción inte gradora, por ahora
en dos niveles: a) el nivel intencional
que corresponde a la orientación eclesial,
y b) el nivel operativo, que corresponde
a la orientación jurídica.
2.3 Orientación de desarrollo
o histórica
En las publicaciones sucesivas del
Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala,
sobre la situación del desarrollo
humano, se identifica una orientación
que ve en el respeto de los derechos humanos
una condición sine qua non del
desarrollo. El desarrollo es entendido
como “un proceso integral mediante
el cual se amplían las oportunidades
del ser humano en: educación, salud,
ingresos, empleo, libertad, seguridad
y participación”, 17 dicho de otra manera,
sólo cuando los derechos humanos
tengan plena vigencia, podrá darse un
auténtico desarrollo humano.
Los indicadores con los cuales
se mide el desarrollo forman parte
de su mismo concepto: educación,
salud, ingresos, empleo, libertad,
seguridad y participación; conceptos
que a su vez aparecen asociados
a los derechos humanos en algunas
comprensiones.
El tema de la integralidad de los
derechos humanos comienza a aparecer
cuando se cuestionan los ámbitos donde
los derechos humanos se cumplen o
violan; la vida se coloca en el centro de
toda la discusión y alrededor de ella las
condiciones materiales de existencia
que la afectan. Una concepción integral
de los derechos humanos permite la
indiferenciación de los mismos de las
condiciones políticas, sociales y culturales
en que éstos se dan.
17 Sistema de las Naciones Unidas para Guatemala. Informe de Desarrollo Humano, 1998. Sistema de las Naciones
Unidas para Guatemala. (Guatemala, 1999).
–132–

FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE CONSTITUIR UNA PLATAFORMA DE ACCIÓN SOCIAL…
De la mano del desarrollo caminan
también las modificaciones estruc turales
necesarias para permitir una vida
digna, que en términos prácticos signifi
ca la plena vigencia de los derechos
humanos.
La concepción de desarrollo parece
sumar a las dos concepciones anteriores,
el contexto en donde los derechos humanos
se materializan y las consecuencias
que éstas tienen en la existencia humana,
en la vida, más concretamente. Podemos
decir que el nivel esencial corresponde a
la orientación eclesial, el nivel operativo
a la orientación jurídica y el nivel contextual
a la orientación de desarrollo.
3. Acciones que se desarrollan en
torno a los derechos humanos en
Guatemala
Las prácticas de promoción, defensa
y educación en derechos humanos en
Guatemala, han sido condicionadas históricamente
por los problemas sociales
y políticos que atraviesa el país, y que
en ningún momento han dado descanso
a los defensores de derechos humanos,
para plantearse algo diferente a la defensa
frontal y legítima, ante situaciones
que ponen en riesgo la vida y la sociedad
misma.
En este contexto, los esfuerzos de las
organizaciones pro derechos humanos y
de la sociedad civil se dispersan, haciendo
triunfar las prácticas desarticuladoras de
grupos de control social. Este ámbito es
crítico, sin embargo, no ha desalentado
la creatividad y entusiasmo de muchas
organizaciones por desarrollar una amplia
gama de acciones en derechos humanos.
Debemos entender que la institución,
a diferencia de la organización,
recoge los valores o normas subjetivas
que se acogen como propios para definir
una identidad, en este caso identidad
institucional; de esa cuenta el repaso por
las coincidencias en cuanto identidad
institucional, pasa por esas subjetividades,
que algunas veces están expresadas
en la misión institucional, en los valores,
y aún en la visión; lo que siempre ocurre
es que forman parte de un discurso
institucional.
Una primera coincidencia en la
identidad institucional es la de definirse
como actores de transformación social,
frente a los grupos más vulnerables,
excluidos o afectados por el conflicto
armado interno. Esta dualidad, actor
de transformación social –vulnerable,
excluido o afectado– es razón de un
compromiso ético o responsabilidad
social, como se le ha dado por llamar recientemente.
Este compromiso ético está
inspirado en los derechos humanos.
Los derechos humanos, como eje
transversal de sus acciones conforman
–133–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
una segunda coincidencia importante,
que para el caso de las organizaciones
analizadas es explícito, lo que no provoca
ninguna dificultad en su discurso al
declararse como organizaciones de derechos
humanos; y mencionamos esto con
el propósito de alimentar esa discusión
que ya hemos iniciado, sobre la dificultad
que tienen algunas organizaciones
por definirse como “organizaciones de
derechos humanos”.
Otro elemento subjetivo de coincidencia
institucional es definirse como
actores de transformación social, frente
a las acciones u omisiones del Estado; lo
cual crea una triangulación interesante:
organizaciones, poblaciones vulnerables
o afectadas, Estado.
Estas acciones frente al Estado, no
plantean su suplantación o supresión;
más bien, proponen su fortalecimiento y
su conversión en un Estado de derecho,
un Estado democrático; que promueva la
justicia, la igualdad, que acepte y repare
los daños ocasionados por sus acciones
u omisiones.
Ahora bien, en la medida que no se
plantea sustituir o suprimir al Estado,
los objetivos y acciones van encaminadas,
en su mayoría, a fortalecer a la
sociedad en su conjunto, pero sobre
todo a los sectores más vulnerables y
afectados; para que, a través de la organización,
la demanda, la incidencia y
la participación ciudadana, generen las
transformaciones necesarias.
Como un ejercicio meramente didáctico
se pueden clasificar las acciones
según la dirección que lleven: a) aquellas
que se dirigen a sensibilizar, fortalecer
o crear capacidades en los grupos meta,
que por ahora les llamaremos “indirectas”,
en la medida que no se constituyen
en un fin en sí mismas, sino que tienen
como propósito final incidir en la transformación
social; ahora, a través de las
poblaciones vulnerables o afectadas; b)
aquellas que se dirigen a incidir o transformar
las estructuras de funcionamiento
del Estado, para generarle condiciones
al derecho y la democracia, que podemos
reconocerlas como “directas”; y c)
aquellas cuyo fin es fortalecer las capacidades
de intervención de los actores
de transformación social, que aquí las
conoceremos como “internas”.
Es muy importante que como parte
de las coincidencias de identidad institucional,
la mayoría de las organizaciones
se inspiran en los efectos de la
historia reciente del país; su identidad
se construye alrededor de las necesidades
reales y concretas, pero también
históricas.
Lo histórico le da un carácter de
mo vimiento, de actuar procesual, en
la medida que toma en cuenta los logros
sociales recientes: los Acuerdos
–134–

FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE CONSTITUIR UNA PLATAFORMA DE ACCIÓN SOCIAL…
de Paz, por ejemplo. Queremos decir,
en resumen, que las organizaciones
se inspiran en su contexto espacial y
temporal e intentan incidir en él para
producir transformaciones que se reflejen
en el desarrollo del país. Esto atraviesa
sus identidades, se ve expresado
en sus propósitos y sin lugar a dudas
matiza sus intervenciones operativas.
Aun que algunas veces no se vea así,
las acciones de transformación social
que desarrollan estas y otras organizaciones
han producido cambios sustanciales
en el tiempo, Guatemala no es
la misma de hace unos diez años; este
reconocimiento es importante porque
ayuda a situar en perspectiva, qué se
puede aspirar con ese esfuerzo, si es
sostenido en el tiempo; aún mejor, si
es un esfuerzo sostenido, que haga
coincidir y logre articular en un movimiento
social todas las acciones que
se desarrollan.
4. Validez teórica y práctica de los
derechos humanos en Guatemala
Los derechos humanos en Guatemala
dejaron de ser concebidos como
una reivindicación burguesa, para
convertirse en una sombrilla que bajo
su techo recoge muchas luchas sociales.
A futuro, los derechos humanos
parecen ser una posibilidad de lucha
factible para procurar la necesaria
transformación social; al igual que
la violencia parecen ser un discurso
común, compartido por casi todos los
sectores del país. Esto es alentador
y estratégicamente ofrece muchas
posibilidades para poner a dialogar
aún aquellas posturas históricamente
antagónicas.
Las condiciones formales –teóricas–
existen, pero hace falta un largo trecho
importante que recorrer en el camino de
la práctica; las leyes, los tratados y convenidos
por sí solos no son suficientes;
la práctica de todos los actores sociales
es necesaria.
Esta relación entre teoría y práctica
pasa, sin duda alguna, por cultu rizar
los derechos humanos, como ya se viene
diciendo en el ámbito discur si vo de las
organizaciones atingentes al tema.
5. La plataforma de acción social
en derechos humanos como una
posibilidad
Los esfuerzos de las organizaciones
de derechos en Guatemala aún son
dispersos, en la medida que triunfan las
prácticas desarticuladoras de gru pos de
control social por un lado y, por el otro,
muchas de las experiencias de trabajo
en derechos humanos han surgido a
partir de intereses de organizaciones
internacionales, que apoyan proyectos
–135–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
transitorios y no tienen interés en articular
procesos, más allá de sus líneas
de financiamiento.
Los esfuerzos de trabajo conjunto
que han surgido, no han tenido el
impacto esperado; pues las manifestaciones
de trabajo conjunto se producen
a partir de coyunturas específicas:
“vio laciones graves a los derechos
humanos”, y no se logra actuar más
allá de un comunicado conjunto, una
marcha o una denuncia, en el mejor
de los casos.
Cuando se busca coordinar esfuerzos
más sostenidos, surgen diferencias
ideológicas entre las organizaciones
atingentes, impidiendo una comprensión
de la dimensión nacional, por sobre la
dimensión organizacional.
No se pretende desconocer los
avances significativos que ha alcanzado
el movimiento social en Guatemala:
han sido muchos y sus costos
han sido muy elevados como para ignorarlos;
sin embargo, la situación de
desarticulación de las organizaciones
de derechos humanos en Guatemala es
preocupante y llama en lo inmediato a
reunir alrededor de prácticas paradigmá
ticas los esfuerzos aislados de la
sociedad guatemalteca por construir
una cultura que vea en los derechos
humanos una oportunidad de desarrollo
real y sostenible.
6. Lecciones aprendidas en
coordinaciones anteriores
Cuando se indagó sobre las experiencias
de coordinaciones anteriores, las
organizaciones señalaron: protago nismo
e individualismo, objetivos confusos,
imposición de agendas, coyunturalismo,
discontinuidad, instituciona lización de
las instancias, únicamente se invita a
organizaciones afines, algunas organizaciones
pequeñas se sienten excluidas, las
acciones son dispersas, falta de tiempo,
el contexto adverso afecta y no se sistema
tiza la experiencia. En tre los aspectos
positivos se señala: que producen avances
a nivel social, se facilita la interac ción
organi za cional y se fomenta la unidad.
El protagonismo representa una
experiencia que una y otra vez se señala
como un desalentador o bloqueo de los
procesos conjuntos; se le asocia a la
concentración del poder y que las plataformas
sirven de “escalón o puente” de
personas con intereses particulares.
La exclusión es una de las dificultades
que, sobre todo, organizaciones
pequeñas experimentan. La institucionali
zación, llamada también “oenegi zación”,
tiene apariciones continuas: cuando
se habla de las formas organizativas
que debe adoptar la plataforma, cuando
se hace referencia al tema financiero y
asociada a la agilidad y capacidad operativa
que debe tener la plataforma.
–136–

FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE CONSTITUIR UNA PLATAFORMA DE ACCIÓN SOCIAL…
7. Condiciones y características
de la plataforma
Las características más importantes
que se le designan a una plataforma de
acción social que capte la disponibilidad
y el interés de las organizaciones
de derechos humanos son: priorizar los
temas; definir objetivos claros; que sea
incluyente, amplia y plural; que se asuma
con responsabilidad la delegación;
que sea práctica; evitar la institucio na -
li za ción; que sea afín a los diversos
intereses organiza cionales; evitar los
prota go nismos; que facilite las coordinaciones
internas; que propicie la
conversión del movimiento social; que
tenga agenda propia; que se articule
alrededor de refe rentes; que renueve sus
formas orga ni za tivas; que mantenga su
independencia y que formule planes de
largo aliento.
El protagonismo, la exclusión y
la “oenegización” son conceptos que
se relacionan con las características
que presenta el movimiento social en
Guatemala, sobre todo después del
enfriamiento de las tensiones que se
vivieron durante el conflicto armado; y
por qué no decirlo, desde que la cooperación
internacional apoya los procesos
de desarrollo y organización social en
Guatemala por la vía de proyectos.
El movimiento social en Guatemala
enfrenta muchos desafíos; entre ellos
puede anotarse la necesidad de renovarse
en formas de intervención, en sus maneras
discursivas, pero sobre todo en sus liderazgos.
El conflicto armado interno heredó
a la organización en Guatemala formas
de lide razgo que se caracterizan, entre
otras, por el prota go nismo. Aún persiste
una concepción de liderazgo unipersonal,
típico del pensamiento individualista de
una época marcada por el autoritarismo, el
caciquismo, abuso de poder y la violencia;
para bien o para mal, esta forma de liderazgo
uni personal sintetizó y cristalizó los
valores de esta época y se perpetuó en la
vida organiza cional del país, impidiendo
formas más democráticas de convivencia,
a través de prácticas como el prota gonismo,
por ejemplo.
Euclides Sánchez, 18 en el 2000, ha ce
una interesante síntesis acerca de las formas
en que, teóricamente, se con cibe la
participación, el liderazgo y la organización.
Sobre la primera se ñala el én fasis de
las concepciones teóricas desde los expertos,
que para bien o para mal, responden a
una comprensión de la participación como
una condición de necesidad de las organi-
18 Euclides Sánchez. Todos con la esperanza: continuidad de la participación comunitaria. (Venezuela: Universidad
Central de Venezuela, 2000). Pássim.
–137–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
zaciones de segundo piso, que intervienen
en los procesos de desarrollo comunitario;
al respecto del liderazgo señala el énfasis
de definirlo desde lo unipersonal, es decir,
centrar en una persona las características
ideales de un gestor social; con respecto
a la organización nos invita a reconocer
la verticalidad como característica de las
estructuras, pero también de las líneas de
poder y decisión.
Estos tres acercamientos teóricos
resultan interesantes en la medida que
sirven de referente para medir el impacto
de las condiciones sociales, económicas
y políticas que generan estas formas
de construcción social, y que son, a la
vez, motivo de disidencia de modelos
emergentes de participación, liderazgo
y organización social.
En la medida que se piense a la
participación como una forma de participación
social y se le vincule a la
participación política, el ejercicio del
poder, pe ro sobre todo a la ciudadanía,
se constituye en el camino y se convierte
en el ve hículo de formas más sanas de
democracia; por su parte, una participación
como la que se está pensando:
amplia e incluyente, sólo es posible
desde un li derazgo que va más allá de las
personas para inscribirse en los grupos
y que sólo es posible en estructuras organi
zativas que privilegian las relaciones
horizontales y circulares en el ejercicio
del poder y la toma de decisiones.
Otra de las características del mo -
vi miento social en Guatemala, so bre
todo en los últimos años es la ins tituciona
lización u “oenegi za ción” de la
organización y las demandas sociales; y
esto sí resulta preocupante porque estas
formas de intervención han sustituido o
robado espacio a las demandas de las organizaciones
de base, a la organización
voluntaria, consciente y sentida.
El peligro del “talle rismo” y el
“proyec tis mo” ha llegado a las agendas
de los actores socia les en Guatemala
y con dificultad se logran separar los
proyectos de transformación social, de
los documentos proyecto para la gestión
de recursos.
Finalmente, quisiéramos referirnos,
con entusiasmo, a la necesidad de
constituir espacios incluyentes, amplios,
plurales; desde nuestra perspectiva esto
es el resultado de ese encuentro social
que se está produciendo en Guatemala
entre la diversidad de organizaciones
que existen. Apunta, sin lugar a dudas,
a ese reen cuentro social que inevitablemente
iba a ocurrir después de todas
las divisiones y dispersiones que se
provocaron en años de represión, temor
y desconfianza.
Muchas organizaciones, de diversa
índole han surgido en nuestro país; y
corresponden a ese “movimiento emergente”
que muchos pensadores hoy en
–138–

FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE CONSTITUIR UNA PLATAFORMA DE ACCIÓN SOCIAL…
día han señalado; en algunos casos son
“minorías activas”, con una propuesta
renovada que reta a la mayoría de esquemas
prefabricados por la costumbre
y el “modo de hacer las cosas”. Estas
organizaciones le abren paso a la inclusión,
a la pluralidad, a la amplitud, y
ya no podemos seguirnos haciendo de
“oídos sordos”.
8. Organizaciones que podrían
participar en la plataforma
Cuando se indagó sobre las organizaciones
que podrían integrar la plataforma,
las respuestas fueron variadas,
pero bien se pueden integrar en dos
sentidos: a) las opiniones en torno a
quiénes deberían integrar la plataforma,
y b) las exclusiones o condiciona mientos
de participación para algunas organizaciones.
A la plataforma se le reconoce un
carácter amplio, incluyente y plural; la
posibilidad de integración se amplía más
allá de las organizaciones tradicionales
y se considera a aquellas que no necesariamente
se denominan “de derechos
humanos”, pero indudablemente realizan
alguna acción en el tema.
Los condicionamientos o exclusiones
de participación se presentan para
organizaciones del Estado, vinculadas
al gobierno, partidos políticos o aquellas
que por su naturaleza y acciones son
violadoras de los derechos humanos.
Resulta interesante destacar que,
por un lado, se aboga por una plataforma
amplia, plural e incluyente, pero por el
otro, se encuentran impedimentos para
la integración de determinas entidades,
de grupos que han actuado en contra de
los derechos humanos de la población;
se entiende con facilidad, pero cuando
se extienden esos con dicionamientos a
organizaciones estatales o gubernamentales,
cuya naturaleza específica son
los derechos humanos, creemos que es
necesario reflexionar más.
Según nuestro análisis se excluye o
se condiciona la participación de entidades
gubernamentales y estatales por
la actuación de éstas en la promoción y
la vigilancia de los derechos humanos
frente al Estado, ante sus acciones u
omisiones. Estas ideas se orientan en la
línea de que el principal, si no el único,
violador de los derechos humanos es el
Estado.
El Estado es la instancia encargada
de promover y vigilar a través de todas
sus instancias el cumplimiento de los
derechos humanos, porque en suma es
quien los ratifica y se compromete a
hacerlos vigentes en su espacio territorial,
pero eso no lo hace el único violador.
El Estado ha creado internamente
organismos que lo vigilen o sancionen
–139–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
en su actuar, porque él es deficiente,
o mejor dicho, no es perfecto. Esta
misión sancionadora no le corresponde
exclusivamente a la Procuraduría
de los Derechos Humanos (PDH),
es también el oficio de múltiples organizaciones
sociales en Guatemala.
Las organizaciones sociales cumplen
con esta función por deficiencia del
Estado o porque una dinámica social
democrática lo permite o lo exige; nos
inclinamos por la segunda propuesta,
la democracia, como sistema necesita
de la actuación del movimiento social,
de su continua demanda, de su
vigilancia y promoción, porque estas
mismas actuaciones son insumos para
transformar al Estado, pues éste no es
perfecto, pero sí perfectible.
Ahora bien, debido a que las organizaciones
de derechos humanos
continuamente llevan a cabo acciones
que afectan la dinámica social, pueden
favorecer los derechos humanos,
pero también pueden crear ocasiones
de violarlos, pues en toda interacción
social existe esa posibilidad. ¿Quién
vigila a los que vigilan, ¿quién constata
o verifica que las mismas organizaciones
de derechos humanos no violen
los derechos humanos
Para crearle condiciones a lo derechos
humanos, se les debe apreciar más
allá de las leyes y procurar que sean
parte de la cultura, como valores básicos
de interacción social; en ese sentido
defendemos la idea de la pluralidad, la
inclusión y la amplitud en la integración
de los espacios de coordinación social.
Reconocemos que los derechos humanos
pueden ser posibles sólo poniendo
a discutir al Estado, al gobierno y al
movimiento social.
9. Condiciones sociales que facilitan
y obstaculizan laconstitución de
una plataforma de acción social en
derechos humanos
En Guatemala la situación de los
derechos humanos es compleja y preocupante;
su defensa es legítima y urgente.
No podemos confiar en que el Estado,
por lo menos en el mediano plazo, pueda
garantizarlos.
En el análisis de las organizaciones
se pueden identificar los siguientes puntos
nucleares: el Estado es débil y los
gobiernos no muestran voluntad política
por transformar la preocupante situación
de derechos humanos en Guatemala; la
mayoría de la población vive en condiciones
que obligan su sobre vi ven cia, y
muy difícilmente pueden transcen derla
para plantear la reivindicación de sus
derechos humanos.
El sistema social se ha visto afectado
por la dispersión, la pérdida de
–140–

FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE CONSTITUIR UNA PLATAFORMA DE ACCIÓN SOCIAL…
valores de convivencia democrática,
si alguna vez los hubo en Guatemala;
aunque se han hecho esfuerzos de
coin cidencia en el movimiento social,
aún hay dispersión y contradicciones
que no han podido ser superadas; la
época de poscon flicto que vivimos,
aún pertenece al conflicto; no estamos
en la “época de la paz” y si bien los
discursos se han modificado, las situaciones
que originaron el conflicto
interno persisten y en el peor de los
casos, han empeorado; las formas de
intervención deben revestirse en el
presente y asumir los retos ideológicos
y discursivos actuales.
CONCLUSIONES
1. Los antecedentes de un movimiento
social por los derechos humanos en
el país pueden ser organizados en
cuatro períodos:
Primero. Entre 1944 y 1954, correspondiente
a los gobiernos revolucionarios
de Arévalo y Arbenz.
Caracterizó a este primer período,
el reconocimiento, defensa y promoción
de los derechos humanos
por parte del Estado.
Segundo. Entre 1956 y 1970; a
partir de la instalación del gobierno
contrarre volucionario de Castillo
Armas, el Estado inició una época de
violación sistemática de los derechos
humanos de la población organizada.
En este contexto adverso para el
movimiento de derechos humanos
surgen las primeras expresiones
organizadas de la población por la
defensa de sus derechos: sindical y
campesina, sobre todo; además se
origina el conflicto armado interno.
Tercero. Se produce entre 1970 y
1986. Cuando el ejército se instala
en el gobierno inicia una época de
viola ción generalizada de los derechos
humanos; corresponde también
a la agudización del conflicto
armado inter no, el surgimiento de
las Paatrullas de Autodefensa Civil
(PAC) y las sucesivas campañas militares
de “pa ci ficación social”. En
este período surge la defensa de los
derechos humanos que hoy conocemos
en el país, a partir del esfuerzo
de organizaciones de familiares de
víctimas de tortura, desaparición
forzada y masacres.
Cuarto. Se lleva a cabo entre 1986
y 1996 y se caracterizó, entre otras
cosas, por la instalación de gobiernos
civiles, el inicio del proceso de paz y
–141–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
el surgimiento de la mayoría de organizaciones
especializadas en derechos
humanos. Tras la firma de los Acuerdos
de Paz en 1996, el movimiento
de derechos humanos en Guatemala
se dispersó y las reivindicaciones
conjuntas ocurren en coyunturas incidentales,
efectos de una situación
mantenida y estructurada de violación
de los derechos humanos en la sociedad
guatemalteca.
2. Las prácticas de intervención en derechos
humanos en Guatemala están
inspiradas en tres orientaciones específicas:
a) eclesial (iusnatu ra lista),
b) legal (positiva), y c) de desarrollo
(histórica-integral).
La orientación eclesial se ha producido
alrededor de la Iglesia Católica,
que fundamentada en su doctrina
social, defiende que hay derechos
humanos que no proceden de ninguna
obra realizada por el hombre, sino
de su dignidad esencial de persona, lo
que conduce a la naturalización de los
derechos humanos y su preexistencia.
La orientación legal encuentra su
génesis en la misma constitución
de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU). En esta orientación
los derechos humanos se asocian
a tareas de índole legal y de administración
de justicia y surgen
asociaciones entre Estado y derecho,
obligación y derecho, justicia
y derecho.
La orientación de desarrollo ve en
el respeto de los derechos humanos
una condición sine qua non del desarrollo,
en la medida que éste amplía
las oportunidades del ser y hacer
humano: “sólo cuando los derechos
humanos tengan plena vigencia,
podrá darse un auténtico desarrollo
humano”.
Esta orientación ofrece la posibilidad
de un enfoque más integral de
los derechos humanos, en la medida
que cuestiona los ámbitos en los que
los derechos humanos se cumplen o
violan, coloca a la vida en el centro
de toda la discusión y alrededor de
ella las condiciones materiales de
existencia que la afectan; a la vez,
permite la indife ren ciación de los
derechos humanos de las condiciones
políticas, sociales y culturales
donde éstos se producen.
3. En los propósitos y acciones de las
organizaciones pro derechos humanos
en el país, puede leerse una
triangulación interesante: organizaciones,
población, Estado. A nivel de
la identidad institucional, implícitamente
todas se definen como actoras
de transformación social, frente a las
acciones u omisiones del Estado, en
la vigilancia de los derechos huma-
–142–

FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE CONSTITUIR UNA PLATAFORMA DE ACCIÓN SOCIAL…
nos de la población más vulnerable,
afectada o excluida.
Los derechos humanos se constituyen
en el contenido ético que motiva
actuar fren te al Estado.Y esta actuación
no plantea su suplantación
o supresión, más bien propone su
fortalecimiento y su conversión en un
Estado de derecho, democrático; que
promueva la justicia, la igualdad, que
acepte y repare los daños ocasionados
por sus acciones u omisiones.
En la medida que no se plantea sustituir
o suprimir al Estado, los objetivos y
acciones van encaminadas a fortalecer
a la población para que, a través de la
organización, la demanda, la incidencia
y la participación ciudadana genere
las transformaciones necesarias. Las
acciones pueden clasificarse, según la
dirección que llevan en: a) indirectas:
aquellas que se dirigen a sensibilizar,
fortalecer o crear capacidades en la
población, en la medida que no se constituyen
en un fin en sí mismas, sino que
tienen como propósito final incidir en
la transformación social, ahora a través
de la población; b) directas: aquellas
que se dirigen a incidir o transformar
las estructuras de funcionamiento del
Estado, para generarle condiciones al
derecho y la democracia; y c) internas:
aquellas cuyos fin es fortalecer
las capacidades de intervención de los
actores de transformación social.
4. El protagonismo, la institucio nalización
y la exclusión aparecen como
problemas importantes en las experiencias
de coordinación en tre las organizaciones
de derechos humanos.
El protagonismo representa una experiencia
que una y otra vez se señala
como un desalentador o bloqueo de los
procesos conjuntos, y se corres ponde
con un modelo de lide razgo unipersonal
que la historia reciente del país
heredó a la vida orga niza cional, porque
sintetiza y cristaliza los valores
del autoritarismo, caciquismo, abuso
de poder y violencia.
La institucionalización u “oenegiza
ción” de la organización y las
demandas sociales ha sustituido o
robado espacio a las demandas de
las organizaciones de base, a la organización
voluntaria, consciente y
sentida. El peligro del “talle rismo”
y el “proyectismo” y la burocracia
ha llegado a las agendas de las
actores sociales en Guatemala y
con dificultad se logran separar los
proyectos de transformación social,
de los documentos proyecto para la
gestión de recursos.
Finalmente, la exclusión es experimentada,
sobre todo, por organizaciones
pequeñas que no ven incluidas
sus demandas en las agendas de
coordinación.
–143–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
5. Todas las organizaciones indagadas
muestran disponibilidad de integrarse
a la plataforma bajo ciertas condiciones.
Se ponen condiciona mien tos
a la integración de organizaciones
estatales y de gobierno, y se excluye
la participación de partidos políticos
o aquellas que por su naturaleza y
acciones son violadoras de los derechos
humanos.
6. Estos condicionamientos se razonan
como válidos en la medida que se
concibe al Estado como el único
violador de los derechos humanos y
no puede ser “juez y parte” en la plataforma;
pero sí se acepta que todas
las organizaciones sociales pueden
violar los derechos humanos, resulta
ser ésta una contradicción reac tiva.
Estratégicamente, es mucho más
valioso tener en un mismo espacio
a todos los actores de derechos, pues
obliga su actuación pronta y facilita
la incidencia en los espacios de poder
político.
7. Existen condiciones adversas
que afectan la integración de una
plataforma de acción social en
derechos humanos en Guatemala:
a) un Estado débil y los gobiernos
no muestran voluntad política por
transformar la preocupante situación
de derechos humanos en Guatemala,
b) la mayoría de la población
vive en condiciones que obligan su
sobre vivencia, y muy difícilmente
pueden trascen derla para plantear
la reivindicación de sus derechos
humanos, c) el sistema social se ha
visto afectado por la dispersión, la
pérdida de valores de convivencia
democrática; y d) aunque se han
hecho esfuerzos de coincidencia
en el movimiento social, aún hay
dispersión y contradicciones que no
han podido ser superadas.
BIBLIOGRAFÍA
1. Cancino Cuevas, Francisco. Tratado
sobre la organización internacional.
México: JUS S. A., 1962.
2. Centro de Acción Legal en Derechos
Humanos (CALDH). http://www.
cald.org/OBSERVADH.html. (10 de
septiembre de 2005).
3. Compendio Doctrina social de la
Iglesia. México: Ediciones Paulinas,
1997.
4. De Velasco, Manuel Diego. Derecho
internacional público. España:
Editorial Aguilar, 1931.
–144–

FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE CONSTITUIR UNA PLATAFORMA DE ACCIÓN SOCIAL…
5. Díez Moreno, Fernando. Pensamiento
social de Juan Pablo II. España:
EG., 1998.
6. Fundación Myrna Mack. Décimo
aniversario del asesinato de Myrna
Mack. Guatemala, 2005.
7. Instituto Interamericano de Derechos
Humanos (IIDH). ABC de las
Naciones Unidas. Estados Unidos,
1995.
8. ___________________ Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Costa Rica: IIDH- UNESCO,
1998.
9. ___________________ Primer Curso
Interamericano. Sociedad civil y
derechos humanos. Los derechos
económicos, sociales y culturales.
Costa Rica: IIDH, 2000.
10. Ministerio de Gobernación. Derechos
humanos: la ONU. Guatemala,
1991.
11. Molina, Lucrecia y Loireth Calvo.
Curso básico de derechos humanos.
Costa Rica: Instituto Interamericano
de Derechos Humanos (IIDH),
1999.
12. _________________ Directorio de
organizaciones de derechos humanos
de Centroamérica y Panamá.
Costa Rica: Instituto Interamericano
de Derechos Humanos (IIDH),
1999.
13. Oficina de Derechos Humanos
del Arzobispado de Guatemala
(ODHAG). Informe del Proyecto
Interdiocesano de Recuperación de
la Memoria Histórica “Guatemala
Nunca Más”. El Entorno Histórico.
Tomo III. Guatemala, 1998.
14. ___________________ Plan estratégico
ODHAG 2005-2009. Guatemala:
Oficina de Derechos Humanos del
Arzobispado de Guatemala, 2005.
15. Pinto, Mónica. La denuncia ante la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Argentina: Editores
del Puerto, 1993.
16. Programa de Dignificación y Asistencia
Psicosocial a las Víctimas
del Enfrentamiento Armado (DI-
GAP). “1 año de historia”. DIGAP.
Guatemala, sf.
17. Procuraduría de Derechos Humanos
de Guatemala: “Informe anual
circunstanciado”, año 2001. Guatemala,
2002.
18. __________________ “Procurador
de los Derechos Humanos”. Revista
derechos humanos. Número 1. Guatemala,
mayo de 2005.
–145–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
19. ___________________ “Funciones
y Atribuciones del Procurador”.
Revista Derechos Humanos. Número
1. Guatemala, mayo de 2005.
20. Reyes Prado, Antonia. “Aportes para
la discusión: un movimiento por los
derechos humanos en Guatemala”.
La Insignia. Guatemala, 2003.
http://www.lainsignia.org/2003/julio/der_035.htm
(30 de agosto de
2005).
21. ___________________ “La construcción
de una cultura de derechos
humanos”. La Insignia. Guatemala,
2002. http://www.lainsignia.
org/2002/octubre/der_032.htm. (30
de agosto de 2005).
22. Sagastume Gemmell, Marco Antonio.
Educación en derechos humanos.
Centroamérica: Consejo
Superior Universitario, 1998.
23. Sánchez, Euclides. Todos con la
esperanza: continuidad de la participación
comunitaria. Venezuela:
Universidad Central de Venezuela,
2000.
24. Sistema de las Naciones Unidas para
Guatemala. Informe de Desarrollo
Humano 1998. Guatemala: Sistema
de las Naciones Unidas para Guatemala,
1999.
25. ____________________ Informe
de Desarrollo Humano, 2001. Guatemala:
Sistema de las Naciones
Unidas para Guatemala, 2001.
26. Sorge, Bartolomeo. La propuesta
social de la Iglesia. España: BAC
Popular, 1999.
27. Vedross, Alfred. Derecho internacional
público. España: Editorial
Aguilera, 1961.
28. ________________ Resolución
1296. Sistema de las Naciones
Unidas. “Carta de las Naciones
Unidas”. Sustracción del artículo
13, inciso b; Las Naciones Unidas
y los Derechos Humanos.
–146–

EN DEFENSA DE
LOS POBRES

ANTONIO FRANCISCO MOSQUERA AGUILAR
Doctor en dinámica humana por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.
Además, es maestro en sociología, especializado en sociología
rural por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También es licenciado
en ciencias jurídicas y sociales por la Universidad de San Carlos
de Guatemala. Ha publicado artículos en revistas y libros de texto, entre
ellos: La organización popular en Guatemala. Guatemala; la fi nca El
Carmen Villaseca. Su gente. Su historia; Trabajadores guatemaltecos en
México.
El doctor Mosquera se ha desempeñado como profesor en la Facultad de
Ingeniería y en la Escuela de Ciencias Psicológicas de la USAC, en la
Universidad del Valle de Guatemala y en la Universidad Rafael Landívar.
También fue profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas donde también
fue presidente del Comité de Investigaciones Sociales de la Escuela
de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas.

RESUMEN EJECUTIVO
Los derechos humanos están establecidos en la normativa constitucional
vigente. Desafortunadamente, en el texto constitucional no se expresó
la necesidad de acciones urgentes a favor de quienes no gozan de tales derechos.
A finales del siglo XX, en Guatemala, las oficinas estatales de planeación iniciaron
trabajos con el propósito de definir una estrategia para reducir la pobreza. La
formulación resultante, carece de focalización, se confunde con un plan nacional
de desarrollo y muestra una falta de vinculación entre los planteamientos generales
y la propuesta programática.
En este trabajo se propone desarrollar la defensa de los derechos humanos de
los pobres, considerando tal situación con las características siguientes: como una
violación de las garantías constitucionales, atención focalizada, llevarse adelante
conociendo el punto de vista de los pobres mismos, poseer carácter de urgencia y
reconocer que es coadyuvante con los planes nacionales, los planes sectoriales y las
acciones locales. Se aboga porque en estas tres últimas actividades, se consideren
las metas del milenio de la Cumbre Social de Naciones Unidas.
–149–

ABSTRACT
The human rights are established in the actual constitutional regulation. Un
fortunately, in the constitutional text is not expressed the need of urgent
actions in favor of the people who do not enjoy such rights.
In the end of the 20th century, the state offices of planning initiated works with
the purpose of defining a strategy to reduce the poverty. The resultant formulation,
lacks the focus of it. It is confused with a national plan of development and shows
a lack of a bond between the general planning and the programmed proposal.
This work pursuits the defense of the human rights of the poor, with the characteristics
to consider such situation as a violation of the constitutional guarantees,
attention gotten into focus to be carried ahead knowing the point of view of the poor
themselves, to possess character of urgency and to recognize that is cooperative
with the national plans, the sectorial plans and the local actions. It is pleaded that in
the three last activities, the goals of the millennium be considered in the the social
summit of United Nations.
–151–

CONTENIDO
1. Situación de los derechos de los pobres .......................................................155
2. Univocidad de los pobres..............................................................................156
3. Pluralismo metodológico para determinar a los pobres ................................157
4. Los funcionarios aceptan la pobreza.............................................................161
5. ¿Qué hacer ..................................................................................................163
6. Un camino equívoco .....................................................................................163
7. Los derechos humanos y los pobres .............................................................166
8. Las metas del milenio. Orientación para los planes de desarrollo ................171
9. Procuración contra la pobreza ......................................................................173
Conclusiones ...................................................................................................175
Bibliografía .....................................................................................................176
–153–

EN DEFENSA DE LOS POBRES
ANTONIO FRANCISCO MOSQUERA AGUILAR
1. Situación de los derechos
de los pobres
Como resultado de las re vo lucio -
nes sociales de principios del
siglo XX, se inició la práctica de
incluir un programa social en las constituciones.
En efecto, la Constitución
mexicana (5 de febrero de 1917), la soviética
(1918, precedida por la Declaración
de Derechos del Pueblo Trabajador
y Explotado, entró en vigor en 1921), la
de Weimar (11 de agosto de 1919), etc.
fueron el origen de la corriente que se
plasmó en sendos tí tulos de garantías
sociales, culturales y económicas en las
cartas magnas de varios Estados.
El país no fue una excepción, por
lo que durante más de medio siglo, los
diferentes ordenamientos constitucionales
han establecido mandatos para
conseguir ciertos objetivos de carácter
social. Una y otra vez, se han reiterado
similares o idénticos reclamos de
justicia social que no alcanzan a ser
cumplidos por los diferentes regímenes
políticos que históricamente se han
conformado.
Las indicaciones de derechos deseables
en varios ámbitos de la vida
social están presentes en la legislación.
La actual Constitución Política de la
República de Guatemala, en su Título
II, Derechos Humanos, contiene los
siguientes capítulos:
Capítulo I. Derechos individuales
Capítulo II. Derechos sociales
Sección primera. Familia
Sección segunda. Cultura
Sección tercera. Comunidades indígenas
Sección cuarta. Educación
Sección quinta. Universidades
Sección sexta. Deporte
Sección séptima. Salud, seguridad y
asistencia social
Sección octava. Trabajo
Sección novena. Trabajadores del Estado
Sección décima. Régimen económico y
social
Capítulo III. Deberes y derechos
cívicos y políticos
Capítulo IV. Limitación a los
derechos constitucionales
Para mencionar algunos de los derechos
proclamados, se puede hacer un rápido
inventario: el trabajo es un derecho de
la persona y una obligación social (artículo
–155–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
101); debe haber asistencia crediticia y
técnica preferencial al patrimonio familiar
y vivienda popular en tierras en posesión
de indígenas (artículo 67); o de conjuntos
habitacionales con financia miento para los
trabajadores (artículo 105) o de vivienda
popular (artículo 119 inciso g); derecho
a una alimentación y nutrición que reúna
los requisitos mínimos de salud (artículo
99); utilización del agua bajo interés social
(artículos 127 y 128) sin contaminarla (artículo
97); los habitantes tienen el derecho
y la obligación de recibir la educación
inicial, preprimaria, primaria y básica
(artículo 74); derecho fundamental del
ser hu mano a la salud sin discriminación
alguna (artículo 93); etc.
En la Constitución Política no aparece
ninguna referencia que permita
establecer la existencia de un sector de
la ciudadanía carente de dichos derechos
y, por lo tanto, debería realizarse
un esfuerzo adicional para conseguir la
igualdad ante la ley. Esta omisión impide
señalar situaciones sociales indeseables
o grupos necesitados de políticas y programas
para su progreso social.
Tal situación no es absoluta, pues
la Constitución en su artículo 13 reconoce
que existe el “analfabetismo de
la población económica activa”. No
obstante, estatuyó que ese indeseable
estado habría de ser erradicado durante
los tres primeros gobiernos de vigencia
constitucional. No hace falta apuntar que
los ministros del ramo reiteradamente
manifiestan el incumplimiento de ese
mandato constitucional. 1
La consideración que tuvieron los
constituyentes sobre el concepto de
desarrollo es insuficiente y desprovisto
de consideraciones hacia el futuro, pues
lo hacen equivalente a programas de
gobierno o de organización de servicios
públicos y no un esfuerzo nacional o actos
remediales de rectoría estatal para el
logro de una sociedad más justa. Así, al
ignorarse la existencia de una población
privada de los derechos declarados, no
existe ninguna conciencia de la gravedad
de su situación y de la demanda de acciones
urgentes para corregir esa situación.
A la población menesterosa económicamente
y, por lo tanto, privada de muchos
de los derechos sociales declarados
constitucionalmente se les denominará
pobres, en esta exposición.
2. Univocidad de los pobres
El reconocimiento y conceptualización
de los pobres no parece dar lugar
a equívocos. Antes bien, numerosos
1 Ministra de Educación Carmen Aceña: trescientos mil guatemaltecos serán alfabetizados este año. El analfabetismo
es actualmente de 29 por ciento y la meta del gobierno es que descienda 4 puntos porcentuales, durante los cuatro
años del actual período de gobierno. Diario de Centroamérica. Miércoles, 16 de junio de 2004. Pág. 9.
–156–

EN DEFENSA DE LOS POBRES
acerca mientos por los más diversos
autores e instituciones jamás llegan a
formar anfibologías sino ayudan a dibujar
un cuadro bastante comprensivo de
la pobreza. La conciencia del fenómeno
ha provocado reflexiones ligadas tanto a
la preocupación por su causa económica
y hasta de carácter teológico. 2
En una publicación del Banco Mundial
citada por Emilio Velazco Gamboa,
se expone: “La pobreza es hambre. La
pobreza es falta de techo bajo el cual
resguardarse. La pobreza es estar enfermo
y no poder ser atendido por un
médico. La pobreza es no poder ir a la
escuela y no saber leer. La pobreza es
no tener trabajo, tener miedo al futuro
y vivir día a día. La pobreza es perder a
un hijo debido a enfermedades relacionadas
con el agua impura. La pobreza
es impotencia, falta de representación y
libertad”. 3 Muchos han destacado que la
precariedad produce inseguridad y, por
lo tanto, retraimiento en la participación
ciudadana. Los pobres suelen poseer un
pensamiento fatalista y pesimista. 4
En suma, los pobres, cualquiera que
sea la causa de su infortunio, son reconocidos
fácilmente en todo sistema social.
No se basa sólo en razones económicas
sino también en otras dimensiones reconocidas
como resultado de factores explicativos
diferentes que también pueden
presentarse combinados.
3. Pluralismo metodológico
para determinar a los pobres
La pobreza es un fenómeno histórico
y regional. Lo primero quiere decir
que el estado de pobreza o necesidad ha
venido cambiando a lo largo del tiempo.
De la misma manera que ha aumentado
la esperanza de vida de la población, la
pobreza muestra diferencias en relación
con el pasado, pero en una sociedad se
puede observar que las diferencias en
fortuna también consisten en un diferencial
de los beneficios y las cargas
que se soportan. Lo regional se expresa
en que las variedades climáticas y de
riqueza social, hacen a los pobres diferentes
en cada lugar.
2 Gustavo Gutiérrez. Una teología de la liberación. Trad. Sister Caridad Inda & John Eagleson. (Maryknoll, N. Y.: Orbis,
1988). Pág. 172. Para el teólogo latinoamericano Gustavo Gutiérrez, la opción por los pobres supone: “un acto de amor
y liberación. Ésta tiene un valor redentor. Si la última causa de la expoliación y enajenación humana es el egoísmo; la
profunda razón para la pobreza voluntaria es el amor por el prójimo. La pobreza cristiana tiene como significado solamente
un compromiso de solidaridad con el pobre, con aquellos que sufren miseria e injusticia. El compromiso es testificar que
el mal ha resultado del pecado y contraviene la comunión. No es un asunto de idealizar la pobreza sino tomarla como
lo que es: un mal que llama a protestar en contra y a luchar por abolirla”. (traducción libre del autor de esta ponencia).
3 Emilio Velazco, Gamoa. La pobreza y su combate: el caso de México (16 de junio de 2004).
4 Ignacio Martín Baró, S. J. Así piensan los salvadoreños urbanos 1986-87. (San Salvador: Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas”, 1987).
–157–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
Un común denominador, la pobreza,
significa menos oportunidades,
vulnerabilidad y gozar de menos recursos.
Fijándose en el sujeto se puede
definir la pobreza como una merma de
la capacidad. En efecto, Amirtya Sen,
Premio Nobel de Economía 1998, ha
insistido que la pobreza se define desde
el sujeto como “la imposibilidad de
las capacidades básicas para alcanzar
determinados niveles mínimamente
aceptables”. 5
Un indicador muy abstracto, pero
bastante objetivo, señalaría que los
pobres tienen menos energía a su disposición
que la mayoría de las demás
personas de su sociedad y, en su balance
orgánico con su medio, mantienen un
déficit persistente. 6
Relativo a la causa de la pobreza, E.
O. Wright ha establecido las siguientes
tendencias teóricas para explicarla:
1. La pobreza como resultado de atributos
inherentes al individuo;
2. La pobreza como producto de características
individuales contingentes;
3. La pobreza como producto de causas
sociales;
4. La pobreza como resultado inherente
a las propiedades del sistema
social. 7
Como tendencias teóricas tienen su
fundamentación y consecuencias prácticas
que sustentan muchos programas
de acción.
Reconocer a lo pobres y cuantificarlos
es necesario para todo programa de
gobierno en un Estado de bienestar. Por
esta razón, el afán de medir a la pobreza
ha sido una constante para gobiernos e
instituciones interesadas en el desarrollo.
No obstante, la medición supone criterios
disímiles. Según Amartya Sen, para
identificar a los pobres se debe:
5 Amartya Sen. Inequality Re-examined. (Cambridge, Harvard University Press, 1992). Pág. 107. Citado por la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los derechos humanos y la
reducción de la pobreza. Un marco conceptual. (Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas, 2004). Pág. 7.
6 Contra lo que algunos afirman, no es un obstáculo carecer de una precisa línea de pobreza, pues como se mencionó,
los estudios cualitativos siempre la pondrán en duda. Esta es la razón por la que Amartya Sen, que ha hecho más
que nadie por ampliar el concepto de pobreza, insiste en que “existen algunas claras conexiones que restringen
la índole del concepto, más no podemos con entera libertad caracterizar la pobreza de cualquier manera que
queramos” (A. Sen, Inequality Re-examined. (Cambridge, Harvard University. Press, 1992). Pág. 107. Citado en
pág. 5.
7 Wright, E.O.: “El análisis de clase de la pobreza”, en VVAA, Desigualdad y clases sociales, Madrid, 1995. Fundación
Argentaria-Visor. Citado por Daniel Reventós. La pobreza, la renta básica y el marxismo clásico. (Barcelona:
Claves de la razón práctica, 2002). Pág. 3.
–158–

EN DEFENSA DE LOS POBRES
1. Detallar la población objeto de
estudio;
2. Elegir a las variables que mejor
capten la posición económica de
los individuos considerados como
pobres;
3. Especificar la línea de pobreza, es
decir, quien se encuentre por debajo
de la misma, será considerado
pobre.
El mencionado Banco Mundial
expone: “Cuando se estima la pobreza
a nivel mundial, se tiene que usar la
misma línea de pobreza de referencia, y
expresarla en una unidad común a través
de los países. Por lo tanto, a efectos
de agregar y comparar datos a nivel
global, el Banco Mundial usa líneas de
referencia de $1 y $2 por día en dólares
de 1993 en términos de la Paridad del
Poder Adquisitivo (PPA) (donde la PPA
mide el poder adquisitivo relativo de las
monedas a través de los países). Se ha
estimado que en 1999 1,200 millones de
personas en el mundo tenían niveles de
consumo inferiores a $1 por día (23 por
ciento de la población de los países en
desarrollo) y 2,800 millones de personas
vivían con menos de $2 diarios”. 8
Por su parte, el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo –PNUD–,
afirma: “Se define la pobreza humana
por el empobrecimiento en múltiples
dimensiones: la privación en cuanto a
una vida larga saludable, en cuanto a conocimiento,
en cuanto a un nivel decente
de vida, en cuanto a participación. Por el
contrario, se define la pobreza de ingreso
por la privación en una sola dimensión,
el ingreso, ya sea porque se considera
que ese es el único empobrecimiento
que interesa o que toda privación puede
reducirse a un denominador común. El
concepto de pobreza humana considera
que la falta de ingreso suficiente es un
factor importante de privación humana,
pero no el único. Ni, según ese concepto,
puede todo empobrecimiento reducirse
al ingreso. Si el ingreso no es la suma
total de la vida humana, la falta de ingreso
no puede ser la suma total de la
privación humana”. 9
Para realizar mediciones, el PNUD
u ti liza dos índices de desarrollo
humano 10 :
1. El Indice de Pobreza Humana (IPH)-
1 mide la privación en cuanto a las
8 Emilio Velazco Gamboa, Op. Cit.
9 Citado por Alberto Romero. Aproximación conceptual. Defi nición de pobreza. (14 de junio de 2004).
10 Cfr. ONU. Informe sobre desarrollo humano 2004. Notas sobre las estadísticas en el Informe sobre Desarrollo
Humano. (14 de junio 2004).
–159–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
mismas dimensiones del índice
de desarrollo humano (IDH). Las
variables utilizadas son el porcentaje
de personas que se calcula que
morirá antes de los 40 años de edad,
el porcentaje de adultos analfabetos
y la privación en cuanto al aprovisionamiento
económico ge neral
–público y privado– reflejado por el
porcentaje de la población sin acceso
a servicios de salud y agua potable
y el porcentaje de niños con peso
insuficiente.
2. El IPH-2 se centra en la privación
en las mismas tres dimensiones
que el IPH-1 y en una adicional, la
exclusión social. Las variables son
el porcentaje de personas que se
calcula morirá antes de los 60 años
de edad, el porcentaje de personas
cuya capacidad para leer y escribir
no es suficiente para ser funcional,
la proporción de la población que es
pobre de ingreso (con un ingreso disponible
inferior al 50% del mediano)
y la proporción de desempleados de
largo plazo (12 meses o más).
No obstante, varios estudiosos latinoamericanos
demostraron que no era
posible hacer una asociación muy fuerte
entre la pobreza por ingresos y necesidades
básicas insatisfechas cuando se
trataba de señalar a los pobres en un país
o región. 11 Obviamente, un campesino
puede tener bajo ingreso y cubre las
necesidades básicas con relativa superioridad
a un habitante pobre de la
ciudad. Otras veces, ciertas prácticas
que se consideran deseables bajo un
punto de vista sanitario moderno, tienen
obstáculos para ser adoptadas en regiones
tradicionalistas que gozan de buena
alimentación e integración armónica con
la naturaleza. Así, la línea de pobreza es
relativa, pues sucede, en otros casos, que
algunas personas tienen ingresos altos,
pero carecen de servicios de salud, agua
potable, drenaje, etc., lo que chocaría
con el cálculo de necesidades básicas
insatisfechas.
Julio Boltvinik es partidario de la
adopción de lo que llama multidimensionalidad,
es decir, combinar el método
de medición integrada de la pobreza
con la línea de pobreza y necesidades
básicas insatisfechas. De esa cuenta
puede “identificar las carencias asociadas
a las insuficiencias de varias de las
seis fuentes de bienestar de los hogares
11 Julio Boltvinik cita a Beccaria, Luis y Alberto Minujin, s.f. Métodos y alternativas para medir la evolución de la
pobreza. Documento de trabajo, INDEC, núm. 6. Kaztman, Rubén. “La heterogeneidad de la pobreza. El caso de
Montevideo”. Revista de la CEPAL, núm. 37. 1989. Damian, Araceli. Cargando el ajuste: los pobres y el mercado
de trabajo en México. (El Colegio de México, México, 2002). Ya el mismo Boltvinik, Julio, “Capítulo 5. Incidencia
e intensidad de la pobreza en México”, en J. Boltvinik y E. Hernández Laos. Pobreza y distribución del ingreso
en México. (México: Siglo XXI, 1999).
–160–

EN DEFENSA DE LOS POBRES
y personas: a) el ingreso corriente (monetario
y no monetario); b) los derechos
de acceso a servicios o bienes gubernamentales
de carácter gratuito (o subsidiados);
c) la propiedad, o derechos
de uso, de activos que proporcionan servicios
de consumo básico (patrimonio
básico); d) los niveles educativos, las
habilidades y destrezas, entendidos no
como medios de obtención de ingreso,
sino como expresiones de las capacidades
de entender y hacer; e) el tiempo
disponible para educación, recreación,
el descanso y las tareas domésticas, y
f) la propiedad de activos no básicos
y la capacidad de endeudamiento del
hogar”. 12
Tal como señalan algunos tra tadistas,
la pobreza tiene muchas conceptualizaciones
que pueden ser complementadas
desde una perspectiva
cualitativa donde se consideren aspectos
subjetivos de gran importancia. 13 En
conclusión, con buena voluntad se puede
determinar quiénes son pobres, para
una vez identificados, facilitarles que
sean sujetos de programas de apoyo y
éstos les permitan abandonar el estado
de miseria del que son parte.
4. Los funcionarios aceptan la
pobreza
Al inicio del siglo XXI, los altos
fun cionarios de Guatemala aceptaron
la existencia de pobres en el país. Utilizando
esquemas de informes del Banco
Mundial, la Secretaría de Planificación
y Programación de la Presidencia, (SE-
GEPLAN), elaboró un documento intitulado:
Drama de la pobreza: el drama
de la pobreza en Guatemala: sus rasgos
y efectos sobre la sociedad. Inician su
estudio buscando provocar un efecto
retórico, puesto que se refieren a un
personaje descrito por investigadores de
la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO). Sin embargo, tal
recurso persuasivo no es para nada original,
pues en un informe semejante, el
Banco Mundial también había relatado
la vida de un personaje similar al inicio
de su exposición. 14
Basrabai vive en Mohadi, una villa a
500 kilómetros de Ahme da bad, en el
estado hindú de Gu ja rat, en el litoral
del mar Arábigo. Ella es la primera
mujer que fue sarpanch de panchayat
–presidenta del consejo local…
12 Julio Boltvinik & Araceli Damián. Derechos humanos y medición ofi cial de la pobreza en México. Universidad
Autótoma del Estado de México. Red AL y C. Red de Revistas científicas de América Latina y el Caribe, Ciencias
Sociales y Humanidades. (México D. F.: CIAEAP/UAEM, Papeles de población No. 35 enero/marzo 2003). Pág.
109.
13 Miguel Ángel Mateo Pérez. Desiguales, pobres y excluidas. Lecciones metodológicas desde la (ausente) perspectiva
de género. (Alicante: Universidad de Alicante. Departamento de Sociología II. 2001).
14 World Development Report 2000/2001. Attacking Poverty. (Oxford: Oxford University Press & World Bank, 2001).
–161–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
(Banco Mundial, Attacking poverty,
traducción propia).
Alba es una joven chortí de 17 años,
originaria de la aldea El Tesoro,
municipio de Jocotán, departamento
de Chiquimula. Es la mayor de ocho
hermanos en un hogar en el que falleció
el padre, el principal generador
del ingreso familiar...
(SEGEPLAN, Drama de la pobreza)
Los planificadores estatales continúan
con una descripción de la pobreza, para
finalmente deducir que en Gua temala
hay seis millones de guate maltecos
con ingresos insuficientes (menores de
Q389.30). Luego, enumeran las repercusiones
de esta situación, que básicamente
consisten en un aumento de la degradación
ambiental y la desnutrición.
Pero la oficina gubernamental fue
más lejos, apoyándose en la Conferencia
Episcopal de Guatemala, clamando que
“Las masas analfabetas son la dramática
expresión de la injusticia secular
que nos oprime. Son la expresión de un
gran fracaso como país y son también un
lastre para un desarrollo integral siempre
postergado”. 15 Semejantes expresiones
avaladas por una secretaría de la presidencia
no deja de sorprender.
Finalmente, la Secretaría de Planificación
y Programación de la Presidencia,
sentencia: “La pobreza en Guatemala
es un fenómeno estructural que
se transmite de forma intergenera cional,
cuya manifestación no es producto de
una situación momentánea específica.
Más bien, es el fruto de varios procesos
concurrentes que se han ido generando
y enraizando en la sociedad a lo largo de
varias generaciones. Dado su carácter
multidimensional, es difícil establecer
cuál es la causa última que la genera”.
Por lo tanto, la persistencia se explica
por obstáculos económicos, sociales,
institucionales, que provocan una situación
que es “un fenómeno estructural:
no se ha producido recientemente. Sus
raíces son de carácter histórico. Se
perpetúa de manera inter genera cional.
Quien nace y crece dentro de un hogar
pobre tiene muchas probabilidades de
prolongar esta condición a lo largo de
su vida y, a la vez, de transmitírsela a
sus descendientes. Es un proceso que
se acentúa con la desigualdad. En la
medida en que el quintil superior aumenta
la porción que recibe de la renta
nacional, en esa medida disminuye el
ingreso de los quintiles más bajos. Es
decir, aumenta la brecha entre pobres
y ricos”. 16
15 Conferencia Episcopal de Guatemala. 1995. Urge la verdadera paz. http://www.iglesiacatolica.org.gt/nav98.htmllk
(14 de junio 2004).
16. Conclusiones, en: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República. Drama de la
pobreza: el drama de la pobreza en Guatemala: sus rasgos y efectos sobre la sociedad. Guatemala: sf.
–162–

EN DEFENSA DE LOS POBRES
5. ¿Qué hacer
Si hubiere un precio por deducir del
planteamiento, las consecuencias que se
derivan, resultaría que con apego a la
lógica, dado que la pobreza es un fenómeno
estructural y se conocen los obstáculos,
así como la obstinación y porfía
del proceso, sólo queda la reestructuración
removiendo de tajo los obs táculos
y llamando a la participación ciudadana
para terminar con el agravio de haber
fracasado en el proyecto nacional.
De allí que más de alguno se haya
felicitado y pensado que se desencadenaban
las fuerzas del cambio: la partera
de la historia asistiría al alumbramiento
de una nueva transformación. Pero nada
de eso sucedió: antes que llamar a ponerse
de pie para superar la pobreza, la
SEGEPLAN utiliza un recurso viejo en
los menesterosos: ponerse de rodillas y
extender la mano pidiendo limosna.
Mientras, hasta el 26 de mayo de
2003, por medio de decreto del Congreso
de la República, se ordenó el
reconocimiento de los idiomas nacionales
en Guatemala tanto en las esferas
públicas como privadas, obligando a la
traducción de leyes, educación, servicios
públicos etc., la SEGE PLAN publicó el
30 de noviembre de 2001, la Estrategia
de reducción de la pobreza. El camino
de la paz, tanto en español como en inglés.
Antes que el bilingüismo al interior
del país, se anticipa uno, que sirve para
alcanzar los buzones de las “agencias de
desarrollo” de los países “cooperantes y
donantes”.
6. Un camino equívoco
Los pobres pueden ser utilizados
por vivales que juegan de intermediarios
para obtener recursos supuestamente
destinados al alivio de su penuria. Estos
intermediarios suelen hacer fotos panorámicas
de los asenta mientos humanos
miserables, un buey flaco al lado de un
jacal o un basurero donde los humanos
compiten con los zopilotes por rescatar
lo que otros han tirado. Pero también las
fotos de los niños sirven para conmover:
un niño desnutrido o un encuadre de
faz lo más cercano posible de una niña
bonita con su ropa rota y, cuanto mejor,
si se trata de vestiduras regionales.
Mientras la consecución de fondos
se haga sin violencia, la promoción está
permitida para los particulares. Así se
han montado oficinas que ofrecen patrocinar
a un niño utilizando el concepto del
padrinazgo, otras se dedican a mostrar
en la calle a la juventud y niñez, mendigando
para conseguir donaciones que
aseguran invertirán en albergues y proyectos
para alejarlos de la vía pública.
Sin dejar de mencionar a las campañas
de algunos medios de comunicación
masiva para conseguir donaciones, en
medio de cantantes y artistas.
–163–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
No obstante, esta conducta no es permitida
para las autoridades del Estado.
Estas no pueden promocionar la imagen
de la miseria en el país, para conseguir
recursos frescos que serán destinados
a propósitos diferentes y en algunos
casos pueden ser malversados; sino, al
contrario, les corresponde organizar el
presupuesto de gastos e ingresos, para
buscar la efectividad de los programas
gubernamentales.
Dichas autoridades no pueden
denigrar al país y rebajar su dignidad
internacional para mover a la lástima
y gestionar de esa manera recursos.
Como se mencionó en 2003, la Oficina
de Planificación Estatal publicó la
Estrategia de reducción de la pobreza.
El camino de la paz, sin haber tomado
en cuenta las consideraciones precedentes.
Además, tal estrategia es incoherente
pues se observa un divorcio
entre sus supuestos teóricos y la propuesta
programática. El documento
que la contiene, se inicia con las
dimensiones de la pobreza, donde
se ofrecen ci fras muy generales para
caracte ri zarla. Una acumulación de
datos: fuente de empleo de los pobres,
pequeños agricultores sin tierra, acceso
a servicios básicos, red vial, tamaño del
hogar, salud, educación y desnutrición;
sirven para una ponderación que hace
oscilar la pobreza entre un 80 y un 43
por ciento de la población fuera del área
metropolitana.
Al carecer de estudios precisos se
llega a conclusiones absolutas que impiden
focalizar la inversión. La estrategia
gubernamental indica que “Más
de la mitad de la población es pobre y
un cuarto extremadamente pobre (...)
Tres cuartas partes de la población
rural son pobres, mientras un cuarto
de la población urbana es pobre”. 17
Con tal magnitud no puede establecerse
una estrategia focalizada, de impacto en
población menesterosa y con programas
destinados a que los indigentes puedan
obtener una subsistencia digna.
Un principio general que establece
la Oficina de Planificación consiste en
la atención preferencial del área rural. 18
La propuesta programática coincide
con las líneas generales de desarrollo
social: diversificar cultivos, mejorar
“infraestructura física” (riego, transporte,
comunicaciones, energía eléctrica)
y servicios de apoyo (investigación,
17 Gobierno de la República de Guatemala. Estrategia de reducción de la pobreza. El camino de la paz. SEGEPLAN.
(Gua temala: s. e., 30 de noviembre de 2001). Pág. 21.
18 Idem, pág. 22.
–164–

EN DEFENSA DE LOS POBRES
extensión agro pecuaria y capacitación),
etc. Pero si se sigue más adelante, se
observa que la inversión se centrará en
obras de ingeniería civil.
En efecto, si se suman los costes
de “construcción de infraestructura de
educación”, construcción de puestos
de salud, agua potable y saneamiento,
“infraestructura rural” (caminos y
electrificación) resulta que lo calculado
para cuatro años supone el 73% de la
inversión. 19 El apunte que aumenta la
desconfianza en la seriedad de tal propuesta
ocurre cuando se analiza “el rol
de la comunidad internacional”, pues se
afirma: “En todo caso, para financiar la
estrategia en su totalidad y alcanzar las
metas propuestas dentro del horizonte de
tiempo señalado, será necesario reorientar
par te de los gastos existentes, generar
más recursos fiscales, y gestionar fondos
externos”. 20
Si se deja de lado la opción preferencial
por lo rural, el tejido conceptual de
principios hace un curioso tapiz:
Con este cuadro de triple entrada
se puede hacer cualquier combinatoria
y los títulos de las columnas continúan
sin expresar ninguna diferencia. En
otras palabras, cabría definir “principio”,
“eje vital” y “tema transversal”, para
que tuvie ra sentido esa construcción
conceptual.
Pero como se mencionó, lo que
supone una serie de políticas de mucha
amplitud y profundidad (principios,
Principios Ejes vitales Temas transversales
Fortalecimiento de la gestión
pública
Impulso a la descentralización
Aumento de participación
ciudadana
Inversión en capital físico
Inversión en capital humano
Crecimiento económico
con equidad
Multiculturalidad e interculturalidad
Equidad de género
Reducción de la vulnerabilidad
a desastres naturales
19 Cálculos realizados sobre la base del Cuadro 11. Costos incrementales de la estrategia de reducción de pobreza.
Ibíd, pág. 47.
20 Ibíd, pág. 48.
–165–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
ejes vitales, temas transversales) no
encuentra vínculo con la propuesta
de inversión centrada en obras de ingeniería
civil, contenida en el mismo
documento. Más aún, la estrategia parte
de una transformación del Estado para
llevarse a cabo:
Para fortalecer la gestión pública, se
requiere promover nuevos sistemas de
administración del Estado que incorporen
criterios de solidaridad, eficiencia y
eficacia en el gasto público y fortalezcan
la capacidad de recaudación para responder
más dinámica mente a los cambios en
las condiciones de la sociedad. 21 De esa
cuenta, para reducir la pobreza (designio
bastante modesto) 22 se requiere hacer
una transformación del Estado (empeño
bastante ambicioso), pues como reconoce
la misma Oficina: “la acción del
Estado es inadecuada”.
En consecuencia, la Oficina de
Planificación Estatal está errada, pues
la estrategia de reducción de la pobreza
no puede corresponder a un programa
global para la modernización del Estado.
Tampoco puede ser equivalente a un plan
nacional de desarrollo. La estrategia
podría consistir en el impulso de una
serie de planes de acción sectoriales
(en vivienda, educación, salud etc.).
Igualmente, se conseguiría con la
formulación de políticas sociales en
la gestión departamental, municipal
y local dirigidas a enfrentar la pobreza
extrema. Eventualmente, podría
hacerse un ordenamiento de los planes
de acción sectoriales o de las zonas de
atención prioritaria y llamarse estrategia
a tal ejercicio.
7. Los derechos humanos y los
pobres
La defensa de los derechos humanos
puede constituirse en un valioso auxiliar
para fijar un límite al empobrecimiento,
es decir, impedir la miseria o pobreza
extrema. Se trata, entonces, de identificar
situaciones que no son aceptables
bajo ningún punto de vista y deben ser
corregidas por la autoridad.
La Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos ha indicado que “la manera
como los pobres se ven obligados a
vivir a menudo viola sus derechos
humanos o que la promoción de los
derechos humanos podría atenuar la
pobreza ha tardado mucho en producirse.
Con todo, el enfoque de los derechos
humanos para reducir la pobreza
está siendo cada vez más reconocido
21 Ibid, pág. 23.
22 Es modesto porque se habla de reducir y no terminar o poner fin.
–166–

EN DEFENSA DE LOS POBRES
inter nacio nalmente y se está aplicando
gradualmente”. 23
No obstante lo afirmado por el Alto
Comisionado, esta vinculación ha sido
ampliamente reconocida; por ejemplo,
ha sido subrayada en la resolución aprobada
por la Asamblea General de Naciones
Unidas en su 81a sesión plenaria del
4 de diciembre de 2000 cuando quedó
como principio de las políticas que se
impulsan desde ese organismo. 24
Además, como subraya Sen, la
previsión es inherente a los regímenes
democráticos, pues si existen medios de
información relativamente ecuánimes,
los políticos electos buscarán medidas
preventivas adecuadas ante males recurrentes.
De esa cuenta, los derechos
civiles y políticos desempeñan una
función causal importante en la prevención
y mandato de evitar males como
ham bruna o pobreza extrema. 25
Este enfoque va más allá de la expresión
de buenas intenciones o de excusas
de insuficiencia para cubrir todas
las necesidades, pues se centra en que
una persona debe recobrar sus derechos
inmediatamente. Tal como se mencionó,
la acción en derechos humanos
contra la pobreza es directa y resuelve
inmediatamente porque no es un plan
nacional de desarrollo. Sin embargo,
tampoco es un enfoque global absoluto
pues se reconoce un umbral de todos los
derechos humanos. En otras palabras,
es imposible exigir el pleno y absoluto
cumplimiento de todos los derechos al
máximo nivel, pues también parte de que
existe escasez de recursos.
El Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos
ha expresado convenientemente,
el aspecto procesal de los planes de
desarrollo y el enfoque en derechos
humanos.
“La idea de una realización progresiva
tiene dos repercusiones estratégicas
importantes.
En primer lugar, da entrada a una
dimensión temporal en la estrategia
al reconocer que la plena realización
de los derechos humanos puede
producirse de manera progresiva a
lo largo de un período.
23 Bertrand Ramcharan. Alto Comisionado en funciones de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Diciembre,
2003. Prefacio a: Los derechos humanos y la reducción... Op. cit.
24 Resolución aprobada por la Asamblea General, [sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/55/602/Add.2)],
55/106. Derechos humanos y extrema pobreza. 81a. sesión plenaria, 4 de diciembre de 2000. Distribución General,
A/RES/55/106, 14 de marzo de 2001.
25 Amartya Sen. Inequality... Op. cit.
–167–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
En segundo lugar, posibilita el establecimiento
de prioridades entre
diferentes derechos en cualquier
momento determinado porque la
limitación de los recursos normalmente
no permite una estrategia que
consista en llevar adelante todos los
derechos simultáneamente con igual
energía.
El reconocimiento de una dimensión
temporal y la necesidad de establecer
prioridades son características
comunes de todas las estrategias
para la adopción de políticas. Lo que
distingue al enfoque de los derechos
humanos es que impone ciertas
condiciones a esas características,
con el fin de que la búsqueda de los
derechos humanos no se reduzca a
una mera retórica en nombre de la
realización progresiva”. 26
De esa cuenta, lo considerado sirve
para expresar las primeras características
de este enfoque coadyuvante en
la atenuación de la pobreza. En primer
lugar, la problemática de la pobreza y
la pobreza extrema están relacionadas
con los derechos humanos. Es decir,
se reconoce que una situación social es
expresamente rechazada por las leyes
vigentes que proclaman las garantías
ciudadanas. Que, además, son coincidentes
con los tratados ratificados por
Guatemala, que en virtud del artículo
46 de la Constitución Política de la República
de Guatemala forman parte del
ordenamiento legal.
En segundo lugar, se deben privilegiar
las acciones en la población en
extrema pobreza. Debe existir una ubicación,
si es posible, hasta de nombre y
apellido de las personas que serán objeto
de atención por las acciones reme diales
para paliar su situación. Un ejemplo
puede ayudar en ese sentido: asfaltar
una carretera, no necesariamente alivia
la pobreza extrema, al contrario, puede
incrementarla. Puede ocurrir que las malas
condiciones del camino obligaban a
los transeúntes a detener sus automóviles
en determinados pueblos para averiguar
el estado del mismo o abastecerse. Si
hay una vía rápida que evita al pueblo,
se acaba la posibilidad de mendigar,
de emplearse como buhonero u ofrecer
servicios de mantenimiento a los automóviles.
Y, por lo tanto, se agrava la
pobreza extrema que puede llevar a la
migración a centros urbanos en busca de
la ocupación de sobrevivencia perdida.
Esta constatación lleva a la tercera
característica consistente en que debe
26 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Asamblea General de las
Naciones Unidas. 81 a Sesión Plenaria, del 4 de diciembre de 2000. Pág. 25
–168–

EN DEFENSA DE LOS POBRES
conocerse la pobreza desde los pobres;
porque ellos conocen a los que están
peor. Pueden dirigir la atención de
programas y también poner en alerta
sobre manipulaciones y falta de tino
de las acciones emprendidas. Este
conocimiento se puede generar tanto
por investigaciones científicas como a
partir de eventos donde se escuche a
los pobres u organizaciones que buscan
llevar adelante sus reivindicaciones. Las
personas de clases sociales elevadas no
reconocen la gradación social existente
entre los pobres. Pueden tomar a una
persona con recursos como pobre, sólo
porque tiene un arreglo personal semejante
al utilizado por éstos o desconocer
dónde se esconden o encuentran refugio
los extremadamente pobres; porque los
refugios tienen como característica esencial
la de facilitar el ocultamiento. De
allí que, el conocimiento de la pobreza
se encuentra de manera preferente entre
los pobres mismos. 27
La cuarta característica de una
política de defensa de los derechos
humanos dirigida a remover la extrema
pobreza, consiste en que tiene carácter
de urgencia. Se actúa para hacer reaccionar
a las instituciones del Estado
que deben solucionar la situación crítica
de manera inmediata. No se busca
solucionar el problema en el año 2015
u otro, sino solventar la situación de
hambre, enfermedad o indigencia en la
vía pública. Se busca dar amparo para
evitar males mayores. Muchas veces se
realizan planes, programas y proyectos
que tienen tiempos de ejecución que
los vuelven inútiles para solucionar los
problemas actuales de los pobres. Por
ello, el apremio es una característica de
la relación de los derechos humanos con
la pobreza. 28
La quinta y última característica
consiste en afirmar que la defensa de
los derechos humanos contra la pobreza
no es la única y exclusiva política que
puede impulsarse para reducirla. Así,
los planes de desarrollo, los planes y
estrategias sectoriales, las acciones
locales etc., tienen varios ingredientes
para definir los objetivos de los mismos;
es decir no tienen sólo una sustancia
dirigida a cumplir metas en la defensa
de los derechos humanos sino también
27 Este planteamiento está cercano al de pertinencia evaluativa que utiliza la OACDH de NU, según la cual, toda
definición de pobreza debe ser validada. Ibid. Pág. 12.
28 En términos generales, existen cuatro categorías de mecanismos de responsabilidad: judicial (por ejemplo, examen
judicial de los actos y omisiones del poder ejecutivo); cuasijudicial (tales como los ombudsmen [defensores del
pueblo] y los órganos internacionales de tratados de derechos humanos); administrativa (es decir, la preparación,
publicación y examen público de las evaluaciones del impacto de las políticas y programas en los derechos humanos);
y política (es decir, por medio de procesos parlamentarios), todos están a disposición de la acción contra la
pobreza desde los derechos humanos.
–169–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
otras aspiraciones, tales como el desarrollo
de tecnología, posicionamiento
geoestra tégico, aseguramiento de los
valores nacionales, etc. Estos objetivos
son ejemplo de otros componentes de
tales prácticas de planeación que no son
necesariamente considerados en acciones
para reducir la pobreza.
Sin embargo, los planes siempre
deben tomar en consideración, la ampliación
en el goce de los derechos humanos
a través de garantizar una real y auténtica
igualdad ante la ley. Así, la defensa de
los derechos humanos dirigida a erradicar
la pobreza extrema se combina con
las demás estrategias de reducción de
la pobreza, ya que llama la atención y
reclama que se preste la debida atención
a: 1) establecer sectores estratégicos (por
ejemplo la salud) y los subsectores (verbigracia,
el saneamiento ambiental) que
tienen particular impacto en las políticas
favorables a los pobres, y 2) priorizar u
ordenar los recursos escasos para buscar
la eficiencia durante la ejecución de los
mismos.
Como expresó la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (OAC-
DH),
“Esta congruencia entre las características
de muchas estrategias de reducción
de la pobreza y los derechos
humanos internacionales plantea dos
cuestiones fundamentales. En primer
lugar, no se debe dar una importancia
exagerada a la nueva orientación
representada por la introducción de
un enfoque de derechos humanos
con respecto a la reducción de la
pobreza. En segundo lugar, la aplicación
ponderada y coherente de los
derechos humanos a la reducción de
la pobreza refuerza algunas de las
características existentes de las estrategias
de lucha contra la pobreza”.
(subrayado del autor del artículo). 29
En cuanto al establecimiento de prioridades,
se trata de un asunto de política
del desarrollo que deciden los órganos
correspondientes. Incorporar la defensa
de los derechos humanos en los planes
de desarrollo, no propone ninguna regla
inflexible más que la consideración de
que deben cumplirse con los compromisos
ofrecidos por los políticos y las
metas del milenio aceptadas por todos
los Estados del mundo. 30
En suma, habrían por lo menos
tres especies de consideración de la
29 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Op. cit., pág. 2.
30 Existe una serie de sesiones de la Asamblea General donde se han fijado metas para el año 2015, Copenhague 1995
y Ginebra 2000, son dos hitos, pero también tiene un proceso de seguimiento.
–170–

EN DEFENSA DE LOS POBRES
pobreza tanto desde la procuración para
atenuarla como en la planificación para
reducirla:
a) La defensa de los derechos humanos
de los pobres;
b) La planeación sectorial que obedece
a una priorización estratégica de
reducción de la pobreza;
c) El plan nacional de desarrollo que
en sí, expresa el derecho humano
al desarrollo, tiene otros objetivos
adicionales distintos a la reducción
de la pobreza.
8. Las metas del milenio. Orientación
para los planes de desarrollo
Como se indicó, una serie de
resoluciones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas han venido a
constituirse en objetivos y metas para
el desarrollo en cada uno de los países,
(véase el recuadro de la siguiente
página). El Secretario de Naciones
Unidas ha esbozado un mapa de ruta
para la ejecución de tales acuerdos. 31
Interesa aquí resaltar dos elementos de
ese camino: a) los derechos humanos
necesitan de democracia y buen
gobierno; y b) se debe proteger a los
vulnerables. 32
En cuanto al primer punto, es obvio
que si los derechos humanos se levantan
sobre la dignidad humana, es necesario
que ésta sea asegurada. Ello sólo es posible,
allí donde existe una ciudadanía con
poder de decisión y participación sobre
el sistema político; para el efecto, se necesita
la fortaleza de las instituciones de
procuración de los derechos humanos, la
participación en instituciones decisorias
de los planes de desarrollo y funcionamiento
de la democracia representativa
en elecciones limpias. Complemento a
tal situación es la eliminación de todas
las formas de discriminación, en especial
contra la mujer, proteger a los migrantes
y asegurar la libertad de prensa.
Respecto al segundo aspecto, la
protección del vulnerable se enfoca en
aquellos grupos sociales, incluyendo a
los ancianos, mujeres y niños para prevenir
que sufran en caso de emergencia o
por la misma debilidad social observada
en cada sociedad.
31 Secretary General. Road map towards the implementation of the United Nations Millennium. Follow-up to the
outcome of the Millennium Summit. Fifty-sixth session Item 40 of the provisional agenda. (New York: United
Nations, 6 September 2001. Original: English. A/56/326).
32 Ibíd, Sección V y VI.
–171–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
Metas del milenio
Objetivo 1
Erradicar la pobreza extrema
y el hambre
Meta: Reducir a la mitad, para el 2015,
el porcentaje de habi tantes del
planeta cuyos in gresos sean
inferiores a un dólar al día.
Objetivo 1
Erradicar la pobreza extrema
y el hambre
para 2015.
Objetivo 4
Reducir la mortalidad infantil
Meta:
Reducir a dos terceras partes la
tasa de mortalidad de los niños
me nores de 5 años entre 1990
y 2015.
Objetivo 5
Mejorar la salud materna
Meta:
Reducir, entre 1990 y 2015, el
por centaje de personas que
sufren de hambre.
Meta:
Reducir la tasa de mortalidad
materna en tres cuartas partes.
El mundo desarrollado, Asia occidental
y sudoccidental, Amé rica
Latina y el Caribe están en vías
de alcanzar dicho objetivo entre
la población infantil.
Objetivo 2
Lograr la enseñanza primaria
universal
Meta:
Alcanzar para el 2015 el ac ce so
universal a la educación primaria
completa.
Objetivo 3
Promover la igualdad entre los
gé neros y la autonomía de la
mujer
Objetivo 6
Combatir el VIH/SIDA, el pa ludismo
y otras enfer me dades
Meta:
Detener y comenzar a reducir la
propagación del VIH/SIDA para
el 2015.
Objetivo 7
Garantizar la sustentabilidad
del medio ambiente
Meta:
revertir la pérdida de los re cursos
naturales.
Objetivo 8
Fomentar una asociación mundial
para el desarrollo
Meta:
Eliminar las desigualdades entre
los géneros en la enseñanza
pri maria y secundaria preferiblemente
para el 2005 y en todos
los niveles de la ense ñanza
Meta:
Atender las necesidades de los
países menos adelantados.
Cfr. Naciones Unidas. Ejecutar
la Declaración del Milenio.
Nueva York: s. e.
–172–

EN DEFENSA DE LOS POBRES
En Guatemala, la Constitución Política
de la República de Guatemala, en
su artículo 74 norma las funciones del
Procurador de los Derechos Humanos;
allí se establece que ha sido comisionado
por el Congreso de la República para la
defensa de los derechos humanos garantizados
por la Constitución.
La Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso de la República
y del Procurador de los Derechos
Humanos (Decretos 54-86 y 32-87 del
Congreso de la República de Guatemala),
que desarrolla lo establecido constitucionalmente
decreta:
Artículo 21. Derechos tutelados. El
Procurador protegerá los derechos
individuales, sociales, cívicos y
políticos comprendidos en el título
II de la Constitución Política de la
República de manera fundamental la
vida, la libertad, la justicia, la paz, la
dignidad y la igualdad de la persona
humana, así como los definidos en
tratados y convenciones internacionales
aceptados y ratificados por
Guatemala.
De donde corresponde al procurador
de los Derechos Humanos la defensa de
la población que requiere la efectividad
de los derechos establecidos en la normativa
constitucional.
9. Procuración contra la pobreza
En la oficina del Procurador de los
Derechos Humanos se han organizado
una serie de defensorías que se enfocan
en la población vulnerable. Actualmente
(2004), funcionan las de fensorías del
a) adulto mayor, b) debido proceso y
derechos del recluso, c) mujer, d) niñez
y adolescencia, e) personas con discapacidad,
f) población desarraigada y
migrante, g) pueblos indígenas, y h) trabajadores.
33 Con dicha organización se
busca enfatizar la acción del procurador
en estos grupos poblacionales.
Salvo mejor criterio, se podría considerar
que los extremadamente pobres
son un grupo altamente vulnerable. El
empeoramiento de las condiciones de
vida de una persona o grupo humano
puede deberse a muchas circunstancias,
en consecuencia, una tutela de
estos grupos habría de estar alerta para
evitar el agravamiento de dichos males.
Además, se debe considerar, que por su
situación de necesidad no satisfecha, los
extremadamente pobres se ven obligados
33 Para conocer de su actividad consulte: Procurador de los Derechos Humanos. Informe anual circunstanciado al
Congreso de la República de las actividades y de la situación de los derechos humanos en Guatemala durante el
año 2003. Guatemala: PDH, 2003.
–173–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
a renunciar al ejercicio de sus derechos
y libertades, pues están apremiados por
problemas de sobrevivencia cotidiana
que pueden llevar a enajenarlos con tal
de subsistir. Consecuentemente, pueden
ser objeto de abuso y arbitrariedad porque
no pueden movilizar recursos para
su defensa. La actuación en su favor
es inaplazable.
Por lo tanto, cabría evaluar el establecimiento
de una tutela específica de
los derechos de los pobres. Además, supondría
realizar actividades de verificación
de los programas gubernamentales
dirigidos al alivio de su estado de necesidad,
lo que redunda en la promoción y
fortalecimiento del buen gobierno.
Además, desde la posición de
defensa de los derechos humanos de
los pobres se pueden considerar metas
estratégicas más amplias, tales como:
coad yu var en la elaboración de una
política de desarrollo rural y acceso a
la tierra, en la revisión de la Ley del
Fondo de Tierras y establecimiento
de una bolsa de tierras, impulsar un
código agrario y ambiental, la ley de
regularización de la tenencia de la
tierra. Además, se cuidaría que las instituciones
competentes man tuvieran un
mapa de pobreza actualizado donde se
considerara especialmente, el déficit en
los servicios de agua, salud, electricidad
y teléfono.
Cuando el gobierno haya definido
sus políticas se tendría que verificar
cómo se traducen en programas y proyectos
concretos. Lo que también conlleva
realizar evaluaciones de impacto y
eficiencia en la prestación de servicios.
Relacionado con los pobres de las
ciudades, se han sugerido también una
serie de ejes que deben considerarse:
1. Desarrollo local, trabajo, ingreso y
microcrédito;
2. Acuerdos de cooperación de políticas
integradas de cada municipalidad
o consorcios de municipios para
reducir y combatir la pobreza;
3. Redes de protección social y supervisión
de los riesgos sociales;
4. Políticas de educación ligadas a la
asistencia y previsión social;
5. Habitación, urbanización, inclusión
territorial y seguridad en posesión. 34
34 Véase, Jaime Castillo Palma, Elsa Patiño Tovar y Sergio Cermeño G. comp. Pobreza y organizaciones de la sociedad
civil. (Puebla: RNIU, 2001). También las discusiones llevadas a cabo por la Red URBAL 10, lucha contra
la pobreza urbana, Ayuntamiento Municipal de São Paulo.
–174–

EN DEFENSA DE LOS POBRES
En Guatemala, las políticas que se
acuerden en esas dimensiones de acción
para enfrentar la pobreza urbana, serán
consideradas por los consejos de desarrollo.
Asimismo, podrían ser objeto de
verificación y propuesta por parte de las
Comisiones Municipales de Derechos
Humanos establecidas por ley. 35
Sin afán de abundar en lo dicho,
lo central consiste en llevar adelante
la defensa de los derechos humanos
de los pobres, tal como se ha definido:
enfocándose en sujetos reales y grupos
identificados que requieren eficiencia en
la atención inmediata de los servicios
públicos. De esa cuenta, resultaría que
la verificación por parte de la defensoría
se constituiría en el centro de su actividad
para la promoción de los derechos
humanos.
CONCLUSIONES
La defensa de los derechos humanos
de los pobres es un complemento de la
actividad de planeación del desarrollo,
del aumento de la eficacia de los servicios
públicos y de la verificación de los
programas gubernamentales dirigidos a
erradicar la pobreza.
La lucha contra la pobreza no debe
llevar a la exageración de su objetivo
en la planeación estatal, mucho menos
a convertirla en un pretexto para la
obtención de fondos o motivo de gestión
ante organismos internacionales
de desarrollo. Aunque se reconoce la
pertinencia de esta actividad de planeación
gubernamental, la defensa de los
derechos humanos de los pobres está
dirigida a hacer efectivas las libertades
y garantías constitucionales. Un encargado
de tutelar estos derechos debe
dirigirse de preferencia a evitar la producción
de los males que acompañan la
situación enfrentada por los pobres, en
especial quienes atentan contra la vida
de los mismos.
35 Artículo 36, inciso 8 del Código Municipal, Decreto número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala.
–175–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
BIBLIOGRAFÍA
1. Boltvinik, Julio. Métodos y alternativas
para medir la evolución de
la pobreza. Documento de Trabajo
INDEC. Núm 6-México.
2. Boltvinik, Julio y Araceli Damián:
Derechos humanos y medición
oficial de la pobreza en México.
Universidad Autónoma del Estado
de México. Red AL y C. Red de
Revistas Científicas de América
Latina y el Caribe. Ciencias Sociales
y Humanidades. México, D.F. 2003
3. Castillo Palma, Jaime, Elsa Patiño
Tovar y Sergio Cermeño G.
(comp.) Pobreza y organizaciones
de la sociedad civil. Puebla: RNIU,
2001.
4. Código Municipal, Decreto No. 12-
2002 del Congreso de la República
de Guatemala.
5. Conferencia Episcopal de Guatemala.
1995. Urge la verdadera paz.
6. Constitución Política de la República
de Guatemala, 1985.
7. Congreso de la República de Guatemala.
Ley de la Comisión del
Congreso de la República y del
Procurador de los Derechos Humanos.
Decreto 54-86 del Congreso
de la República de Guatemala,
1986.
8. Gobierno de la República de Guatemala.
Estrategia de reducción de
la pobreza. El camino de la paz.
Guatemala: s. e., 30 de noviembre
de 2001.
9. Gutiérrez, Gustavo. Una teología de
la liberación. Trad. Sister Caridad
Inda & John Eagleson. Maryknoll,
N. Y.: Orbis, 1988.
10. Martín Baró, Ignacio. Así piensan
los salvadoreños urbanos 1986-87.
San Salvador: Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas”,
1987.
11. Mateo Pérez, Miguel Ángel. Desiguales,
pobres y excluidas. Lecciones
metodológicas desde la
(ausente) perspectiva de género.
Alicante: Universidad de Alicante.
Departamento de Sociología II,
2001.
–176–

EN DEFENSA DE LOS POBRES
12. ONU. Informe sobre Desarrolo Humano
2004. Notas sobre las estadísticas
en el informe sobre Desarrollo Humano.
(14 de junio de 2004).
13. Romero, Alberto. Aproximación
conceptual. Defi nición de pobreza.
(14 de
junio de 2004).
14. Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. Los derechos humanos
y la reducción de la pobreza. Un
marco conceptual. Nueva York y
Ginebra: Naciones Unidas, 2004.
15. Reventós, Daniel. La pobreza, la
renta básica y el marxismo clásico.
Barcelona: Claves de la razón práctica,
2002.
16. Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia. Drama
de la pobreza: el drama de la
pobreza en Guatemala: sus rasgos
y efectos sobre la sociedad. Guatemala:
sf.
17. Secretary General. Road map
towards the implementation of the
United Nations Millennium. Follow-up
to the outcome of the Mi llennium
Summit. Fifty-sixth ses sion
Item 40 of the provisional agenda.
New York: United Nations, 6 September
2001. Original: English.
A/56/326.
18. Velazco Gamboa, Emilio. La
p obreza y su combate: el caso de
México. (16 de junio de 2004).
–177–

EL ANDAR DEL MIGRANTE
HACIA EL NORTE

CAROL LISSETH GIRÓN SOLÓRZANO
Licenciada en relaciones internacionales por la Universidad de San
Carlos de Guatemala. Además, es miembro fundador del Instituto Centroamericano
de Estudios Sociales y Desarrollo –INCEDES– Guatemala y,
actualmente, funge como coordinadora de proyecto e investigadora de esa
institución. También es co-investigadora en la investigación “Religión
vivida, espacio y poder: el caso de la comunidad inmigrante guatemalteca”,
de la Universidad del Atlántico de Florida –FAU– (2002-2006) y coordina
dora de la Secretaría Técnica de la Red Regional de Organizaciones
Civiles para las Migraciones –RROCM– .
Asimismo, la licenciada Girón es investigadora / coordinadora de
trabajo de campo en el estudio comparativo sobre percepción de identidades
en cuatro comunidades guatemaltecas. Universidad de Oxford,
Inglaterra –INCEDES–.

RESUMEN EJECUTIVO
La migración internacional es un fenómeno que crece aceleradamente en la
región, en la medida que los países no puedan solucionar sus problemas
estructurales y mientras naciones como Estados Unidos continúen siendo
países atractivos por su amplio mercado laboral. En este sentido, la autora coincide
con la postura de muchos expertos en el tema en cuanto a que la migración se
diversifica y acentúa en el contexto de las históricas desigualdades y brechas del
desarrollo entre países como Estados Unidos y los de Centroamérica.
En este sentido, se observa un fuerte crecimiento en la migración, principalmente
en la irregular o no autorizada; se debe tomar en cuenta, especialmente, que Guatemala
constituye un puente importante para los migrantes hacia el norte; por eso, se
considera importante profundizar en la dinámica de este tipo de migración.
Con base en lo anterior, este artículo ofrece algunas consideraciones generales sobre
las principales características de la población migrante en su paso por el territorio.
También se definen algunos elementos del perfil sociodemográfico de la persona
migrante, así como algunos aspectos de su historia migratoria. Esta última tiene
que ver con las causas de su emigración y con el país de destino en la mayoría de
la población.
Debido al endurecimiento de las políticas migratorias y a la militarización de las
fronteras, los riesgos en la migración aumentan considerablemente, por ello, se presenta
un acercamiento a las diferentes situaciones y/o abusos a los que son expuestos
los migrantes durante su trayecto.
–181–

–182–

ABSTRACT
The international migration is a phenomenon that grows in a rapid way in the
region. if the countries cannot give solution to their structural problems and
while the nations like The United States continue being an attractive country
because of its extensive labor market. In this respect, the author coincides with
those experts that emphasize that the migration is diversified and accentuates in the
context of the historic inequalities and gaps of the development among countries
like The United States and those of Central America.
In this sense, a strong growth in the migration is observed, mainly in the irregular
one or not-authorized. Considering that Guatemala constitutes a very important
bridge for the migration toward the north, it is important to deal with the dynamics
of this type of migration in depth.
This article offers some general considerations on the main characteristics of the migrant
population on its way by the territory. Some elements of the sociodemographic
profile of the migrant person are defined, as well as some aspects of their migratory
history. This last one has to do with the causes that provoked its emigration, as well
as the country of destiny where most of the population go.
Due to the hardening of the migratory politics and the militarization of the borders,
the risks in the migration are increasing considerably, because of it, an approach
to the different situations is presented and/or abuses that the migrants face during
their journey.
–183–

–184–

CONTENIDO
1. Presentación ..................................................................................................187
2. El fenómeno de la migración internacional ..................................................188
2.1 Caracterización de la migración irregular ..............................................188
2.2 Las violaciones a derechos humanos .....................................................190
3. Consideraciones finales ................................................................................194
Bibliografía ......................................................................................................195
–185–

–186–

EL ANDAR DEL MIGRANTE
HACIA EL NORTE
CAROL LISSETH GIRÓN SOLÓRZANO
1. Presentación
La migración internacional hacia
países del norte, principalmente
a Estados Unidos, ha aumentado
considerablemente en las últimas
décadas. Sin embargo, los volúmenes
de esa migración han sido difíciles de
establecer y caracterizar debido a que
la mayor parte de estos migrantes, se
han visto en la necesidad de migrar de
manera irregular o no autorizada.
Los estudiosos de la migración
atribuyen sus causas, principalmente,
a problemas estructurales de los países
de origen, tales como la ausencia de
una política de desarrollo sostenida y
sustentable; el crecimiento en los niveles
de pobreza y exclusión social; la
prevalencia de la impunidad y procesos
de corrupción; entre otros. Asimismo,
otros factores asociados a la ocurrencia
de fenómenos naturales han incrementado
la emigración de varios (terremotos
y huracanes 1 ) al exterior. Aparecen otras
razones que se asocian al surgimiento
y conclusión de conflictos armados
internos en la región; 2 la caída del Mercado
Común Centroamericano; etc. No
1 En especial el terremoto en El Salvador y el huracán Mitch (1998) incrementaron las presiones migratorias debido
a la pérdida de todos sus bienes. Muy recientemente los impactos de la tormenta Stan (ocurrida en octubre
de 2005) han provocado graves daños en la economía nacional y han dejado miles de víctimas que de la noche
a la mañana han perdido todo (familiares, cosechas, casas, terrenos, animales, etc.). Se advierte un crecimiento
considerable en la emigración –principalmente de guatemaltecos– hacia Estados Unidos como la única estrategia
para la sobrevivencia familiar y ante la incapacidad del Estado de atender las consecuencias de este fenómeno.
2 La conclusión formal (firma de Acuerdos de Paz) de algunos procesos de confrontación social y políticos nacionales
(conflictos armados) no necesariamente aseguraron el cambio de los motivos que les dieron origen. Persisten los
problemas de orden estructural, particularmente los relacionados con la distribución de la riqueza y la tierra, la
ampliación de la base y la captación fiscal, la financiación del desarrollo y la discriminación social/exclusión en
diversos tipos y planos. Esta dinámica profundiza la dificultad para proponer e impulsar de manera consensuada
iniciativas de cambio que favorezcan la democratización de los Estados, en el amplio sentido del concepto. Ello
contribuye a que el diálogo y la puesta de acuerdo intersectorial sean en función de proyectos comunes. Este
fenómeno de arrastre de procedimientos y modalidades de interrelación han dificultado el impulso de una agenda
de gestión de las migraciones en donde se privilegie el derecho a migrar así como el de no hacerlo. Silvia Irene
Palma. Balance de las migraciones en Centroamérica. Informe de investigación. Instituto Centroamericano de
Estudios Sociales y Desarrollo –INCEDES–. Págs. 8 y 9.
–187–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
obstante, en la actualidad, la migración
se asocia a la búsqueda de mejores condiciones
de vida para la familia.
La región centroamericana constituye
un corredor muy importante
para la migración de indocumentados
provenientes de los mismos países de
Centro américa, Sudamérica, África,
Asia y de Medio Oriente. En este sentido,
Guatemala se convierte en la puerta
que los migrantes deben cruzar para
llegar a la última frontera en su viaje:
México. No obstante, los riesgos en la
migración han aumentado considerablemente
debido a las fuertes medidas
de seguridad que, tanto México como
Guatemala, han tomado en torno a la
migración indocumentada.
A continuación se plantean algunas
breves reflexiones en torno al fenómeno
de la migración, especialmente de
la migración en tránsito, tomando en
cuenta que Guatemala es lugar de origen
y tránsito de un importante número de
migrantes indocumentados que se dirigen
hacia Estados Unidos.
2. El fenómeno de la migración
internacional 3
2.1 Caracterización de la
migración irregular
Para tener una imagen clara de la
persona que transita por el territorio, es
necesario partir de algunos elementos
de información sociodemográfica que
definen su perfil. De esta cuenta, el comportamiento
de la migración irregular
para el período reportado, señalaba que
en su mayoría provenían de Honduras,
El Salvador y Nicaragua. Sin embargo,
a estas nacionalidades se suman mi grantes
de Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia,
entre otros. Esta información coincide
con diversos estudios de monitoreo realizados
en los últimos años, en los cuales
se evidencia un fuerte crecimiento en el
paso por el país de migrantes centroamericanos,
especialmente hondureños. 4
Prevalece la migración masculina
sobre la femenina. Puede ser que este
com portamiento se deba a la multiplici-
3 Los datos de la población migrante que se presentan en este artículo corresponden a 108 entrevistas realizadas a
personas en su paso por la Casa del Migrante de la capital (del 10 al 18 de octubre de 2005). Véase Carol Girón.
“Violaciones a derechos humanos sufrida por migrantes en territorio guatemalteco en su paso por la Casa del Migrante”.
Informe de investigación. Instituto de Investigaciones Jurídicas –IIJ– de la Universidad Rafael Landívar
e Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos –IDHUSAC–, 2005.
4 El 66% de los centroamericanos que emigraron a Estados Unidos entre 1995 y 2004 son hondureños y abandonaron
su país por la grave situación económica que enfrentan. De 70 mil personas que se atendieron en la Casa del
Migrante de Tecún Umán, en los últimos 10 años, unas 45,939 eran hondureñas. En 2004 se incrementó en 20%
el paso de los hondureños hacia Estados Unidos. Ademar Barilli (Director). “Miles de hondureños emigran hacia
el norte”. La Opinión. EEUU, 15 de mayo de 2005.
–188–

EL ANDAR DEL MIGRANTE HACIA EL NORTE
dad de riesgos a los cuales las mujeres
se ven expuestas por su condición de
género y, por ello, es posible que las
mujeres estén viajando en “formas más
seguras”, 5 siempre y cuando, se cuente
con los recursos necesarios y suficientes
para costear el viaje. La edad promedio
de los migrantes es de 19 (para las mujeres)
y 28 (para los hombres). Llama
la atención, los posibles impactos provocados
en las comunidades de origen,
a raíz de la migración de los hombres
jóvenes. Es decir, que se está frente a
comunidades en donde la mayoría de
su población está formada por mujeres,
niños (menores de 14 años) y ancianos.
Los efectos de esta emigración han causado
cambios importantes en la asunción
de roles, de desarrollo comunitario (a
través del envío de remesas), así como
en el ámbito socio cul tural de sus habitantes
(a través de la adopción de nuevas
pautas de comportamiento), entre otros
muchos.
Aunque se continúa observando que
los emigrantes tienen muy bajos niveles
de escolaridad (la mayoría apenas cursó
un grado de primaria), ellos poseen el
deseo de trabajar, la necesidad de cumplir
con promesas y acuerdos familiares,
así como la fuerza física suficiente para
desempeñar cualquier tarea que le provea
de recursos. No obstante, su nivel
académico seguramente será una limitante
para conseguir mejores ingresos y
empleos que requieren de mano de obra
calificada.
Las causas que originan la emigración
son diversas. En la mayoría de los
casos, las personas abandonan su lugar
de nacimiento en búsqueda de mejores
condiciones de vida. La falta de oportunidades
para el empleo y los bajos
salarios han condicionado la salida de
muchos, ya que en su mayoría tienen
entre uno y cuatro dependientes económicos.
Otros, por su parte, han tenido
que emigrar debido a la adquisición de
deudas, la enfermedad de un familiar
cercano (padre / madre), la separación
de la pareja y/o para lograr el “sueño
americano”.
Para el caso de los inmigrantes guatemaltecos
de llegada reciente a Estados
Unidos, se ha demostrado que la unidad
familiar constituye el motor principal
de su decisión de desplazamiento. La
familia se asocia con la esperanza por
la realización de un sueño que se estructura
integralmente por los siguientes
elementos: bienestar básico, mejora en
5 Aquí se hace referencia al uso de coyotes / guías / polleros, quienes son reconocidos –por quienes utilizan este
servicio– como facilitadores para llegar al lugar de destino. La integración de redes sociales y de apoyo también
constituyen un medio frecuentemente utilizado por los migrantes.
–189–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
el nivel de vida, fortalecimiento de las
capacidades de sus miembros y obtención
de un patrimonio heredable para la
generación siguiente. 6
Sin embargo, los factores que provocan
la emigración cambian dependiendo
del segmento de la población tratada, del
período estudiado, de las dinámicas nacionales
que se observan, entre otros.
La mayoría de los migrantes en su
paso por Guatemala se dirigen a Estados
Unidos. Este último, cada vez más,
refuerza su frontera e impulsa medidas
restrictivas de control y detención de la
migración indocumentada, no obstante,
la migración irregular continúa y aumenta
considerablemente.
Las personas en su lugar de origen
se ven altamente atraídas por la imagen
que Estados Unidos proyecta sobre su
desarrollo económico. Por eso, el migrante
percibe que en el norte hay mejores
posibilidades económicas y sociales
y, por lo tanto, mayores probabilidades
para el éxito personal y para la mejora
de las condiciones de la familia.
Seguramente, la integración y fortalecimiento
de las redes sociales en
Estados Unidos han facilitado el proceso
migratorio de sus familiares. Se observa
que las redes sociales de apoyo proveen
tanto de los recursos necesarios para el
viaje, como de información, acogida,
relaciones sociales e inclusive empleo
al momento de su arribo. Hoy día, la
mayoría de los migrantes cuentan con
un familiar o un conocido en el lugar
de destino.
2.2 Las violaciones a
derechos humanos
Luego de los atentados terroristas
ocurridos en Estados Unidos en septiembre
de 2001, la tendencia de la política
migratoria regional ha sido diseñada y
orientada a la protección de la seguridad
nacional. Con esto, se suma otro calificativo
más a la migración irregular o
no autorizada ya que al migrante se le
ha estigmatizado como: ilegal, narcotraficante,
alien, delincuente, marero y,
ahora, terrorista.
La política migratoria de Estados
Unidos es aún más restrictiva y demanda
–si no es que exige– de los demás países
un mayor control en sus fronteras (especialmente
de México y Guatemala). Por
su parte, estos países han incre men tado
sus medidas de verificación migra toria y
con ello se evidencia el aumento en los
6 Irene Palma y Carol Girón. “De Jacaltenango a Júpiter: negociando espacio transnacional y tiempo”. Ponencia
presentada en la Conferencia Latinos en Florida: religión vivida, espacio y poder. Universidad de Florida. Antigua
Guatemala. Guatemala, del 9 al 11 de diciembre de 2005. 10 págs.
–190–

EL ANDAR DEL MIGRANTE HACIA EL NORTE
procesos de detención y devolución de
migrantes. Por ejemplo, los eventos de
deportación desde México aumentaron
considerablemente en 2005. En este
caso, sólo para noviembre del año pasado,
42.5% del total de las devoluciones
realizadas por México correspondió
a nacionales guatemal tecos. Con esto
Guatemala se constituyó en el país
con el mayor número de devoluciones
(94,203) en comparación con el 2004,
con 93,667. Para este mismo período,
se deportaron 75,310 (34.0%) de migrantes
hondureños, en comparación
con 73,043 de 2004. En un tercer lugar
aparece El Salvador, con 40,362 devoluciones
frente a 35,270 del año anterior.
Un número mucho menor, pero significativo,
corresponde a Nicaragua 7 con
3,341 devoluciones para el año 2005 en
comparación con las reportadas en 2004
cuando fueron 2,224.
En ese orden de ideas, uno de los
riesgos 8 más frecuentes en la migración
es la posibilidad de ser deportados. A
éste se suman otros que tienen que ver
con la seguridad misma del migrante,
como el sufrimiento de violaciones a
derechos humanos, hasta la pérdida de
la vida. Los migrantes están conscientes
de los diversos riesgos a los que se verán
expuestos a lo largo de su camino, sin
embargo, están dispuestos a enfrentarlos
con tal de llegar al norte.
En su andar, los migrantes se
enfrentan a una serie de abusos y
atropellos por parte de autoridades
y personas que están al acecho de su
paso. La mayoría es víctima de estafa,
amenaza e intimidación al momento de
la ve rificación del estatus migratorio. 9
Asimismo, el maltrato físico (golpes)
y psi co lógico es parte de los abusos
7 En el caso de Nicaragua se observa más una migración sur-sur, ya que desde épocas antiguas, los nicaragüenses
se han desplazado hacia Costa Rica por la cercanía del territorio, también por la posibilidad de emplearse temporalmente
durante la época de la cosecha. Con el paso de los años, se observa un crecimiento en la cantidad de
migrantes que se establecen permanentemente en dicho país. Ver Guillermo Acuña. Situación de los derechos
humanos de los migrantes nicaragüenses en Costa Rica. Informe de Investigación. Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales –FLACSO– 2004. 37 págs.
8 Se entenderá por riesgo en la migración a toda amenaza por parte de personas, instituciones o peligro que deviene
de eventos naturales que pueden dañar o perjudicar, incluso irreversiblemente, el proyecto de migrar. Carol Girón.
Monitoreo Regional: Seguimiento a las violaciones de derechos humanos y situaciones de riesgo que vive la población
migrante en su paso por Centroamérica. Informe de investigación. Programa de Migración de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO–, 2001.
9 La verificación del estatus migratorio hace referencia al encuentro inicial de un migrante con un funcionario responsable
de hacer cumplir la ley migratoria o con cualquier otra autoridad policíaca o de seguridad pública, siempre
y cuando la legislación local lo permita. Tal encuentro puede ocurrir por azar o a partir de que se ha expedido una
orden para que el migrante comparezca ante una autoridad. Con posterioridad al encuentro inicial, el migrante puede
ser dejado en libertad o puede iniciarse un procedimiento migratorio, en desarrollo del cual puede ordenarse su detención.
Lineamientos Regionales para la Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes en Situaciones de
Verificación del Estatus Migratorio, Detención, Deportación y Recepción. Red Regional de Organizaciones Civiles
para las Migraciones –RROCM– y Sin Fronteras. (México. Versión anotada. Año 2005). 111 págs.
–191–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
sufridos por los migrantes. Otra de las
violaciones a derechos humanos reportada
por los migrantes es el abuso de
autoridad asociado al registro indebido,
uso del arma de fuego (como amenaza),
destrucción de documentos y los gritos
e insultos.
Varios de estos padecimientos se
producen por la apariencia física y/o
acento del migrante, características
que lo colocan en una situación de
mayor vulnerabilidad con respecto a ser
identificados como “indocumentados”.
Sin embargo, de acuerdo al Lineamiento
13 sobre la prohibición de
la discriminación en la verificación
del estatus migratorio: “Ninguna
persona migrante será sujeta a la
verifi cación de su estatus migratorio
en razón de su raza, color, sexo, edad,
idioma, religión, opiniones políticas
o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición
social”.
Y como si fuese poco, para el
mi grante, además de la angustia que
conlleva su condición migratoria, se
enfrenta a abusos que afectan su estado
emocional y físico, al ser víctima de
violación sexual. Dicho abuso marca
definitivamente la vida del migrante y
su recuerdo del viaje migratorio. Este
tipo de violación ya no es exclusiva de
las mujeres.
En este escenario de violaciones
a derechos humanos aparecen otras
transgresiones contra los migrantes que
se acentúan en los procesos de la detención
10 y devolución. 11 A estos momentos
se asocian violaciones al derecho al
debido proceso; la privación de las necesidades
básicas (acceso a medicamentos,
hospedaje, alimentación, agua, etc.);
encierro en cárceles comunes, y otros.
De acuerdo con la normativa internacional
todas las personas tienen
derecho a condiciones de plena igualdad
durante el proceso que se le lleve adelan-
10 De acuerdo con los Lineamientos Regionales, la detención debe entenderse como la privación de la libertad y a
la custodia de las personas migrantes por parte de las autoridades estatales. La detención sigue al momento de la
verificación del estatus migratorio. Se inicia con la expedición de una orden de detención por parte de autoridad
competente. La detención termina cuando la persona es dejada en libertad o es deportada a otro país.
11 La deportación se constituye por procedimientos según los cuales una persona extranjera es removida o expulsada
de un país. Generalmente, estos procedimientos incluyen la decisión de una autoridad competente con respecto de
la nacionalidad del individuo y de su derecho a obtener un estatus legal o el estatus de refugiado en el país donde
se encuentra. La deportación puede incluir la expulsión en o cerca de la frontera o en el puerto de entrada, así
como la remoción de la persona que se encuentra dentro del territorio nacional. Dichos procedimientos pueden
incluir la imposición de una prohibición a entrar nuevamente.
–192–

EL ANDAR DEL MIGRANTE HACIA EL NORTE
te. De acuerdo al Lineamiento 5 12 sobre
el derecho al debido proceso: “Todas
las personas migrantes tienen derecho
a que la decisión en torno a su estatus
migratorio se tome y ejecute con pleno
respeto y garantía del derecho al debido
proceso… juez o autoridad administrativa
responsable e imparcial; derecho a
la defensa; derecho a la información;
traducción e interpretación de los procedimientos
en la lengua que entienda
el migrante; derecho a la representación
legal; derecho a la revisión judicial; y,
acceso a las autoridades consulares.”
En ese marco, se evidencia una clara
violación por parte de los Estados de
tránsito, de garantizar las condiciones
mínimas de atención y protección a los
migrantes asegurados, con la excusa de
falta de presupuesto o con la inmediatez
de los procesos de devolución.
La falta de garantía por parte de los
Estados de tránsito, de las disposiciones
contenidas en los diversos instrumentos
internacionales en materia de derechos
humanos, coloca en una mayor situación
de vulnerabilidad e indefensión a la
persona migrante. De acuerdo con los
Lineamientos Regionales “toda persona
migrante tiene derecho a la vida y a que
se respete su integridad física, psíquica
y moral. Nadie puede ser sometido a
tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Las personas migrantes que sean
sujetas a verificación de su estatus
migratorio, detenidas, deportadas y las
que se encuentren bajo procedimientos
de recepción deberán ser tratadas con
el debido respeto a su integridad personal.”
(Lineamiento 3. Derecho a la vida
y a la integridad personal).
A esta información se suma que
los actores abusadores de la población
mi grante, en su mayoría, pertenecen a
instituciones públicas del Estado. En el
caso de Guatemala son algunos agentes
de la Policía Nacional Civil –PNC– y
fun cionarios de la Dirección General
de Migración –DGM–, principalmente
aquellos que se encuentran en los departamentos
o territorios fronterizos.
Asimismo, los delincuentes comunes,
coyotes, tramitadores y otros se suman a
este grupo de perpetradores que atentan
contra la seguridad del migrante.
Qué difícil es el caminar del migran
te por los territorios de la región.
Enfren tarse a un entorno desconocido
12 Dicho lineamiento se fundamenta en la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10; Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, arts. 9.3 y 14.3; Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de
todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, arts. 16.5 y 23; Convención sobre los Derechos del Niño, arts.
12.2, 37 y 40; Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, art. 36; Convención Americana sobre Derechos
Humanos, art. 8, entre otros.
–193–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
requiere de una fuerte capacidad para
sobrellevar las distintas situaciones que
se presentan, en donde los enemigos más
fuertes son las amenazas y los peligros
de personas y/o fenómenos naturales que
pueden impedir que lleguen al norte.
3. Consideraciones finales
Con base en lo expuesto se puede
decir que la migración irregular o no
autorizada muestra un rostro joven,
predominantemente masculino y con
grados muy bajos de escolaridad. La
mayoría de esta migración se dirige a
Estados Unidos en la búsqueda de mejores
oportunidades de vida.
Los factores que motivaron la
migración, se asocian a la búsqueda
de mejores empleos y la obtención de
mayores ingresos para el sostenimiento
de la familia, principalmente. No obstante,
el “sueño americano” constituye
un elemento para la emigración muy
importante, en especial para los más jóvenes,
quienes anhelan lograr el éxito en
ese país. Este éxito se asocia a la consecución
de bienes materiales (compra
de automóvil; compra/construcción de
casa; equipamiento del hogar; compra
de terreno; etc.) y la acumulación de recursos
económicos (dólares americanos)
para retornar a sus países de origen.
Por otro lado, se evidencia cómo
los migrantes que cuentan con redes
sociales de apoyo en el lugar de destino,
tienen acceso a mayores recursos en la
migración (económicos, de información,
de recepción, etc.). Por ello, la integración
y fortalecimiento de estos grupos,
es importante para la mitigación de
algunos riesgos de la migración indocumentada.
Tomando en cuenta las violaciones
a derechos humanos que viven los migran
tes, durante su trayecto migratorio y
durante los diferentes momentos (verificación
del control migratorio, detención,
deportación y recepción), es importante
difundir los estudios de monitoreo 13 , que
dan seguimiento a las diferentes situaciones
enfrentadas por los migrantes en
su tránsito por Guatemala.
Debido a que en su mayoría y de manera
recurrente, algunos miembros de la
Policía Nacional Civil –PNC– y de la Direc
ción General de Migración –DGM–
13 Por ejemplo, las casas del migrante cuentan con registros de los flujos migratorios que atienden así como de los
diferentes abusos que los migrantes enfrentan. Es necesario orientar recursos para la difusión de estas cifras como
una fuente de información básica sobre la situación y comportamiento de la migración indocumentada. Asimismo,
existen otros esfuerzos por parte de la sociedad civil que en varias oportunidades han llevado a cabo ejercicios de
monitoreo sobre las situaciones que enfrentan los migrantes en territorio guatemalteco.
–194–

EL ANDAR DEL MIGRANTE HACIA EL NORTE
son autores responsables de abusos a
los migrantes y en el entendido que las
instituciones mencionadas no obedecen
y/o representan la política institucional,
se insiste en la implementación de procesos
que verifiquen el desempeño y el
comportamiento de sus agentes en el
ejercicio de sus funciones.
Asimismo, en atención a los riesgos
que viven los migrantes durante su tránsito,
es de vital importancia insistir en
la necesidad de campañas de difusión
e información sobre los mismos. También
deben difundirse los datos de las
instituciones donde pueden presentar
quejas o denuncias sobre hechos específicos
que atenten contra su integridad
personal.
Es necesario y urgente el diseño e implementación
de una política migra toria
regional, con un enfoque de protección
y respeto a los derechos humanos de los
migrantes que sustituya a la de seguridad
nacional vigente a la fecha.
BIBLIOGRAFÍA
1. Acuña, Guillermo. Situación de los
derechos humanos de los migrantes
nicaragüenses en Costa Rica. Informe
de Investigación. Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales
–FLACSO–, 2004. 37 págs.
2. Girón, Carol L. Violaciones a derechos
humanos sufrida por migrantes
en territorio guatemalteco en su
paso por la Casa del Migrante. Informe
de investigación. Instituto de
Investigaciones Jurídicas –IIJ– de
la Universidad Rafael Landívar y
el Instituto de Derechos Humanos
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala –IDHUSAC–, diciembre
de 2005.
3. ___________________ Monitoreo
regional: seguimiento a las violaciones
de derechos humanos y
situaciones de riesgo que vive la
población migrante en su paso por
Centro américa. Informe de investigación.
Programa de Migración de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales –FLACSO–, 2001.
4. Lineamientos Regionales para la
Protección de los Derechos Humanos
de los Migrantes en Situaciones
de Verifi cación del Estatus Migratorio,
Detención, Deportación y
Recepción. Red Regional de Organizaciones
Civiles para las Migra-
–195–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
ciones –RROCM– y Sin Fronteras,
México. Versión anotada. Año 2005.
111 págs.
5. Palma, Irene y Carol Girón. “De
Ja cal tenango a Júpiter: negociando
espacio transnacional y tiempo”.
Ponencia presentada en la Conferencia
Latinos en Florida: religión
vivida, espacio y poder. Universidad
de Florida. Antigua Guatemala, Guatemala,
del 9 al 11 de diciembre de
2005. 10 págs.
6. Palma, Silvia Irene. Balance de las
migraciones en Centroamérica.
Informe de investigación. Instituto
Centroamericano de Estudios Sociales
y Desarrollo –INCEDES–,
octubre de 2005.
–196–

LOS DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES DESDE
LA PERSPECTIVA DE LAS MUJERES

MARÍA EUGENIA SOLÍS GARCÍA
Abogada y notaria, graduada en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Además, posee estudios especializados en derecho laboral. También
ha publicado un manual para capacitar facilitadoras en derechos de las
trabajadoras y un estudio sobre el acoso sexual en el trabajo.
La licenciada Solís ha trabajado por más de 12 años en la promoción
y defensa de los derechos humanos, con énfasis en mujeres, niñez
y adolescencia. Es fundadora e integrante de la Asociación Feminista
La Cuerda, que publica mensualmente la revista del mismo nombre.
También es integrante de la Alianza de carácter internacional denominada
“Caucus de Mujeres por una Justicia de Género” que es un grupo de
trabajo y de presión que ha luchado por el establecimiento de la Corte
Penal Internacional.

RESUMEN EJECUTIVO
La autora defiende la idea que las mujeres deben conocer los Derechos
Económicos Sociales y Culturales –DESC– desde una perspectiva de género
en un proceso que facilite la apropiación de estos derechos para generar y
fortalecer los procesos de exigibilidad política y jurídica.
El artículo inicia con una introducción a los derechos humanos para continuar
con los aportes de la teoría feminista a estos derechos; en esta última parte, se afirma
que a partir de los movimientos de mujeres y movimientos feministas, se empieza a
cuestionar la promesa de universalidad de los derechos humanos y su integralidad
en relación con los seres humanos.
También se refiere a los derechos sexuales y reproductivos y cómo éstos son
parte de la regulación en el contexto de la redefinición de los ámbitos de regulación
de los derechos humanos. Además, se anota que los derechos sexuales y reproductivos,
tienen su origen en derechos ya consagrados, como el derecho a la vida, a la
salud, a la integridad física y a estar libre de la violencia, a estar libre de explotación
sexual, a decidir el número e intervalo de hijos e hijas, a la intimidad, a la igualdad
y no discriminación, al matrimonio, a fundar una familia, al empleo, a la seguridad
social, la educación.
Por otra parte, presenta a los DESC en el ámbito internacional, y cómo éstos,
se ligan a las necesidades de las personas y, por lo tanto, si bien tienen un punto de
partida, se encuentran en evolución y desarrollo permanente a partir de las nuevas
problemáticas y modos de vida que enfrentan los seres humanos. Sin embargo, en
los pactos y convenciones, las mujeres siguen siendo consideradas en particular,
por su papel de madre y en un contexto familiar en donde el hombre es el jefe del
hogar y su proveedor.
–199–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
Afirma que estos derechos incorporan la división entre un ámbito público y el
privado, invisibilizando los aportes de las mujeres en el trabajo, la salud y el cuidado
familiar y comunitario.
Finaliza la autora proponiendo mecanismos de exigibilidad y protección de los
DESC y el papel de las organizaciones de mujeres y cómo a ellas, como miembros
de la sociedad civil, les corresponde un papel determinante en la presión para que
los Estados garanticen estos derechos.
–200–

ABSTRACT
The author defends the idea that women must know the Economical, Social,
and Cultural Rights from a perspective of gender, in a process that facili
tates the appropriation of these rights to generate and fortify the processes
of political and legal demanding.
The article initiates with an introduction of the human rights to continue with the
contributions of the feminist theory to these rights; in this last part, it is confirmed
that from the women´s liberation movements, the people began to question about
the promise of universality of the human rights and its holism in relation to human
beings.
Also states the sexual and reproductive rights and how they are part of regulation
in the context of the redefinition of the scope of regulation of the human rights. In
addition, it is written down that the sexual and reproductive rights have their origin in
rights already consecrated, like the right to the life, the health, integrity and physics
and to be free of the violence, to be free of sexual exploitation, decide the number of
children, to the intimacy, the equality and nondiscrimination, the right to marriage
and to found a family, to employment and social security, also to education.
Also presents the DESC in the international field and how they are bound to the
necessities of the people, and therefore, even they have a departure point, they are
evolving permanently from the new problematic ways of life that the human beings
face. However, in the agreements and conventions, the women continue being
considered particularly for their role of mother and in a familiar context where the
man is the head of the home and provider.
–201–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
The author states that these rights incorporate the division between a public field
and a private one, making the contributions of women invisible in their work, and
the familiar and community healthcare.
The author ends, proposing mechanisms of demanding and protecting the
DESC and the role of the organizations of women and how they, as members of
the civil society, have a decisive role to make pressure so that the State guarantee
these rights.
–202–

CONTENIDO
Introducción ....................................................................................................205
1. Derechos humanos y el desarrollo de
los derechos humanos de las mujeres ...........................................................206
2. Aportes de la teoría feminista a la doctrina de los DD HH. ........................207
3. Derechos sexuales y reproductivos ...............................................................209
4. Consideraciones acerca de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales –DESC– y lo internacional ........................................210
5. Valores del desarrollo humano sostenible..................................................... 211
6. Cuestiones básicas para abordar los DESC .................................................212
7. Crítica de las mujeres a la formulación de los DESC ..................................213
8. Mecanismos de exigibilidad y protección de los DESC
y papel de las organizaciones de mujeres para la
consagración y vigencia de los derechos humanos.......................................215
Bibliografía ......................................................................................................217
–203–

LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES DESDE LA PERSPECTIVA
DE LAS MUJERES 1
MARÍA EUGENIA SOLÍS GARCÍA
Introducción
En las últimas décadas, los efectos
económicos, sociales y políticos de la
globalización y el neoliberalismo, han
profundizado la exclusión social, la
marginalidad económica y la violación
sistemática de los derechos humanos. Un
proceso caracterizado por el permanente
condicionamiento de la soberanía y el
bienestar de los pueblos, a las decisiones
de las instituciones internacionales del
sistema financiero.
Las mujeres continúan enfrentando
diversas formas de exclusión y
discriminación en el espacio familiar,
social y político y en aquellas áreas
relacionadas con la dimensión económica
y cultural. Son ejemplos de
la ineficaz respuesta que han dado los
programas estatales a las mujeres en
los últimos decenios: la subvaloración
o invisibiliza ción del trabajo reproductivo,
la condena de las mujeres
a ser parte del sector informal de la
economía, el no acceso a la seguridad
social, la falta de políticas públicas que
les garantice ser sujetos de derechos, la
subordinación a esquemas culturales,
que tienen su máxima expresión en
prácticas de mutilación y uso de sus
cuerpos.
Sin embargo, también en estos años,
los logros alcanzados por el movimiento
internacional de mujeres, en pro del reconocimiento
de sus derechos humanos, han
sido significativos. Éstos, se reflejan en el
marco jurídico internacional de Naciones
Unidas, en los instrumentos regionales
de organismos, como la Organización
de Estados Americanos, así como en
la incorporación de estos parámetros
en las legislaciones nacionales. Pese a
los avances en materia de los derechos
políticos, es evidente que en el campo
de los derechos económicos, sociales y
culturales –DESC– hay muchos temas
pendientes.
1 Ponencia presentada en el Encuentro entre la Universidad Rafael Landívar, la Universidad Iberoamericana y Unión
Nacional de Juristas de Cuba. Este se llevó a cabo en La Habana, Cuba, del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2004.
–205–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
En el esfuerzo por hacer visibles sus
problemáticas y exigir sus derechos, las
mujeres han planteado la necesidad de
un abordaje integral e indivisible de los
derechos humanos. En esta perspectiva,
los DESC, el derecho a la cultura y al
de sarrollo, no pueden entenderse como
meras declaraciones programáticas de
postergada aplicación. Por el contrario,
son derechos consustanciales a la dignidad
de los seres humanos, frente a los
cuales los Estados tienen obligaciones,
precisas de respeto, garantía, protección
y promoción. Todas estas obligaciones
están debidamente establecidas en
pactos y convenios internacionales de
carácter vinculante.
Conocer los DESC desde una perspectiva
de género, es un proceso que
facilita la apropiación de estos derechos,
para generar / fortalecer procesos de
exigibilidad político jurídica desde las
mujeres.
1. Derechos humanos y el desarrollo
de los derechos humanos de las
mujeres
Cuando hablamos de derechos humanos,
estamos hablando de un sistema
que comprende, tanto normas jurídicas
que consagran derechos humanos, como
normas que establecen instancias y
mecanismos para su protección a nivel
nacional e internacional. Desde una
perspectiva ética los derechos humanos
son un conjunto de valores que ponen en
el centro al ser humano en convivencia.
Estos valores, refrendados a nivel social,
instalan como punto de partida y de llegada
de una sociedad, su capacidad solidaria
y de respeto por la diversidad, así
como la dignidad de los seres humanos
por el hecho mismo de serlo. Desde una
perspectiva política, son condición para
la democracia y, a la vez, proveen de un
conjunto de están dares para evaluar su
estado. Constituyen una condición para
la democracia, en la medida que son la
expresión de la lucha ciudadana por la inclusión
en la vida social, política. Desde
una perspectiva jurídica, constituyen
un orden normativo, explícito o no, que
consagra una serie de facultades para los
seres humanos, por el mismo hecho de
serlo y sin discriminación de ninguna
especie, con el fin de resguardar la dignidad
de las personas y potencializar el
desarrollo de planes de vida individual
y colectivo.
A partir de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos se desarrolla
un vertiginoso proceso de reconocimiento,
creación y formulación de derechos,
en el que se establecen ciertos ámbitos
de regulación. Un primer ámbito, es el
de los derechos civiles y políticos, otro el
de los derechos económicos, sociales y
culturales y un tercero, aún en desarrollo,
el de los pueblos o de la solidaridad. Los
contextos históricos (Guerra Fría) en el
–206–

LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS MUJERES
que este proceso tiene lugar, se reflejan
en una división más de tipo conceptual
de los derechos, distinguiéndolos entre
aquellos que ponían énfasis en derechos
vinculados con la tradición filosófica individual
y aquellos que ponían acento en
los procesos colectivos y en las garantías
materiales para generar condiciones de
vida.
Los derechos civiles y políticos son
en este sentido una distinción arbitraria,
que permite mostrar un cierto conjunto
de derechos, que ponen énfasis en los
procesos de participación social y política,
a la vez que establecen coordenadas
de la identidad de persona. El eje de este
tipo de derechos, está concentrado en la
tradición de pensamiento liberal y pone
al individuo como eje en una relación de
tensión con la sociedad.
Los derechos económicos, sociales
y culturales constituyen a la vez, un
conjunto de derechos que posicionan
la sociedad como valor superior y que
centran en el desarrollo de condiciones
materiales, la posibilidad del ejercicio
universal de los derechos humanos.
Los llamados derechos de solidaridad
o de los pueblos constituyen uno
de los ámbitos más nuevos y menos
regulados dentro del derecho internacional
de los derechos humanos. Ponen su
énfasis en problemas que van más allá
de las fronteras impuestas por el Estado
y, que por tanto, afectan a los pueblos en
su conjunto. Se trata de una conciencia
generada del hecho de ser parte de una
comunidad planetaria, más que la referencia
al Estado Nacional.
2. Aportes de la teoría feminista
a la doctrina de los DDHH
Los derechos humanos, a pesar de
su formulación universal, se originaron
bajo un paradigma y tradición masculina.
En la tradición de los derechos
huma nos no se incluyó a las mujeres,
es decir, sus intereses y necesidades no
fueron considerados y, cuando lo fueron,
se llevó a cabo a través de la interpretación
que de éstas hicieron los varones.
Es indudable que el sesgo masculino que
tienen los derechos humanos, va más allá
de un problema de discurso. Refleja la
invisi bi li dad en las que históricamente
estuvieron las mujeres, en tanto sujeto
titular de derechos universales y específicos.
Por una parte, no fueron consideradas
para el ejercicio de aquellos
derechos que se consagraban universalmente
para todos (voto) y por otra, no
fueron consideradas en su especificidad
de mujeres, en torno a temas que les
son propios, como la violencia sexual,
los derechos sexuales y reproductivos,
etc. Más aún, a la par coexistieron históricamente
regulaciones de derechos
–207–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
humanos supuestamente universales,
con regulaciones a nivel nacional que
restringieron, limitaron o impidieron
el acceso al ejercicio y goce de los
derechos humanos (obediencia al
marido, limitación para la administración
patrimonial, restricciones al
libre desplazamiento, limitaciones si
no, prohibiciones para el ejercicio de
soberanía sobre los propios cuerpos,
etc.). A partir de los movimientos de
mujeres y movimientos feministas se
empieza a cuestionar la promesa de
universalidad de los derechos humanos
y su integralidad, en relación con los
seres humanos.
Los aportes desde la teoría feminista
a la doctrina de los derechos
humanos son, principalmente:
a) Crítica al sujeto universal, como
abstracción que no da cuenta de la
diversidad de los sujetos y los contextos
en los que se desarrollan y,
que modifican su forma de estar en
el mundo. En este sentido la universalidad
esconde un paradigma de lo
humano: el varón.
b) Crítica a la integralidad de los derechos
humanos, expresada en la indivisibilidad
e interdependencia de los
mismos. En efecto, hasta hace una
década, los derechos humanos se
consagraban en el ámbito público,
dejando el ámbito privado fuera
de su esfera de protección. Recién
en 1993 en la Conferencia Mundial
de Viena, los Estados señalan en el
documento final que los derechos de
las mujeres, son derechos humanos
y, que la violencia contra la mujer
es una violación a sus derechos humanos.
Por otra parte, las mujeres
viven la discriminación como un
continuo, que transita desde lo público
hacia lo privado y viceversa.
De ahí que planteen la imposibilidad
de escindir o jerarquizar los derechos
humanos, en tanto la violación
a uno afecta el goce y ejercicio de
otros.
c) Crítica al enfoque exclusivamente
jurídico de los derechos humanos.
Conscientes de que las reformas
legales para adecuar la legislación
nacional a la internacional, o para
superar la discriminación de género,
no son suficientes para generar un
cambio que es fundamentalmente
cultural, las feministas señalaron que
los derechos humanos constituyen
un campo para intervenir en la cultura
y que, por lo tanto, constituyen
un compromiso de la sociedad y
los individuos en su conjunto y no
sólo del aparato estatal. Asimismo,
señalan que no es sólo el Estado el
violador de los derechos humanos,
sino que también los terceros en
cuestión, que relevan la importancia
de educar en esta materia.
–208–

LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS MUJERES
3. Derechos sexuales y reproductivos
A través de la redefinición de los
ámbitos de la regulación de los derechos
humanos, los derechos sexuales
y re pro ductivos se convierten en “otro
campo de regulación”. Hacen visible a
un ac tor específico, que promociona su
reco nocimiento y protección, a partir de
la ne ce sidad de constituirse en calidad
de sujeto: las mujeres. En la base de estos
derechos se encuentran otros, tanto
civiles y políticos como económicos,
sociales y culturales.
Asumiendo una perspectiva integral
de los derechos humanos, los derechos
sexuales y reproductivos a pesar de su
reciente formulación, tienen su origen
en derechos humanos ya consagrados.
Estos derechos, que constan en los pactos
y tratados universales y específicos
de las mujeres son:
a) Derecho a la vida: derecho de las
mujeres a que el Estado tome medidas
que impidan la muerte por abortos
clandestinos, o …que pongan
fin al maltrato de que son objeto las
mujeres que ingresan a los centros de
salud por abortos mal practicados.
b) Derecho a la salud, incluida la salud
reproductiva: la planificación familiar
y la obligación de los Estados de proveer
servicios para toda la población
de acuerdo con los requerimientos específicos
que incluyen la salud sexual
y reproductiva, están comprendidas
dentro de este derecho.
c) Derecho a la integridad física y a
estar libre de violencia: la vio lencia
sexual en sus diferentes manifestaciones,
es una violación a los derechos
reproductivos de las mujeres, puesto
que repercute en su autonomía sexual
y reproductiva.
d) Derecho a estar libre de explotación
sexual: expresión de la violencia
sexual, por su gravedad en términos
del tráfico sexual y la prostitución
forzada, ha sido reconocida incluso
en instrumentos específicos y como
crimen internacional.
e) Derecho a decidir el número e
intervalo de hijos / as: se relaciona
con la autonomía reproductiva
dentro de un marco o esfera de intimidad,
también reconocido en los
instrumentos internacionales.
f) Derecho a la intimidad: incluido
el derecho a asumir una identidad
se xual libre de discriminación. En
general, aborda un campo amplio
de decisiones, relacionadas con la
soberanía de las personas sobre sus
cuerpos.
g) Derecho a la igualdad y no discriminación:
uno de los pilares de los
de rechos humanos y ampliamente
con sagrados en los pactos, en particular
en torno a la igualdad ante la
ley, en el ámbito de la salud y en la
obligación de penalizar o regular la
prohibición de toda discriminación.
–209–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
h) Derecho al matrimonio y a fundar
una familia: que implica el derecho
a contraerlo libremente, a disolverlo,
y a tener edad y capacidad para
con traerlo. A la vez se establece la
igualdad de hombres y mujeres, en
relación con los derechos y deberes
que de allí surgen.
i) Derecho al empleo y a la seguridad
social: principalmente en términos
de acceso al trabajo y de no discriminación,
en relación a su capacidad
reproductiva y en términos de estar
libre de acoso sexual.
j) Derecho a la educación: incluida
la educación en derechos humanos,
educación sobre salud reproductiva,
orientación sexual y reproductiva.
4. Consideraciones acerca de los
Derechos Económicos, Sociales
y Culturales –DESC– y lo
internacional
La cada vez mayor interrelación e interdependencia
entre los Estados, sumado
al vertiginoso avance tecnológico, ha producido
un profundo cambio en la forma
en que vivíamos en el mundo. Al gunas
de las expresiones de este fenómeno en
su versión más negativa son: el creciente
proceso de acumulación de riqueza, el
au mento de las desigualdades y de la
brecha entre ricos y pobres, el for talecimien
to del mercado financiero por sobre
el mercado productivo, el mo no polio de
la producción de armas de destrucción
masiva, la catástrofe ambiental que
asola a todo el planeta y una tendencia
al endurecimiento del eje norte-sur, bajo
el cual, los países más pobres, siguen un
proceso descendente en su calidad de
vida. A ello cabe agregar, la difusión de
una forma de ver el mundo, que al mismo
tiempo de homogeneizar, margina a
aquello que muestra su diferencia local.
Cifras concretas dan cuenta de cómo esto
afecta a América Latina, y en particular,
a las mujeres del continente.
El poder de los Estados es cada vez
menor, en la medida que su capacidad de
decisión se encuentra supeditada a los organismos
crediticios y privados internacionales
y al mercado que ha reemplazado el
poder regulador que antaño tenía. En este
contexto, las demandas y reivindicaciones
nacionales no encuentran un referente
claro al cual dirigirse y, el poder ciudadano
a nivel local ha perdido su capacidad
de incidencia, frente a la difusión de los
circuitos de toma de decisiones.
El impacto de la globalización
económica en las mujeres también es
negativo. En efecto, las mujeres se han
em pobrecido más y esto por la vía de la
fle xibilización del mercado del trabajo
y, su consecuencia, en la pre ca rización
del mismo y por el desarrollo de nuevas
tecnologías que disminuyen la necesidad
de mano de obra y, a la vez, exige
mayores grados de calificación que se
–210–

LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS MUJERES
encuentran menos disponibles para las
mujeres. A ello se agrega que los avances
en materia de “igualdad entre hombres
y mujeres” –demanda institu cionalizada
en las últimas décadas en casi todos los
países del continente– no ha significado
una modificación sustancial en los roles
que hombres y mujeres desempeñan
en nues tras sociedades, a pesar de la
incorporación de ellas al trabajo. Así, la
crianza y el cuidado de los hijos, ligado
a las tareas de manutención del hogar,
todas éstas aún devaluadas en nuestras
economías, han contribuido a aumentar
la desigualdad económica y la discriminación
en que viven las mujeres.
El mercado constituye un espejismo
de aparente democratización en los roles
de género, cuestión que desde la ho mogeneización
de los mensajes culturales,
impuestos desde los centros de poder,
pareciera verse reforzado. Sin embargo,
las realidades de las mujeres en América
Latina, las sitúan frente a una paradoja
entre la modernización y la manutención
a referentes cada vez más rígidos,
en relación con los roles que cumplen.
Esto se traduce, por una parte, en el
mayor empobrecimiento de las mujeres
y por otra, en la acumulación de roles
y jornadas. Mas aún, los discursos de
igualdad de oportunidades han generado
expectativas en las mujeres que no
guardan correspondencia con la capacidad
de contención de estas expectativas
en el tejido social. Es decir, cada vez
existen menos referentes colectivos que
hagan viable o sirvan de canales para la
concreción de los discursos instalados
sobre igualdad.
Al igual que en el caso de los derechos
civiles y políticos, los derechos
económicos, sociales y culturales tienen
condiciones para su concreción y,
a la vez, contribuyen a generar dichas
condiciones. En el caso de los civiles
y políticos, la condición está en ciertos
parámetros indicadores de la existencia
de un sistema democrático; en el caso
de los derechos económicos, sociales
y culturales es el desarrollo y más, un
modelo de desarrollo sustentable.
5. Valores del desarrollo humano
sostenible
El derecho al desarrollo es inalienable
y en virtud del cual todo ser humano
y todos los pueblos están facultados para
participar en un desarrollo económico,
social, cultural y político, en el que puedan
realizarse plenamente los derechos
humanos y libertades fundamentales, a
contribuir a ese desarrollo y a disfrutar
de él, esto también implica la plena
realización del derecho de los pueblos
a la libre determinación, que incluye el
ejercicio de su derecho inalienable a la
plena soberanía sobre todas sus riquezas
y recursos naturales.
–211–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
El desarrollo humano sostenible
implica una calidad de vida para todos
los habitantes de una población que, a
su vez, obliga a la implementación de
políticas públicas con base en ciertos
valores:
a) Considerar como elemento esencial,
el problema de la distribución equitativa
de la riqueza y de las formas
de propiedad.
b) Integrar las preocupaciones ecológicas
y ambientales, que cuestionan
los modelos de consumo e industrialización,
que están acabando con
nuestros recursos naturales.
c) Promover la democracia participativa
en lo político, en lo económico,
en lo social, lo cultural, lo ambiental,
como factor esencial de las grandes
decisiones de los pueblos.
d) Desarrollar una perspectiva de género,
como avance de la humanidad en
la equidad entre los sexos.
e) Tener como objetivo el respeto de
los derechos humanos de todos y
cada uno de los seres humanos, independientemente
de su edad, género,
raza, ideas, etc.
f) Tener en cuenta la construcción social
de regiones y micro regiones, en
zonas urbanas y rurales como factor
de identidad y de participación social
y comunitaria.
g) Reconstruir el tejido social, como
ele mento necesario en Latino amé rica
para la conformación de sujetos
colectivos del desarrollo.
h) Orientar y proteger nuestras riquezas
naturales, biodiversidad, diversidad
cultural y capacidad de trabajo, de
manera autónoma y soberana, como
pilares para levantar pro puestas
económicas que garanticen un
crecimiento económico sostenible,
en un contexto internacional interdependiente.
2
6. Cuestiones básicas para
abordar los DESC
Los derechos económicos, sociales
y culturales son una de las dimensiones
o ámbitos que se protegen en el derecho
internacional de los derechos humanos.
Estos derechos en la práctica están tan
ligados a la vida cotidiana, que a veces
es difícil identificarlos como tales. Están
muy ligados a las necesidades de las
personas y, por lo tanto, si bien tienen un
punto de partida, se encuentran en evolución
y desarrollo permanente a partir
de las nuevas problemáticas y modos de
vida que enfrentan los seres humanos.
En América Latina, los derechos
económicos, sociales y culturales fueron
2 CEDAL, Desarrollo y participación democrática. Cultura de derechos. Unidad 2, Cuaderno 4. Alternativa,
APRODEH. Lima, 2001.
–212–

LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS MUJERES
eje de los proyectos de transformación
social y política. Forman parte de los
grandes movimientos por el cambio
social. Existe, por lo tanto, una memoria
colectiva que aún pesa y que es relevante
para la continuidad en la tarea de la
vigencia de estos derechos.
Los DESC han sido definidos como
un conjunto de normas de derechos humanos,
que tienen por objeto establecer
condiciones de vida dignas para el ser
humano. La dignidad es una idea fuerza,
que establece un mínimo, respecto
del cual no puede descenderse. Se trata
de un mínimo para el desarrollo de la
vida y no para sobrevivir y, por tanto,
su satisfacción permite y habilita para
el desarrollo individual y colectivo de
las personas. No se trata entonces de
la creación de condiciones objetivas y
materiales solamente, sino que de la
generación de condiciones subjetivas,
que ubiquen al ser humano en armonía
con su entorno y en relación de solidaridad
con los otros, tomando en cuenta
las diferentes posiciones y ubicaciones
sociales, expresión del sistema de género
que se encuentra en la base.
El origen de los derechos económicos,
sociales y culturales, al igual que los
derechos civiles y políticos, se en cuen tra
en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Estos comparten las
cualidades de los derechos humanos y en
ese sentido, constituyen un continuum
de derechos con aquellos que regulan
otros ámbitos de la convivencia humana.
Tal espíritu, se encuentra reflejado
en dicha Declaración, al proponer el
“advenimiento de un mundo en que los
seres humanos, liberados del temor y la
miseria” disfruten de sus libertades.
7. Crítica de las mujeres a la
formulación de los DESC
En los pactos y convenciones que
consagran los derechos económicos,
sociales y culturales, las mujeres son
consideradas en particular, sólo en
relación con su rol de madre y en un
contexto fa miliar, en el que el varón es
el jefe del hogar y el proveedor. Estos
derechos incorporan la división entre
un ámbito público y un ámbito privado,
invisi bili zando los aportes que hacen
las mujeres en el trabajo, la salud y el
cuidado familiar y comunitario.
Los principales instrumentos internacionales
que consagran los derechos
económicos, sociales y culturales son
el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PI-
DESC) y la Convención para Eliminar
Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW -por sus
siglas en inglés-), en un contexto de
indivisibilidad e interdependencia entre
ambos estatutos. El Pacto surge al mismo
tiempo que el Pacto Internacional de
–213–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
Derechos Civiles y Políticos y, constituye
un todo indivisible en materia de
derechos humanos. A nivel regional
existe también un instrumento jurídico
que consagra los derechos económicos,
sociales y culturales (Protocolo de San
Salvador).
Tanto en el caso del PIDESC como
en el Protocolo de San Salvador, resulta
evidente el sesgo androcéntrico que se
esconde bajo el concepto del sujeto
universal. En efecto, en relación con el
primero, la concepción de familia que
evoca a partir de su enunciado en el
Art. 11 es el de una familia tradicional
patriarcal, en la que el hombre es el
jefe de familia y proveedor del hogar.
Asimismo, la otra referencia explícita
en relación con las mujeres es el de las
“madres que trabajan”(10:2). En el caso
del Protocolo de San Salvador, sucede
algo similar, en tanto deja entrever un
paradigma de sociedad, donde la mujer
aparece cumpliendo el rol de reproductora
de una familia nuclear tradicional.
Es el caso de los artículos 15 (familia)
y 16 (niñez) en que se refieren a ellas
en su calidad de madres.
Las mujeres han sido consideradas
en los instrumentos de derechos económicos,
sociales y culturales sujetos de
protección, básicamente, en relación
con la protección a la familia y a la
maternidad. 3 Aún así, y bajo el principio
de no discriminación que sustenta todos
los instrumentos de derechos humanos,
es posible hacer una relectura de los
derechos para ver aspectos específicos
a ser considerados, o bien para analizar
la forma en que se han concretado en el
caso de las mujeres. Las implicaciones
que tienen los sistemas de género en la
concreción de los derechos humanos,
han sido tardíamente reconocidas. La
subvaloración del trabajo doméstico y
su contribución al PIB, el menor acceso
a la propiedad de la tierra, a pesar
de que son parte fundamental de su
producción, el aporte en términos de
gestión en salud familiar y comunitaria,
son elementos que recién afloran
y que deben continuar cuestionando la
universalidad que han tenido los DESC
en la práctica.
La CEDAW también es un instrumento
jurídico que desde la integralidad
del sujeto mujer (en tanto no lo reduce
a madre o familia) y desde la integralidad
de los derechos humanos (en tanto
no escinde los ámbitos de regulación
de los derechos en civiles y políticos),
contempla y consagra derechos económicos,
sociales y culturales. Desde el
avance que significan estos tratados,
deben re leerse el PIDESC y el Protocolo
3 Arts. 15 y 16 del Protocolo de San Salvador.
–214–

LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS MUJERES
de San Salvador. Así, a cada derecho
corresponde un análisis de contexto
que dé cuenta de las diferencias y, por
lo tanto, de las necesidades que desde
dichas diferencias discriminadas se
construyen.
El PIDESC clasifica los derechos en:
a) derecho a la autodeterminación;
b) derechos en el ámbito laboral;
c) derechos referidos a la subsistencia;
d) derechos culturales;
e) protección a ciertas categorías o
sectores como la familia, las madres
y los y las niños/as y los/las
adolescentes.
La CEDAW contempla los siguientes
derechos en relación con el ámbito
económico, social y cultural:
a) derecho a la educación;
b) derechos en el ámbito laboral;
c) derecho a la salud;
d) derecho a prestaciones familiares;
e) derecho al acceso a créditos
financieros;
f) derecho al ocio y recreación;
g) protección a las mujeres rurales.
En ambos casos el principio de no
discriminación está en la base de la formulación
de los derechos. En el primero
por la vía general, mientras que en el
segundo se establece en relación con
cada derecho que se consagra.
En cada uno de los países de la
región es diferente la forma cómo se
concretan o se violan estos derechos
para las mujeres, en el contexto de
una impu nidad generalizada. A pesar
de contextos globalizados, de factores
culturales, de migración, de mayor o
menor mul ti culturalidad, todos generan
prácticas que deben ser identificadas y
analizadas desde las propias organizaciones.
Aún así nos atrevemos a decir
que el derecho a la salud y el derecho
al trabajo, incluido todas las formas de
trabajo que realizan las mujeres y que no
han sido reconocidas desde la tradición
de los derechos humanos, requieren de
profundización.
8. Mecanismos de exigibilidad y
protección de los DESC y papel de
las organizaciones de mujeres para
la consagración y vigencia de los
derechos humanos
La protección de los derechos humanos
comprende, tanto la idea de su cumplimiento
o concreción, como la de su
defensa frente a la violación o amenaza
de violación. Es un concepto amplio, que
contempla un conjunto de mecanismos
y procedimientos que cumplen con la finalidad
de supervisar la aplicación de las
normas jurídicas que consagran los derechos
humanos. Hablamos de exigibilidad
de los derechos humanos, para referirnos
–215–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
al conjunto de iniciativas que desde los
distintos actores de la sociedad civil
pueden activarse para el cumplimiento
y protección de los derechos humanos.
En este sentido, asumiremos que la idea
de exigibilidad incluye la de control
ciudadano o vigilancia ciudadana, además
de la activación de mecanismos de
protección jurídica de dichos derechos.
Cada vez que se establecen normas
que consagran derechos humanos, a
nivel nacional o internacional, deberían
quedar establecidos los mecanismos
de protección frente a su eventual violación
o amenaza de violación. En la
práctica, ha habido que luchar para que
estos mecanismos existan y a pesar de
que en ocasiones esto se ha logrado, no
siempre son eficientes para proteger un
derecho. La falta de estos mecanismos
hace difícil su exigibilidad y los derechos
consagrados pueden quedar en una
mera declaración.
Si bien los Estados tienen la responsabilidad
central de promover, garantizar
y respetar los derechos humanos, a la
sociedad civil le corresponde un rol
determinante en la presión para que
esto ocurra y más aún, en la denuncia y
activación de mecanismos de protección
cuando el Estado no cumple con las
obligaciones jurídicas que ha contraído
al suscribir y ratificar los pactos o convenciones
de derechos humanos. Paralelamente,
las instancias internacionales
que se han creado para la supervisión del
cumplimiento de los derechos humanos,
también cumplen un rol de monitoreo
respecto de cómo se cumplen estos
derechos o si se incumplen, cuáles son
las dificultades que se presentan en su
cumplimiento y también pueden llegar
a intervenir para resolver situaciones en
que el Estado se niega o no tiene la capacidad
de proteger un derecho violado.
En materia de derechos humanos
el Estado es el principal responsable de
garantizar y respetar, promover y proteger
estos derechos. Los mecanismos
de que nos dota el sistema internacional
son, por tanto, recursos que permiten
fortalecer los procesos de construcción
de ciudadanía; pero que por sí solos no
son capaces de transformar las realidades
nacionales. Más aún cuando se trata
de cambios culturales en relación con la
discriminación que viven las mujeres.
De ahí que el eje del trabajo en materia
de derechos humanos, sumando los recursos
que el sistema internacional nos
brinda, deba anclarse en la capacidad de
generar procesos que permitan avanzar
en el campo de los derechos humanos de
las mujeres. Estos procesos, en un mundo
de cada vez mayor interdependencia
e interrelacio nes, nos obligan también
a asumir el desafío de mirarnos como
mujeres en el mundo, en la región y en el
país para establecer distintos niveles de
trabajo en torno a la exigibilidad de los
derechos humanos de las mujeres.
–216–

LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS MUJERES
BIBLIOGRAFÍA
1. Bélisle, François, dir. Trabajo informal
y pobreza urbana en América
Latina. Montevideo: Centro Internacional
de Investigaciones para el
Desarrollo, 1992.
2. Centro de Asesoría Laboral del Perú.
Informe sobre la situación de los
derechos económicos, sociales y culturales
de los migrantes peruanos
en Chile, Bolivia y Argentina. Lima,
1999.
3. Centro de Derechos Económicos y
Sociales. Memorias del Encuentro
Latinoamericano para la Promoción
de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Quito, 1998.
4. Grupo Seguimiento Regional. Declaración
de Quito: acerca de la
exigibilidad y realización de los
derechos económicos, sociales y
culturales en América Latina y el
Caribe. Quito, 1998.
5. Herramientas para la capacitación
de mujeres y derechos económicos,
sociales y culturales. Consorcio
Regional de Instituciones, Tribunal
de las Mujeres por los DESC
Coordinadora de la Mujer-Bolivia,
ILSA Casa de la Mujer-Colombia,
La Morada-Chile, Corporación
Promoción de la Mujer / Taller de
Comunicación Mujer-Ecuador, DE-
MUS-Perú. Abril de 2003. Quito,
Ecuador.
6. Instituto Interamericano de Derechos
Humanos. Los derechos económicos,
sociales y culturales: un
desafío impostergable. San José,
1999.
7. Mayorga Lorca, Roberto. Naturaleza
jurídica de los derechos económicos,
sociales y culturales. Santiago
de Chile: Editorial Jurídica de Chile,
1990.
8. Organización de las Naciones Unidas.
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. 23 de marzo de
l976.
9. ___Pacto Internacional de Derechos
Económicos. Sociales y Culturales.
3 de enero de 1976.
–217–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
10. Plataforma Sudamericana de Derechos
Humanos. Democracia y
desarrollo. Bogotá, 1999.
11. Romero Medina, Amanda. Los
DESC también nos tocan: ayudas
para desarrollar talleres de sensibilización;
en: Plataforma Sudamericana
de Derechos Humanos,
Democracia y Desarrollo. Bogotá,
1999.
12. Villamizar, Martha Ligia, Francisco
Castillo y Hugo Prieto. Plataforma
colombiana de derechos humanos.
Los DESC: el pan de cada día,
Plataforma Sudamericana de Derechos
Humanos, Democracia y
Desarrollo. Bogotá, 1999.
–218–

UNA MIRADA A LA INFANCIA
Y A LA ADOLESCENCIA.
SUS DERECHOS Y LA VIOLENCIA

MIRIAM ILEANA ARGUETA LAINES
Ha cursado estudios de doctorado en psicología clínica y de maestría en
psicología clínica en la Universidad Mariano Gálvez. También ha hecho
estudios en las maestrías en derechos humanos y en docencia universitaria
en la Universidad Rafael Landívar. En esta misma universidad cursó
el diplomado en psicología social y violencia política. Es Licenciada en
Psicología por la Universidad de San Carlos de Guatemala.
La Licda. Argueta también ha particidado en diversidad de seminarios,
entre los que sobresalen los siguientes: Seminario Taller Incidencia de
los Acuerdos de Paz en el Nuevo Código de la Niñez y la Juventud, realizado
por UNESCO y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala;
Seminario Taller Sensibilización en Violencia, Mujeres, Niñas y Niños y
la Aplicación del Nuevo Código de la Niñez y Juventud, realizado por la
Unión Europea, a través del Programa a favor de los Niños de la Calle y
el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
Además, posee experiencia como catedrática en la Universidad Rafael
Landívar, en la Universidad del Valle de Guatemala, en la Universidad
Panamericana, en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en la
Universidad Francisco Marroquín.
Participó en la formulación, elaboración y evaluación de varios
proyectos de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
–SOSEP–, entre ellos: el de equipamiento para los centros de tratamiento
y orientación para menores; el de equipamiento de los talleres del Centro
de Tratamiento de Niñas, Los Gorriones; el del Programa Reeducativo
Integral para Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal. También participó
en el Diseño de Políticas Educativas y Guías Curriculares para el plan de
equivalencia de primaria tradicional a primaria acelerada que se imparte
en los centros de tratamiento y orientación para menores de la Secretaría
de Bienestar Social.

RESUMEN EJECUTIVO
En este artículo se aborda la situación actual de la niñez y la juventud en Gua -
temala, es un análisis del incumplimiento de sus derechos humanos como
premisa de la génesis de la violencia juvenil, que se manifiesta en actos
violentos que se cometen diariamente por parte de grupos conformados por niños y
adolescentes, conocidos con el nombre de “maras” o pandillas, que mantienen a la
población guatemalteca en un estado generalizado de angustia.
En la primera parte, se presenta el escenario histórico del reconocimiento de
los derechos de la infancia y adolescencia, así como una panorámica de la si tua ción
política y social de la niñez y juventud, el marco legal y su incum plimiento. Posteriormente,
en la segunda parte, se analiza el rol de la sociedad en la formación de
la infancia y adolescencia, así como las frustraciones que le impone y su impacto
en el desarrollo de su agresividad, lo que conlleva su influencia en su ciudadanía.
Con la finalidad de abordar de forma integral el tema de la violencia juvenil,
en la tercera parte del trabajo, se analiza la génesis de la delincuencia juvenil y se
reconoce como producto de condiciones sociales, se definen tipos de delincuentes,
características de personalidad y formas de cometer los hechos delictivos. Se enfatiza
en la importancia de profundizar en por qué los adolescentes quebrantaron la ley; con
esto se persigue contribuir a una mejor comprensión del fenómeno que nos ocupa.
Finalmente, se presentan algunas conclusiones en el marco de las políticas
educativas y de salud que deberán ser consideradas, desde la perspectiva del desarrollo
humano.
–221–

ABSTRACT
The situation of the childhood and youth in Guatemala is presented in this
article. It is an analysis of the breach of its human rights as premise of the
genesis of the youthful violence, that is declared in violent acts that are
committed daily on the part of groups conformed by children and adolescents,
called “gangs”, that maintain the Guatemalan population in a state of generalized
anguish.
The first part presents the historic setting of the recognition of the rights of the
infancy-adolescence, as well as a general view of the social and political situation
of the childhood and youth, the legal framework and its breach. Subsequently in the
second part, the role of the societyin the formation of the infancy-adolescence is
analyzed, as well as the frustrations that this society imposes and its impact in the
development of its aggressiveness, that consequently influence in the citizensp.
With the integral purpose to undertake the theme of the youthful violence, on
the third part of this work genesis of the youthful delinquency is analyzed and is
recognized as a product of social conditions; types of delinquents are defined, with
their characteristics of personality and ways to commit the crimes. It emphasizes
the importance to deepen in the reasons why adolescents break the law. The purpose
here is to contribute to a better comprehension of this phenomenon.
Finally, some conclusions are presented in the framework of the educational
and health policies that should be considered, from the perspective of the human
development.
–223–

CONTENIDO
Introducción ....................................................................................................227
1. El escenario: panorámica histórica de los derechos de
la infancia y de la adolescencia ....................................................................227
2. El papel de la sociedad: la formación del carácter en el ser humano ...........230
3. El papel de la frustración y de la agresividad social en el
desarrollo del niño, la niña y el adolescente .................................................231
4. La sociedad y su influencia en la ciudadanía ................................................233
5. La génesis de la delincuencia juvenil: la delincuencia
como producto de condiciones sociales ........................................................235
5.1 Factores sociológicos .............................................................................235
5.2 Plano sociocultural ................................................................................237
6. Una pregunta sin respuesta:
¿por qué los adolescentes quebrantaron la ley ............................................240
7. Políticas y acciones a favor de la niñez y la juventud.
Resumen del Preámbulo de la Convención
sobre los Derechos del Niño .........................................................................242
Conclusiones ................................................................................................244
Bibliografia ......................................................................................................245
–225–

UNA MIRADA A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA.
SUS DERECHOS Y LA VIOLENCIA
MIRIAM ILEANA ARGUETA LAINES
Introducción
Este estudio es el acopio de
infor mación recabada sobre los
temas más relevantes en lo concerniente
a la génesis de la violencia
juvenil; es decir, la violencia estructural
que favorece conductas también vio lentas,
así como la confor mación de maras
o pandillas, para la realización de hechos
cada vez más violentos. Se inicia con una
panorámica de la situación de la niñez
en lo que respecta al marco legal y su
tortuoso devenir.
También se aborda, con especial
én fasis, el papel que la sociedad juega
en la formación de la personalidad y
el per fil del ciudadano; para contribuir
a la comprensión del fenómeno de la
violen cia juvenil y su abordaje integral,
se pre sentan todos aquellos aspectos de
de sarro llo psicosocial, que determinan
en gran medida el presente y futuro
del sector más vulnerable de nuestra
población: la niñez y juventud. Se evidencia
que los pocos recursos y escasas
oportunidades de desarrollo para la
población en ge ne ral y, para la niñez y
juventud en parti cular, son en principio
causa y efecto del mismo irrespeto a sus
derechos humanos.
Por último, se plantea el desafío
de adoptar políticas sociales en donde
se preste atención a la temática de
educación y salud, principalmente; que
aún cuando se han hecho esfuerzos por
parte del gobierno por responder a estas
prioridades, es evidente que la cobertura,
sobre todo en el área rural, aún es deficitaria,
por lo que es fundamental definir
las responsabilidades de las familias, las
instituciones y principal mente los propios
niños y jóvenes en la construc ción
de una relación más humana, equitativa
y justa.
1. El escenario: panorámica histórica
de los derechos de la infancia y de
la adolescencia
Es hasta muy recientemente, cuando
se considera a la infancia y a la adolescencia
como sujetos de derechos y no
como objetos de protección. En 1923
–227–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
se redactó la Declaración de los Derechos
del Niño, la cual fue adoptada por
la Sociedad de Naciones en 1924 en la
Declaración de Ginebra. Luego, en 1947
el Secretario de Naciones Unidas retomó
la Declaración de Ginebra para establecer
una carta del niño, proceso que
culminó en 1958 con la declaración de
los diez principios que se han co no cido
como Declaración sobre los De rechos
del Niño.
En 1979, la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas inició
la elaboración de un proyecto de
con vención; en noviembre de 1989,
con cluye la elaboración de uno de los
ins trumentos jurídicos internacionales
más importantes en la historia de la
huma nidad: los derechos humanos de
la niñez, contenidos en la Convención
sobre los Derechos del Niño.
Es importante recordar que la Convención
sobre los Derechos del Niño,
desde su naturaleza jurídica y social,
acompaña el proceso de la pro tección
integral de la niñez, doctrina que persigue
dos objetivos: la protección social
y la protección jurídica de los niños y
las niñas, y garantizar la satisfacción de
sus necesidades e intereses y que sean
protagonistas de su propio desarrollo.
El alcance de la Convención como
instrumento jurídico es universal, con
igual significado para todos los pueblos
del mundo, tomando en cuenta sus realidades
culturales, sociales, econó micas
y políticas.
La Convención va más allá de las
normas y prácticas jurídicas vigentes en
los Estados parte, especialmente de las
disposiciones referentes al derecho a la
vida, a la supervivencia y al desarrollo
integral de todos los niños y las niñas,
amplía el marco jurídico de los derechos
humanos, protegiendo a niños y niñas
contra toda forma de explotación, contra
el abandono y la drogadicción. Protege
a grupos minoritarios e indígenas, así
como a los afectados por conflictos
armados.
En síntesis, como refiere García
Méndez 1 , es el instrumento que ha tenido
el mérito de llamar la atención; tanto
de los movimientos sociales como del
sector más avanzado de las políticas
públicas, acerca de la importancia de
la dimensión jurídica en el proceso de
lucha por mejorar las condiciones de
vida de la infancia.
La Convención sobre los Derechos
del Niño quedó abierta a su firma el 26 de
1 Emilio García Méndez. Infancia de los derechos y de la justicia. (Argentina: Editorial del Puerto, 1998).
–228–

UNA MIRADA A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA. SUS DERECHOS Y LA VIOLENCIA
enero de 1990, fecha cuando fue suscrita
por 61 países, entre ellos Guatemala. Entró
en vigor el 2 de septiembre del mismo año,
un mes después de haber sido ratificada
por el vigésimo Estado, adquiriendo para
estos países carácter de ley internacional.
De tal manera que, los Estados que han
ratificado la Convención quedan obligados
a propor cionar a la niñez un trato preferencial
en función de su vulnerabilidad y
de sus necesidades específicas, así como
garantizar sus derechos humanos.
Guatemala ratificó la Convención
el 10 de mayo de 1990; desde que esta
Convención entró en vigor el 2 de agosto
del mismo año, para el Estado guatemalteco
ésta se convirtió automática mente
en ley interna.
El carácter de ley interna no materializó
su cumplimiento, puesto que
en Guatemala se continuó aplicando el
Código de Menores de 1979, legislación
que se basa en la doctrina de la situación
irregular, en la que el menor es considerado
como objeto de la compasión
–represión– por parte del Estado. En
1996, el Congreso guatemalteco aprobó
un nuevo Código de la Niñez y la
Juventud, cuya entrada en vigor estaba
prevista para 1998, pero no se logró
por el debate que se originó en algunos
sectores de la sociedad.
Posteriormente, se propusieron
reformas que fueron presentadas por la
mesa de consenso, integrada por representantes
de la Conferencia Episcopal de
Guatemala, el Consejo Latinoamericano
de Iglesias, la Alianza Evangélica y el
Movimiento Social por los Derechos de
la Niñez y Juventud, a la Presidencia de
la Comisión de Seguimiento al Código
de la Niñez que integró el Congreso de
la República en 1999. La discusión en
torno a este importante instrumento jurídico
y social, se caracterizó por un fuerte
antagonismo entre los sectores en pro y
contra de los contenidos del Código y la
puesta en vigencia del mismo.
Finalmente, en julio de 2003, entró
en vigencia la Ley de Protección Integral
de la Niñez y Adolescencia y su Reforma,
Decreto No. 37-2003, en la que se
materializa el espíritu de la Convención
de los Derechos del Niño. A partir de
esta fecha existe en Guatemala una
legislación que responde al contenido y
espíritu de la Convención, es decir, a la
consideración de la infancia y adolescencia
como sujetos plenos de derechos.
Se evidencia una lenta y dolorosa
implementación, lenta en acciones que
favorezcan directamente a la niñez y
juventud guatemaltecas en general;
esta situación se agrava cuando se buscan
acciones a favor de los grupos mal
llamados minoritarios de la población
marginada, entre los que se encuentran
los adolescentes en conflicto con la ley
penal, quienes cada día aumentan en nú-
–229–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
mero, al igual que la gravedad de delitos
que cometen y las estrategias utilizadas,
por lo cual se han convertido en el látigo
de la sociedad que los ha marginado;
pues, la sociedad les ha negado desde
antes de nacer, el derecho inalienable
al goce de su dignidad humana; de esta
manera se ve implicada directamente
en el círculo vicioso de la delincuencia
juvenil, participación que analizaremos
con detenimiento.
2. El papel de la sociedad: la formación
del carácter en el ser humano
En general puede decirse que ser
niño, niña o adolescente en Guatemala es
sinónimo de riesgos, de sufrimientos, de
violación a los derechos fundamentales
contemplados en la Convención sobre
los Derechos del Niño; esto nos lleva a
pensar en la importancia de la formación
del carácter del ser humano. De acuerdo
con Rubenstein, 2 los rasgos del carácter
son las características esenciales del
hombre, de las cuales se derivan con determinada
lógica e interna consecuencia,
una cierta línea de conducta. Esta forma
está determinada por los motivos en los
cuales se basa la conducta, por eso son
importantes las experiencias y el medio
que rodea al ser humano, pues la relación
del hombre con el ambiente que le rodea
se expresa en los motivos y se manifiesta
en sus actos; dicha relación se fija por
éstos y se convierte en costumbre. El
carácter se forma en la actividad práctica
del hombre, en las acciones y los actos
que ejecuta. Deriva del modo de vida del
ser humano y sólo secundariamente, se
refleja en su modo de pensar.
Así es que, si tenemos niños, niñas y
adolescentes maltratados y violentados
por otros seres humanos y su entorno,
¿nos asiste la solvencia moral para pedir
una niñez y juventud sana, propositiva
y emprendedora, o como diría García
Méndez, existe la necesidad de desarrollar
una nueva cultura, una cultura
de la tolerancia, que nos significa el
duro aprendizaje de convivir con la
diversidad; es mucho más profundo
cuando refiere que los comportamientos
socialmente indeseables, pero sin llegar
a constituir una infracción penal, pue den
y en muchos casos deben, ser objeto de
políticas específicas, pero eso sí, despojadas
absolutamente de contenidos de
carácter coercitivo.
En este orden de ideas, ¿no será que
nuestra labor debe ir encaminada a realizar
un trabajo preventivo, educativo y
de respeto a los derechos de la infancia
y adolescencia, sería equivocado que
2 S. L. Rubenstein. Principios de psicología general. (México: Grijalbo, 1967).
–230–

UNA MIRADA A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA. SUS DERECHOS Y LA VIOLENCIA
para disculpar las malas acciones de
un individuo, se haga hincapié en que
éste ya poseía su carácter, como si éste
fuera fatalmente predeterminado. Pues
el carácter se forma según la ideología
y filosofía, según las convicciones y las
costumbres de la conducta moral que
el individuo observa, así como por las
acciones y los hechos del hombre y las
condiciones vitales que lo rodean.
Además, la sociedad colabora en la
formación del carácter de sus pobladores
y sobre ella debe recaer toda la responsabilidad
del producto final; no se trata
de señalar culpables, pero sí de acep tar
responsabilidades y de trabajar conjuntamente,
lo cual sólo puede lo grar se
desde la plataforma de la comprensión
del fenómeno que nos ocupa; en este caso,
la génesis de la violencia juvenil y sus
consecuencias, a la luz del incumplimiento
de los derechos humanos de la niñez
guatemalteca, específicamente.
En tal sentido es imprescindible un
abordamiento multidisciplinario, para
que cada ciencia aporte lo suyo, pues
la violencia que está presente en la cotidianidad
guatemalteca no es producto
de la casualidad sino de la concatenación
de hechos y contextos que han creado
y fomentado actitudes y acciones que
rechazamos desde todo punto de vista,
pero que al mismo tiempo permitimos
y recreamos con nuestra actitud pasiva
y permisiva. Por eso, debemos enfatizar
en la forma como nuestra sociedad está
construyendo el tipo de personalidad y el
perfil del ciudadano, que paradójicamente
estamos rechazando de antemano, por
lo cual es preciso hablar de los aspectos
psicosociales que intervienen en este
fenómeno, esto nos permitirá tener una
mejor comprensión de la razón de ser
de la violencia juvenil, como respuesta
a las frustraciones y vejaciones sufridas
en la niñez.
3. El papel de la frustración y de la
agresividad social en el desarrollo
del niño, la niña y el adolescente
De acuerdo con Pancheri, 3 los conceptos
de frustración y de agresividad
constituyen modalidades normales de
desarrollo y de expresión de la personalidad.
En condiciones de desarrollo
normal, el individuo plasma su personalidad
adaptándose a las reglas que le son
transmitidas y haciendo suyos los valores
del propio grupo cultural o social.
¿De qué valores y de qué reglas estamos
hablando en un contexto como el guatemalteco,
donde la corrupción campea y
la impunidad llegó para quedarse, en un
lugar donde somos valorados por lo que
3 Paolo Pancheri. Manual de psiquiatría clínica. (México: Trillas, 1978).
–231–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
tenemos y representamos, más que por
quienes en realidad somos Según Pancheri
pueden presentarse casos donde se
presente un conflicto entre sistemas de
valores propios de determinado grupo
y el sistema de valores que el individuo
se ha dado a sí mismo para compensar
desequilibrios; esto explica contundentemente
el caos social en el cual nos
encontramos en la actualidad.
Según lo anotado en Pancheri, en el
caso de la niñez y juventud es fácil comprender
cómo este período de acomodación
generacional y de revalo ración, no
está siendo adecuadamente guiado o no
ha contado con el suficiente acompañamiento
de los padres de familia, los maestros,
los políticos, los gobernantes y de
todos y cada uno de los integrantes de esta
sociedad. El resultado de esta situación es
un producto final que no llena la calidad
total esperada en este caso, individuos
que pueden manifestar comportamientos
agresivos hacia sí mismos, hacia quienes
los rodean o hacia la estructura social del
grupo a donde pertenecen. De tal manera
que será necesario que continuemos preguntándonos
las razones del incremento
desmesurado de la violencia cometida
por niños, niñas y jóvenes... ¿no es esta
la recreación del contexto social que les
rodea y que impunemente atenta contra
su dignidad
Para abordar el fenómeno de la violencia
juvenil, es necesario referirnos
a la adolescencia; este período es un
proceso de desarrollo que viene de la
niñez y prosigue hasta la edad adulta;
puede definírsela por límites de edad,
por cambios físicos y anatómicos, por
cambios en la conducta social y por
cambios en el yo, que conforma su estructura
psíquica.
Según la edad, puede definirse como
el período comprendido entre los 12
a los 18 años. Durante este período se
presenta en el individuo multiplicidad de
cambios físicos conocidos como signo
de crecimiento de la pubertad. Socio culturalmente,
la adolescencia se define
como el período durante el cual la conducta
social del niño, se transforma en
conducta social del joven adulto. El niño
dependiente se convierte en un adulto
independiente. El niño cuyo principal
interés es el juego, llega a ser el adulto
cuyo principal interés es el trabajo. De
acuerdo con esto, la adolescencia di fiere
de una sociedad a otra, de una clase
social a otra y dentro de una misma sociedad,
porque la conducta social de los
jóvenes de una misma edad varía según
las clase social a que pertenece.
La adolescencia es un período de
aprendizaje de los papeles y normas del
adulto y cada niño aprende los de su grupo
social, aunque a menudo, imperfectamente.
En resumen, es la cultura y no la
biología la que explica la mayoría de estas
diferencias.
–232–

UNA MIRADA A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA. SUS DERECHOS Y LA VIOLENCIA
Con base en lo anotado, podemos
concluir en que toda la vida estaremos
ajustando nuestro comportamiento a
las expectativas sociales. Hagamos un
alto y reflexionemos sobre cuáles son
las expectativas que como sociedad
tenemos de nosotros mismos; ¿cuántas
veces nos hemos visto al espejo y hemos
podido decir de nosotros mismos,
que somos emprendedores, victoriosos
en la batalla que confrontamos con la
globalización, la tecnología y el desarrollo
del conocimiento científico que
dicho sea de paso, no ha contado con
suficiente apoyo financiero por parte del
Estado, entre otras cosas. No será acaso
que los niños, niñas y adolescentes que
se han agrupado para cometer actos
reñidos con la ley, se han convertido
en el resultado de la profecía que se ha
cumplido...
En consecuencia, si la socialización
también es el proceso modelador
y creador por el cual la cultura del grupo
se transmite al niño y, por el cual
el sentimiento y el comportamiento
individual mudan progresivamente, de
acuerdo con los valores importantes
para la sociedad, ¿quiénes debemos ser
señalados, cuestionados y perseguidos
por nuestras propias conciencias, antes
de señalar, cuestionar y crear leyes que
se traducen en acciones aún más violentas
de las ya presentadas por la niñez
y juventud Algunas de estas acciones
violentas son la ley antimaras, la limpieza
social, encubierta tras el mensaje
de “ajuste de cuentas” y tantas otras
me didas adoptadas por los gobiernos;
mismos que se muestran impotentes
ante el flagelo de la violencia padecida
por los países tercermundistas, y
como resultado se encuentran creando
y recreando nuevas violaciones a los
derechos del ser humano.
Por lo expuesto anteriormente, es
salu dable evitar al máximo el abordamiento
del fenómeno de la violencia
cometida por la infancia y adolescencia,
con el aumento máximo de las
sanciones contra los hechos cometidos
por ellos, como se ha venido haciendo
hasta el momento y aun más, pidiéndolo
a gritos. Sin embargo, hasta el
momento no se ha presentado una estrategia
integral de abordaje en el tema
de niñez y adolescencia, que incluya
una postura más comprensiva y humana
del fenómeno de la violencia, para
crear los vínculos entre la sociedad, el
individuo y el ciudadano que queremos
formar, con la participación de todos
los sectores representativos de nuestra
sociedad.
4. La sociedad y su influencia
en la ciudadanía
El niño es una criatura de la sociedad
desde su nacimiento y está constantemente
influido por la manera de vivir de
la gente que lo rodea. Sus experiencias
–233–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
sociales son decisivas en la formación
de su comportamiento e influyen directamente
en su desarrollo personal y
social. 4
La forma como un niño piensa y
habla, cómo expresa sus emociones y
se comunica con otras personas; todos
esos son comportamientos aprendidos y
su enseñanza es un resultado de la interacción
social. Como puede notarse, la
visión presentada en este artículo sobre
el fenómeno de los actos violentos que
comete la niñez y juventud, sus motivos
y sus fines, es más integral. A continuación,
en el recorrido por el valladar
del aprendizaje social del ser humano,
destacan: el proceso general del aprendizaje
social o de socialización, pues la
sociedad a través de sus agentes (padres,
profesores y otras personas) actúa para
socializar al niño y fomentar la formación
de lealtades sociales o la expansión
del horizonte del niño.
Conforme el niño va creciendo se
convierte en el ciudadano de la comunidad
local, del Estado, de la nación y del
mundo. Estos procesos son paralelos:
por un lado, la socialización que tiende
a hacer de cada individuo un hombre
competente de un grupo pequeño y
definido y, por otro lado, la expresión
social que quiere hacer de él un miembro
competente y de grupos cada vez
mayores.
Cuando fallamos en este intento, somos
precisamente nosotros, los padres,
los maestros, los clérigos, los políticos
y todos aquellos que conformamos las
redes de apoyo más cercanas a los niños
y adolescentes, quienes debemos evaluar
nuestro quehacer, pues no somos un
país en donde acostumbramos evaluar
nuestras acciones.
Pero prosigamos esta mirada al
fenómeno de la delincuencia y preguntémonos
¿qué papel juega la frustración
a la que son sometidos, a tan temprana
edad, los niños, las niñas y los adolescentes
guatemaltecos..., ¿qué clase de
ciudadanos estamos formando
Se espera que los jóvenes al final de
la adolescencia asuman mayores responsabilidades
para el bien de su comunidad
y de su nación; también se espera que observen
una conducta acorde a las reglas
y costumbres imperantes. Aunque se
encuentran lejos de ser ciudadanos formados
con una filosofía política y social
desarrollada y con plenas responsabilidades
físicas, se espera que su conducta
procure alcanzar las siguientes metas:
4 Robert Havighurst. Psicología social de la adolescencia. (Washington: Unión Panamericana, Secretaría General
de la Organización de los Estados Americanos).
–234–

UNA MIRADA A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA. SUS DERECHOS Y LA VIOLENCIA
orgullo cívico, comprensión de las responsabilidades
ciudadanas y altruismo
social. De acuerdo con Havi ghurst 5 la
negación del civismo es la delincuencia;
este grupo de jóvenes generalmente
rechaza las costumbres y las normas de
su sociedad y se niega a cumplir sus deberes
cívicos. Generalmente, crece con
una experiencia de continua frustración
y fracaso ocasionada por quienes en esos
momentos representan a la sociedad.
Como la sociedad los ha castigado
de diversos modos y no han experimentado
recompensa por la buena conducta,
crecen sin respeto ni amor por la sociedad
y sus normas. Estos disturbios de la
personalidad pueden adquirir la forma
de conducta criminal agresiva, o pueden
llevarlos a un mundo de ensueño, donde
permanecen fuera de contacto con
la realidad. Lo cual puede fácilmente
comprobarse al preguntar a los niños y
adolescentes el por qué de sus actos; sus
motivos carecen de toda lógica.
La causa de la delincuencia juvenil
se debe más a desajustes dentro de la
estructura social que a inadaptación
personal. Son jóvenes sin un desarrollo
satisfactorio, debido a las deficiencias
de su vida en la familia, la escuela y el
vecindario. Por lo cual la comprensión
afectuosa de los problemas de cada
muchacho, el apoyo moral y la racionalización
de la conducta son procedimientos
fundamentales para la ree du cación.
En esta situación, el sistema ree ducativo
se dirige a formar una personalidad
armónica, estable y productiva, en donde
se reintegre, reestructure y formen
los valores individuales y sociales de
la persona, dentro de un contexto que
facilite el apoyo social y provea la satisfacción
a las necesidades básicas del
ser humano.
5. La génesis de la delincuencia juvenil:
la delincuencia como producto de
condiciones sociales
Como hemos visto, es imposible
com prender el problema de los actos
violentos cometidos por niños, niñas
y ado lescentes en la actualidad, si no
se tienen en cuenta aspectos sociales,
el ambiente familiar y la organización
propia de la personalidad del delincuente.
A continuación se describen algunos
de ellos.
5.1 Factores sociológicos
Se ha considerado que la delincuencia
es el producto de condiciones
sociales, por lo cual podría afirmarse que
el niño delincuente es un niño normal,
5 Ibídem.
–235–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
víctima de causas accidentales externas;
argumento ya abordado ampliamente.
En Guatemala, es alta la frecuencia
de los actos delictivos cometidos por
grupos juveniles en las zonas urbanas
y era poco frecuente en las zonas rurales.
Actualmente, esto ha cambiado en
forma notable; probablemente se deba
a las nocivas consecuencias de orden
económico, social y psicológico de la
urbanización y de la industrialización,
que acarrearía una gran complejidad en
la vida de los individuos; asimismo, se
ha atribuido una gran importancia a la
movilización de las masas de población
que, por razones económicas, pueden
traer consigo modificaciones de las
normas de vida y, como consecuencia
de desadaptación social. También puede
considerarse de capital importancia la
influencia de la televisión, de la radio,
de la prensa y del cine. Estos medios
de información visual y audiovisual,
presentan constantemente actos delictivos
y muestran a menudo la impunidad
del acto delic tuo so; estas condiciones
pueden repercutir en una tendencia
a la delincuencia; ya sea en razón de
un mecanismo de imitación o, porque
dan carácter de realidad a una parte de
nuestra vida fantasiosa y de nuestros más
profundos instintos.
En consecuencia, no sería conveniente
emplear castigos en la lucha contra la
criminalidad, sería mejor tomar medidas
que no se dirijan contra la acción, sino
contra la persona que cometió la acción,
con esto se deja claro que se está sancionando
la falta cometida contra la sociedad
o una acción inmoral.
Volvamos al punto de partida y retomemos
la importancia de las medidas
preventivas, educativas y de rehabilitación
que han sido consideradas en
la Convención sobre los Derechos del
Niño; a pesar de estar en vigencia los
planteamientos de la Convención a través
de la Ley de Protección Integral de
la Niñez y Adolescencia y su reforma; se
está abordando esta problemática desde
la óptica de medidas arbitrarias e incongruentes
con el espíritu de la misma,
pues no se ha logrado responder a las demandas
de atención en salud, educación,
vivienda, seguridad alimentaria, es decir,
respetar los derechos de la niñez ya que,
finalmente, debe prevalecer el interés
superior por los niños y las niñas.
También es conveniente caracterizar
al delincuente, quien –de acuerdo con
Ajuria Guerra– es autor de actos delictivos
sólo ante la ley, pero no desde el
punto de vista psicológico. Hay que
diferenciar entre Estado y proceso, entre
delincuente reincidente y delincuente
que incurre en delito por primera vez
y entre antisocial y asocial. En la palabra
antisocial se ve la actividad o el
comportamiento contra la sociedad; un
actuar contra las leyes y los derechos
–236–

UNA MIRADA A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA. SUS DERECHOS Y LA VIOLENCIA
naturales de los demás. Mientras que lo
asocial es la indiferencia, la negligencia,
es pobreza de sentimiento; ningún
sentimiento a favor o en contra de los
demás, ni tampoco contra sí mismo. Son
términos opuestos.
De mayor significación es la historia
de la vida de los delincuentes reincidentes,
quienes lo son por reacción,
insubordinación o terquedad; es decir, lo
contrario de indiferencia; generalmente
actúan para vengarse de una injusticia
real o imaginaria, como reacción contra
una humillación o una ofensa. No se
comportan asocialmente, sino antisocialmente,
diríamos entonces que son
criminales más por las pérdidas sufridas
que por el deseo innato de dañar a los
demás.
Existe, sin duda, al lado de estos
reincidentes obstinados, otros delitos
aislados que se pueden comprender
como una reacción por la historia de la
vida, como una solución de un conflicto
intrapsíquico o interhumano; y, entonces,
es natural la conclusión de que no es
culpable el criminal, sino la sociedad.
¿Son delincuentes innatos Definitivamente
no, pero según el análisis
realizado, con base en el carácter que se
ha ido conformando, sí quieren ser criminales
y lo son con gusto, pero pueden
al final de sus vidas, si no son asesinados
por sus congéneres, volver a desempeñar
el papel de hombres honrados. Se debe
enfatizar en que no son criminales natos,
pero se han hecho delincuentes, y el
carácter, la vivencia y el medio les han
facilitado verse envueltos en la maraña
de la violencia, ejercida contra sí mismos
y hacia la sociedad.
5.2 Plano sociocultural
En relación con el plano sociocul
tural, con frecuencia proceden de
hogares cuyos miembros tienen una
inteligencia relativa o limitada y ofrecen
poco afecto, estabilidad, moralidad. Sus
padres son, generalmente, incapaces de
ser ejemplares y protectores (según la
teoría psicoanalítica), modelos de emulación
en la identificación de un superego
lógico y equilibrado y socialmente
normal en el momento de la formación
del carácter. 6
Es posible describir esquemáticamente
un tipo de delincuente, pero un
acto delictuoso puede ser realizado
por personalidades de tipo diverso.
Por esta razón, un cierto número de
autores han descrito muchos tipos
de personalidades delincuentes: unos
partiendo de las peculiaridades de la
6 Ibídem.
–237–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
actividad delictiva, otros del modo de organización
psico social del medio donde
el niño se desarrolla y otros utilizando
los dos métodos a la vez: descriptivo y
patogénico.
R. L. Jankins señala diversas categorías
de delincuentes: los ocasionales,
los pseudosocializados, los que sufren
perturbaciones de la personalidad y los
asociales. Los ocasionales poseen personalidad
esencialmente normal, ellos
tienen poca necesidad de ser reeducados;
los pseudosocializados, cuya socialización
se ha producido en el seno del grupo
delincuente. Y finalmente, el grupo de
los que tienen perturbaciones de la
personalidad, cuyo tipo de comportamiento
delic tivo está, en cierto modo,
interiorizado. El grupo de los asociales,
que es el más perturbado, comprende los
casos más difíciles de tratar y son quienes
corren el riesgo de convertirse en
adultos aso ciales psicópatas perversos.
Los tipos de separaciones familiares son
tan diversas y su influencia es tan diferente
para cada edad que es imposible
generalizar.
Por otro lado, A. M. Jhonson describe
dos categorías de delincuentes: el
individual y el sociológico. Este último
caso posee una ideología compleja que
puede estar relacionada con un abandono,
sufre falta de educación válida, con
ejemplos de con tagio antisocial, etc. El
caso del delincuente individual sería
fácilmente com prensible si se hiciera
referencia a la inmaduración psíquica
de los padres. En el caso de estos niños,
se trata del con flicto intrasíquico, con
falta de formación del súper ego y en
particular de algunos aspectos sociales
y morales, poco desarrollados en sus
mismos padres.
Las siguientes circunstancias de la
infancia parecen estar especialmente correlacionadas
en los delitos juveniles:
• Rechazo o falta de seguridad en el
hogar.
• Los demás esperan hostilidad de
parte del individuo.
• Contacto con modelos antisociales
dentro del hogar o fuera del mismo.
• Falta de apoyo para su desenvolvimiento
social en la escuela.
• Presiones antisociales de sus compañeros.
• Malas condiciones físicas y económicas
en el hogar o en el vecindario.
Los delincuentes a menudo se dividen
en tres subgrupos principales: los
socializados subculturalmente, los no
socializados, los psicopáticos y los si co -
ló gica mente trastornados. Nos referiremos
al primer subgrupo porque des de
nuestro punto de vista, en esta cate goría
puede encajar el gran porcentaje de la
población infanto juvenil gua te mal teca
de bido a las carencias sufridas por este
grupo desde muy temprana edad. Debe
–238–

UNA MIRADA A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA. SUS DERECHOS Y LA VIOLENCIA
tomarse en cuenta a Powell, 7 para quien
la personalidad de los delincuentes
socializados sub cul turales no parece
diferir marcada mente de los no delincuentes.
La situa ción en que crecieron,
las actitudes paternales, el barrio donde
vivieron y las presiones de sus compañeros
ejerció una influencia notable sobre
sus delitos.
Por otro lado, es importante analizar
la adolescencia como un período de cambios
críticos en la relación del individuo
con su ambiente, es cuando se ponen a
prueba las posibilidades adap tativas y
mediatizadoras del yo. D. Elkind resalta
la capacidad de introspección; el adolescente
puede autoexa minarse y comparar
mejor las actitudes ajenas sobre sí. Los
aspectos inadap tativos se van desvaneciendo,
conforme el adolescente participa
en grupos de amistades y tareas como
el estudio y el trabajo, que le permitan
reconocer y aceptar las limitaciones
propias y ajenas, y aprovechar mejor los
nuevos instrumentos a su alcance.
P. Furter señala que en la vida moral
del adolescente:
a) La ausencia de la adolescencia
como situación existencial provoca
el fracaso de la conducta moral del
individuo, es decir, ésta constituye
la condición de la autonomía moral
del adulto.
b) En este período la existencia entera
plantea problemas morales, la
existencia juvenil en su totalidad es
un problema moral. El adolescente
comienza a definir su estilo de vida
según su marco de referencia que
incluye metas o ideales, así como
medios para evaluar su conducta
y comprender la realidad que lo
circunda.
Todo lo mencionado, evidencia la
importancia del contexto y del apoyo
social en el desarrollo de las diversas
etapas de la vida del ser humano y, la
forma como se entrecruzan aspectos
sociológicos, psicológicos, económicos,
políticos y culturales para explicar la
razón de ser del delincuente subcultural.
Este se distingue por la existencia de
varias de las siguientes formas de comportamiento:
actúa en pandillas, andan
en malas compañías, comete robos con
cómplices, falta a la escuela de manera
habitual. Muchos de ellos proceden de
hogares donde predomina la negligencia
y el ambiente los expone a las in fluencias
de delincuentes. Cada niño logra sentirse
seguro a través de su iden tificación con
un grupo del que re cibe apoyo.
7 Marvin Powell. La psicología de la adolescencia. (México: Editorial Fondo de Cultura Económica, 1994).
–239–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
El trastorno del comportamiento
puede resultar del esfuerzo para obtener
una satisfacción que no recibe
del hogar. También puede resultar de
sentimientos de incompetencia o inferioridad,
es decir, un esfuerzo del niño
para producir en sí mismo la sensación
de ser valiente y superior, mostrando
a los demás su independencia a través
de una conducta agresiva y molesta.
En otros casos el trastorno surge como
consecuencia de un deseo de ser castigado,
que se crea en respuesta a intensos
sentimientos de culpa.
6. Una pregunta sin respuesta: ¿por
qué los adolescentes quebrantaron
la ley
En un esfuerzo por contestar esta
pregunta, los investigadores de la Universidad
de Michigan entrevistaron a
más de 800 muchachos adolescentes
que vivían en una zona de alta delincuencia
(Institute for Social Research,
1974). Según este estudio, los jóvenes
que tenían problemas con la ley se
distinguían porque eran jóvenes más
pesimistas que los otros; los resultados
indicaron que los delincuentes y
los no delincuentes tienen diferentes
percepciones del mundo y del futuro,
podría esperarse que las perspectivas
de los no delincuentes serían más
amplias que la de los delincuentes.
Estos resultados indican el papel de
las perspectivas futuras en el proceso
de socialización. Los adolescentes
más socializados tienden a aceptar en
mayor grado los valores y las metas de
la sociedad, en comparación con los
adolescentes menos socializados.
Para ilustrar mejor la magnitud del
problema de la delincuencia juvenil
y para hacer evidente la antigüedad
de las alusiones a este tema y vislumbrar
la manera cómo se mantiene esta
constante en la agenda de problemas
nacionales, es propicio mencionar
la publicación hecha en un diario de
circulación nacional de fecha 25 de
mayo de 1997 donde se anota: “Maras
atemorizan en todos los estratos sociales.
De simples robos, los mareros han
pasado a asesinatos y secuestros, advierte
Fiscal”. Asimismo, se entrevista
a una fiscal de menores del Ministerio
Público y se le pregunta: ¿Qué programas
ree duca ti vos existen para atacar
el problema, ella responde que no se
cumple a ca ba li dad con lo mandado
por la ley, debido a la ausencia de
recursos, pues sólo se cuenta con dos
centros con talleres pa ra la atención
de los menores transgresores.
También se señala: “la mayoría de
acciones que se han tomado para este fenómeno
son encaminadas al exterminio
y poco a la rehabilitación. Es importante
crear programas educacionales... Grupos
de reflexión en los que el joven pueda
–240–

UNA MIRADA A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA. SUS DERECHOS Y LA VIOLENCIA
expresarse y asumir la responsabilidad
de su vida”.
Dentro del artículo mencionado se
incluye un anexo con información de
todos los departamentos, el cual permite
comparar la información de la población
capitalina entrevistada, en donde el 99%
señala que las acciones de las pandillas
afectan o atemorizan a la sociedad en
general.
Este artículo refleja la conceptualización
de violencia de Galtung,
citado en García Méndez, 8 que dice:
“la violencia es como la causa de la
diferencia, entre realidad y potencialidad”.
Nos muestra cómo una realidad
llena de de sigualdad, pobreza, injusticia
e inseguridad hace la diferencia entre
una niñez y juventud, con salud, educación,
vivienda y, en fin, en pleno goce
de sus derechos, y es que la pobreza se
traduce en la negación de los derechos
humanos, pues de acuerdo con el informe
Guatemala, una Agenda para el
Desarrollo Humano 2003, en nuestro
país solamente 4 de cada 10 niños que
entran a la primaria terminan el tercer
año y sólo 3 son promovidos del sexto
grado; mientras que en los ciclos de
educación básica y diversficada, la
cobertura no alcanza ni la tercera parte
de los jóvenes que deberían asistir. Esta
situación se produce en el área rural y
en el caso particular de las niñas.
Cuando hablamos de potencialidad,
estamos adentrándonos en el contro versial
tema del desarrollo humano; éste
ha sido definido en el informe ya mencionado
como un proceso de fortalecimiento
de las capacidades humanas, para
ampliar las opciones y oportunidades de
manera que todas las personas, sin exclusión,
puedan vivir una vida de dignidad
y valor. Este tema ocupa una posición
determinante cuando se trata de niñez y
de juventud, pues debemos proveer estas
oportunidades ya que en la actualidad,
en el tema de salud, Guatemala sigue
presentando una de las situaciones más
precarias de América Latina. En el país
predominan las enfermedades infecciosas
y nutricionales, que por supuesto,
afectan en primer término a la niñez y
juventud, dentro de un sistema que no
distingue las necesidades específicas de
mujeres y de hombres, a lo largo de todas
las etapas de su ciclo de vida y, en donde
se calcula que un 20% de los habitantes,
no tiene acceso a ningún tipo de apoyo
en este tema.
Esta situación nos permite referirnos
a la violencia latente, caracterizada por un
grado tal de inestabilidad en la situación
actual, capaz de producir de inmediato
8 García Méndez, Op cit.
–241–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
una disminución del desarrollo de las
actuales potencialidades de la niñez y
adolescencia, que se encuentra inmersa en
un contexto frustrante y violento. García
Méndez 9 identifica la violencia estructural,
en donde las causas de la diferencia
entre realidad y potencialidad son parte
de la fisiología y no de la patología del
funcionamiento del sistema social. Por
lo cual, la mejor salvación que podemos
ofrecer a la niñez y adolescencia guatemalteca,
es la inversión que como sociedad
realicemos en el respeto a los derechos
económicos y sociales, llamados de
segunda generación. Sin embargo, estos
derechos cobran mayor vigencia cada
día, cuando su incumplimiento conduce
a la pérdida de la dignidad humana y al
derecho de alcanzar el desarrollo humano
basado en la equidad, la justicia y la
seguridad; es posible, tal como lo señala
Ajuria Guerra, 10 que exista la necesidad
de una nueva definición de juventud y de
cambio radical de los medios de educación.
Si queremos intentar el desarrollo
de la nueva juventud, debemos estudiar
con cuidado y señalar claramente aquellos
patrones que provocan conflictos
de interacción social, como la violencia
juvenil.
Ahora bien, el reto es la prevención
de la delincuencia, si no iniciamos hoy,
¿cuándo; si no lo hacemos nosotros,
¿quiénes y si no es aquí, ¿en dónde
7. Políticas y acciones a favor de
la niñez y la juventud. Resumen
del Preámbulo de la Convención
sobre los Derechos del Niño
Las Naciones Unidas han proclamado
y acordado en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y en
los pactos internacionales de derechos
humanos, que toda persona tiene todos
los derechos y libertades enunciados
en ellos, sin distinción alguna, origen
nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición.
Así también la Declaración Universal
de Derechos Humanos y las Naciones
Unidas proclamaron que la infancia tiene
derecho a cuidados y asistencia especiales
y, se reconoce que el niño, para
el pleno y armonioso desarrollo de su
personalidad, debe crecer en el seno de
su familia, en un ambiente de felicidad,
amor y comprensión, considerando que
el niño debe estar plenamente preparado
para una vida independiente en
sociedad y ser educado en el espíritu de
los ideales proclamados en la Carta de
las Naciones Unidas y, en particular, en
9 Ibidem.
10 Ajuria Guerra, Op. cit.
–242–

UNA MIRADA A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA. SUS DERECHOS Y LA VIOLENCIA
un espíritu de paz, dignidad, tolerancia,
libertad, igualdad y solidaridad.
Es prioritario que el Estado de
Gua temala garantice el acceso a la justicia,
como un factor determinante en
el desarrollo de una cultura de respeto
a los derechos humanos, basada en el
principio de igualdad ante la ley, para lo
cual deberá cumplirse con los tratados
internacionales, la Constitución de la
República y los Acuerdos de Paz, en
los ámbitos social, laboral, ambiental
y cultural, en el que se establecen las
relaciones sociales de la población.
Es imprescindible esforzarnos por
alcanzar una convivencia dentro de un
verdadero Estado de derecho, que garantice
el respeto a la ley y proteja los derechos
humanos; donde se privilegien las
políticas de desarrollo social dirigidas a
la niñez y juventud. Se debe reconocer
que en Guatemala, como sucede en todo
país en vías de desarrollo, la población
mayoritaria es joven, las personas de
menos de 14 años ascienden al 44.1%
del total, las de menos de 25 años llegan
al 64.7%. De cada diez, seis viven en el
campo; cinco son de origen maya; tres
no saben leer ni escribir; la mitad son
mujeres, probablemente sólo dos han
votado alguna vez; cua tro se encuentran
buscando trabajo y una realiza estudios
universitarios que no es seguro pueda
culminar exitosamente.
De acuerdo con el Informe Guatemala,
el Rostro Rural del Desarrollo
Humano, edición 1999, entre las diversas
modalidades que adopta la violencia
contra la niñez, destaca el maltrato infantil.
Este maltrato es definido como el
daño físico o mental, el abuso sexual, el
trato negligente o soez contra un menor
por parte de la persona responsable directa
o indirectamente, en circunstancias
que indican cómo la salud o su bienestar
sufren serias amenazas o daños. También
se manifiesta en la callejización
de la niñez, como una combinación de
la extrema pobreza, sobre todo en las
ciudades urbanas donde se presenta el
maltrato infantil…
–243–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
CONCLUSIONES
El problema crucial de nuestra realidad
social puede tener dos vertientes:
por un lado, el desconocimiento al
utilizar la información y experiencias
en el proceso de reeducación, revaloración
y reconstrucción de la niñez y la
adolescencia, yendo mucho más allá de
los tradicionales e ineficaces métodos
lega listas represivos, incorporando otras
concepciones menos tradicionales y, por
otro lado, la falta de conocimiento sobre
el uso de nuevos métodos en el manejo
del fenómeno estudiado, pues no hay
propuestas integrales específicas a la
problemática, integradoras de los abordajes
multidisciplinarios, pues hasta el
momento el fenómeno de la delincuencia
juvenil se ha abordado priori taria mente
desde la plataforma legalista y no desde
la comprensión del fenómeno como parte
del proceso del desarrollo humano.
En el caso de la infancia y de la
adolescencia que ha caído en prácticas
violentas y reñidas con la ley, podrían
lograrse, en alguna medida, expectativas
de vida positiva, ya que no todos han
cometido delitos de la misma gravedad.
Además, son seres vivos capaces de
sufrir modificaciones substan ciales a
través de cambios en el ambiente, forma
de relación y aceptación, capacidad de
aprendizaje, de análisis y de reflexión,
basados en paradigmas si no innovadores
al menos generadores de inquietudes
orientadas al cambio de actitudes, menos
dañinas para la misma infancia y adolescencia;
para alcanzar una mejor calidad
de vida, pues al poseer elementos de
juicio para re solver situaciones de una
forma más acertiva se estarán contrarrestando
las consecuencias.
En la actualidad, a pesar de nuestras
carencias, es inimaginable una niñez y
juventud sin apoyos sociales válidos
y nuevas alternativas de desarrollo y
logro personal. Estas carencias son
una de las causas originadoras del
caos social actual, en parte, porque la
estructura social debe experimentar
transformaciones substanciales, lo
cual implica cambios. Estos cambios se
lograrán, únicamente si como sociedad
adoptamos una actitud de respeto por
los derechos más elementales de la infancia
y adolescencia y hacemos de la
Convención sobre los Derechos del Niño
la plataforma sobre la que construyamos
hoy la Guatemala que queremos para
mañana.
Es evidente la ausencia de verdadera
voluntad política para promover
acciones contundentes dirigidas al
sector infantojuvenil, que favorezcan el
–244–

UNA MIRADA A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA. SUS DERECHOS Y LA VIOLENCIA
pleno desarrollo y goce de los derechos
humanos de este sector de la población
guate malteca. Este es un problema de
compromiso moral y ético, puesto que
este no es un grupo poblacional etario
que represente un porcentaje de votos
importante en una contienda electoral.
Es prioritario generar demandas
concretas, con respecto a la inversión
social y, con ellas, estimular un diálogo
más objetivo y consecuente dentro de
la comunidad, y de ésta con las instituciones
públicas y no gubernamentales,
así como organismos internacionales
que ofrecen y gestionan programas de
atención a la niñez y juventud, en donde
el respeto a los derechos humanos sea
la estrategia clave y fundamental de la
nueva dinámica social.
BIBLIOGRAFÍA
1. Ajuria Guerra, J. Manual de psiquiatría
infantil. México: Ed. Masson,
1983.
2. Asamblea Nacional Constituyente.
Constitución Política de la República
de Guatemala, 1985.
3. Código de la Niñez y la Juventud.
Colegio deAbogados y Notarios
de Guatemala, Unión Europea.
Publicado en el Diario Oficial el 27
de septiembre de 1996. Guatemala,
1998.
4. Congreso de la República de Guatemala.
Código de Menores, 1979.
5. García Méndez, Emilio. Infancia de
los derechos y de la justicia. Argentina:
Editorial del Puerto, 1998.
6. Havighurst, Robert. Psicología
social de la adolescencia. 2ª. ed.
Washington: Unión Panamericana,
Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos.
7. Kolb, Lawrence. Psiquiatría clínica
moderna. México: Ed. La Prensa
Médica Mexicana, S.A.
8. Ley de Protección Integral de la
Niñez y Adolescencia y su reforma.
Decreto No. 27-2003.
9. Merani, Alberto. Psicología de la
edad evolutiva. España: Ed. Grijalbo,
1965.
10. Naciones Unidas. Declaración Universal
de Derechos Humanos. 10 de
noviembre de 1948.
–245–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
11. _______________ Convención
sobre los Derechos del Niño. 20 de
noviembre de 1989.
12. Pancheri, Paolo. Manual de psiquiatría
clínica. México: Ed. Trillas, 1978.
13. Powell, Marvin. La psicología de la
adolescencia. México: Editorial Fondo
de Cultura Económica, 1994.
14. Rubenstein, S.L. Principios de
psicología general. México: Ed.
Grijalbo, 1967.
15. Spranger, Eduardo. Psicología de
la edad juvenil. España: Ediciones
Castillasa, 1968.
16. Wyrsh, Jacob. Sicopatología social.
Madrid: Ediciones Morata, 1962.
–246–

INVESTIGACIÓN

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA.
PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS DE ABYA YALA
SOCIOLOGÍA DEL DERECHO
CUADERNOS LASCASIANOS
Ke taal qtxu tx’otx’ (Maya/mam)
A las hijas de la madre tierra
Totonicapán, mi pueblo, doña Rome, mi madre;
Telma, mi esposa y, Natalia, mi nieta.
“Gracias a la vida que me ha dado tanto…”
Violeta Parra

JOSÉ EMILIO ROLANDO ORDÓÑEZ CIFUENTES
Obtuvo el grado académico de licenciado en derecho en la Escuela de
Derecho, Quetzaltenango, Universidad de San Carlos de Guatemala.
Además, es maestro y doctor en sociología por la Universidad Nacional
Autónoma de México. También ha participado en cursos de especialización
en derechos humanos por el Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo
en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas IIJ / UNAM
y también en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede
en San José Costa Rica.
El Dr. Ordóñez se ha desempeñado como investigador titular del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Además, es miembro
de número de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. También,
comisionado honorario de Guatemala, en apoyo a los Acuerdos de Paz y
Contactos y Cooperación a través de las Fronteras. Asimismo, es fundador
y coordinador de las Jornadas Lascasianas sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas IIJ/UNAM, celebradas en México y Guatemala.
Por otra parte, ha sido profesor visitante en universidades de México,
Centroamérica, Colombia, Cuba, Austria, Finlandia, Holanda, España,
Estados Unidos de Norteamérica.

RESUMEN EJECUTIVO
En Guatemala, el denominado “derecho consuetudinario indígena”, no es
aceptado como un sistema jurídico y constituye simplemente, usos y costumbres
en la práctica jurídica oficial.
Sin embargo, los denominados usos sociales, en términos comunes, son el
conjunto de normas para testimoniar el respeto y la deferencia que las personas
se deben entre sí, denominándoseles asimismo como urbanidad.
Los pueblos originarios tienen una serie de mecanismos y procedimientos
para resolver sus conflictos por vías consensuales, reparatorias, restitutivas y
conciliatorias (sistema jurídico). Algunos de tales mecanismos están vinculados
a la espiritualidad. Asimismo, el mundo indígena además de su sistema jurídico,
tiene normas de convivencia social, es decir, sus propios usos sociales.
Al considerar el sistema jurídico y los usos sociales como un universo, es válido
expresar que respetar ese universo, no significa postular su perfeccionismo,
ni olvidar sus errores, tampoco significa idealizar a un pueblo, a su historia o a su
cultura, por el contrario, es preciso que surja un proceso de revisión, mismo que
debe realizarse, en una sociedad como la de Guatemala, como parte de un proceso
democrático, pluralista, tomando en cuenta aspectos étnicos, sociales, culturales,
religiosos, etc.
En Guatemala, el estudio sobre los pueblos indígenas y en particular de su
derecho indígena, constituye una problemática, que se agrava cuando se aborda
la temática de la constitucionalidad de los derechos de los pueblos indígenas a
partir de la vigencia de las normas contenidas en el Convenio 169 de la OIT 1 que
fueron dejadas por un lado, luego que la Consulta Popular para la reforma de
Constitución de 1985, reflejara un rotundo “no”.
1 Organización Internacional del Trabajo.
–251–

El Convenio 169 de la OIT reconoce el derecho consuetudinario indígena con
serias limitaciones, a saber: primero, que es el Estado el que debe aplicar el derecho
consuetudinario; y segundo, que los pueblos indígenas tienen el derecho de conservar
sus propias costumbres e instituciones, siempre que no sean incompatibles
con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con
los derechos humanos internacionalmente reconocidos, agregando que deberán
establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que surjan con motivo
de aplicar tal disposición.
De acuerdo con una investigación realizada en Guatemala, se encontró que el
concepto de respeto sería la expresión que más cerca podría estar de “derechos
humanos”. De tal suerte que el abordaje de los denominados derechos humanos
desde la perspectiva del mundo indígena es diferente y tiene continuidad en sus
aspectos básicos, tales como lo normativo, lo jurisdiccional y lo procedimental.
Para el ejercicio del derecho consuetudinario indígena es necesario instaurar los
principios de autonomía interna, dentro de los cuales se encuentra el diálogo
nacional, la libre autoderminación, así como la regulación y vigencia del pluralismo
jurídico.
–252–

ABSTRACT
In Guatemala, the “indigenous common law” is not accepted as a juridical system;
in fact, in relation to the official legal practice, it simply constitutes a group of
customs.
Nevertheless, the social customs, in usual terms, constitute a group of social
rules which provide for the respect and the deference that persons owe to each other.
They are also known as “urbanity”.
The original peoples have a series of mechanisms and proceedings for solving
their conflicts by means of the agreement, the repair, the restitution and the
conciliation (juridical system). Several of said mechanisms are closely related to
spirituality. The indigenous world, in addition to its juridical system, has its own
social coexistence rules and customs.
If we consider the juridical system and the social customs as a universe, we
could validly say that the respect of said universe does not mean either to defend
its perfectionism, forget its mistakes or idealize a specific people, its history or its
culture; to the contrary, a review process that takes into consideration ethnic, social,
cultural and religious aspects, among others, should necessarily be carried out in the
Guatemalan society as a part of a democratic and pluralist process.
In Guatemala, the analysis of the indigenous peoples and particularly of their
indigenous common law constitutes a problem that worsens when it is related to
the constitutional status of the rights of the indigenous peoples derived from the
provisions of the ILO 1 Convention No. 169, rights which were set aside after the
1 International Labor Organization
–253–

negative results of the popular consultation carried out in Guatemala, which aimed
to support the constitutional amendments.
The ILO Convention No. 169 acknowledges the indigenous common law, but
with serious limitations: in first place, it provides that said law should be applied
by the State; in second place, it provides that the indigenous peoples have the right
to keep their own customs and institutions, provided that they are not incompatible
with the internationally-recognized rights. As well, it provides for the necessary
establishment of proceedings aimed to solve the conflicts that may arise from the
application of the aforementioned provisions.
According to a research carried out in Guatemala, the concept of respect would
be the expression that may result closest to “human rights”. Therefore, the conception
of human rights from the perspective of the indigenous world is different, but
continuous in regard to basic aspects such as rules, jurisdiction and proceedings.
The implementation of principles of internal autonomy such as national dialogue,
free self-determination and the ruling and effectiveness of the juridical pluralism
becomes necessary in order to apply the indigenous common law.
–254–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA.
PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS DE ABYA YALA *
“Lucho porque no quiero que se roben más las
mieles de nuestros panales”
Tupac Amaru
JOSÉ EMILIO ROLANDO ORDÓÑEZ CIFUENTES
En Guatemala, el denominado “derecho
consuetudinario indígena”,
no es aceptado como un sistema
jurídico y constituye simplemente, usos
y costumbres, 2 en la práctica jurídica
oficial. 3
Con un claro sentido peyorativo en
tanto que los denominados usos sociales,
en términos comunes, no son más
que un conjunto de normas para testimoniar
el respeto y la diferencia que las
personas se deben entre sí. El conjunto
de preceptos que rigen este aspecto de
las relaciones sociales constituye la urbanidad,
disciplina, cuyo objeto no es
otro que el de facilitar y hacer agradable
dichas relaciones. Así se dice que la
urbanidad consiste fundamentalmente
en dar al prójimo lo que se le debe y en
no exigirle más de lo que no es debido.
Ni por exceso ni por defecto: esta es
la regla de oro para las relaciones con
nuestros semejantes. Naturalmente que el
mundo indígena, además de su sistema
jurídico tiene normas de convivencia
social, sus propios usos sociales por
ejemplo, cuando entre los pueblos indí-
*
Nombre que en idioma kuna (Panamá) los pueblos originarios adoptaron para el Continente americano.
2 “Uso social es una práctica social uniforme y repetitiva, vigente en un grupo social, que contiene una mínima
obligatoriedad y cuya violación producen una reprobación del grupo. Las costumbres jurídicas exigen la confluencia
de dos requisitos: uno es coincidente con los usos y costumbres sociales: la práctica repetitiva (la repetitio actuum
de los juristas clásicos) pero lo otro es exclusiva de aquellas: la convicción jurídica, es decir, la convicción que
la conducta está registrada por una norma jurídica vinculante (la opinio juris vel neccesitates). Soriano, Ramón,
Sociología del Derecho, España, Ariel, 1997. pp. 231/232.
3 La investigación se realizó in situ en las zonas en donde se dio el conflicto armado en Guatemala después de haberse
signado el Acuerdo de Paz y se contó con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora
del Sector Justicia de Guatemala y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de UNAM en apoyo a los Acuerdos de
Paz en Guatemala y en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT ratificados por México y Guatemala.
–255–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
genas de la orilla del lago de Atitlán se
besa la mano a los mayores o es de mala
costumbre verlos a los ojos; las propias
prácticas sociales en la celebración de
las bodas, sepelios, festividades propias
del lugar etc., es decir, incluyen los
protocolos propios de comportamiento
que son diferentes en ocasiones entre
los propios pueblos étnicos dependiendo
del lugar. 4
Los pueblos originarios tienen una
serie de mecanismos y procedimientos
para resolver sus conflictos por vías
consensuales, reparatorias, restitutivas
y conciliatorias. Algunos mecanismos
están más vinculados a la espiritualidad
como hacer ceremonias dentro de un
procedimiento de “restitución de la armonía
cósmica” rota por una falta o un
incumplimiento. También cuentan con
mecanismos sancionatorios de carácter
“simbólico y material”.
Conformando un universo, lo propiamente
normativo (sistémico jurídico)
y los usos sociales, implica que respetar
“los valores de un pueblo, sus formas
de organización social y su visión del
mundo, no quiere decir olvidar sus
errores y postular un perfeccionismo
que no ha existido en ninguna parte de
la historia humana. No significa idealizar
a un pueblo, su historia, su cultura y sus
luchas”, 5 pero esa revisión debe hacerse
en una sociedad como la guatemalteca,
dentro de un proceso democrático
pluralista, viendo el contexto nacional
no sólo en términos étnicos: ladino,
indígena y garífuna sino también los
demás aspectos sociales y culturales
(religiosos, etc.).
El estudio sobre los pueblos indígenas
y en particular el derecho indígena,
responde a inquietudes no solamente de
carácter académico y el cumplimiento de
los Acuerdos de Paz y en especial en el
Acuerdo sobre identidad y derechos de
los pueblos indígenas.
Lamentablemente la problemática
se inscribe en la escena vigente de la
dominación del colonialismo interno
propuesto por Pablo Gonzáles Casanova
y Rodolfo Stavenhagen para México y
Jean Loup Herbert para Guatemala.
Más grave, es la asignatura pendiente
de la constitucionalidad de los derechos
de los pueblos indígenas, esfuerzos
que se iniciaron en la Constitución de
1945 inspirados en la filosofía política
del constitucionalismo social. 6
4 Larousse. Enciclopedia Metódica No 4. Derecho, México, 1984, pp. 343-348.
5 Menchú, Rigoberta, “Pluralismo cultural para la paz” Diálogo. Publicación trimestral de UNESCO, Caracas, No.
9, Julio de 1993. p. 3.
6 Véase: Marroquín Rojas, Clemente, Crónicas de la Constituyente del 45, Guatemala, Tipografía Nacional, 1970.
–256–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
Cuarenta años más tarde la Constitución
de 1985 nuevamente le da
rango constitucional, dado el emergente
movimiento popular e indígena y de
alguna manera el movimiento armado
que recoge los postulados de los pueblos
indígenas.
Entre las acciones negativas al estado
de derecho, tuvimos en Guatemala la
denominada “consulta nacional” sobre
la constitucionalidad de los derechos de
los pueblos indígenas en donde se votó
por un “no” manipulado por los intereses
etnocráticos ladinos, a las propuestas indígenas
que demuestran la necesidad de
fortalecer la unidad de los indígenas guatemaltecos,
en el manejo de sus asuntos directamente
desde sus bases comunitarias.
La consulta dejó de lado lo que dispone
el Convenio 169 de OIT, ratificado
por Guatemala en la materia, así:
El artículo 6, inc. 1:
a) “consultar a los pueblos interesados
mediante procedimientos apropiados
y en particular a través de sus
instituciones representativas, cada
vez que se prevean medidas legislativas
o administrativas susceptibles
de afectarles directamente,
b) establecer los medios a través de
los cuales los pueblos interesados
pueden participar libremente, por
lo menos en la misma medida que
otros sectores de la población, a
todos los niveles en la adopción de
decisiones en instituciones electivas
y organismos administrativos y de
otra índole, responsables de políticas
y programas que les conciernen.
Establecer los medios para el pleno
desarrollo de las instituciones e iniciativas
de esos pueblos, y en los casos
apropiados proporcionar los recursos
necesarios a este fin: 1. Las consultas
llevadas a cabo en aplicación de este
convenio deberán efectuarse de buena
fe y de un manera apropiada a las circunstancias,
con la finalidad de llegar a
un acuerdo o lograr el consentimiento
acerca de las medidas propuestas.”
El artículo 8.1. “Al aplicar la legislación
nacional los pueblos interesados
deberán tomar debidamente en consideración
sus costumbres o su derecho
consuetudinario”.
Para el caso de sus costumbres,
recordemos que los conceptos básicos
del Convenio 169 son respeto y participación,
respeto a la cultura, la religión,
la organización social y económica y
la identidad propia, esto constituye la
premisa de la existencia perdurable de
los pueblos indígenas y tribales. Participación
en los procesos de elaboración y
puesta en práctica de medidas susceptibles
de afectarles directamente.
–257–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
En la consulta no se hizo (parece)
un acompañamiento adecuado con los
indígenas y resulta necesario, que los
indígenas se pronuncien, marcando ellos
mismos sus propios mecanismos (artículo
7 del Convenio, Primer párrafo).
El abstencionismo a nivel nacional
de la consulta fue, en promedio, del 81%;
por debajo de éste se situaron los Departamentos
del Altiplano Occidental con
población mayoritariamente indígena.
El Artículo 2.l. “Los Gobiernos deberán
asumir la responsabilidad de desarrollar
con la participación de los pueblos
interesados, una acción coordinada
y sistemática como miras a proteger los
derechos de esos pueblos y a garantizar
el respeto a su integridad”.
Los incisos a, b y c de este artículo
también versan sobre la “igualdad de
los derechos y oportunidades...”; “Efectividad
de sus derechos económicos,
sociales y culturales...” y “Eliminar las
diferencias socioeconómicas...”
Al tenor del Convenio 169 de OIT,
el derecho consuetudinario indígena es
reconocido, con serias limitaciones que
deben ser revisadas, así por ejemplo
conforme el artículo 8, se dan dos circunstancias:
La primera: que al aplicar la legislación
nacional a los pueblos interesados
deberán tomarse debidamente en consideración
sus costumbres o su derecho
consuetudinario. O sea, el que debe aplicar
el derecho consuetudinario es el Estado.
La segunda: Que dichos pueblos (los
indígenas) tienen el derecho de conservar
sus costumbres e instituciones propias,
siempre que no sean incompatibles con
los derechos fundamentales definidos
por el sistema jurídico nacional ni con
los derechos humanos internacionalmente
reconocidos y agrega que siempre
que sea necesario, deberán establecerse
procedimientos para solucionar los conflictos
que puedan surgir en aplicación
de este principio.
Luego el artículo 9 pone un candado:
Que deben ser compatibles con
el sistema jurídico nacional y con los
derechos humanos internacionalmente
reconocidos. Esto constituye una seria
limitación, en tanto el sistema jurídico
nacional puede resultar también incompatible
con los avances reconocidos en
materia de derechos humanos internacionalmente
establecidos.
En materia de derechos fundamentales,
encontramos en este artículo del
convenio, una grave contradicción,
cuando per se niega las posibilidades de
la vigencia del derecho consuetudinario
indígena.
–258–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
“Una forma de reconocimiento de
los derechos étnicos y culturales es
el respeto a las costumbres jurídicas
indígenas por parte de la sociedad
nacional y de sus aspectos legales y
jurídicos. En cambio una forma de
violación de los derechos humanos
indígenas es la negación por parte del
Estado y de la sociedad dominante,
de sus costumbres jurídicas, la cual
conduce a la negación de algunos
derechos individuales contenidos en
los instrumentos internacionales”. 7
Por otro lado, excluir al derecho
indígena, al decir de René Kuppe,
es negar los procesos civilizatorios
de los pueblos invadidos de lo que
hoy es América, así:
“La persistencia de las culturas
indígenas fue y es una realidad indiscutible
para los Estados independientes
de América Latina, donde
...los indígenas no han aceptado la
invitación a desaparecer. A pesar de
haber declarado a los miembros de
esas sociedades como ‘ciudadanos
iguales’ frente al sistema del derecho
oficial, las culturas indígenas
han seguido existiendo. Por esto,
las repúblicas se vieron obligadas,
en consecuencia con sus aspiraciones,
a dictar una política activa para
‘integrar’ esas sociedades al sistema
dominante occidental. Así el origen
de un política corruptiva, que tuvo
el propósito de hacer desaparecer los
rasgos culturales específicos de estos
pueblos”.
Y agrega: “En ellas existe un sistema
de orden social, el cual generalmente
funcionaba basándose en principios
muy distintos a aquellos que caracterizan
al estado moderno europeo.
El rasgo predominante de la vida
social es la dinámica de balances y
mecanismos, los cuales no permiten
el establecimiento de centros de
poder estrictamente definidos”. 8
El Convenio 169 de OIT y la visión
oficial de los Estados latinoamericanos
y en general de los operadores de justicia,
parte de la idea que los pueblos
indígenas, construyen su cosmovisión
jurídica con el ideario semiótico de
la expresión derechos humanos, pero
resulta que en su glosario jurídico el
7 Stavenhagen, Rodolfo, “Introducción al derecho indígena”, Cuadernos del IIJ/UNAM, México, núm 17, mayoagosto
1991, pp. 303-317.
8 “Algunas observaciones sobre la relación entre las instituciones indígenas y los derechos humanos” Revista del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de
México, No 10, junio de 1994. pp. 145-159. Este material y otros, presentado en la sesión O8: Rigths of Indigenous
Populations, XIII World Congress of Sociology, 18-23 julio 1994, Bielefeld, Alemania, coordinamos la publicación
con Carlos Villaroel Sandoval.
–259–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
concepto resulta ambiguo, por varias
razones; la primera, como se dice en
Santiago Atitlán (departamento de
Sololá); Santa Eulalia (departamento
de Huehuetenango); Ixchiguán (departamento
de San Marcos); Playa Grande
y Nebaj (departamento de Quiché) en
donde se ubicaron recientemente los
denominados Centros de Justicia, como
proyecto piloto de la Instancia Coordinadora
del Sector Justicia de Guatemala,
que haremos referencia más adelante,
se estima que no sólo los hombres y
mujeres tenemos derechos sino también
la madre naturaleza, es decir, también la
flora y la fauna que es una visión más
integral y que en el derecho de occidente
se refiere a los derechos denominados
de tercera generación.
En búsqueda de una mayor comprensión
en Guatemala, mediante la
investigación Acción participativa con
los pueblos indígenas, se encontró que
el concepto de respeto sería la expresión
que más cerca podría estar del concepto
occidental de “derechos humanos” y así
aparece una especie de inventario enumerado
de lo que se considera el respeto,
el irrespeto y las entidades a quien debe
respetarse. Así, respeto es “mantener la
cultura” e irrespeto la explotación de los
indígenas por los poderosos, el robo
de tierras, inducir a los indígenas al
conformismo (las sectas), la discriminación
y el mal trato de los ladinos; los
ladinos no entienden el tzutujil (Lago de
Atitlán) pero nosotros sí entendemos lo
de ellos... Para el caso de Santa Eulalia,
Huehuetenango, el respeto sólo puede
recuperarse sacando a las PAC (Patrullas
de Autodefensa Civil creadas por
la contrainsurgencia). 9
Tener respeto constituye una idea
sumamente compleja que sintetiza valores,
creencias y contenidos, quien no
respeta no tiene educación y su comportamiento
avergüenza a la familia y
a la comunidad, por eso a los niños se
les enseña a respetar. La actitud del
respeto (sentimiento de veneración),
es una actitud que tiene que ver con
lo sagrado y constituye un concepto
operativo mediante el cual la visión
de la cultura maya tiene de la relación
con los demás elementos de la creación,
según lo pudo apreciar Yolanda
Pastor Cojulum, en su trabajo de tesis
como parte del programa de especializaciones
sobre derecho indígena, que
se realiza en Guatemala, por parte del
Instituto de Investigaciones Jurídicas
de UNAM. 10
9 Véase Solares, Jorge, Derechos Humanos desde la perspectiva indígena en Guatemala, Guatemala, Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, 1995.
10 Condición social y jurídica de la mujer indígena en el departamento de Quiché, Tesis de Licenciatura, Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2001. p. 49.
–260–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
El indígena en su formación parte,
afirma Avendaño Durand, que debe “respeto
a sus leyes, costumbres, creencias,
el respeto a la autoridad, a la familia,
a los ancianos, al pueblo, al templo;
cuando este respeto, esta consideración
se pierde la comunidad piensa que se
está acabando, destruyendo. Un anciano
Tacuate me dijo: ‘cuando este respeto no
existe se muere el Tacuate’; no se expresó
en el sentido de una persona, del individuo,
sino de todo un pueblo, que tiene
sus leyes, su respeto, ese sentimiento de
veneración de lo sagrado que son sus
creencias, sus costumbres, su tradición
jurídica, que representa su identidad,
y al decir se muere el Tacuate nos está
diciendo que se pierde la identidad. Se
pierde el respeto, que para el indígena,
simboliza la autonomía”. 11
El respeto entre los Kaqchiqueles,
es una regla de comportamiento que no
depende de cada persona, sino que ha
sido construido y socializado sobre la
base de un consenso social. Los hombres
más respetados dentro del pueblo
Kaqchiquel, son los que ejercen cierto
poder económico, político, sociocultural
o personas que asumen autoridad en
ciertos espacios sociales. 12
Los pueblos indígenas, se preguntan:
¿Los llamados derechos humanos,
son las disposiciones que vienen de
la ley y lo que hacen los jueces, ministerios
públicos... Y encuentran de
inmediato una contradicción entre el
discurso y la praxis preñada de vicios
por demás conocidos y en donde sobresalen:
el irrespeto, la corrupción y
la impunidad de funcionarios y empleados
que no los comprenden porque
para empezar no conocen sus idiomas,
es decir, su mundo, la otredad étnico
cultural guatemalteca.
Lamentablemente para los indígenas,
hay falta de credibilidad y legitimidad
13 del sistema judicial guatemalteco,
11 Cordero Avendaño de Durand, Carmen, La vara de mando. Costumbre jurídica en la transmisión de poderes,
México, edición del H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, 1997. p. 43
12 Ver Chirix García, Enma Delfina, “Vivencias y sentimientos de la masculinidad Kaqchikeles”en Cabrera Pérez,
Naria Luisa, Macleod, Morna, et al. Identidad: rostros sin máscara, refl exiones sobre cosmovisión, género y
etnicidad maya, Guatemala, Nojib´sa, 2000. “...en lo colectivo; al emplear el término juariano, nos referimos
al Benemérito de las Américas, Benito Juárez, y en especial a su máxima: el respeto al derecho ajeno es la paz.
Ordóñez Cifuentes, José Emilio Rolando, Ensayos sobre la realidad social guatemalteca: economía, derecho,
sociología, Guatemala, 1974. p. 21.
13 Rachel Sieder, sobre el punto señala: “Cualquier sistema de derecho necesita gozar de legitimidad para poder funcionar.
El sistema judicial guatemalteco, si embargo, sufre en este momento una crisis de legitimidad extremadamente
grave, siendo talvez uno de sus eslabones más débiles la construcción de la democracia y la paz duradera. Su naturaleza
ineficiente y discriminatoria contribuye a la permanencia de la impunidad y la falta de acceso a una justicia
mínimamente eficaz para la gran mayoría de la población, con el resultado de que grandes sectores de la población,
y en particular los pueblos indígenas, no tienen confianza en él”. Prólogo en Esquit Edgar e Iván García, El derecho
Consuetudinario, la Reforma Judicial y la implementación de los Acuerdos de Paz, FLACSO, Guatemala, 1998. p. 8.
–261–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
y el incremento de la pobreza dificulta
el acceso a la justicia, el alarmante
crecimiento de la delincuencia y de la
inseguridad pública.
Los sistemas normativos indígenas,
con bases de lo que algunos llaman
“usos y costumbres” son de base muy
antigua pero también en movimiento,
apuntan hacia una visión integral que
busca más conciliación y la armonía
que la represión y la sanción por faltas
o violaciones a la ley.
Por ahora, las reformas y los mecanismos
que se han venido implementando,
entre ellos los Juzgados de Paz
Comunitarios y los Centros de Administración
de Justicia CAJS, más allá
de la buena intención, llevan la justicia
a los lugares pobres, en donde se vivió
el enfrentamiento armando.
El problema sigue siendo la no
aceptación de la cultura indígena y
mucho menos de sus portadores como
seres humanos, persiste la idea, que los
mayas ya no existen, los que quedaron,
digamos que son otros. Aquí justamente,
recojo el pensamiento de Miguel
León Portilla:
“Valiéndonos de la expresión náhuatl
que designa al hombre como:
dueño de un rostro y de un corazón,
podría decirse que la suprema creación
de los seres humanos, su cultura
posee asimismo rostro y corazón
propios. 14
Lo anterior presupone la necesidad
del diálogo intercultural en el campo del
derecho para analizar los puntos comunes
y las diferencias entre los sistemas
normativos indígenas y el llamado
derecho positivo nacional, analizadas
y armonizadas en relación con las autonomías
que piden los indígenas, sin
desconocer los marcos constitucionales
y la necesidad de mantener la unidad
nacional pero en cuanto a los marcos
constitucionales resulta que los mismos
son lamentablemente por ahora insatisfactorios
y no contemplan los reclamos
de los pueblos indígenas, pero que no
tienen que ver sólo con la cuestión del
derecho que se ligan a la justicia, sino
a la democracia, desarrollo y bienestar
social y derechos de las mujeres y de
los niños; pero estos derechos se refieren
no sólo en lo interno en su propio
mundo indígena, sino en lo externo, en
la obligación del Estado de sacarlos
adelante, las coberturas de atención
a la mujer y a los niños, en el campo
de la salud, la educación, la seguridad
social, el acceso a la cultura, etc., son
inexistentes.
14 Antología de Tehotihuan a los Aztecas. Fuentes de interpretaciones históricas, México, UNAM, 1995. p 256.
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RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
En Guatemala, resulta imposible y
menos que romántico un derecho al desarrollo,
superar las serias limitaciones
que anualmente, con más preocupación,
en términos estadísticos, Naciones Unidas,
hablan de desarrollo humano, o a lo
mejor podríamos emplear otros términos
como la geografía del hambre; ese
orden económico de países centrales y
periféricos, la creciente incidencia de
los grupos de presión y la delincuencia
organizada en la comunidades; de la
impagable deuda externa; de los préstamos
internacionales y el pago de sus
intereses. Así, 15 no podemos recurrir al
milagro de la Santísima Trinidad, la iniciativa
privada, Gobierno y burocracia
sindical conservadora. El bondadoso
FMI pide “cristianamente reducir el
gasto público para asegurar el pago de
la deuda externa”.
La lectura del Pop Vuh 16 nos remite
nuevamente a la idea que el primer deber
del ser humano es ser agradecido e implica
también un ideario de justicia y por
eso los primeros hombres, los hombres
de madera no pervivieron.
Desde una perspectiva más reciente,
la de la colonización española y el
colonialismo interno criollo/ladino, el
escritor guatemalteco Carlos Wyld Ospina,
en su novela los Lares Apagados,
apunta otro ideario:
Mex chal guán, toj te rechán le
chooch (No volváis hasta que la tierra
sea vuestra).
De esa suerte, el abordaje de los
denominados derechos humanos desde
la perspectiva del mundo indígena es
diferente y tiene continuidad en sus
aspectos básicos, 17 digamos:
“Modo de vida armónico, autosuficiencia,
altruismo, apego a la justicia,
a la verdad y al trabajo, respeto
por los extraños, cumplimiento de
las obligaciones, disciplina, obediencia
y veneración de los mayores
15 Bair, Peter y Ed. Mc Caughan, México-Estados Unidos. Relaciones económicas y lucha de clases, México, editorial
Era, 1979.
16 Para Adrián Inés Chávez “Pop -Wuj el nombre correcto del libro y la expresión POP significa tiempo y Wuj significa
libro, papel, carta escritura pública y un arbusto aromático. Relacionando las dos explicaciones se concluye que POP
WUH significa “libro del tiempo” o “Libro de acontecimientos” vale tanto como decir “historia del universo”.Véase: Chávez
Adrián I., Pop Vuh. Poema Mito-histórico Kí-chè. Traducción directa del manuscrito. Edición privada del autor, se.sf.
17 “El derecho consuetudinario indígena actual, el que considero que en muchos aspectos sigue vigente, lo encuentro
todavía sin rupturas con su cosmogonía ancestral en sus ceremonias importantes que marcan la vida cotidiana de
estos pueblos indígenas: en sus plegarias, en las ceremonias y rituales de cambio de autoridades, entrega de la
vara de mando, pedimentos hechos por las autoridades en el Año Nuevo, nacimientos, consejos a los desposados,
muertes, fiestas religiosas, en a época de siembra y cosecha, en los momentos difíciles para el pueblo y en el
momento que van a ejercer la justicia”. Cordero Avendaño de Durand, Carmen, La Vara de mando, México, H.
Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, 1977. p. 19.
–263–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
(ancianos, principales del pueblo,
padres, abuelos), no sólo por razones
de Jurídica sino, principalmente, por
ser los educadores y los trasmisores
de nuestra herencia.” 18
Para el caso tomemos tres aspectos
fundamentales que desde la perspectiva
de las demandas indígenas se plantean:
Lo normativo, la jurisdiccional y lo
procedimental:
En cuanto a las normas consuetudinarias
que rigen la vida comunitaria:
Esta normatividad incluye principios,
criterios y valores, vinculados a la
cosmovisión indígena. Regula la vida
social, el orden comunal; la prestación
de servicios y el sistema de cargos
(Derecho Público). El uso, manejo y
transferencia de recursos naturales, las
relaciones interpersonales y relaciones
familiares, como unión conyugal, filiación,
etc. (Derecho de familia) contratos
y otros aspectos (Derecho Civil); el
concepto de “daño social”, normas prohibitivas
y sanciones (Derecho Penal);
contraprestaciones de fuerza de trabajo
(Derecho laboral), contraprestaciones de
bienes; entre otros aspectos.
Ahora bien, resulta forzado, querer
hacer un parangón entre la práctica jurídica
indígena y la nomenclatura que
ponemos entre paréntesis, en la medida
que para el mundo indígena, el derecho
del Estado y que algunos denominan
el derecho de los ladinos y o caxlanes,
viene de la Constitución, está escrita en
los libros (códigos) pero los hombres que
hacen justicia a veces no las cumplen. En
cambio para el mundo indígena, deviene
de la comunidad, se toma en cuenta su
parecer y quienes son enjuiciados también
opinan y contribuyen en la construcción
de la “normatividad” en el caso
concreto. Para algunos hay dos tipos de
justicia, la propiamente terrenal y otra,
la que viene del Supremo creador, en
ese sentido esta interpretación parte de
una “justicia inmanente”, planteamiento
que no es compartido necesariamente
por todos.
En cuanto a las autoridades e instituciones
indígenas constituidas de
acuerdo a sus normas: Las autoridades
indígenas que intervienen en la regulación
de la vida social y en la resolución
de conflictos principalmente son: Alcaldes
auxiliares, y todos los cargos de la
Corporación Municipal, ancianos, principales,
cofrades, comadronas, Aj´Quij
Ab (Guías espirituales), etc.
En el II Seminario Internacional y
Taller de Experiencias sobre Adminis-
18 Pop Caal, Antonio. “Réplica del indio a una disertación ladina” en Bonfil Batalla, Guillermo (Compilador). Utopía
y revolución, México, Nueva Imagen, 1981. pp.153-165.
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RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
tración de Justicia y Pueblos Indígenas,
celebrado en el Centro de Interpretación
de la Naturaleza y la Cultura Maya, celebrado
en Tulun, Solidaridad, Quintana
Roo, México, del 4 al 6 de diciembre
de 2003, dentro de la participación de
la Asociación de Jueces Tradicionales
de Quintana Roo y Tribunal Unitario
Indígena, a la pregunta formulada a uno
de los jueces, quien además es sacerdote
maya, de cómo vinculaba la religiosidad
maya y la práctica de la justicia indígena,
manifestó: “es importante la estima, es
decir que todos debemos estimarnos,
querernos y es lo primero que le digo a
quienes recurren para tratar un asunto y
buscarle solución”.
Las autoridades indígenas se instituyen
por diversos mecanismos que les
dan legitimidad dentro de los pueblos
indígenas (fecha de nacimiento de acuerdo
con el calendario maya, elección,
designación, turno, etapa del ciclo vital,
etc.). Las instituciones indígenas tienen
sus propios mecanismos de creación
y dirección. Los Acuerdos de Paz les
reconocen validez.
En cuanto a los procedimientos y
mecanismos de resolución de conflictos
o formas de administración de justicia:
de acuerdo con la cultura maya, los
pueblos indígenas tienen una serie de
mecanismos y procedimientos para
resolver sus conflictos por vías consensuales,
reparatorias, restitutivas y
conciliatorias. Algunos mecanismos
están más vinculados a la espiritualidad
(como hacer ceremonias) dentro de un
procedimiento de “Restitución de la
armonía cósmica” rota por una falta e
incumplimiento. También mecanismos
coercitivos o sancionatorios de carácter
simbólico y material. 19
Estas prácticas culturales diferenciadas
no obligan a encontrar el asidero
legal al pluralismo político y al pluralismo
jurídico.
La Constitución vigente en Guatemala,
al decir de Jorge Mario García
Laguardia, tiene dos principios básicos:
supremacía constitucional y pluralismo
político y refiere con relación al
pluralismo:
19 Conforme mis investigaciones in situ realizadas en los departamentos de Totonicapán, Sololá, Quiché, San Marcos
y Huehuetenango, en especial en donde se encuentran ubicados los denominados CAJs, Centros de Administración
de Justicia estatal comprobé que estas prácticas, que por demás ofrecen diferencias, no sólo en el ámbito estatal de
lo que podríamos denominar el espacio geopolítico de los llamados departamento, sino también el ámbito de las
propias etnias indígenas han sufrido alteraciones. Como se ha señalado en informes sobre Guatemala en cuanto
a la jurisdiccionalidad indígena en materia de aplicación de su propio derecho, estas se vieron afectadas durante
la lucha armada. Actualmente el narcotráfico, la conquista evangélica fundamentalista, el cuestionamiento de los
propios operadores de justicia y la administración pública estatal dificultan seriamente la vigencia del derecho
indígena que nuevamente se vuelve “subterráneo” una práctica “invisible”, un “derecho clandestino” ante el acecho
persecutorio. Las disposiciones del Convenio 169 de la OIT no se cumplen.
–265–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
“El otro principio es el del pluralismo
político. La estructura social es por
naturaleza heterogénea, como suma de
muchas realidades económicas, sociales,
profesionales, étnicas, que muchas
veces generan intereses contrapuestos.
Un estado moderado de conflicto es
un elemento natural para calificar un
sistema democrático legítimo. Y el
pluralismo significa el reconocimiento
de esa diversidad y la canalización de
su expresión a través de instituciones
intermedias que realicen las funciones
clásicas de articulación y segregación
de demandas sociales, así como su
consiguiente responsabilidad, el
bloqueo de expresión de esos intereses
contrapuestos en un sistema abierto
de competencia, producen un régimen
de exclusión que deviene régimen
autoritario, no importa el signo con
el cual se imponga una fórmula de
convivencia por una minoría a los
demás...” 20
Lo anterior da pie a que la aceptación
del pluralismo jurídico en Guatemala
es importante de legislarlo, como
expresión de un universo mayor, el pluralismo
cultural, en tanto para el caso del
derecho consuetudinario indígena tiene
una existencia real, no obstante la instauración
de circunstancias graves en su
contra, que analizaremos más adelante
y que hemos denominado una suerte de
“etnocidio jurídico”.
Su razón filosófica es claramente
enunciada por Luis Villoro, en lo que
denomina el estado plural, pluralidad
de culturas, cuando afirma que “Dos
ideas forman parte de la modernidad;
ambas derivan del concepto de una
razón universal y única, igual en todos
los hombres y en toda época. El estado
nación es la primera...El progreso hacia
una cultura racional es la segunda idea.
Porque sólo hay una cultura conforme la
razón: la occidental, de raíces griegas y
cristianas; las demás tienen valor como
estadios en evolución hacia esa cultura
superior. Así como la Revelación es una,
así también la Razón sólo puede dar
lugar a una forma de civilización.
Si algo han anunciado nuestros días
es el fin de esas dos ideas. Los nacionalismos
llevaron al mundo al borde de la
destrucción; el secuestro de la razón en
una cultura, al genocidio y la esclavitud.
Es necesaria una nueva visión...” Así
para el Maestro Emérito de UNAM, el
dominador se cree siempre portador de
un mensaje ‘universal’; su revelación
a otros pueblos es, según él, un bien
impagable que justifica con creces el do-
20 García Laguardia, Jorge Mario, Política y Constitución. La Constitución de1985. Guatemala, Procuraduría de
Derechos Humanos, 1993. p. 55 y sigs.
–266–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
minio. La expansión de la única religión
verdadera o de la civilización se puede
presentar como la cara benéfica del colonialismo,
sólo porque se considera de
validez universal. 21
En este contexto, es claro, como
afirmó Claudio Esteva Fabregat, en
su ponencia en las VII Jornadas Lascasianas,
“que es difícil encontrar un
Estado democrático moderno que no
incluya entre sus problemas la cuestión
política de grupos nacionales internos,
territorialmente localizados y específicos,
y también es un asunto corriente
que los Estados americanos tengan
pendiente de resolución el problema de
sus grupos indígenas en la dirección de
reconocer a estos el derecho político de
autodeterminarse, más que en función de
reconocimiento de nacionalidades diferentes
o separadas de la que representa el
Estado, en función de derechos políticos
corporativos relacionados con la administración
y control de sus territorios y
derechos políticos corporativos relacionados
con la administración y control
de sus territorios y derechos políticos
de representación en el discurso político
de los asuntos del Estado. Dentro
de una dimensión política ciertamente
ecuánime...” 22
La propuesta de Fabregat, invita a
superar el individualismo occidental con
una justicia atomista frente a los reclamos
colectivos de los grupos, y sobre
todo, a reclamos de pueblos en desventaja,
como es el caso de la mayoría de los
países del mal llamado “tercer mundo”
o de los “pueblos étnicos” desde los
indígenas, los vascos, los gitanos, etc.,
es decir las culturas oprimidas.
Lo expuesto implica que el reconocimiento
del derecho consuetudinario
indígena, para superar su exclusión
en el contexto nacional, requiere dos
presupuestos básicos, por un lado, la
aceptación del pluralismo jurídico y,
por el otro, el reconocimiento de su
autonomía. La realidad más inmediata
lamentablemente es la práctica de su
destrucción cultural, que denominamos
etnocidio jurídico o sea la destrucción
de su cultura jurídica.
Veamos someramente, estos tres
aspectos, en el contexto de la realidad
social guatemalteca:
Ayer y hoy, escucho en Guatemala,
en las aldeas indias, en el mayor de lo
secretos, que pueden estar ubicadas
desde la cumbre de Cotsij, la más alta
21 Estado Plural, pluralidad de culturas. Paidos y Universidad Nacional Autónoma de México, 1998. p. 141.
22 Las Jornadas se realizaron del 21 al 24 de mayo de 1997 en la Ciudad de Durango y en los Municipios de Nuevo
Ideal y el Mezquital en el mismo Estado. Las Memorias: Pueblos Indígenas y derechos étnicos, México. IIJ/UNAM,
1999.
–267–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
de Centroamérica, ubicada en Ixchiguán,
San Marcos, en el ubérrimo paisaje del
Ixcán, o en el triángulo Ixil.
En el paisaje maravilloso de Atitlán
en donde Mario Monteforte Toledo,
escribió Entre la Piedra y la Cruz, y
la conquista cristiana continua, con
los nuevos misioneros evangélicos,
propugnando que los indios se vuelvan
cristianos compulsivos y renuncien
a su identidad espiritual, la gente se
define en su orfandad socio cultural
como “vacía”, “sin alma”, a la pérdida
de esa identidad en lengua quiché se le
denomina: Ri u ojer tzij tajim ka quisic
(vienen acabando con nuestra cultura).
Lo que está en juego para los mayas
es: “la opción por su identidad. Es
encontrar el real valor que entrañan
como pueblo a pesar de las opresiones
ancestrales. Esta opción y la riqueza
de su fuerza debe presentarse como un
aporte, como algo con lo cual los ladinos
sientan también relación y algún tipo de
relación, no ya del corte “folclórico” o
de atracción turística”, sino de potenciar
para construir 23 un Estado con base en la
riqueza de autonomías éticas con repercusión
en la estructura política”
La opción por la permanencia de su
identidad, se ve afectada y natu ral mente
la práctica de su propio derecho, complementa
la observación precedente:
“En la actualidad hay cosas que
potencia la identidad maya”; está claro.
Pero hay también estructuras poderosas
que restan capacidad de lucha a los indígenas
auque sean la mayoría de la población
guatemalteca. El ejército –mientras
no se pruebe lo contrario– sigue siendo
un vehículo clave para gastar “la identidad
nacional” de Guatemala.
Las sectas, en especial las fundamentalistas,
minan cualquier compromiso
y borran elementos de identidad
cultural.
Por supuesto que nos referimos a
una práctica militante agresiva, que
históricamente, viene desde la invasión
española, o sea, el conflicto de la religión
indígena con las religiones formales
con registros oficiales por el Estado
guatemalteco, siempre se ha dado un
conflicto permanente, que continúa de
forma expresa y violenta y modifica los
conflictos tácitos siempre presentes.
De esa manera, la aceptación de
estas religiones como el derecho del Estado,
es un ropaje que les permite seguir
con la práctica de su propia religión sin
el peligro de ser perseguidos.
23 Cabarrús Pellecer, Carlos, Lo maya ¿una identidad con futuro, Guatemala, Cedim-Fafo, 1998. pp. 78 y 79,
respectivamente.
–268–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
La defensa de su religión constituye
otros mecanismo de defensa de su
identidad indígena y campesina, y esto
igual en Guatemala como en la zona
andina. 24
Los medios de comunicación bombardean
las conciencias de los mayas.
Las migraciones a los Estados Unidos
exigen adoptar identidades “hispánicas”
frente a las presiones económicas que
allí reciben”. 25
Ese debilitamiento de la justicia
indígena, al decir de Raquel Irigoyen y
Víctor Ferrigno, se ha producido de jure
y de facto, en particular en las últimas
décadas, en tres momentos clave: la guerra
26 , la Constitución de 1985 y el fracaso
del reconocimiento constitucional del
derecho indígena en 1998. 27
También la presencia del narcotráfico,
el tráfico de indocumentados a
los Estados Unidos y las denominadas
“maras” ha provocado estos desajustes
como se ha señalado.
Para Luis Rodolfo Dávila Sánchez,
investigador de CIDECA, Consejo de
Investigaciones para Centro América,
al referirse al Consejo de Principales
24 Araóz Velasco, Raúl, Quinientos años de conflicto: estrategias de supervivencia de los pueblos originarios, Bolivia,
Centro Diocesano del Pastoral Social, 1992, p. 99
25 Idem.
26 Consultar: Le Bot Yvon, La guerra en tierras mayas, México, Fondo de Cultura Económica 1995 y Ordóñez
Cifuentes, José, Rostros de las prácticas etnocidas en Guatemala, México, IIJ/UNAM, 1998.
27 “Durante la guerra, lo que más debilitó el Derecho indígena fue la militarización de las comunidades, la eliminación
física de autoridades indígenas, y el reemplazo de estructuras comunitarias por estructuras militares o paramilitares
–como las patrullas de autodefensa civil subordinadas al ejército, o las fuerzas irregulares locales de la guerrilla
que utilizaban métodos violentos para controlar a la población y resolver de toda índole, aunque en dimensiones y
modalidades diferentes. La reforma de la Constitución de 1985 elimina funciones de justicia a los Alcaldes y
sanciona, dejando sin ventana legal al Derecho Indígena y a la justicia comunitaria basada en la actuación
de los alcaldes. En 1998 fracasa la Consulta Popular o referéndum para aprobación de reformas a la Carta
Magna que debía constitucionalizar los Acuerdos de Paz... En términos políticos el “no” congeló el tema del
derecho indígena y dejó en gran medida sin efectividad el reconocimiento legal hecho por el Convenio 169
de la OIT. De otro lado, la mayor presencia física de los aparatos de justicia de la zona indígena también trajo
como consecuencia un mayor celo frente a las autoridades tradicionales...” Véase: Irigoyen Raquel, Pautas de
coordinación entre el derecho Indígena y el Derecho Estatal, Guatemala, Fundación Myrna Mack, 1999 y “El
debate sobre el reconocimiento constitucional del derecho indígena en Guatemala” América Indígena, Vol.
LVIII, Núm 1-2, enero-junio 1998. Ferrigno, Víctor, “proyecto justicia y multiculturalidad”, Quetzaltenango,
Guatemala, Misión de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA), informes de seguimiento, 1998/99.
Irigoyen Fajardo, Raquel, Víctor Ferigno Figueroa y Jesús Acevedo, “Acceso a la justicia en Guatemala:
situación y propuestas”, Informe para la Agencia Sueca para el Desarrollo, Guatemala, mayo 2003.
–269–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
de Xojolá, municipio de Nahualá, en
el departamento de Sololá, al plantear
los desafíos en los sistemas de cargos
indígenas, puntualiza:
“Uno de los principales desafíos
que confrontan las instituciones
indígenas como el Consejo de
Principales de Xojolá es el proceso
de la modernización. El embate
de los medios de comunicación,
las relaciones económicas que
establecen alrededor y dentro de la
comunidad, la expansión de las sectas
protestantes, la injerencia política
del Estado y los partidos políticos
son otras de ellas. No podemos dejar
de mencionar otros actores como
las organizaciones de desarrollo
nacionales e internacionales, que
de buena intención pero bajo el
pretexto del desarrollo intervienen
y presionan para modificar valores.
Todo esto presagia un futuro
difícil para la sobrevivencia de
instituciones representativas de los
valores y cosmovisión indígena
debido a que muchos de los jóvenes
carecen de sentido de pertenencia
ancestral producto de la opresión y
discriminación étnica. Otro elemento
importante de considerar en la sobrevivencia
de la institucionalidad
indígena, es el impacto de las tendencias
descentralizadoras y de
reforma del Estado”. 28
Para los pueblos indígenas guatemaltecos
su problema fundamental es
la de su supervivencia física y cultural
y, por lo tanto, el de su reconocimiento
como entidades nacionales específicas
que viven bajo el signo de la muerte,
tales como el racismo que es el recrudecimiento
de la manifestación
humana más irracional; la destrucción
ambiental que amenaza la suerte del
planeta; la opulencia de la oligarquía
y burguesía nacional que se disputa el
poder, como fracciones de clase que se
codean con la miseria y la destrucción
cultural, aparentemente menos violenta,
pero más insidiosa.
Esto se vincula a un problema en el
terreno de la cultura, en lo que se refiere
a sus elementos, en donde el problema
está definido en términos de relaciones
entre grupos sociales, la dialéctica del
control cultural no se establece entre
“lo mío” y “lo tuyo”, sino entre “nuestro”
y “de los otros”. Propio y ajeno
28 Ponencia presentada en las VIII Jornadas Lascasianas, Balance y perspectivas del Derecho Social y los Pueblos
Indios de Mesoamérica”, Guatemala, Guatemala, del 25 al 28 de mayo de 1998.
–270–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
tiene connotación social, no individual,
como lo planteó Guillermo Bonfil
Batalla. 29
En los pueblos del Lago de Atitlán,
el Triángulo Ixil, Santa Eulalia e Ixchiguán,
las prácticas del derecho consuetudinario
no parecen en la escena de la
vida pública, se tornaron nuevamente
clandestinas, se les equipara de mala fe
con el fenómeno de los linchamientos,
algunos operadores de justicia, formulan
la acusación que el Convenio 169
de la OIT, los legitima y da pie a los
linchamientos, cuando la verdad es
otra, es una práctica emparentada con
la contrainsurgencia y además porque
la administración de justicia en el decir
ciudadano, no tiene crédito ni capacidad
para resolver la problemática del acceso
y la administración de justicia. Los indígenas
prefieren acudir a la Municipalidad
en vez de ir a los Centros de Justicia
–Cajs– o a los Tribunales.
Los pueblos indígenas a su compleja
problemática, que no sólo implica los
recuerdos y el agobio psicosocial de la
guerra que no se ha abordado y tratado
convenientemente como un compromiso
de Estado; las disputas y conflictos por
las tierras traídos a cuenta como problema
postconflicto en donde aparecen los
reclamos de los refugiados en México y
en el interior del país y la instauración
de reservaciones militares en donde se
trasladó población en forma forzada que
ocupó las tierras y que en términos jurídicos
no hablamos de propiedad, como un
derecho real, sino más bien de derechos
posesorios, cuya solución no puede dirimirse
satisfactoriamente en los tribunales
de justicia sino encierra un problema eminentemente
político que debe ser tomado
en cuenta en la transición a la democracia
si se da en el país, en donde las mejores
tierras están en manos de la oligarquía
nacional y hoy en crisis por los problemas
del mercado internacional del café.
29 “Como el problema está definido en términos de relaciones entre grupos sociales, la dialéctica del control
cultural no se establece entre “lo mío” y “lo tuyo”, sino entre “nuestro” y “de los otros”. Propio y ajeno tienen
connotación social no individual. Cultura autónoma: el grupo social posee el poder de decisión sobre sus
propios elementos culturales: es capaz de producirlos, usarlos y reproducirlos. La agricultura tradicional del
maíz... Cultura impuesta: ni las decisiones ni los elementos culturales puestos en juego son del grupo social, sin
embargo, los resultados, sin embargo, entran a formar parte de la cultura total del propio grupo. Podría ser el
caso de los hábitos de consumo impuesto por el sistema mercantil: la introducción de la cerveza en substitución
del pulque...Cultura apropiada: los elementos culturales son ajenos, en el sentido de que su producción y/o
reproducción no está bajo control cultural del grupo, pero este lo usa y decide sobre ellos. Cultura enajenada:
aunque los elementos culturales siguen siendo propios, la decisión sobre ellos es expropiada. El bosque es de la
comunidad, pero la tala es de una compañía maderera de acuerdo con sus intereses.La folclorización de danzas
y festividades religiosas que se promueven con un interés comercial completamente a su sentido original”.
El autor advierte que los ejemplos son muy obvios, sólo para ilustrar a brocha gorda. Pensar nuestra cultura.
México, Alianza Editorial, 1992. pp. 51-52.
–271–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
Esta problemática que señalamos
responde a una respuesta de carácter
político, pero en lo jurídico, encontramos
que en materia agraria no existe
tribunales, ni menos aún un Procurador
como existen en otros países y es más en
las Facultades de Derecho en el pensum
de estudios es poco reconocido y la literatura
para su enseñanza es francamente
pobre y no porque en Guatemala no
exista profesionales competentes sino
quedó prohibida su enseñanza y su investigación,
debemos recordar que los
profesores de derecho agrario, derecho
del trabajo, derecho penal alternativo,
sociología del derecho y otras materias
fueron perseguidos y de esa suerte abandonaron
la universidad para dedicarse
a otros menesteres, salieron al exilio y
otros fueron asesinados.
Por ejemplo una de las limitaciones
de los Centros de Administración de
Justicia, como modelo alternativo y
de los tribunales en Guatemala, es que
no se cuenta con personal entrenado
en derechos humanos, sociología del
derecho, antropología jurídica, criminología,
psicología judicial, médicos y
antropólogos forenses, etc. Los cursos
de actualización de ninguna manera
pueden resolver esta situación y constituyen
una contribución por lo que lo
recomendable es que la carrera de derecho
tenga al final del pensum de licenciatura
especialidades en estos campos
y enseñanza de lenguas indígenas. Para
el caso de profesionales de otros campos
también un conocimiento adecuado de
campo jurídico.
Estas inconveniencias profesionales
fueron señaladas por Rodolfo Stavenhagen,
en su visita a Guatemala, como
relator de Pueblos Indígenas de Naciones
Unidas.
La práctica como abogados nos
demuestra lo que podríamos denominar
la “ignorancia de la doble vía”: por un
lado, el procesado indígena que desconoce
el derecho estatal (ladino), debido
a su condición monolingüe, analfabeta
y de precaria situación económica; por
otro lado un juez, ministerio público,
médico forense, peritos, traductores,
coordinadores de programas de justicia,
en síntesis burocracia judicial, que
desconoce las normas internacionales y
los principios que orientan los derechos
humanos en materia penal pero que
además desconocen la cosmovisión
jurídica de los procesados en términos
culturales y que da una situación de
30 Esto tiene carácter vinculante con el denominado positivismo jurídico, veáse: Scarpelli, Uberto ¿Qué es el positivismo
jurídico, México, editorial Cajica, 2001; Raz, Joseph, La autoridad del derecho, México, UNAM, 1982.
Treves, Renato, Introducción a la Sociología del Derecho, España, Taurus, 1978.
–272–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
suma gravedad. En ese orden de ideas,
los programas con los operadores de
justicia deben ser de actualización pues
para ocupar las plazas debe exigirse un
perfil adecuado pero que lamentablemente
las Facultades de Derecho, no
proveen que es otro problema, por lo
que sugiero la posibilidad de especializaciones
terminales en la carrera de
derecho para quienes ofrecerán servicios
profesionales en el campo de la administración
de justicia.
Lo anterior implica que el nuevo
operador en el campo de la administración
de justicia, tiene que superar
necesariamente las perspectivas de la
dogmática jurídica 1 y estar al día con los
aportes contemporáneos de la criminología,
la psicología y sociología judicial,
la antropología jurídica y los derechos
humanos.
Para superar las limitaciones del
ordenamiento legal interno, el caso de
Nicaragua es ejemplar porque dispone
la plena aplicabilidad de la Declaración
Universal de Derechos Humanos,
los Pactos de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas y la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre.
Lamentablemente para el caso de
Guatemala es imposible por ahora partir
de la consagración constitucional de
los derechos específicos de los pueblos
indígenas, como es el caso de Nicaragua
o Colombia.
Siempre he insistido en retomar la
idea del amicus curiae, expresión latina,
pero institución de tradición anglosajona.
La idea es que el pueblo pueda valer su
opinión ante el juez y exponerle a título
de amigo o colaborador del tribunal ante
un tema. La participación ciudadana
es, para quienes sustentan la idea, que
la reforma de la justicia no es sólo
la reforma de los jueces; es también
la reforma de todos: la reforma de la
sociedad y, en ese sentido, la sociedad es
la que tiene que ser la impulsora directa
de una mejor justicia y de una justicia
mucho más atenta a los valores sociales
y en ese sentido para el caso deben
recurrirse al amigo indígena.
Abrir foros de consulta sobre el acceso
y la administración de justicia que
afecta a los pueblos indígenas y en lo
particular sobre el reconocimiento del
derecho consuetudinario indígena.
Por ahora el número de intérpretes
es insuficiente y no tienen una formación
jurídica adecuada que permita calificar
que conocen el derecho estatal y en algunos
casos el derecho consuetudinario
indígena.
Pero sin duda alguna, el problema no
termina para los procesados en materia
penal con las limitaciones en la adminis-
–273–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
tración de justicia sino en lo más grave
en el sistema penitenciario, como es del
conocimiento público y en los lugares
apartados e incluyendo los Centros de
Administración de Justicia, son verdaderas
mazmorras.
En todo caso estas circunstancias
afectan a los procesados indígenas en
materia penal, amén de los grandes vicios
que en general existen como lo son:
la problemática del preso sin condena;
la lentitud judicial, el castigo no al delito
sino a la pobreza; la discriminación
étnica y económica, el racismo, y el
terrorismo judicial, aspectos por demás
conocidos y señalados en materia de
derechos humanos por la doctrina.
A los anteriores se suman otros problemas
sociales serios, que son motivo
de acciones de impunidad y constituyen
tabú, como me lo manifestaron informantes
en Santiago Atitlán 31 y otros
lugares en Guatemala, me refiero al narcotráfico,
al “coyotaje” o sea los llamados
también polleros, de los emigrantes
a los Estados Unidos. En Nebaj y otros
pueblos, las “maras” o sea el fenómeno
conocido primero en México y que
viene de los Estados Unidos, o sean los
“cholos” y no decir de los suicidios de
los jóvenes, la prostitución de mujeres
y hombres y la dependencia a las drogas
y al alcohol.
Estos fenómenos deben ser incorporados
como materia de investigación sociológico-jurídica.
Por supuesto que no
es un problema que deba ser resuelto con
la creación de leyes represivas sino como
un problema social y con un tratamiento
desde esa perspectiva. A lo anterior debe
sumarse la inseguridad por las bandas
de delincuentes robacarros y asaltantes
como el antiguo oeste norteamericano y
contrabandista de toda índole.
Para concluir, haré referencia a la
necesidad de instaurar los principios
de autonomía interna para el caso del
ejercicio del derecho consuetudinario
indígena, y la factibilidad de la regulación
y vigencia del pluralismo jurídico
en Guatemala.
31 En conversaciones en Santiago Atitlán, pregunté que quizás por los vientos fuertes que ponen en peligro la navegación,
“Xocomil” no circulan embarcaciones nocturnas, bueno me respondieron puede ser, pero por las noches
navegan los “narcos”, el lago de Atitlán desde hace muchos años, desde finales de los sesenta, se volvió un paraíso
primero para los denominados “hipis”, luego los veteranos de la guerra de Corea y Vietnam, actualmente también:
jubilados, drogadictos, homosexuales y pederastas que corrompen a los jóvenes de la comunidad, norteamericanos
particularmente, se dice. La población se queja de ellos, pues tampoco dejan ninguna derrama económica a la
comunidad. Uno de los operadores de justicia me insinuó que no debe hablarse del problema del narcotráfico pues
es peligroso... por lo tanto, también es peligroso tratarlo en los tribunales de justicia y en lo particular en el CAJ...
Pues sólo existe se dice: “consumo” seguramente cae del cielo...
–274–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
Para comenzar la temática tiene
escasas posibilidades de desarrollarse
en el ámbito político práctico en el país,
justamente en el marco de los Acuerdos
de Paz, que como compromiso de Estado
signo Guatemala, cabe para hacerlo
efectivo, signar un pacto con los pueblos
indígenas encaminado a regular constitucionalmente
sus derechos administrativos
(autonomía interna y resolver como las
fronteras departamentales y municipales
no corresponden a las fronteras étnicas)
y el acceso y la administración de justicia,
sin excluir ni discriminar al derecho
consuetudinario indígena y superar las
propuestas de los denominados Juzgados
de Paz Comunitarios y los Centros de
Administración de justicia denominados
Caj y algunos consentimientos dados
en su aplicación pero que quedan como
señales de buena voluntad pero frágiles si
no tienen un reconocimiento de la naturaleza
que proponemos y que, por otro lado,
no se trata de sugerir enfrentamientos
interétnicos, sino reconocimientos en una
sociedad pluricultural y pluriétnica que
tiene dos dimensiones, siendo la primera
naturalmente más amplia que también
debe considerarse en un nuevo pacto
político nacional, en especial a lo que se
denomina culturas subalternas de otros
sujetos sociales, llamados en materia de
derechos humanos “sectores vulnerables”
que también sufren exclusiones en el acceso
a la administración de justicia, como
advertimos algunos casos en los primeros
ítems de este ensayo.
En las Cumbres de Pueblos Indígenas,
convocadas por la Premio Nóbel
Rigoberta Menchú, al tenor de las ideas
propuestas, encontramos estos resguardos,
sobre el asunto:
I. Cumbre: Declaración de Bokob,
Chimaltenango, Guatemala, celebrada
del 24 al 28 de mayo, 1993.
“A las puertas del Siglo XXI, vemos
con preocupación la sistemática
violación de los derechos de los pueblos
indígenas, el incremento de la violencia
contra las mujeres y niños indígenas, las
exclusiones en la toma de decisiones políticas,
la discriminación y las distintas
formas de explotación que mantienen los
Estados y las corporaciones trasnacionales
sobre nuestros pueblos...Frente a
este panorama sombrío, las culturas milenarias
que encarnan nuestros pueblos
emergen como una voz de esperanza de
un futuro más equilibrado, como lo han
demostrado a través de la historia.
II. Cumbre, en Oaxtepec, Morelos,
México, territorio de los pueblos
nahuas y tlahuicas y lugar de retiro del
Señor Moctezuma en tiempos antiguos,
hoy parte de la República mexicana,
celebrada del 4 al 8 de octubre de
1993.
“Por último, los delegados asistentes
a la II Cumbre de los Pueblos Indígenas,
venidos de los cuatro rumbos de nues-
–275–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
tro planeta, reiteramos que no es por el
camino de la confrontación como habremos
de construir las nuevas relaciones
entre nuestros Pueblos y los Estados
nacionales. Serán el diálogo, respeto
mutuo y el trato digno en el concierto de
las naciones y al interior de los países,
lo que nos permitirá alcanzar una nueva
relación con los pueblos no indígenas y
avanzar en la construcción de un nuevo
futuro para nuestros pueblos y para la
humanidad entera.
Creemos en la sabiduría de nuestros
ancianos y sabios, quienes nos enseñaron
y legaron la fuerza y el arte de la
palabra, hablada o escrita en los libros
antiguos y que permanece viva en la
memoria cotidiana de nuestros pueblos.
Han pasado los 500 años de oscuridad,
y hoy sabemos que este es el tiempo del
Nuevo Amanecer que ha de alumbrar el
futuro de nuestros pueblos”.
Las propuestas de las Cumbres Indígenas,
tienen que ver con lo que Luis
Villoro, plantea como el Estado equitativo,
o sea que para mantener la unidad
de un Estado plural se requiere más que
la tolerancia. Porque la tolerancia puede
ser un respeto a todas las opiniones
divergentes. Pero un respeto que admite
dicha diversidad sin ponerlas en relación
las unas con las otras. Porque encima de
la tolerancia es necesaria la cooperación,
la aceptación de las diferencias puede
variar desde una simple condescendencia
hasta un reconocimiento activo
del valor de la posición ajena, así para
Villoro, sólo el diálogo racional podrá
avanzar en el proyecto de una nueva
forma de Estado. 32
Naturalmente que una de las vías es
el diálogo y para el caso de Guatemala,
que sufrió un proceso de contrainsurgentes
desde 1954 y luego en los últimos
años 32 años de guerra interna y
un proceso de tránsito a la democracia
que no se advierte, las propuestas autonómicas,
se enfrenta para implementar
la democracia multiétnica, al decir de
Marcos Roitman Rosenmann, con varios
problemas, y subrayo lo que a lo largo de
su escrito me parece trascendente:
“América Latina no se caracteriza
por su homogeneidad étnica. Por el contrario,
su peculiaridad está en ser una región
donde la diversidad étnica-cultural
deja constancia de sociedades nacionales
que se han conformado en un proceso de
conquista y violencia étnica”.
La exclusión de pueblos y comunidades
indígenas ha dado lugar al
32 “Del Estado homogéneo al estado plural”, en: Ordóñez Cifuentes, José Emilio Rolando. (Coordinador) Pueblos
Indígenas y derechos Étnicos. VII Jornadas Lascasianas, México, IIJ/UNAM, 1999. pp. 69-83.
–276–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
nacimiento de Estados que solventan
la dominación ladina sobre una doble
hegemonía: de clase y étnica.
El etnocentrismo y el mito de la superioridad
racial configuran las bases de
una peculiar hegemonía monoétnica.
El ejercicio del poder reserva “derecho
de admisión” a los miembros de
la etnia hegemónica, siendo sus valores,
simbología, lenguaje y comportamiento
social lo que determina la pertenencia
política al Estado. A la división de clases
de capitalismo se añade un componente
étnico, cuya fuerza radica en el consenso
previo sobre la “natural” superioridad de
la cultura del capitalismo. Es la nacionalidad
truncada por exclusión.
El colonialismo interno, forma de
dominación-explotación, asumida por
las clases sociales que comparten la
hegemonía monoétnica se redefine buscando
una caracterización del problema
étnico sobre criterios de efectividad de
mercado. 33
Ver la problemática en la doble
pers pectiva de clase y etnia, superan
las propuestas que en el debate de los
científicos sociales guatemaltecos, hizo
partido únicamente desde una sola perspectiva.
Norma Stoltz, lo vio con mucha
claridad:
“Junto a la división indio-ladina de
la sociedad guatemalteca, existe otra con
implicaciones políticas aún más importantes:
la de clases. Ambas categorías se
traslapan en medida considerable. Por lo
general ser indio significa ser pobre y
poseer poca tierra o carecer de ella. Los
que son ricos y tienen propiedades no
son indios; salvo un pequeño grupo de
familias indígenas que poseen establecimientos
comerciales en contados centros
urbanos de las áreas indígenas no hay
indios ricos. La burguesía indígena existente
no goza del poder político como el
grupo ladino de propietarios”. 34
La cuestión radica en las relaciones,
los procesos y estructuras político-económicas
y socioculturales específicas
de dominación. Lamentablemente las
condiciones vigentes de explotación
inscritas en los programas neoliberales
continúan provocando decrecimiento
poblacional, dado los estragos producidos
por enfermedades (desnutrición,
paludismo, tuberculosis, lepra y sida)
y las mismas condiciones de vida, los
movimientos migratorios y el desarraigo
33 “Formas de Estado y democracia multiétnica en América latina”. Pablo Gonzáles Casanova y Marcos Roitman,
Coordinadores, Democracia y estado multiétnico en América Latina. México, UNAM, 1996. pp36-62.
34 “La minoría que es una mayoría” en Susanne Jonas y Dabis Tobis (Compiladores). Guatemala, una historia
inmediata, México, Siglo XXI, 1976. pp. 53-79
–277–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
de los lugares de origen y el resquebrajamiento
de sus lazos de parentesco e
identidad étnica, y naturalmente, de las
relaciones de intercambio y reciprocidad
que son bases fundamentales de articulación
de la sociedad indígena.
Los problemas que enfrenta la cultura
popular y la cultura nacional; las
relaciones socio-políticas del Estado y
los pueblos indígenas (la cuestión de las
autonomías) y, el problema del marco jurídico
en que se desarrolla la vida social
y cultural de la nación guatemalteca.
De esa suerte, tenemos que los
movimientos de liberación y descolonización
internas, son también los
movimientos que en los inicios del
nuevo siglo, son los únicos capaces de
reelaborar una nueva concepción de
los derechos humanos, que tomen en
cuenta los derechos colectivos de los
pueblos y bajo los signos de la tolerancia,
el pluralismo cultural y en contra
de las prácticas neoliberales que les
afectan más que otros sectores. Estos
movimientos contribuirán notablemente
a la construcción de la paz mundial
y sobre el particular, tenemos como
muestras los Acuerdos de Paz que para
Guatemala y México se dieron y que infortunadamente
los estados nacionales
comprometidos incumplen con su palabra
peligrando con ello la transición a la
democracia y la construcción del estado
nacional pluriétnico y pluricultural.
Se trata también de rescatar lo que se
ha denominado los aportes “tercermundistas”
en materia de derechos humanos,
que son fruto de la lucha descolonizadora.
Seguramente en ellas, se inscriben las
propuestas frente a la destrucción cultural;
en tanto que uno de los principales
problemas en el campo de los derechos
humanos es el etnocentrismo cultural e
ideológico. El problema, como lo señala
el Departamento de Sociología del Derecho,
de la Universidad de Lund, Suecia,
es cómo superar el individualismo
occidental con su justicia atomista frente
a los reclamos colectivos de pueblos
y grupos y, sobre todo, a reclamos de
grupos en desventaja como es el caso de
la mayoría de los países del “tercer mundo”.
Este problema se agudiza cuando
tomamos en cuenta la tercera generación
de los derechos colectivos. Este grupo
de derechos humanos está basado en el
proceso de descolonización y para nuestros
países de descolonización interna,
lo mismo que en el surgimiento de la
lucha por un Nuevo Orden Económico
Internacional.
Por lo tanto la lucha radica en la
creación de un nuevo discurso jurídico
en el marco del derecho nacional e internacional,
que de cabida a estos postulados
y abra brecha, tal como sucede
en los Convenios 11 y 169 de la OIT con
sus limitaciones, la Convención contra
los delitos de genocidio, ratificada por
Guatemala pero nunca aplicada, el que-
–278–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
hacer de la UNESCO frente a racismo y
las discriminaciones y las propuesta de la
Declaración Universal de los Derechos
de los pueblos indios.
Las contribuciones de los pueblos
indígenas y otras culturas subalternas del
mundo, en sus propuestas enriquecen las
limitaciones etnocéntricas dominantes
del occidente, en donde las formas, los
contenidos y los “valores” de su cultura
se asumen como patrón para medir las
culturas ajenas, que proclaman por parte
de la cultura dominante la discriminación
y las prácticas etnocidas sobre las
culturas oprimidas y la resistencia de los
grupos periféricos y subalternos a las
imposiciones “civilizadoras”, al decir de
Cirese. Esta resistencia se vincula a las
propuestas del desarrollo de una “cultura
propia” o sea, a la capacidad de las
respuestas autónomas ante la agresión,
la dominación y también la esperanza en
el sentido bonfiliano.
En mi revisión bibliográfica de
Guatemala, me ha llamado profundamente
la atención el trabajo Nosotros
conocemos nuestra historia, escrito
por una población casi analfabeta no
capacitada académicamente, (dicho por
ellos) pero capaz de escribir y de explicitar,
como comunidad y como pueblo,
sus experiencias históricas y que recoge
los manuscritos de la población en su
mayoría indígena, refugiada en las
montañas selváticas del norte de Guatemala
y de los refugiados guatemaltecos
en la selva de las Margaritas, Chiapas,
México, este trabajo no sólo me enseñó
sino también aprendí cómo la historia
nacional va más allá del mundo académico
que no terminamos de construir
nuestro marco teórico o quizás se deba a
que olvidamos a Gramsci, en el ideario
de los intelectuales orgánicos.
En todo caso, he considerado
oportunas estas observaciones para
Guatemala antes de entrar en materia
en torno a la cuestión de la autonomía.
Que para el caso solo contribuirá
como una referencia, el movimiento
indio guatemalteco a diferencia del
mexicano no lo viene reclamando en
forma directa pero para el caso de la
aplicación del derecho consuetudinario
indígena puede ser un elemento fundamental
con características propias y
rescatables, me parece.
En torno a la autodeterminación de
los pueblos, encontramos, como dicen
los tratadistas, que la prevalencia del
estado sociológicamente multinacional
en el mundo de hoy es un hecho.
Más del 90 por ciento de los Estados
actualmente existentes están compuestos
de diversos pueblos. De tal
manera que el Estado uninacional, que
para muchos pensadores constituiría
el ideal de una sociedad internacional
verdaderamente democrática, es hoy
una excepción.
–279–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
José A. Obieta Chalbaud, en cuanto
al derecho de autodeterminación de los
pueblos, nos enseña, que este derecho
se desdobla en cinco derechos particulares:
35
1. El derecho de autoafirmación, derecho
básico de todo pueblo y como la
introducción a todos los demás derechos.
Consiste fundamentalmente en
la capacidad exclusiva que tiene un
pueblo de proclamarse existente, de
dar un testimonio válido de sí mismo
sin ninguna clase de injerencias
extrañas y, consiguientemente, en
el derecho a que este testimonio sea
reconocido por los demás y aceptado
como tal con todas sus consecuencias
36 .
2. El derecho de autodefinición. Conforme
este derecho, que es una
consecuencia del anterior, la colectividad
determina por sí misma
quiénes son las personas calificadas
para constituir ese grupo. Otro es
el caso de un pueblo que por no ser
independiente forma parte de un Estado
que no es el suyo propio, como
ocurre con las minorías nacionales
y grupos étnicos englobados en los
llamados Estados nacionales.
3. El derecho de autodeterminación.
Este es un complemento del anterior
e implica el derecho del grupo
o pueblo a determinar los límites
de su territorio. La delimitación del
territorio la llevará a cabo el propio
pueblo basándose en el principio
histórico, cuando este no ofrezca
duda razonable.
4. La autodeterminación interna. El
cuarto aspecto de la autodeterminación
es el llamado derecho de
autodeterminación interna. Consiste
este en la facultad que tiene la colectividad
de darse el régimen de
gobierno que quiera el pueblo. Es,
pues, una consecuencia directa de la
concepción democrática de la vida
social según la cual no existe ningún
poder público que no provenga de la
colectividad.
5. La autodeterminación externa, consiste
esencialmente en la facultad
que tiene el pueblo de determinar
por sí mismo su status político y su
futuro en relación a otros grupos
sociales. Así como por la autodeterminación
interna el pueblo fijaba
su régimen político respecto de sus
propios miembros, por la autode-
35 El derecho de autodeterminación de los Pueblos. España, Universidad de Deusto Bilbao, 1980º. p. 57 y sigs.
36 El autor cita: A. Fenet. Un regrettable pas en arrière: le concept de peuple minoritaire dans la Declaration Universelle
des Droits des peuples, en la obra colectiva A. Fenet (ed), Peuples et etats du Tires Monde face à l´orde
international, París, P.U.F., 1978, p. 13o
–280–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
terminación externa lo fija respecto
a los demás pueblos y estados. En
derecho internacional el ejercicio de
la autodeterminación externa reviste
tres formas: La primera consiste en
la decisión libremente tomada de
un pueblo de unirse a un Estado ya
existente; la segunda forma de ejercitar
la autodeterminación externa es
aquella en la que un pueblo decide
libremente unirse a otros pueblos
para formar todos juntos un nuevo
Estado; la tercera y última forma
que reviste es aquella en la que el
grupo o pueblo decide libremente
separarse por completo del estado
al que hasta entonces había estado
sometido para constituir por sí un
nuevo estado independiente.
Los cinco derechos que se acaban
de explicar son los que encierran el
concepto genérico de autodeterminación
tal como ha sido este tradicionalmente
entendido. Obieta Chalbaud, también
señala dos notas importantes: la nacionalidad
étnica y la nacionalidad estatal.
La nacionalidad étnica tiene un carácter
sociológico y consiste en un vínculo
psicológico y afectivo que une y liga
permanentemente a una persona con una
nación o grupo étnico, a la vez que expresa
la pertenencia real de esa persona
a una determinada comunidad cultural.
La nacionalidad estatal, en cambio, tiene
un carácter jurídico-político, y consiste
en un vínculo jurídico por el que una
persona queda adscrita a un determinado
estado, o comunidad política. Es evidente
que estos dos vínculos no tienen
porqué coincidir. 37
Para Héctor Díaz Polanco, “A nuestro
juicio, usando precisamente su derecho
de autodeterminación, los pueblos pueden
decidir libremente por una gran variedad
de caminos, que va desde la constitución
de un estado nacional propio hasta la
conformación de entes autónomos en
el marco de un Estado determinado” e
insiste que “La eventualidad de esta última
opción es una especie de ineludible
agenda teórico política para los próximos
años. Algunas de esas cuestiones serían
las siguientes: l. Hay que discutir a fondo
cómo se relaciona la problemática étnica
con la cuestión de la democracia en el
contexto latinoamericano... 2. Es necesario
analizar lo que es, hasta hoy, una
contradicción cultural: la que se da entre
la particularidad étnica y la universalidad.
Es decir, la difícil compatibilidad de los
derechos étnicos y la universalidad... 3.
Actualmente existe un debate internacional
en torno a las poblaciones indígenas
y las comunidades étnicas del mundo...
4. Tenemos que abordar en todos sus
aspectos (no sólo en los económicos y
37 Ibidem, p. 28.
–281–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
políticos, sino también en los sociales y
culturales) el problema del centralismo
en la organización y el funcionamiento
de las naciones latinoamericanas... 5.
Al parecer existe un renacimiento del
reclamo popular por la pluralidad. Este
se estrella contra el principio de la unidad
nacional como homogeneidad sociocultural
que históricamente han pagado caro
las etnias latinoamericanas, y 6. Así las
cosas, próximos a 1992, los esfuerzos
encaminados a esclarecer los rasgos y las
implicaciones de eventuales regímenes
de autonomía en las complejas condiciones
latinoamericanas, considerando la
vasta experiencia mundial acumulada, se
vuelven más urgentes y necesarios. 38
Lo propuesto por Díaz Polanco,
en verdad constituyen una agenda
importante y es sumamente complejo
en nuestro contexto y para el caso que
abordamos, como lo señala en su artículo:
“el reconocimiento de derechos
socioculturales a través de la autonomía
suscita incertidumbres respecto a
su compatibilidad con los derechos y
garantías individuales consagrados en
las respectivas constituciones. Pero no
existe fundamento para suponer que la
vigencia de los derechos socioculturales
puede crear algún género de privilegio
perturbador de los derechos individuales.
Se trataría de renovar el pacto social para
–dejando a salvo las garantías y derechos
individuales– que constituyen al menos
formalmente, evidentes conquistas históricas
de nuestros pueblos solventar las
omisiones que en ese terreno, y en el de
los derechos colectivos, han afectado a
los pueblos indios”.
Cabe aclarar que la notable evolución
de los derechos humanos, desde
la perspectiva del occidente, dificulta
entender cómo el otro derecho, el del
mundo indígena, más que privilegiar los
derechos individuales se priorizan los
derechos colectivos en la medida que en
su construcción, o sea en la forma que
producen y reproducen su vida social
parte de otros principios en los cuales
predominan los intereses colectivos, los
derechos comunitarios.
Sobre las contradicciones jurídicas
expuestas por Díaz Polanco, analicemos
la siguiente observación, producto de
investigaciones de campo:
“En una cultura comunitaria, cuya
raíz es la vida colectiva, el derecho individual
es una excepción. La definición
misma de derecho lleva implícita la idea
del consenso, del acuerdo, y del respeto
por las normas establecidas por la comunidad.
Desde este punto de vista, es
evidente que, mientras la cosmovisión
38 “Derechos Indígenas y autonomía”. Crítica Jurídica, No 14. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad
Autónoma de México y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, No 11, 1992, pp.31-59.
–282–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
de los mestizos, marcada por la preeminencia
del individuo sobre el grupo,
requiere de una normatividad que oriente
la búsqueda del bien común, en el caso
de los pueblos indígenas esta visión está
en la raíz de su concepción del derecho,
lo que resulta extraño a su mentalidad es,
justamente, la valorización de lo individual
por encima de lo colectivo” 39
Lo anterior se liga también con la
libre determinación de los pueblos como
señala Augusto Willensem, y rescato
tres de sus observaciones verbales que
manifestó en un evento celebrado en la
Ciudad de México:
“La primera, que la unidad que preocupa
a los estados puede lograrse más
cabalmente y a nivel más profundo a través
de una diversidad respetuosa de las
diferencias entre los grupos existentes
que reivindican una realidad diferenciada
dentro de la sociedad global.
La segunda, pluralismo, autogestión,
autogobierno, autonomía y autodeterminación,
dentro de una política de desarrollo
endógeno haría justicia a las aspiraciones
de los pueblos y comunidades indígenas
que han estado sometidas a interferencias
e imposiciones durante tanto tiempo.
La tercera, el principio de libre determinación
de los pueblos consagrados
internacionalmente no necesariamente
implica la separación de los mismos del
Estado para formar otros, como equivocadamente
se afirma. Por el contrario
incluye formas de autonomía dentro
del Estado.
Esta es la forma que en sus diversas
manifestaciones favorecen hoy los pueblos
indígenas en los países latinoamericanos.
Hacerla posible es un imperativo
de la convivencia pacífica y democrática
dentro del Estado contemporáneo” 40 .
Debemos recordar al respecto que
el principio de autodeterminación de
los pueblos como un derecho colectivo,
aparece en forma expresa en la Carta de
la ONU, ingresa a los dos Pactos Internacionales
de los Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de los Derechos Económicos,
sociales y culturales y el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos, aprobados por la Asamblea
General en 1966 y vigentes a partir de
1976, consagrándose en el artículo 1 de
ambos Pactos en la siguiente forma: “Todos
los pueblos tienen el derecho de libre
determinación. En virtud de ese derecho
establecen libremente su condición polí-
39 Fundación Vicente Menchú, “Cosmovisión y prácticas jurídicas indígenas” en Ordóñez Cifuentes, José Emilio
Rolando (coord.), VI Jornadas Lascasianas. Cosmovisión y prácticas jurídicas de los pueblos indios, México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM, 1994. p. 69
40 ILSA. Asociación Interamericana de Servicios legales. Talleres de derecho alternativo, Documento No 2. Bogotá,
Colombia, 1989.
–283–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
tica y proveen asimismo a su desarrollo
económico, social y cultural”.
El artículo 27 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, establece:
“Toda persona tiene derecho a tomar
parte libremente en la vida cultural de
la comunidad, a gozar de las artes y a
participar en el progreso científico y en
los beneficios que de él resulten”.
Lamentablemente la práctica de
Naciones Unidas es todavía limitada
principalmente a Estados naciones, y no
así a minorías y menos pueblos indígenas,
en una flagrante contradicción con
el principio legislado en los Pactos.
Diferenciado que no son mandatos
normativos internacionales, pero que recogen
estos principios en el nivel declarativo,
son importantes la Declaración de
San José Costa Rica del 11 de diciembre
de 1981, bajo el amparo de UNESCO y
FLACSO, con la presencia de dirigentes
indígenas y expertos comprometidos
con el desarrollo de los derechos de los
pueblos indígenas:
“Como creadores, portadores y
reproductores de una dimensión civilizatoria
propia, con rostros únicos y específicos
del patrimonio de la humanidad,
los pueblos, naciones y etnias indias
de América son titulares colectivos e
individuales de todos los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y
culturales amenazados”.
En los principios de la Cooperación
Cultural Internacional, en el artículo I:
“Toda cultura tiene una dignidad y
valor y...todo pueblo tiene el derecho
de desarrollar su propia cultura en su
fecunda variedad y por las influencias
recíprocas que ejercen sobre otras, todas
las culturas forman parte del patrimonio
de la humanidad”. 41
41 En los últimos años, los llamados derechos de los pueblos han cobrado una importancia cada vez mayor dentro
del derecho internacional, en cuanto ejemplo único de ese grupo de derechos no basados en Estados, sino más
ampliamente, en comunidades humanas aparentemente distintas de los Estados. En particular la Carta Africana
de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981 ha significado un nuevo momento para el desarrollo de los nuevos
derechos colectivos de los pueblos. En sus artículos 19 al 24, esta carta hace una relación de un número sin
precedentes de derechos de los pueblos empezando por un derecho a la igualdad y terminando con un derecho al
medio ambiente. Quizás podríamos agregar que históricamente en el campo de la historia del derecho indiano,
fruto de las polémicas de los defensores religiosos de los indígenas, es significativa la denominada Carta magna
de los indios, realizada por el sacerdote Francisco de Vitoria y la carta de Derechos Civiles y políticos (de regia
Potestate) de Fray Bartolomé de las Casas. Consultar: Pereña, Luciano, Carta magna de los Indios, Madrid, Universidad
Pontificia de Salamanca, 1987 (Cátedra V Centenario). Véase también: Zavala, Silvio, La defensa de los
derechos de los hombres en América Latina (siglos XVI y XVIII). México, UNAM, 1982 y Ordóñez Cifuentes
José y Carlos Ordóñez Mazariegos, “Etnicidad y Derechos Humanos”, Revista Crítica Jurídica No 12, México,
IIJ/UNAM, 1993.
–284–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
Los pueblos indígenas han venido
sosteniendo para el caso, que no son
minorías, en Bolivia, Perú, y Guatemala
son mayorías. Esta posición ya
viene siendo reconocida inclusive por
Naciones Unidas, así, la Subcomisión
de Derechos Humanos ha considerado
que la cuestión de los pueblos indígenas
debe ser tratada de manera diferente a los
problemas relacionados con las minorías
en general.
Los propios pueblos indígenas
sostienen que la situación es diferente a
las minorías en general y que debe, por
tanto, ser objeto de especial atención:
en primer lugar, porque en algunos
países latinoamericanos no representan
de ningún modo una minoría, sino
una mayoría numérica; en segundo
lugar, porque los indígenas son descendientes
de los habitantes nativos de
un país que fue poblado o colonizado
por in migrantes o conquistados por
la fuerza; en tercer lugar, porque han
sido víctimas de ciertos procesos de
desarrollo económico y político que le
han colocado en una situación de subordinación
y dependencia con respecto
a la sociedad dominante en su propio
territorio. 42
Pero la autonomía es importante más
allá que podamos considerarla como
una “demanda madre” como lo sugiere
Héctor Díaz Polanco, sino la posibilidad
de hacer efectivos los reclamos de
los pueblos indígenas que van desde el
reclamo genérico de sus territorios para
asegurar sus medios de vida, su desarrollo
económico y el mantenimiento
de sus propias prácticas culturales, sin
perturbación de sus propios modos de
vida: el desarrollo cultural, el derecho a
desarrollar, sus lenguas, religiones, prácticas
culturales, prácticas médicas, saberes
tradicionales, organizar sus propios
procesos educativos y de comunicación
social en general, etc. 43
De esa suerte José Matos Mar,
ex Director del Instituto Indigenista
Interamericano, en las Primeras
Jornadas Lascasianas, precisaba que
“La autonomía: En tanto creación de
las condiciones políticas en las cuales
los anteriores reclamos sean posible y
seguros en el largo plazo. No implica un
afán de secesión respecto de los estados;
plantea un reordenamiento orgánico
para compartir las responsabilidades
del ejercicio de la soberanía como
parte integrante de la nación” y desde
42 Stavenhagen, Rodolfo, Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos y Székely, Alberto. Instrumentos Fundamentales
de Derecho Internacional Público, Tomo I, México, IIJ/UNAM, 1981.
43 Para el caso de Guatemala anoto los reclamos de los pueblos indígenas.
–285–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
esa perspectiva indica que las políticas
indigenistas en respuesta a las presiones
indígenas, se transforma en tres pasos
fundamentales:
“De la integración a la articulación
en la diversidad, como objetivo estratégico.
Del asistencialismo a la participación,
como la táctica o mecanismos de
acción privilegiada.
Del paternalismo a una actitud de
diálogo intercultural, como un estilo de
relación.
En cuanto a la autonomía: es un terreno
muy complejo y en general poco
desarrollado. En casos excepcionales
algunos gobiernos aceptan las formas
tradicionales de autoridad, lo jueces
locales y las prácticas consuetudinarias
de administración de justicia.
Históricamente el sistema de Comarcas
en Panamá y el Estatuto de
Au tonomía de la Costa Atlántica de
Nicaragua, son dos ejemplos de lo
que se puede hacer en el futuro a este
respecto”. 44
Como dato sobre la cuestión, Pablo
Gonzáles Casanova, rescata los planteamientos
de José Carlos Mariátegui:
“Mariátegui propuso ‘la coordinación
de las comunidades indígenas por
regiones’, la ‘defensa de la propiedad
comunitaria’, la prosecución de actividades
políticas y culturales en las
comunidades para vincularlas con los
movimientos urbanos. Pensaba Mariátegui
que estas medidas podrían conducir a
la ‘autonomía política de la raza india’ y
a la ‘obligación de los indios de diversos
países’ para liarse estrechamente con los
proletarios contra los regímenes feudales
y capitalistas. Con todas las variantes
históricas que vivimos, su perspectiva
es válida aún hoy para comprender y
cambiar la realidad de las oligarquías
que con los señores de la tierra, los
caciques, caudillos y burocracia autoritarias
imponen un colonialismo global,
transnacional y neoliberal. La historia de
los “indios” y “campesinos” es una y la
misma hasta los tiempos presentes”. 45
44 “A propósito de Fray Bartolomé de las Casas: los nuevos retos del indigenismo a final de milenio”, en: Jornadas
Lascasianas: Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Ordóñez Cifuentes, José Emilio Rolando (coord.)
México. IIJ/UNAM, 19 mayo-agosto 1991. p. 222
45 “Las etnias coloniales y el Estado multiétnico”. Democracia y Estado multiétnico en América Latina, Pablo Gonzáles
Casanova y Marcos Roitman (Coordinadores) México, UNAM, 1996. p. 34. Vease: Mariátegui, Siete ensayos de la
realidad peruana, varias ediciones. Ordóñez Cifuentes, José Emilio Rolando, “José Carlos Mariátegui: Precursor
ante el problema agrario y el “problema del indio” en Derecho y poder: la cuestión de la tierra y los pueblos indios,
Gerardo Gómez y José Ordóñez Cifuentes, Coordinadores, México, Universidad Autónoma de Chapingo, 1995.
–286–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
A estas experiencias autonómicas
cabe agregar particularidades, la experiencia
de la República Popular China
que su constitución establece que se
trata de un estado multinacional unitario
y que la idea de este Estado multinacional
según la versión gubernamental:
“Los países occidentales tienen una
sola nación, es decir, una nacionalidad
forma un país, mientras que en China,
cincuenta y seis nacionalidades forman
el Estado multinacional chino”. Lo
anterior, se dice, responde a la necesidad
de unificar la diversidad étnica
del territorio y de construir el llamado
Estado “multinacional unitario”. Hacia
el nuevo siglo, la política y la estrategia
no ha cambiado pero sí la terminología,
de manera que lo “étnico”, substituye a
lo nacional, así: “La República Popular
China es un país unitario multiétnico,
con 56 etnias”. 46
Pero tratándose de la aceptación del
ejercicio jurisdiccional del derecho consuetudinario
indígena, de hecho y por
derecho es aplicado, como se dice, en
Guatemala por ejemplo, en las cabeceras
departamentales de Sololá y Totonicapán,
se ejercita el derecho indígena y
hoy esas experiencias vienen siendo documentadas
por las propias autoridades
indígenas con el apoyo de intelectuales
indígenas con conocimiento profesional
del derecho estatal y el subsidio de la
cooperación internacional. Naturalmente
que con limitaciones jurisdiccionales
ante la presencia de la justicia estatal y
la acusación de mala fe, de esas autoridades
son las responsable de los “linchamientos”
cuando se dan en las zonas
indígenas que resulta incomprensible,
pues responde a otros intereses y de los
cuales la Misión de Naciones Unidas
para Guatemala, MINUGUA, ha documentado
con bastante seriedad.
Pero volvamos a nuestro punto de
interés, naturalmente que los procesos
autonómicos son parte importante de
la autodeterminación de los pueblos,
y las autonomías son una realidad de
distintas partes del mundo y para el caso
americano y los pueblos indígenas y
afroamericanos, tenemos las experiencias
de los Kunas de Panamá, que como fruto
de la denominada Revolución de Tule, se
les concedió en el año de 1925 la Costa
Atlántica en Nicaragua y en Chiapas,
México, como experiencias concretas
que debemos considerar a futuro y que
por supuesto ofrecen diferencias notables
con otras partes del mundo, en particular
con la española, que es muy interesante
pero inscrita en otro contexto.
46 Consultar: Gutiérrez Chong, Natividad, Autonomía étnica en China, México, Instituto de Investigaciones Sociales,
UNAM, 2001.
–287–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
En Guatemala tal tratamiento tiene
que pasar por un reconocimiento
constitucional y la aceptación del pluralismo
cultural y con él el pluralismo
jurídico.
Para el caso del derecho consuetudinario
indígena, el propio Convenio 169
de la OIT, que no reguló y excluyó la
autodeterminación de los pueblos, que
parte de su propia definición restringida
de pueblo, lo legitima con un tratamiento
con remanentes colonialistas y occidentalistas
como lo hemos advertido y que
sobre el particular muchos autores han
hecho interesantes observaciones y que
en medio de lo “ambiguo” da cabida
y acepta con un tratamiento ligero la
aplicación del derecho consuetudinario
que permitió admitir para el caso de
Guatemala los denominados Juzgados
de Paz Comunitarios que no son exactamente
derecho indígena y/o maya como
lo señala Rodolfo Stavenhagen en su
informe, que hicimos amplia relación
en páginas precedentes y en este caso,
algunos estiman que puede quedar como
una aplicación de un principio de autonomía
interna.
Lo dispuesto por el Convenio 169 de
la OIT, en torno al derecho consuetudinario
indígena, cuando fue abordado
por la Corte de Constitucionalidad de
Guatemala, en opinión consultiva, emitida
el 18 de mayo de 1995, sostuvo el
criterio:
El artículo 8 del Convenio establece
que debe tomar en consideración el
derecho consuetudinario de los pueblos
a conservar sus costumbres e instituciones
propias “siempre que éstas no
sean incompatibles con los derechos
fundamentales definidos por el sistema
jurídico nacional ni con los derechos humanos
internacionalmente reconocidos,
es decir, no existe incompatibilidad con
la Constitución.”
El Acuerdo de Fortalecimiento del
Poder Civil y Función del Ejército en
una Sociedad Democrática, agregó
como tema de la agenda:
“Con la participación de las organizaciones
de los pueblos indígenas,
dar seguimiento a los compromisos
con tenidos en el Acuerdo de Identidad y
Derechos de los Pueblos Indígenas respecto
a la forma de administrar justicia
por parte de dichos pueblos, con miras
a facilitar un acceso simple y directo a
la misma por parte de grandes sectores
del país que no logran llegar al sistema
de justicia o comparecen ante él en condiciones
disminuidas” (IV, 16, d).
Los compromisos del Acuerdo sobre
Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas:
- Promover el reconocimiento del
derecho indígena.
–288–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
- “Para fortalecer la seguridad jurídica
de las comunidades indígenas,
el Gobierno se compromete ante
el organismo Legislativo, con la
participación de las organizaciones
indígenas, el desarrollo de normas
legales que reconozcan a las comunidades
indígenas el manejo de sus
asuntos internos de acuerdo con sus
normas consuetudinarias, siempre
que éstas no sean incompatibles
con los derechos fundamentales
internacionalmente reconocidos.”
(IV,E,3)
- Respeto de autoridades indígenas en
el manejo de sus asuntos:
- “Teniendo en cuenta el compromiso
constitucional del Estado de reconocer,
respetar y promover estas
formas de organización propias de
la comunidades indígenas, se reconoce
el papel que corresponde a
las autoridades de las comunidades,
constituidas de acuerdo a sus normas
consuetudinarias, en el manejo de
sus asuntos”. (IV,B,2)
La Comisión de Fortalecimiento
de la Justicia en Guatemala, 47 en
torno al pluralismo jurídico, fue de la
opinión:
“Tal comprensión de la justicia
no se ha hecho cargo de la existencia
de otras formas de resolver conflictos
que tienen vigencia en un importante
sector de la población y corresponden
a raíces culturales propias. La ausencia
de reconocimiento y consideración de
estas formas de “justicia tradicionales”,
alternativa a la oficial, ha correspondido
en Guatemala a una falencia mayor
del sistema de justicia, consistente
en su falta de correspondencia con el
carácter multicultural y pluriétnico del
país”. 48
El artículo 203 de la Constitución,
tercer párrafo, da atribución de exclusividad
a la Corte Suprema de Justicia y
los demás tribunales de la República.
Lamentablemente todo ha quedado
propositivamente en la medida que no se
constitucionalizan estos reclamos.
47 La Comisión de Fortalecimiento de la Justicia fue constituida por Acuerdo Gubernativo No 221-97, según lo
previsto en el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática,
su mandato fue el de producir, mediante un debate amplio en torno al sistema de justicia, un informe y un conjunto
de recomendaciones susceptibles de ser puestas en práctica con la mayor brevedad.
48 Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, Una Nueva Justicia para la Paz. Informe fi nal, Guatemala, Magna
Terra Editores, 1999. p. 120.
–289–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
Bien, la aceptación de la justicia
indígena, nos acerca al ideario del pluralismo
jurídico 49 que al aceptarlo, como
señala Raquel Irigoyen, para el caso de
la reforma constitucional del Perú (1993)
que permitió una fuente de legitimación
sociológica para la pluralidad jurídica,
sino también una jurisdicción legal, lo
cual aceptó reivindicar una perspectiva
pluralista y democrática tanto en la configuración
global del estado y como en
la producción del Derecho “Una ruptura
del carácter monista y etnocéntrico de la
relación Estado-Derecho, quebrándose
la teoría del monopolio estatal de la
violencia legítima, pues el reconocimiento
de funciones jurisdiccionales
y del derecho consuetudinario de las
comunidades implica que el Estado
reconoce el ejercicio legítimo de la violencia
para tales comunidades mediante
sus propios sistemas. De ese modo, las
decisiones de las autoridades comunales
que impliquen formas de coacción
personal de los miembros de la comunidad
en el cumplimiento del derecho
consuetudinario, ya no configuran una
“usurpación de funciones”, ni delitos
contra la administración de justicia
contra la libertad individual, ejemplo a
seguir para el caso guatemalteco, con
sus particularidades.
El artículo 149 de la Constitución
tiene una profunda relevancia, de este
modo señala Irigoyen hay un triunfo
en tanto que “De esa forma, la cultura
occidental pierde el monopolio cultural
como fuente de orientación jurídica, ya
que la normatividad propia de las comunidades
es producida en el contexto de
sus propias culturas”. 50
49 Óscar Correas lo define: “La coexistencia de dos o más sistemas normativos que pretenden validez en el mismo
territorio” o lo que es lo mismo: “el fenómeno de la coexistencia de normas que reclaman obediencia en un mismo
territorio y pertenece a sistemas normativos distintos” Ver: “La teoría general del derecho frente al derecho indígena”.
Crítica Jurídica No 14, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México 1994, p. 26 “Ideología jurídica,
derecho alternativo y democracia” InfoJUS, México, III/UNAM, Boletín no 81, p. 1. Por su parte Raquel Irigoyen,
“La pluralidad jurídica como la existencia simultánea dentro del mismo espacio de un estado de diversos sistemas
de regulación social y resolución de conflictos, basados en cuestiones culturales, étnicas, raciales ocupacionales y
resolución de conflictos, basados en cuestiones culturales, étnicas, raciales, ocupacionales, históricas, económicas
ideológicas, geográficas, políticas, o por la diversa ubicación en la conformación de la estructura social que ocupan
los actores sociales. En Desfaciendo Entuertos, LIMA, Perú, CEAS, 1995, p. 9. Ver: Cabedo Mallol, Vicente,
“Análisis de las Constituciones latinoamericanas. Regulación constitucional del Derecho Indígena Iberoamericano,
en Peña Jumpa, Antonio, Vicente Cabedo Mallol y Francisco López Barcenas. Constituciones, Derecho y Justicia
en los Pueblos Indígenas de América Latina, Pontificia Universidad católica del Perú, Fondo Editorial, 2002.
50 “Marco constitucional para la pluralidad jurídica” En: Desfaciendo entuertos, Año 3, Numero 1, Instituto Peruano
de Resolución de Conflictos, Lima, octubre de 1966. pp. 21-29.
–290–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
Para Colombia al igual que Perú el
mandato constitucional presente en el
artículo 246 de la Constitución de 1991
reconoce la jurisdicción indígena. “Las
autoridades de los pueblos indígenas
podrán ejercer funciones jurisdiccionales
dentro de su ámbito territorial, de
conformidad con sus propias normas y
procedimientos, siempre que no sean
contrarias a la Constitución y leyes de
la República. La ley establecerá las
formas de coordinación de esta jurisdicción
especial con el sistema jurídico
nacional”.
En Colombia la Corte de Constitucionalidad
declaró: plenamente válida
y legítima esta justicia en base a la
Constitución.
De esa suerte se plantea que la administración
de justicia de la comunidad
resulta un mecanismo positivo para
el acceso a la justicia, así el reconocimiento
a sus autoridades del derecho
administrar justicia cumple con este
objetivo. 51
En México, conforme el artículo
4to. constitucional, en su último apartado:
“En los juicios y procedimientos
agrarios en que aquellos sean parte
(se refiere a los pueblos indígenas), se
tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres
jurídicas en los términos que
establezca la ley”. (D.O.F. 28 de enero
de 1991).
México fue el primer país de América
Latina y el segundo en el mundo en
ratificar el Convenio 169 de OIT y por
lo tanto son vigentes las disposiciones
de este instrumento en lo que se dispone
en la materia.
Pero no podemos perder de vista,
que el pluralismo jurídico, es un componente
de algo mayor, el pluralismo
cultural 52 que se sustenta en dos presupuestos:
que la diversidad cultural es un
hecho natural, una tendencia espontánea
de los grupos humanos, y como tal,
un valor (“cada cultura representa un
conjunto de valores únicos e irremplazable...,
la humanidad se empobrece
cuando ignora o destruye un grupo determinado
(Preámbulo de la Declaración
de la Conferencia Mundial de Políticas
Culturales celebrada en México en
1982, propiciada por la UNESCO) y
que la personalidad del individuo no se
desenvuelve aisladamente, sino al calor
de ambientes y contextos culturales determinados.
Difícil sería expresar esta
51 Francia Sánchez, Luis “La justicia en las comunidades indígenas en Colombia” En: Desfaciendo entuertos, año
3, número 1, Instituto Peruano de Resolución de Conflictos, octubre 1996. pp. 29-34.
52 Seguimos en este apartado los planteamientos Prieto de Pedro, Jesús, Cultura, culturas y constitución, España,
Congreso de los Diputados y Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993.
–291–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
idea con más claridad que el artículo 2º
de la Constitución Italiana: “La República
reconoce y garantiza los derechos
inviolables del hombre, ya sea como
individuo, ya sea en las formaciones
sociales donde desenvuelve su personalidad.
Junto a la consideración de la diversidad
cultural como un valor aparece
también, como idea concatenada, la de
igual dignidad de todas las culturas. En
ese sentido la Constitución española de
1978 contiene un amplio abanico de
garantías de la pluralidad cultural de los
grupos y formaciones.
Conjugando las ideas de pluralismo
cultural y pluralismo jurídico encontramos
en las propuestas de Agustí Nicolau
Coll y Robert Vachon, que “El estudio
del pluralismo jurídico no debe limitarse
al simple estudio de la pluralidad jurídica,
puesto que la pluralidad se sitúa a
nivel del logos, mientras que el pluralismo
se sitúa a nivel del mito. Aceptar la
existencia de culturas jurídico políticas
y de concepción de nación y pueblo distintas
y tan válidas como las vehiculadas
por el estado-nación...” y como ejemplo
conductor señalan poniendo ejemplos,
uno de ellos: “En el caso de la Confederación
de las seis naciones Iroquesas,
con una larga tradición diplomática internacional
en relación con las naciones
europeas que colonizaron América del
Norte, esta no se basa ni en el principio
de soberanía, ni en el principio de poder,
sino en el principio ontológico de la gran
paz. Es por ella y en virtud de ella que los
distintos tratados fueron establecidos,
basados siempre en el respeto de las
naciones europeas, respeto que no fue
recíproco, pues en todos los casos estas
trasgredieron, tarde o temprano dichos
tratados. Actualmente se niega validez a
los tratados en virtud del derecho internacional
y de la soberanía de los estados.
Por ello, nuestros autores, agregan entre
otras conclusiones, dos que van al fondo
de nuestro problema de estudio: “Aceptar
la existencia de culturas jurídico
políticas y de concepciones de nación y
pueblo distintas y tan válidas como las
vehiculadas como Estado nación y que
la superación del monismo jurídico del
estado nación moderno es una condición
sine qua non para lograr una paz real y
duradera entre las naciones y pueblos
de la tierra; la aceptación del pluralismo
jurídico no señala tan sólo un imperativo
moral exclusivamente antropológico,
sino que se inscribe en el marco de un
imperativo ontológico y ontonómico de
la realidad entera, en virtud de la identidad
fundamentalmente pluralista de
ésta. Aceptar el pluralismo jurídico no
representa tan solo un acto de justicia
humana, sino también cósmica y divina
pues se colabora al mantenimiento del
equilibrio y la armonía de todo el universo.
El pluralismo jurídico no conlleva tan
solo a una dimensión política y humana,
sino a una dimensión también cosmo-
–292–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
lógica y en última instancia religiosa y
espiritual”. 53
Pero en el proyecto pluralista, como
enseñó Guillermo Bonfil Batalla “la unidad
nacional es la unidad de lo diverso,
en el ámbito común para el diálogo y
el intercambio fecundo de experiencias
culturales diferentes. Esta posibilidad
se entiende como una garantía mayor
de unidad nacional, que la improbable
imposición de una cultura uniforme,
cualquiera que ella sea...” 54
En ese sentido y en referencia concreta
sobre lo jurídico, hace algunos
años, Isidro Lemus Díaz, para Guatemala,
sostuvo en sus escritos “que en un
sentido político, se da un vasto régimen
de derecho no legislado, en parte, no
escrito. Este derecho, aunque en algunas
de sus formas, tiene carácter local –es el
derecho de casos, por ejemplo y otras
modalidades provenientes del derecho
indígena –constituye en su conjunto,
“Corpus Juris Guatemalensis” de una
vasta unidad reguladora de la conducta
y de la actividad del guatemalteco”. 55
Desde la práctica política, en torno
al pluralismo jurídico y el ideario de
justicia indígena, como resultado de la
Primera mesa sobre Derechos y Cultura
Indígena, en Chiapas, México, del 18 al
22 de octubre de 1995, marcan nuevos
horizontes, (Diálogo de Sacam Ch´en),
que resulta a nuestro juicio, válido también
para Guatemala.
Que la problemática en materia de
justicia, se puede agrupar en dos grandes
campos:
1. El que se refiere a la vida interna de
los pueblos indígenas y
2. El que se refiere a la relación que
existe entre los pueblos indígenas y
la procuración a nivel nacional.
Se identificó también, que el sistema
general de justicia en el país es un
sistema esencialmente injusto y que
es necesario transformarlo de raíz, de
manera que se garantice verdadera y
plenamente la vigencia de los derechos
y garantías individuales y colectivas de
todos los ciudadanos y grupos sociales y
en particular de los pueblos indígenas.
En relación a la justicia entre los
pueblos indios y no indios, es necesaria
53 “Etnicidad y derecho: un enfoque diatópico y dialogal del estudio y la enseñanza del pluralismo jurídico”, Ordóñez
Cifuentes, José Emilio Rolando, (Coordinador), V Jornadas Lascasianas Etnicidad y derecho: Un diálogo
postergado entre los científi cos sociales. México, IIJ/UNAM 1996.
54 “La querella por la cultura”en Nexos, núm. 100, México, 1986.
55 Cuatro grandes claves en la interpretación de la cultura, Guatemala, Editorial Universitaria USAC, 1976. p.88.
–293–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
una reestructuración profunda del poder
judicial en todos sus niveles e instancias,
de manera que se abran a corto plazo
espacios de legalidad y respeto a los derechos
y garantías de los grupos sociales
e individuos en conflicto.
Esto trajo consigo los siguientes
puntos, que ligan la cuestión del pluralismo
y los derechos de los pueblos
indígenas en el ámbito nacional e internacional:
1) Que los derechos indígenas son de los
pueblos y que los pueblos indígenas
lo que reclaman no es que se les
conceda más garantías que al resto
de los mexicanos sino que el estado
mexicano reconozca su derecho a
ser pueblos, de acuerdo con la carta
de las Naciones Unidas, los pactos
de Derechos Económicos, políticos,
sociales y culturales. Es el mismo
caso que el guatemalteco y para el
caso del Convenio 169 de OIT México
y Guatemala son países ratificantes.
2) Este reconocimiento se sustenta en
los principios de identidad, dignidad,
diferencia, pluralidad, reconocimiento
y tolerancia.
3) Que su condición de pueblos nos da
derecho que el estado reconozca y
respete nuestro territorio, recursos
naturales, cosmovisión, formas de
organización y sistema normativo,
esto es, la libre determinación que
aquí se asume como autonomía.
4) Dentro del sistema normativo, el estado
debe reconocer la aplicación de
nuestro propio derecho en nuestros
territorios, que no es otra cosa que
nuestra visión de conducir el orden,
de acuerdo con nuestras propias
circunstancias dentro del marco de
la Constitución y con respeto a los
derechos humanos para lo cual se
deben permitir nuestra participación
en la elaboración de la primera, la
Constitución y en la segunda incluir
la concepción indígena de derechos
humanos.
5) Para poder hacer realidad los derechos
indígenas es condición indispensable
el reconocimiento
constitucional de la jurisdicción de
los pueblos indígenas, delimitando
el territorio donde podrá ejercerse
y reconociendo validez a los actos
de las autoridades encargadas de
aplicar la justicia indígena. Junto a
ella se debe especificar los materiales
que en dichos territorios serán
competencia estatal por rebasar el
interés comunal, y los mecanismos
de coordinación entre las autoridades
jurisdiccionales indígenas tanto
entre ellas como frente al Estado.
6) Cualquier medida que se llegara a
tomar para ser accesible la justicia
–294–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
para los pueblos indígena en este
país es parcial e insuficiente si no
se reconoce y respeta la existencia
de los pueblos indígenas y al mismo
tiempo se les garantiza el ejercicio de
sus derechos. Entre ellos, el derecho
a regirse por su propio sistema
normativo, así como las facultades
de nombrar a sus autoridades para
que lo apliquen según sus propios
procedimientos. 56
En los Acuerdos de San Andrés del
16 de febrero de 1996, en las propuestas
de las reformas constitucionales con relación
al nuevo marco jurídico y vinculante
a la cuestión del pluralismo jurídico, es
importante recordar lo siguiente:
“Derechos de jurisdicción: Para que
se acepten sus propios procedimientos;
para designar sus autoridades y sistemas
normativos para la resolución de
conflictos internos, con respeto a los
derechos humanos (Pronunciamiento
Conjunto. P.7).
Obtener el reconocimiento de sus sistemas
normativos internos para la regulación
y sanción, en tanto no sean contrarios
a las Garantías Constitucionales y a los
Derechos Humanos, en particular lo de
las mujeres- (Propuestas Conjuntas, p. 5).
El reconocimiento de espacios jurisdiccionales
a las autoridades designadas
en el seno de la comunidad, pueblos
indígenas y municipios, a partir de una
redistribución de competencias del fuero
estatal, para que dichas autoridades estén
en aptitud de dirimir las controversias
internas de convivencia, cuyo conocimiento
y resolución impliquen una mejor
procuración e impartición de justicia
(Propuestas Conjuntas, p. 6).
En el contenido de la legislación,
tomar en consideración la pluriculturalidad
de la nación mexicana que refleje el
diálogo intercultural con normas comunes
para todos los mexicanos y respeto
a los sistemas normativos internos de los
pueblos indígenas.
Legislar sobre los derechos de los
pueblos indígenas a elegir a sus autoridades
y ejercer la autoridad de acuerdo
con sus propias normas en el interior en
el ámbito de su autonomía. Garantizar la
participación de las mujeres en condiciones
de equidad. (Propuestas Conjuntas,
p. 12).
Derechos de jurisdicción. Para que
se acepten sus propios procedimientos
para designar sus autoridades y sus
sistemas normativos para la resolución
56 Ce-Acatl. Revista de la Cultura de Anáhuac, Número 73, México Distrito Federal, 7 de noviembre de 1995.
pp. 12/14.
–295–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
de conflictos internos, con respeto a los
derechos humanos. (Pronunciamiento
Conjunto. P. 7).
Designar libremente a sus representantes
tanto comunitarios como en los
órganos de gobierno municipal, y a sus
autoridades como pueblos indígenas,
de conformidad con las instituciones
y tradiciones propias de cada pueblo.
(Propuestas Conjuntas, p. 5).
...Se propone al Congreso de la
Unión el reconocimiento, en reformas
constitucionales y políticas que se deriven,
del derecho de la mujer indígena
para participar, en un plano de igualdad,
con el varón en todos los niveles de
gobierno y en el desarrollo de los pueblos
indígenas. (Propuestas Conjuntas,
p. 4.).
Naturalmente que no pretendo abordar
la cuestión del pluralismo jurídico
que no es el motivo de esta monografía,
sino simplemente proponer que la exclusión
y la discriminación, del derecho
consuetudinario indígena y la regulación
constitucional de pluralismo cultural y
el pluralismo jurídico, marcan, como
el Estado guatemalteco la práctica; por
ahora en la esperanza, que a futuro sea
superada esa actitud; pues hay voces que
se levantan además de los pueblos indígenas
en contra de esta práctica de exclusión,
discriminación e intolerancia.
Pero, debemos tener presente, que
el pluralismo cultural, es posible en
una sociedad democrática y que en
esa medida, en el plano ideológico las
ideas dominantes no son otra cosa que
relaciones materiales dominantes... Por
tanto, como se dice, las relaciones que
hacen una clase determinada la clase
dominante son también las que confieren
el papel dominante a sus ideas. 57
Lo mismo sucede con las culturas
dominantes en Estados de corte etnocrático.
Y aunque pareciera fuera de contexto,
esto limita las posibilidades del
etnodesarrollo 58 , entendido más allá de
la propuesta aceptada por el Estado guatemalteca,
contenida en el Convenio 169
de la OIT, como “El desarrollo autodeterminado
y autogestionado de los pueblos
étnicos –el etnodesarrollo– ha venido
a representar una propuesta central en
esta situación y probablemente la única
57 C. Marx y F. Engels. La Ideología Alemana, (varias ediciones) cita tomada de Dumoulin, John, Cultura, sociedad
y desarrollo, La Habana, Instituto Cubano del Libro, 1973. p.36.
58 Promovido por la UNESCO. Varios autores, Etnocidio y etnodesarrollo en América Latina, San José de Costa
Rica, FLACSO/UNESCO, s.f.
–296–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
alternativa de sobrevivencia indígena
en un mundo de cambios acelerados
que también están formando las mismas
bases de la sociedad occidental. La tesis
fundamental del etnodesarrollo sostiene
que la cultura étnica contiene en sí misma
un potencial de desarrollo, capaz de
generar transformaciones endógenas y
gestionadas autónomamente. Ese potencial
está implícito en la experiencia
histórica de los pueblos indios desde el
momento mismo del contacto, y se fue
desarrollando a lo largo de las distintas
fases por las que ha pasado la formación,
consolidación y desarrollo del estado
nacional en nuestros países”. 59
Pero la exclusión para los indígenas,
de su propio derecho, es decir, el derecho
a su derecho, a su ejercicio jurisdiccional
en la clandestinidad, en la medida que
como afirmó Fanon, en los Condenados
de la Tierra, “La cultura nacional (para
el caso la de los pueblos indígenas) bajo
el dominio colonial (aquí el colonialismo
interno) 60 su destrucción es perseguida
de manera sistemática. Muy pronto es
una cultura condenada a la clandestinidad.
Esta noción de clandestinidad
es percibida de inmediato en las reacciones
del ocupante, que interpreta la
complacencia en las tradiciones con una
fidelidad al espíritu nacional, como una
negación a someterse. Se hacen todos
los esfuerzos para llevar al colonizador
a confesar abiertamente la inferioridad
de su cultura, transformarla en conductas
instintivas, a conocer la realidad de su
nación y, en última instancia, el carácter
desorganizado y no elaborado de su
propia estructura biológica”.
A su persecución desde la cristiandad
más reaccionaria, los operadores de
justicia y para el caso no sólo los juristas,
de otros sectores interesados en la
práctica del etnocidio jurídico, en una
clara propuesta integracionista de viejo
cuño y el no reconocimiento amplio
del pluralismo jurídico, constituye
sin lugar a dudas una práctica de
exclusión y discriminación y se inscribe:
bajo los signos de la muerte, que
fotografiados desde el espacio étnico
del mundo cachiquel guatemalteco, en
la Declaración de Bokob, territorio de
los mayas kaqchikeles y heroico pueblo
de Ixmulew. Encontramos:
“Al analizar la situación actual,
constatamos que vivimos bajo los signos
de la muerte, tales como: el recrudecimiento
de la manifestación humana
más irracional y perversa: el racismo;
59 Valencia, Enrique, “Etnodesarrollo y perspectivas étnicas”. Etnicidad y derecho. Un diálogo postergado entre los
científi cos sociales, V Jornadas Lascasianas. México, IIJ/UNAM, 1996.
60 Lo encerrado entre paréntesis es nuestro.
–297–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
la destrucción ambiental que amenaza
el futuro del planeta, la opulencia que
se codea con la miseria, la búsqueda de
la fortuna fácil que no se detiene ante
nada y ensaña con los más débiles, como
lo testifica el tráfico de niños; en suma:
estamos frente a un desorden mundial
que se traduce en una crisis global sin
precedentes”.
En el fondo de este sombrío panorama
que exige la constitucionalidad de los
derechos de los pueblos indígenas y la
aceptación del pluralismo cultural y con
él el pluralismo jurídico, de esa suerte
la lucha de los pueblos indígenas como
afirmó Amílcar Cabral, se ha convertido
y constituye, sin duda alguna, uno de
los rasgos esenciales de la historia de
nuestro tiempo.
Se requiere de una nueva relación
del Estado con los pueblos indígenas y
resulta indispensable diseñar políticas
indigenistas que contribuyan a resolver
los problemas presentes de la articulación
pueblos étnicos, Estado nación, problemas
que por lo demás son generales
a los grupos populares: la preservación,
valorización y desarrollo de las culturas,
no sólo como testimonios arqueológicos
o reconstrucciones románticas sino como
formas de praxis; la recuperación de los
recursos y capacidades para el desarrollo
autogestionado y las posibilidades de
inserción en la economía nacional; la
mejoría de los niveles de vida y de bienestar
social, superando la pobreza crítica,
y la generación de condiciones políticas
y jurídicas que reconozcan y propicien el
ejercicio pleno de los derechos étnicos,
es decir, consensuar las propuestas del
etnodesarrollo. 61
Desde esta perspectiva es procedente
rescatar el derecho indígena, en
especial en la regulación de formas
comunitarias de propiedad y producción,
organización social, vida cultural,
relaciones familiares, etc., en la medida
que, a la luz de la presión del Estado, o
sea, el régimen jurídico institucional,
comienza a reconocer esa necesidad y
romper con el divorcio entre la realidad
y el derecho, entre la vida y la ley, a la
apertura del pluralismo jurídico; ha de
descomprometer la incredulidad en el
derecho como instrumento eficaz de
cambio social en nuestros países.
El desarrollo autodeterminado y autogestionado
de los pueblos étnicos del
mundo, representan la única perspectiva
de la sobrevivencia de los pueblos indígenas.
Las propuestas enmarcadas en el
Convenio 169 de la OIT son el inicio
de las propuestas del etnodesarrollo que
debemos insistir que conlleva, en medio
61 Valencia, Enrique, “Etnodesarrollo y perspectivas étnicas” en Estudios Internacionales, Instituto de Relaciones
Internacionales para la Paz, Guatemala, año 6, no 12, junio-diciembre 1995, pp. 40-41.
–298–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
de algunas limitaciones, la propuesta un
contenido socio cultural y político de
autoidentidad que solicita una mayor
comprensión en las relaciones de los
pueblos étnicos y sociedad nacional en
la posibilidad de construir el desarrollo
y la democracia.
Estos aspectos, tampoco resultan
novedosos, en el ámbito guatemalteco.
El Consejo de Organizaciones Mayas
de Guatemala, editó en septiembre
de 1991, el documento intitulado Rujunamil
Ri Mayab Amaq (Derechos
específi cos del Pueblo Maya); en el
orden jurídico plantearon que el Estado
guatemalteco:
1) Reconociera constitucionalmente la
autonomía del pueblo maya;
2) Reformara la Constitución política
en lo referente al artículo que
oficializa únicamente el idioma
español, a efecto de que también se
cooficializaran los idiomas mayas a
nivel de sus propias comunidades
lingüísticas (en esto se avanzó recientemente);
3) Reconociera, respetara y promoviera
el desarrollo del Derecho maya,
cuya expresión sobresaliente es la
costumbre que regula la vida cotidiana
de los mayas en la actualidad, así
como los órganos u organismos que
hacen aplicación de dicho derecho;
4) Implementará la Administración de
Justicia alternativa y paralela en los
idiomas mayas de cada comunidad
lingüística y que esté a cargo de los
órganos u organismos de las propias
comunidades.
5) Ratificar los Convenios internacionales
sobre los derechos indígenas
(En esa fecha se encontraba pendiente
la ratificación del Convenio
160 de OIT)
Debemos recordar también que en
1971, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la Organización
de los Estados Americanos, consideró
que “la protección especial de los pueblos
indígenas constituye un compromiso
sagrado de los estados (miembros) y
recomendó a los gobiernos que tomaran
medidas para proteger a los pueblos indígenas
de los abusos de los agentes del
estado, manifestando que “las personas
indígenas (...) no deben ser objeto de
ningún tipo de discriminación”.
El Estado guatemalteco, por ahora,
no se encuentra convencido de la necesidad
de superar su visión integracionista
a pesar de haber ratificado el Convenio
169 de la OIT, y en el plano internacional,
en la cual tiene pleno sentido y se
ofrece un amplio marco para acciones
prácticas, conceptos tan en boga. Como
son los de “construcción de la paz (Peace
building), “Diplomacia preventiva”, y
–299–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
“medidas para el fomento de la confianza
mutua”: ese campo es justamente, el de
las relaciones “estado-nación” (no indígena)
y los pueblos indígenas dentro de
las fronteras de aquel.
Sociedades de los países de la
región. En realidad los problemas que
los han agobiado y continúan agobiándolos
son inmensos. Y, a pesar de
esfuerzos emprendidos “Los fenómenos
de la marginación y la exclusión
sociales y la falta de oportunidades
–con sus inevitables secuelas de desempleo,
pobreza crítica, desnutrición,
analfabetismo y falta de condiciones
sanitarias mínimas en el entorno en el
que viven– tienen para ellos un enorme
costo cotidiano. De hecho en nuestros
países, para el caso de Guatemala de
manera indudable, los peores índices
de desarrollo humano están entre los
miembros de los pueblos indígenas.
No es por azar que, en el marco de
Naciones Unidas, cada vez con mayor
frecuencia se incluyen a los pueblos
indígenas entre los así llamados ‘sectores
o grupos más vulnerables’”.
Para terminar, con memorias y
desmemorias, retomando un proverbio
africano:
“Hasta que los leones tengan sus
propios historiadores, las historia de cacerías
seguirán glorificando al cazador”.
“La memoria del poder sólo escucha
las voces que repiten la aburrida letanía
de su propia sacralización. “Los que no
tienen voz”, son los que más voz tienen,
pero llevan siglos obligados al silencio,
y a veces da la impresión que se han
acostumbrado. El elitismo, el racismo,
el machismo y el militarismo, que
nos impiden ser, también nos impiden
recordar. 62
62 Galeano, Eduardo, Le Monde diplomatique, Año II no 21, julio-agosto 1997.
–300–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
BIBLIOGRAFÍA
1. Adams, Richard, N., Encuesta sobre
la cultura de los ladinos, Guatemala,
Seminario de Integración Social,
1964.
2. Crucifixion
by Power: Essays on Guatemala
National Social Structure,
1944-1966, Austin, University
of Texas Press.
3. Aguirre Beltrán, Gonzalo, Formas
de Gobierno indígena, México,
INI, 1980.
4. Alba, Carlos H, Estudio comparado
entre el derecho azteca y
el derecho positivo mexicano,
México, Instituto Indigenista
Interamericano, 1949.
5. Aifan Dávila, Erica Lorena, Condiciones
básicas para la construcción
de un sistema jurídico
nacional democrático y pluralista,
Guatemala, Universidad de San
Carlos de Guatemala, Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales,
1999.
6. Álvarez Arévalo, Miguel, Manuscritos
de Covalchaj; Guatemala,
Museo Popol Vuh, Universidad
Francisco Marroquín, 1987, Colección
Documentos Históricos,
Vol. 1.
7. Altavira y Crevea, Rafael. Diccionario
castellano de palabras
jurídicas y técnicas tomadas de
la legislación Indiana, México,
IIJ/UNAM, 1987.
8. Anónimo. Pop Wub. Introducción
directa del manuscrito del Quiché
por Adrián Inés Chávez, México,
Ediciones de la Casa Chata,
1979.
9. Anónimo, Popol Vuh: Antiguas
tradiciones del Quiché. Traducción
y notas de Adrián Recinos,
México, FCE. 1965.
10. Anónimo, Memorial de Sololá,
Anales de los Cacchiqueles, Titulo
de los Señores de Totonicapán,
Traducción de Adrián Recinos,
México, FCE, 1950.
11. Anónimo, Códice de Dresde,
Guatemala, Fondo de Desarrollo
Indígena y Editorial Cholsamaj,
1998.
12. Anónimo. El libro de Chilán Balam,
México, FCE, 1947.
13. Anónimo, Rabinal Achi, Traducción
de Luis Cardoza y Aragón,
UNAM, 1971.
–301–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
14. Anónimo, Popol Vuh, las antiguas
historias del Quiché, versión de
Adrián Recinos, Guatemala, Piedrasanta,
2000.
15. Aparicio Wilhelmi, Marco, Los
pueblos indígenas y el Estado. El
reconocimiento constitucional de
los derechos indígenas en América
Latina; Barcelona, Centro de
Estudios de Derecho, Economía
y Ciencias Sociales –CEDECS–,
2002.
16. Asturias, Miguel Ángel, Hombres
de Maíz, varias ediciones.
17. Asociación de Investigación y
Estudios Sociales –ASIES–,
Memoria Seminario –Taller y
Foro Público “La conciliación
en la solución de confl ictos en la
administración de justicia en los
pueblos indígenas”, Guatemala,
Asociación de Investigación
y Estudios Sociales –ASIES–,
1997.
18. Arriola Ligorría, Jorge Luis, “En
torno a la integración social guatemalteca”
Guatemala Indígena,
Guatemala, 1961.
19. Akabal, Humberto, Aqajtzij. Palabra
miel, Guatemala, Cholsamaj,
2001.
20. Barbados (Grupo) Indianidad
y descolonización en América
Latina, México, Nueva Imagen,
1979.
21. Barrios Escobar, Lina Eugenia, La
alcaldía indígena en Guatemala:
de 1944 al presente, Guatemala,
Universidad Rafael Landívar,
Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales –IDIES–,
1998, Serie Socio Cultural.
22. Bunzel, Ruth, Chichicastenango.
A Guatemala Village, New York,
American Ethological Association,
Vol. XXIII, 1953.
23. Cabarrús, Carlos Rafael, La cosmovisión
K´ echi en proceso de
cambio, El Salvador, Universidad
Simeón Cañas, s/f.
24. Cabrera Pérez, Maria Luisa y
Macleod, Morna et al., Identidad:
Rostros sin máscara, Refl exiones
sobre cosmovisión, género y etnicidad
Maya, Guatemala, Nojib´sa,
2000.
25. Carmack, M. Robert, Historia Social
de los Quichés, Guatemala, Seminario
de Integración Social, 1979.
26. (comp.),
Guatemala: Cosechas de Violencias;
trad. de Mario Roberto Morales,
–302–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
Guatemala, Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales –FLAC-
SO–, 1991.
27. El Titulo de Totonicapán,
México, CEM. UNAM,
1983.
28. Castillo Palma, Ángel Gilberto,
Los hechos sagrados, Guatemala,
Copmagua-Minugua, 1999.
29. Cayzac, Hugo, Guatemala, Proyecto
Inconcluso: La multiculturalidad,
un paso hacia La democracia,
Guatemala, Facultad
Latinoamericana de Ciencias
Sociales –FLACSO-, 2001.
30. Caz, Raimundo, Derecho Maya, un
reto para el pensamiento jurídico,
trad. de Rudy Osiel Camposeco,
Guatemala, centro de estudios de
la cultura Maya Iximulew, No. 2,
1995.
31. Centro de Estudios de la Cultura
Maya, Derecho Indígena. Sistema
Jurídico de los pueblos originarios
de América, Guatemala,
Centro de Estudios de la Cultura
Maya –CECMA–, 1994.
32. Centro Educativo y Cultural
Maya, El movimiento Maya en
Guatemala, Guatemala, Editorial
Cholsamaj, l997.
33. Colby, N. y Lore M. Colby. El
Contador de los días. Vida y discurso
de un adivino Ixil. México,
FCE, 1986.
34. Cojtic Cuxil, Demetrio, El movimiento
maya en Guatemala,
Guatemala, Centro educativo y
cultural maya Cholsamaj, 1997.
35. Comision Nacional Permanente
de Derecho Indígena, Derecho
indígena tz´utujil-k´iche´, Guatemala,
Copmagua-Minugua,
1999.
36. Conferencia de Iglesias Evangélicas
de Guatemala, Autoridades
mayas: nuevos caminos de participación
desde las antiguas raíces,
Guatemala, Ciedeg, 1999.
37. Conferencia Nacional de Ministros
de la Autoridad Maya, Fuentes y
fundamentos del derecho de la
nación maya k´iche´, Guatemala,
Oxlajuj ajpop 2001.
38. Consejo Coordinador de COPMA-
GUA, Derecho Indígena Tz`utujil,
municipio de San Juan La Laguna,
Sololá, Copmagua-Minugua,
1999.
39. El
derecho indígena achí, Guatemala,
Copmagua-Minugua, 1999.
–303–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
40. El
Derecho Indígena Chuj, Guatemala,
Copmagua-Minugua,
1999.
41. Consejo Coordinador de
Saqb`ichil, Mas allá de la cos tumbre:
cosmos, orden y equilibrio,
Guatemala, Copmagua-Minugua,
1999.
42. El
derecho indígena k´iche` de las
comunidades Chiyax y Tenerías,
Totonicapán, Guatemala, Copmagua-Minugua,
1999.
43. Derecho
indígena multiétnico, Petén,
Copmagua-Minugua, 1999.
44. El
derecho del pueblo maya en Guatemala,
Guatemala, Copmagua-
Minugua, 2000.
45. Consejo de Organizaciones Mayas
de Guatemala, Derechos
específi cos del pueblo maya, 3ª
reimpresión, Guatemala, Centro
educativo y cultural maya Cholsamaj,
1992.
46. Cooperación Austriaca para el desarrollo,
Manual de comunidades
de Petén, Guatemala, Magna Terra
Editores, 1999.
47. Coordinadora de Organizaciones
Mayas de Sololá, Autoridad y
gobierno kaqchikel de Sololá,
Guatemala, Municipalidad Maya
de Sololá, 1998.
48. Cowie, Lancelot, El indio en la narrativa
contemporánea de México
y Guatemala, México, Instituto
Nacional Indigenista, 1976.
49. Dary F., Claudia, El Derecho Internacional
y el Orden Jurídico
Maya: una Perspectiva Histórico
Cultural, Guatemala, FLACSO,
1997.
50. De las Casas, Bartolomé, Brevísima
relación de la destrucción
de las Indias, México, Colección
Metropolitana, No 36, 1974.
51. Defensoría Maya, Experiencias
de sensibilización, Guatemala,
Nawal wuj, 2001.
52. Administración
de justicia maya, Guatemala,
Nawal wuj 1999.
53. Experiencias
de aplicación y administración de
justicia Indígena, 2º. ed. Guatemala,
Nawal wuj, 2001.
54. Díaz Del Castillo, Bernal, Verdadera
y noble relación del
–304–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
descubrimiento y conquista de
Nueva España y Guatemala,
Guatemala, Tipografía Nacional,
1934.
55. Díaz Vasconcelos, Luis Antonio,
Norma e Institución Jurídicas
Mayas; Guatemala, Instituto de
Investigaciones Científicas, Universidad
de San Carlos de Guatemala,
1953, Núm. 9.
56. Esquit, Edgar y García Iván,
El Derecho Consuetudinario:
la Reforma Judicial y la
Implementación de los Acuerdos
de Paz; Guatemala, FLACSO;
1998, Debate Núm. 44.
57. Esquit, Edgar, El orden normativo
Maya y su transmisión, trad. de
Rudy Osiel Camposeco, Guatemala,
publicación del centro
de estudios de la cultura Maya
Iximulew, 1995.
58. Estrada Arispe, Carlos Enrique,
“El Derecho Penal Indígena”, en
Díez Ripollés, José Luis y Jiménez-Salinas
y Colomer, Esther
(coord.), Manual de Derecho
Penal Guatemalteco. Parte General,
Guatemala, Cooperación
Española, Consejo Superior del
Poder Judicial, Corte Suprema de
Justicia, 2001.
59. Ferrigno F. Víctor, “El Derecho
Indígena en Guatemala”; en Justicia
y Multiculturalidad. Módulo
instruccional, Guatemala, Programa
de Justicia, USAID, 1990.
60. Flores Alvarado, Humberto, El
Derecho de la Costumbre. Ensayo
sobre la normatividad jurídica
consuetudinaria en Guatemala,
Guatemala, INIAP, 1993.
61. Movimiento
Indígena en Guatemala: Diagnóstico
y Movimientos de Unidad;
Guatemala, INIAP, 1992.
62. Fuentes y Guzmán, Francisco
Antonio, Recordación Florida,
Sociedad de Geografía e Historia
de Guatemala, 1932.
63. Gabriel Xiquim, Calixta, La función
social de los guías y las guías
espirituales Mayas Kaqchikel
en contexto socio cultural del
Municipio de San José Poaquil,
Departamento de Chimaltenango,
Guatemala, Universidad Rafael
Landívar, Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, Departamento
de Trabajo Social, 2000.
64. García Elgueta, Manuel, et. al.,
“Descripción Geográfica del Departamento
de Totonicapán”, en
Guatemala Indígena, Instituto
–305–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
Indigenista Nacional; Guatemala,
1962, Publicación Trimestral,
Primera Época, No. 4, octubrediciembre
1962, Volumen II.
65. García Laguardia, Jorge Mario,
El pensamiento liberal en Guatemala,
(Antología) Costa Rica,
EDUCA, 1977.
66. García García, Cornelio Gonzalo,
El Derecho consuetudinario y la
administración de justicia en el
pueblo Chuj-Municipios de San
Sebastián Coatán y San Matedo
Ixtatán, del departamento de Huehuetenango,
Tesis de Licenciatura
en Derecho, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, Universidad
Mariano Gálvez, Guatemala.
2003.
67. García Peláez, Francisco de Paula,
Memorias para el Antiguo Reyno
de Guatemala, Guatemala, Tipografía
Nacional, 1944.
68. Gaubaud Carrera, Antonio, Indigenismo
en Guatemala, Guatemala,
SISG. 1964.
69. Green Peace, con apoyo de líderes
de la comunidad indígena de
Totonicapán, Los bosques de Totonicapán,
Guatemala, 2ª edición,
Editorial Don Quijote, 1998.
70. Gutiérrez de Colmenares, Carmen
María y Loukota Soler Ernesto,
Glosario de Términos del Derecho
Castellano - Kiché, trad. de Candelaria
López Ixcoy, Guatemala,
Universidad Rafael Landívar,
Proyecto EDUMAYA, Instituto
de Lingüística, 1998, Textos Académicos
No. 1, Área Derecho No.
1, Kiche´ No. 3.
71. Gutiérrez, Edgar, Desafíos del Pluralismo,
Guatemala, Ak´Kutan,
Centro Bartolomé de Las Casas,
1997, Textos Ak´Kutan, No. 9.
72. Guillermin, F., Iximché, Guatemala,
Tipografía Nacional, 1965.
73. Hernández Sifontes, Julio, Realidad
jurídica del indígena guatemalteco,
Guatemala, Editorial
Universitaria, Universidad de San
Carlos de Guatemala, 1965.
74. Hermán, Carlos, Avendaño, Miguel
Ángel, Lorena Flores y
Ordóñez Cifuentes, José Emilio
Rolando (Coordinador). Sistemas
de Cargos en el Derecho Consuetudinario
Indígena en Guatemala,
México, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, UNAM y Secretaría
Ejecutiva de la Instancia Modernizadora
del Sector Justicia de
Guatemala, 2003.
–306–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
75. Herrera, Adelaida, Menaldo,
Víctor, Paredes Guancin, Pedro y
Ordóñez Cifuentes, José Emilio
Rolando (Coordinador). Caracterización
antropológica, sociológica
y jurídica del espacio de
los Centro de Administración de
Justicia CAJ en Guatemala, Instituto
de Investigaciones Jurídicas,
UNAM y Secretaría Ejecutiva de
la Instancia para la Modernización
del Sector Justicia, Guatemala,
2003.
76. Instituto de Investigaciones Jurídicas,
UNAM. Ordóñez Cifuentes,
José Ponente y coordinador.
Maíz, Sol y Lucha. Programa de
Capacitación y Sensibilización
para operadores de Justicia, a favor
de la Instancia Coordinadora
de la Modernización del Sector
Justicia de Guatemala, México,
enero, 2000.
77. Diseño
curricular de la Maestría
sobre Etnicidad, Etnodesarrollo
y Derecho Indígena, en favor de
la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, México,
2000.
78. Irigoyen Fajardo, Raquel, Pautas
de Coordinación entre el Derecho
Indígena y el Derecho Estatal;
Guatemala, Fundación Myrna
Mack; 1999.
79. Izquierdo, Ana Luisa, et al., Sistema
jurídico de los pueblos originarios
de América, Guatemala,
Iximulew, 1994.
80. Jeremy, Armon et al. , Guatemala
1983 – 1997: ¿Hacia dónde
va la Transición, Guatemala,
Conciliación Resources, Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales–FLACSO–;
1997, Debate
Núm. 38.
81. Kirchoff, Paul, “Mesoamérica”,
Acta Americana, Vol.1, México,
1948.
82. Lenkersdorf, Gudrun, Repúblicas
de indios, México, UNAM,
2001.
83. Lemus, Isidro, Cuatro grandes
claves en la interpretación de
la cultura, Guatemala, Editorial
Universitaria, USAC, 1976.
84. Loarca, Margarita et al., La cosmovisión
maya en torno al equilibrio,
armonía y vida comunitaria,
Guatemala, Universidad de San
Carlos de Guatemala, Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales y
Universidad Autónoma de México,
2000.
–307–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
85. López Godínez, Rolando, La ignorancia
y la incomprensión de la ley
penal en el medio indígena Guatemalteco,
Tesis de Licenciatura,
Facultad de Derecho, Universidad
de San Carlos, 1972.
86. “Métodos
Alternativos de Resolución de
Conflictos”, en Revista de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales,
Universidad de San Carlos
de Guatemala; Guatemala, Época
XIII, No. 8, enero-junio 2002.
87. Mcleod, Murdo, Relaciones étnicas
y sociedad indígena en la
provincia de Guatemala (1620-
1800), Guatemala Sisg, 1987.
88. Martínez cobos, José R, Estudio
del problema de la discriminación
contra las poblaciones indígenas,
Nueva York, ONU, 1968.
89. Martínez Peláes, Severo. La patria
del Criollo, Costa Rica, EDUCA,
1970.
90. Marroquín, Alejandro, Balance del
Indigenismo, México, Instituto Indigenista
Interamericano, 1972.
91. Matul Morales, Daniel Eduardo,
Ensueños del Maíz. Cosmovisión,
Quetzaltenango, Guatemala, Liga
Maya Guatemala, 2002.
92. Fibras
del Corazón. Sentimiento Maya,
Guatemala, Liga Maya Guatemala,
1996.
93. Somos un
solo corazón, San José, Costa Rica,
Liga Maya Internacional, 1994.
94. Mayén, Gisela, Derecho Consuetudinario
Indígena en Guatemala,
Guatemala, Asociación de
Investigación y Estudios Sociales
– ASIES–, 1995.
95. Medieta y Núñez, El derecho precolonial,
México, editorial Porrúa,
1985.
96. Mejía Palma, Edwin y Ordóñez
Cifuentes, José Emilio Rolando,
Estudios: Fortalezas y debilidades
en el acceso y administración de
justicia y perfi l de los operadores
de justicia de los denominados
Centros de Administración de
Justicia, CAJ en Guatemala, Instituto
de Investigaciones Jurídicas
y Secretaría Ejecutiva para la Modernización
del Sector Justicia en
Guatemala, 2003.
97. Mendizábal Beatriz y Rosales
Fernando, “Normas de Derecho
familiar en la cultura indígena
actual: (Área Kaqchikel)”; en
Gabriela Núñez (coord.), Cultura
–308–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
de Guatemala; Guatemala, Universidad
Rafael Landívar, Año X,
Volumen II, mayo – agosto 1989.
98. Monteforte Toledo, Mario, Entre
la piedra y la cruz, Guatemala, El
libro de Guatemala, 1948.
99. Morán García, Wenceslao, La aplicación
del Derecho Indígena en la
resolución de los confl ictos de tierra
y de otros recursos naturales
en la comunidad indígena El Chilar
del municipio de Palín, Guatemala,
Universidad Rafael Landívar,
Facultad de Ciencias jurídicas
y Sociales, Maestría en Derechos
Humanos, Guatemala, 2000.
100. Morley, Sylvanus, La civilización
maya, Fondo de Cultura
Económica, 1961.
101. Norato García, Santos Augusto,
Hacia un sistema financiero
rural del municipio de Totonicapán,
Quetzaltenango, Universidad
de San Carlos de Guatemala,
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales, 1999.
102. Noval, Joaquín, Resumen Etnográfico
de Guatemala, Guatemala,
Editorial Piedra Santa, 1992.
103. “Las
ciencias sociales ante el problema
indígena” Guatemala Indígena,
vol. II, núm 1, Guatemala, eneromarzo,
1962.
104. Ochoa, Carlos, Derecho Consuetudinario
y Pluralismo Jurídico;
Guatemala, Cholsamaj; 2002.
105. Una
forma propia de vivir y pensar
el Derecho, trad. de Rudy Osiel
Camposeco, Guatemala, publicación
del Centro de Estudios de la
Cultura Maya Iximulew, 1995.
106. Organización Internacional del
Trabajo, Convenio 107 y su revisor
169. Sobre poblaciones y ahora
pueblos indígenas.
107. Ordóñez Cifuentes, José Emilio
Rolando, Una comunidad indígena
guatemalteca frente a la ignorancia
del derecho, Guatemala,
Universidad de San Carlos de
Guatemala, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, Quetzaltenango,
1970.
108. et al., Aspectos
Nacionales e Internacionales
sobre derecho indígena, México,
IIJ-UNAM, 1991.
109. Reclamos
jurídicos de los pueblos indígenas,
México, IIJ/UNAM, 1993.
–309–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
110. “Conflicto,
etnicidad y derechos humanos
de los pueblos indios”, en Crítica
Jurídica, Revista Latinoamericana
de Política, Filosofía y Derecho,
Número 14, México, IIJ/UNAM,
1994.
111. “Bibliografía
sobre administración de
justicia y operadores de derecho;
derecho institucional reglado y
justicia indígena en América Latina”.
Revista Crítica Jurídica No
11, México, 1994.
112. (Coordinador)
Cosmovisión y Prácticas
Jurídicas de los Pueblos Indios, IV
Jornadas Lascasianas; México,
IIJ/UNAM, 2003.
113. Dos
ensayos en torno al derecho social
en México y Guatemala; México,
IIJ/UNAM; 2000.
114. El
Derecho a la Lengua de los Pueblos
Indígenas. XI Jornadas Lascasianas;
México; IIJ/UNAM,
2003.
115. Justicia
y pueblos indígenas. Crítica
desde la antropología jurídica;
2ª. ed., Guatemala, Instituto de
Estudios Comparados en Ciencias
Penales de Guatemala –ICCPG–;
2000.
116. Ordóñez Mazariegos, Carlos,
Teoría antropológica y Derechos
Étnicos, Tesis de Licenciatura con
mención honorífica, Colegio de
Antropología Social, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla,
México, 1995.
117. “Bibliografía
selectiva sobre antropología
jurídica” en Antropología
Jurídica, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, UNAM, México,
1995.
118. “Una
comunidad maya kichee` frente al
neoliberalismo y los procesos de
globalización”, en: La Construcción
del Estado nación: democracia,
justicia y paz, México, Instituto
de Investigaciones Jurídicas,
UNAM, 2004.
119. Relaciones
interétnicas y de clase en
San Miguel Totonicapán/Chuimekena.
Un pueblo de los altos de
Guatemala a fi nales de milenio,
México, Facultad de Filosofía y
Letras, Instituto de investigaciones
Antropológicas, División de Estudios
de Postgrado UNAM, Tesis
–310–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
doctoral con mención honorífica,
2003.
120. Ordóñez Mazariegos, Egil Mijaíl,
Guatemala 2000 Bibliohemerografías,
recopilaciones documentales
y legales e informes sobre
derechos humanos, Cuadernos de
postgrado, Instituto de Ciencias
Penales, Guatemala, abril 2000.
121. Ordóñez Muñoz, Egil, El Estatuto
Indígena en la Constitución Guatemalteca
de 1945, Guatemala,
s.e/s.f.
122. Otz Capdequi, J.M. El Estado español
en las Indias, México, FCE,
1946.
123. Padilla, Luis Alberto, “La Investigación
sobre el Derecho Consuetudinario
Indígena en Guatemala”
en Stavenhagen, Rodolfo
e Iturralde, Diego (comp.), Entre
la ley y la costumbre. El derecho
consuetudinario indígena en
América Latina, México, Instituto
Indigenista Interamericano / Instituto
Interamericano de Derechos
Humanos, 1990.
124. Papadópolo, Midori, El Nuevo
Enfoque Internacional en Materia
de Derechos de los Pueblos
Indígenas, Guatemala, Universidad
Rafael Landívar, Instituto
de Investigaciones Económicas y
Sociales, IDIES; 1995.
125. Pastor Cojulum, Yolanda Isolina,
Condición social y jurídica de la
mujer indígena en el Departamento
de El Quiche, Guatemala,
Universidad de San Carlos de
Guatemala, Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas, 2001.
126. Pastor Cojulum, Yolanda, Azurdia,
José Luis y Ordóñez Cifuentes,
José Emilio Rolando (Coordinador),
Bibliohemerografía sobre
Derecho Consuetudinario Indígena
en Guatemala, Instituto
de Investigaciones Jurídicas,
UNAM y Secretaría Ejecutiva de
la Instancia Coordinadora de la
Modernización del Sector Justicia
de Guatemala, Guatemala, 2003.
127. Reyna, Rubén, La Ley de los
Santos. Un pueblo Pokomán y su
cultura de comunidad, Guatemala,
José de Pineda Ibarra, 1973.
128. Quic Cholotío, Antonio Elías,
Derecho Consuetudinario Maya
Tz´utujil, Guatemala, Universidad
de San Carlos de Guatemala,
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales, 2000.
129. Quixtán Urquizú, Nidia Arabella,
La aplicación del Derecho Con-
–311–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
suetudinario en las comunidades
Mopan y Q`eqchí` ubicados en
el municipio de San Luis, departamento
del Petén, Guatemala,
Universidad de San Carlos de
Guatemala, 1998.
130. Recinos, Adrián, (Editor), Crónicas
indígenas de Guatemala, Guatemala,
Academia de Geografía e
Historia, 1984.
131. Reina, Rubén, La ley de los santos.
Un pueblo Pokoman y su cultura
de comunidad, Guatemala, José de
Pineda Ibarra, 1973.
132. Rivero, Darcy, Fronteras indígenas
de la civilización, México,
Siglo XXI, 1971.
133. Roa Bastos, Augusto, Culturas
condenadas, México, Siglo XXI,
1980.
134. Rojas Lima, Flavio, El Derecho
Consuetudinario en el Contexto
de la Etnicidad Guatemalteca;
Guatemala, Procurador de los Derechos
Humanos – PDH–; 1995,
Colección Cuadernos de Derechos
Humanos.
135. Rivera, Carmen, Rodas, Lucila
y José Emilio Rolando Ordóñez
Cifuentes, Caracterización socio
jurídica de los Centros de
Administración de Justicia CAJ
en Guatemala, Guatemala, Instituto
de Investigaciones Jurídicas
UNAM y Secretaría Ejecutiva
para la Modernización del Sector
Justicia en Guatemala, 2003.
136. Rodas Lucila y Ordóñez Cifuentes,
José Emilio Rolando, Conceptualizaciones
en materia de
derechos humanos que contiene
el denominado derecho consuetudinario
indígena, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, UNAM
y Secretaría Ejecutiva para la Modernización
del Sector Justicia en
Guatemala, 2003.
137. Ruz Lhuillier, A, La Civilización
de los antiguos mayas, México,
INAH, 1963.
138. Santa Cruz, Hernán, La discriminación
racial, Nueva York, ONU,
1971.
139. Saravia, Albertina, El ladino me
jodió, Guatemala, editorial José
de Pineda Ibarra, 1983.
140. Sejourné, L,. Pensamiento y religión
en el México Antiguo, México,
FCE, 1964.
141. Sieder, Rachel, Derecho Consuetudinario
y Transición Democrática
en Guatemala; Guatemala, Facul-
–312–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
tad Latinoamericana de Ciencias
Sociales – FLACSO–; 1996.
142. Similox Salazar, Vitalino, El cristianismo
protestante y la auto determinación
religiosa del pueblo
Maya, Guatemala, Ciedeg, 1997.
143. Sharer, robert, La civilización
Maya, México, FCE, 1998.
144. Smith, Carol A., Ed. Guatemalan
Indians and the State: 1540-1988,
University of Texas Press, Austin,
1994.
145. Solano, Francisco de “Autoridades
indígenas y población india en la
audiencia de Guatemala en 1572”
Revista española de Antropología
Americana, Madrid, 1972.
146. Solares, Jorge, “Antropología Jurídica:
el Gran Mundo de la Comunidad
Pequeña”, en Solares, Jorge
(coord.), Pluralidad Jurídica en
el Umbral del Siglo; Guatemala,
Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales –FLACSO–;
2000.
147. Derechos
Humanos desde la Perspectiva
Indígena en Guatemala; Guatemala,
Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales – FLACSO–;
1995, Debate, Núm. 29.
148. Solorzáno León, Justo Vinicio, El
peritaje cultural, hacia una jurisdicción
multiétnica, pluricultural
y multilingüe, Guatemala, Universidad
de San Carlos de Guatemala,
Facultad de Ciencias Jurídicas y
sociales, 1997.
149. Stavenhagen, Rodolfo (Coordinador),
Entre la ley y la costumbres,
México, Instituto Indigenista
Interamericano e Instituto Interamericano
de Derechos Humanos,
1990.
150. Cuestiones
Indígenas, Guatemala,
MINUGUA, 2003.
151. Skiner Klee, Jorge. Legislación indigenista
de Guatemala, México,
Instituto Indigenista Interamericano,
1954.
152. Stein, J y Bárbara, La herencia colonial
de América Latina, México,
Siglo XXI, 1972.
153. Stoll David, Entre Dos Fuegos. En
los Pueblos Ixiles de Guatemala,
s.e. Guatemala 1995.Versión en
inglés Between Two Amies in the
Ixil Towns of Guatemala, Columbia
University Press.s.f.
154. Tax, Sol, Los Municipios del Altiplano
de Guatemala; trad. de
–313–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
Flavio Rojas Lima, Guatemala,
Seminario de Integración Social
Guatemalteca, Ministerio de Educación,
1965, Colección Cuadernos
del Seminario de Integración
Social Guatemalteca, No. 9.
155. El capitalismo
del centavo, Guatemala,
Sisg, 1964.
156. Tejada, Mario, Historia Social
del Norte de Huehuetenango,
Guatemala, Centro de Estudios
y Documentación de la Frontera
Occidental de Guatemala, 2002.
157. Tixal Mul, Israel Odavias, La autonomía
regional interna del pueblo
Maya, en la constitución de un
Estado multiétnico, pluricultural y
multilingüe, Guatemala, Universidad
de San Carlos de Guatemala,
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales, Guatemala, 1999.
158. Tojin Chanchavac, Víctor Manuel,
El Derecho Consuetudinario Indígena
en Santa Cruz del Quiche,
Guatemala, Universidad de San
Carlos de Guatemala, Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales,
1998.
159. Tz´i´ / Flacso / Prodeca, Documento
final: “Recomendaciones para
Viabilizar el Respeto y Reconocimiento
del Derecho Indígena”,
Compromiso 17 del Acuerdo de
Cronograma de Implementación,
cumplimiento y verificación de
los Acuerdos de Paz 2002-2004.;
Guatemala, TZ´I ´ / FLACSO /
PRODECA, 2002.
160. Tzaquitzal, Efraín et al., Alcaldes
comunales de Totonicapán, Guatemala,
Nawal wuj, 1999.
161. Alcaldes
comunales de Totonicapán, Alcaldes
comunales de Chwimiq´ina´;
Guatemala, Secretaría de Coordinación
Ejecutiva de la Presidencia
de la República de Guatemala y
Comisión de la Unión Europea;
2000.
162. Tziam, Leopoldo, Mayas y ladinos
en cifras. El caso de Guatemala
.Guatemala, Editorial Cholsamaj,
1994.
163. Valdés Oliva, Arturo, Lenguas
indígenas de Guatemala, Guatemala,
Sisg, 1965.
164. Universidad Rafael Landívar,
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales, Programa de Fortalecimiento
Académico de las Sedes
Regionales, Derecho Maya; Guatemala,
1999.
–314–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
165. Universidad Rafael Landívar.
Instituto de Investigaciones Económicas
y Sociales, El Sistema Jurídico
Maya - Una Aproximación-;
Guatemala, Universidad Rafael
Landívar, Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales
–IDIES–, 1998.
166. El
Sistema Jurídico K´iche´- Una
Aproximación-; Guatemala, Universidad
Rafael Landívar, Instituto
de Investigaciones Económicas y
Sociales–IDIES–; 1999.
167. El
Sistema Jurídico Mam - Una
Aproximación–; Guatemala, Universidad
Rafael Landívar, Instituto
de Investigaciones Económicas y
Sociales–IDIES–; 1999.
168. El
Sistema Jurídico Poqomchi´-
Una aproximación-; Guatemala,
Universidad Rafael Landívar,
Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales–IDIES–;
1999.
169. El Sistema
Jurídico Ixil - Una Aproximación-;
Guatemala, Universidad
Rafael Landívar, Instituto de
Investigaciones Económicas y
Sociales–IDIES.
170. Up/uf Inecip, Iccpg, Defensoría
Maya, Administración de Justicia
y Pueblos Indígenas; Guatemala,
Defensoría Maya, Instituto de
Estudios Comparados en Ciencias
Penales y Sociales, Instituto de
Estudios Comparados en Ciencias
Penales; 2000.
171. Upúm Sipac, Damián,
Maya´Ajilab´al Q´uij. La cuenta
maya de los días, Guatemala, Editorial
Cholsamaj, octubre, 1999.
172. Valenzuela, Gilberto, Catálogo
general de libros, folletos, y revistas
editados por la Tipografía
Nacional desde 1892 hasta 1943.
Guatemala, Tipografía Nacional,
1942 (Suplementos hasta
1972).
173. Vallejo Reyna, Alberto, Por los
Caminos de los Antiguos Nawales.
Ri Laj Mam y el Nawalismo Maya
Tz´utuhil En Santiago Atitlán,
Guatemala; Guatemala, Fundación
CEDIM-NORAD.
174. Vela, David, et. al., “Valor Histórico
de los Manuscritos Indígenas”,
en Guatemala Indígena,
Instituto Indigenista Nacional;
Guatemala, 1962, Publicación
Trimestral, Primera Época, No.
4, octubre-diciembre 1962, Volumen
II.
–315–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
175. Velásquez Nimatuj, Irma Alicia,
La pequeña burguesía indígena
comercial de Guatemala, Guatemala,
Avancso, 2002.
176. Webre, Stephen, Ed., La sociedad
colonial en Guatemala: estudios
regionales y locales, Guatemala,
Centro de Investigaciones Regionales
de Mesoamérica, 1989.
177. Wiesheu Forster, Walburga, Cacicazgo
y Estado arcaico. La evolución
de organizaciones sociopolíticas
complejas, INAH, México,
1996.
178. Willemsen Díaz, Augusto, “Algunos
aspectos de las medidas tomadas
y actividades realizadas por
las Naciones Unidas en materia
de derechos humanos y libertades
fundamentales y su relación con
los pueblos indígenas”, México,
Anuario indigenista, Año XLV,
vol. CLV, diciembre de 1985.
179. Wolf, E, Pueblos y culturas de Mesoamérica,
México, ERA, 1967.
180. Yool Gomez, Juan y SANAHI
CURRUCHIC, Leonardo Acercamiento
a la interpretación del
Cholq´ij, Guatemala, Centro de
desarrollo y ciencia Maya kematzij,
1999.
181. Zavala, Silvio, Contribución a la
historia de las instituciones sociales
en Guatemala, Guatemala,
Editorial Universitaria, USAC,
1967.
–316–

RESEÑAS

CLAUDIA MARÍA LÓPEZ DAVID
Licenciada en ciencias jurídicas y sociales, abogada y notaria por la Universidad
Rafael Landívar de Guatemala. Magíster en derechos humanos por la
misma universidad. Profesora universitaria. Fue Coordinadora del Programa
de Maestría en Derechos Humanos de dicha universidad y actualmente
se desempeña como Directora de Posgrados en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar.
PABLO GERARDO HURTADO GARCÍA
Licenciado en ciencias jurídicas y sociales, abogado y notario además de magíster
en derechos humanos por la Universidad Rafael Landívar. Miembro del
cuerpo de instructores académicos del Comité Internacional de la Cruz Roja,
Delegación Regional para México, Centroamérica y el Caribe Hispanohablante.
Ex Asesor de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
Actualmente se desempeña como Coordinador Nacional del Proyecto
de Apoyo a la Educación, Capacitación e Investigación en Derechos
Humanos en Centroamérica, y como catedrático universitario.

CONTENIDO
El procurador de los Derechos Humanos y la justicia
constitucional en Guatemala ...............................................................................321
Pablo Gerardo Hurtado García
Una visión integral de los derechos humanos: Proyecto “Uniendo Lazos
y Esfuerzos por los Derechos Humanos” en Baja Verapaz .................................323
Anantonia Reyes Prado
Régimen jurídico y aplicación práctica de la pena de
muerte en Guatemala, a la luz de los estándares internacionales
en materia de derechos humanos ........................................................................327
Karin Paola Wagner Mota
Los crímenes de guerra enmarcados dentro del Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional: violencia sexual ...............................................329
Ana Rocío de la Cruz Recinos
El principio de complementariedad en el Estatuto de la
Corte Penal Internacional, su definición y
el fundamento de su inclusión .............................................................................331
Julio César Cordón Aguilar
–319–

EL PROCURADOR DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL
EN GUATEMALA
PABLO GERARDO HURTADO GARCÍA
El procurador de los Derechos Humanos
y la justicia constitucional
en Guatemala. Tesis presentada
al Consejo de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Rafael Landívar previo
a optar al grado académico de magíster
en derechos humanos (Magister
Artium). Guatemala, febrero de 2005.
225 páginas.
Desde la introducción a la investigación,
el licenciado Hurtado García
reflexiona sobre la importancia que los
dos mecanismos constitucionales de
protección de los derechos humanos
en Guatemala, el procurador de los
Derechos Humanos y la justicia constitucional,
interactúen sobre la base del
objetivo común por el que fueron establecidos;
pues en un país con amplia y
lamentable experiencia en violaciones
a derechos humanos, la mejoría de la
situación requiere que cada órgano,
institución o entidad; pública, privada o
social, emprenda acciones coordinadas
y constantes.
En tal virtud, el sustentante se
planteó el objetivo de establecer cuál
ha sido el papel que el procurador de
los Derechos Humanos ha jugado en la
justicia constitucional de Guatemala,
desde la vigencia de la Constitución de
1985, para contabilizar y analizar los
casos en que ha intervenido, bien como
accionante o promotor, como autoridad
impugnada o bien como tercero con interés,
por la materia en discusión.
Para el efecto, la tesina inicia con
una breve explicación del origen, naturaleza,
características, mandato y aspectos
organizativos y funcionales de ambos
elementos de estudio: el procurador de
los Derechos Humanos y la jurisdicción
constitucional. Estas descripciones permiten
al lector comprender el profundo
lazo que les une y la necesidad advertida
por el autor, principalmente en aspectos
como la defensa de intereses difusos
(aquellos de la colectividad).
El principal aporte de la investigación
se encuentra en la sistematización
–321–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
de los casos de materia constitucional en
que ha intervenido o se ha dado intervención
al procurador de los Derechos Humanos,
en amparo, exhibición personal
o inconstitucionalidad de normas. Estos
casos son analizados críticamente por
el licenciado Hurtado García, desde el
punto de vista jurídico de los derechos
humanos, tanto en cuanto a lo argumentado
y solicitado por el ombuds man
como en lo resuelto por los tribunales de
la jurisdicción de mérito.
De las conclusiones del trabajo, se
advierte que el interés y actuación del
procurador de los Derechos Humanos
en los asuntos de jurisdicción constitucional
ha sido diferente, en atención
a los distintos períodos de quienes han
ostentado el cargo, lo cual repercute directamente
en los derechos colectivos de
la población guatemalteca, algunas veces
en forma positiva y otras, la mayoría,
en indefensión. Por ello, atinadamente,
se llega a recomendar la creación en
la Procuraduría de los Derechos Humanos,
de un departamento o unidad
especializada, cuya misión sea velar y
actuar judicialmente en defensa de los
derechos humanos individuales y de la
sociedad, al menos en las instancias de
la jurisdicción constitucional.
–322–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
UNA VISIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS: PROYECTO “UNIENDO LAZOS Y
ESFUERZOS POR LOS DERECHOS HUMANOS”
EN BAJA VERAPAZ
ANANTONIA REYES PRADO
Una visión integral de los derechos
humanos: Proyecto
“Unien do Lazos y Esfuerzos
por los Derechos Humanos” en Baja
Verapaz. Tesis presentada al Consejo
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Rafael Landívar
previo a optar al grado académico
de magíster en derechos humanos (Magister
Artium). Guatemala, noviembre
de 2002. 112 páginas.
En su tesina, la licenciada Reyes
Prado examina la propuesta metodológica
del Proyecto “Uniendo Lazos y
Esfuerzos por los Derechos Humanos”
–ULEDH–, que organizaciones locales
han impulsado en municipios de Baja
Verapaz. Como punto de partida de su
investigación, la autora se cuestionó,
¿cómo impulsó ULEDH un abordaje de
los derechos humanos, en un contexto en
el que varios referentes con sideraron este
tema “demasiado politizado”, “demasiado
elevado como para ser entendido por
gente sencilla”, “de abogados”, “cosa de
la guerrilla”, o “asunto occidental ajeno
a nuestra cultura”
La sustentante estableció que los
ejes principales alrededor de los cuales
ULEDH ha desarrollado el proceso de
apropiación del concepto de derechos
humanos, fueron: 1) autoconciencia,
entendida como el hecho de los participantes-beneficiarios
se reconocieran y
se asumieran como sujetos de derechos
y deberes, con dignidad que debe ser
respetada y desarrollada por sí mismos,
por los otros, por la comunidad y por el
Estado; 2) integralidad, entendida en
varias dimensiones: como una valoración
y atención igualitaria de todos los
derechos humanos reconocidos por los
Estados, así como de los ya reconocidos
por la comunidad, aunque no por
los Estados; como la responsabilidad
compartida de la promoción, respeto y
vigencia de los derechos humanos tanto
por parte del Estado como por la comu-
–323–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
nidad y la persona misma y como coherencia
entre los principios y la práctica
cotidiana de los trabajadores de derechos
humanos, y 3) vigencia, entendida como
la concreción, el disfrute o goce de los
derechos humanos por el esfuerzo de
todos los responsables, especialmente
del Estado.
Refiere la licenciada Reyes Prado
que de acuerdo con la propuesta de ULE-
DH, todo ello conduciría a una “nueva
visión o reconceptualización del tema y
trabajo por los derechos humanos”, pues
al contar con una nueva forma de ver y
entender el tema, era posible un cambio
de mentalidad y de actitud frente a estos
derechos, una nueva forma de concebirlos
y trabajar por ellos.
La investigación permitió identificar
que en esta experiencia local se trató de
superar algunas de las carencias más
comunes del trabajo por los derechos
humanos:
• El peso de la experiencia no estuvo
en el manejo de contenidos, aunque
éstos no fueron dejados de lado; los
contenidos respondieron a una demanda,
los problemas más sentidos
por los miembros de ULEDH y no
a una proclama institucional.
• El tratamiento jurídico fue poco
relevante, dio preferencia a los
derechos humanos como valores y
enfatizó en la necesidad de revisar
las actitudes. Se adquirió conciencia
de que los derechos humanos no son
tema exclusivo de abogados.
• Se propició intencionadamente la
reflexión sobre la necesidad de hacer
esfuerzos para formar opciones
personales y colectivas y generar
actitudes y comportamientos alrededor
de la dignidad de la persona,
lo que se tradujo si no en un cambio
inmediato de actitudes sí en
un propósito de revisar el propio
comportamiento.
• Se trató de recuperar el taller como
“una experiencia de creación colectiva
de conocimiento”, pues
cada reunión mensual constituía un
momento en el que se reflexionaba
sobre diversos temas, se daba seguimiento
a los procesos de cada
grupo, se proponían soluciones a los
problemas encontrados. El proceso
no se agotaba en el taller, pues cada
grupo en su propio espacio continuaba
impulsando su actividad concreta
relacionada con un derecho humano
que se había propuesto; así, el taller
era sólo un momento de todo el
proceso.
• Se trató de que la participación fuera
una vivencia y no un discurso, por
lo que los integrantes de ULEDH
par ticiparon desde la formulación
del proyecto.
• Con escasas excepciones, los participantes
no se habían acercado al tema
de los derechos humanos, por lo que
–324–

RESEÑAS
podrían ubicarse en el segmento de
los “no convencidos”, cuando usualmente
la educación en derechos
humanos se dirige a sectores que
ya tienen alguna identificación con
éstos.
• Todo el planteamiento estuvo basado
en la preocupación de generar
reflexión sobre cómo lograr que los
derechos humanos fueran apropiados
y vivenciados por la población.
La principal conclusión de la investigación
es que el tratamiento que
dio ULEDH al manejo de los derechos
humanos ha roto con los esquemas que
usualmente aplican las organizaciones
en la educación en derechos humanos;
las organizaciones integrantes
de ULEDH buscaron una forma de
abordar los derechos humanos en su
integralidad.
–325–

RÉGIMEN JURÍDICO Y APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA
PENA DE MUERTE EN GUATEMALA,
A LA LUZ DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
KARIN PAOLA WAGNER MOTA
Régimen jurídico y aplicación
práctica de la pena de muerte
en Guatemala, a la luz de los
estándares internacionales en materia de
derechos humanos. Tesis presentada
al Consejo de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad
Rafael Landívar previo a optar al grado
académico de magíster en derechos humanos
(Magister Artium). Guatemala,
octubre de 2004. 126 páginas.
Con una finalidad inductiva al te ma,
la licenciada Wagner Mota describe las
teorías y tendencias internacionales en
relación con la pena de muerte y su
aplicación, tanto en el ámbito del sistema
universal de protección de derechos
humanos, como en el regional interamericano.
Con base en ello, la autora desarrolló
su investigación con el objetivo
de determinar si al aplicar la pena de
muerte, el Estado de Guatemala observa
las garantías mínimas que al respecto
establecen los estándares internacionales
sobre derechos humanos.
Dichos estándares, afirma la sustentante,
encuentran su marco de
referencia en las Salvaguardias para
garantizar la protección de los derechos
de los condenados a la pena de muerte,
aprobadas en 1984 por el Consejo Económico
y Social de la Organización de
Naciones Unidas. Las “salvaguardias”
desarrollan una serie de garantías mínimas
que corresponde a los Estados
observar en aquellos casos en que se
imponga o se ejecute la pena capital.
Como parte medular de la tesis, analiza
el régimen jurídico y la aplicación
de la pena de muerte en el país, a la luz
de los siguientes aspectos:
–327–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
• Si la pena de muerte se impone
únicamente para los delitos más
graves;
• A quiénes no se puede imponer ni
ejecutar la pena capital;
• Si están contemplados los derechos
a apelar ante un tribunal de jurisdicción
superior, así como a solicitar
el indulto o la conmutación de la
pena;
• Si existe o no prohibición de ejecutar
la pena de muerte mientras algún recurso
está pendiente de resolución; y
• Si la pena es ejecutada se debe
procurar el menor sufrimiento
posible.
Se llega a concluir que los estándares
analizados han sido constantemente inobservados,
lo que unido a la comprobada
ineficacia de la pena de muerte como instrumento
de política criminal, refuerza la
propuesta que al final del trabajo se hace
en el sentido de que el Estado de Guatemala
debe emprender acciones hacia la
abolición de la pena capital.
–328–

RESTITUCIÓN DE LA ARMONÍA CÓSMICA. PROPUESTA JURÍDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ABYA YALA
LOS CRÍMENES DE GUERRA ENMARCADOS
DENTRO DEL ESTATUTO DE ROMA
DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL:
VIOLENCIA SEXUAL
ANA ROCÍO DE LA CRUZ RECINOS
Los crímenes de guerra en mar -
cados dentro del Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional:
violencia sexual. Tesis
presentada al Consejo de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Rafael Landívar, previo a
optar al grado académico de licenciada
en ciencias jurídicas y sociales y a los
títulos de abogada y notaria. Guatemala,
noviembre de 2002. 144 páginas.
Este trabajo analiza los derechos
de la mujer desde la perspectiva de los
conflictos armados, según lo estipulado
en el artículo 8 del Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional.
Señala algunos antecedentes de la
Cor te Penal Internacional y se adentra
en lo que respecta a la violencia sexual
en mar cada dentro de los crímenes que
abarca el estatuto, analizando cada uno
de ellos.
Asimismo, estipula cuáles pueden
ser las consecuencias que emergen a raíz
de la comisión de crímenes de carácter
se xual en contra de las mujeres y ejemplifica.
Guatemala es uno de los países
que toma la investigadora como referencia
y señala algunos casos acontecidos
según el Informe de la Comisión del
Esclarecimiento Histórico.
Dentro de sus conclusiones apunta
que los crímenes sexuales pueden ser
tanto de guerra, como de lesa humanidad
y que una de las novedades que trae el
Estatuto de Roma de la CPI es precisamente,
la inclusión de esos crímenes.
Los cuadros de cotejo elaborados
por la investigadora son muy interesantes,
ya que analiza las diferencias
previstas entre tratados de derecho internacional
humanitario con respecto a los
de derecho internacional de los derechos
humanos, en los cuales la mujer juega un
papel preponderante.
–329–

EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD
EN EL ESTATUTO DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL, SU DEFINICIÓN Y
EL FUNDAMENTO DE SU INCLUSIÓN
JULIO CÉSAR CORDÓN AGUILAR
El principio de com ple men tariedad
en el estatuto de la Cor
te Penal Internacional. Su definición
y el fundamento de su inclusión.
Tesis presentada al Consejo de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de
la Universidad Rafael Landívar previo a
optar al grado académico de licenciado
en ciencias jurídicas y sociales y a los
títulos de abogado y notario. Guatemala,
agosto de 2005. 255 páginas.
La investigación realizada por el
licenciado Cordón Aguilar parte del
reconocimiento de la dificultad que
ha representado para la humanidad
alcanzar la paz mundial y la aplicación
de justicia para quienes, mediante la
comisión de atroces crímenes, han violentado
ese valor. Sin embargo, refiere
también los esfuerzos que la comunidad
internacional ha realizado en la lucha
contra la impunidad, principalmente
mediante la adopción de tribunales ad
hoc, establecidos para el juzgamiento de
personas acusadas de cometer crímenes
contra la humanidad en ciertos casos
concretos.
El autor hace ver las dificultades y
limitaciones que, desde el punto de vista
jurídico, ha implicado la instauración
de tribunales ad hoc. Por ello, expresa,
se planteó la necesidad, acogida por la
comunidad internacional, de establecer
un tribunal internacional permanente de
justicia penal, la Corte Penal Internacional,
cuya función primordial sería la de
juzgar y sancionar a los responsables
de los más graves delitos contra la paz
mundial y la humanidad misma: el genocidio,
los crímenes de guerra, de lesa
humanidad y el de agresión.
En su tesis, Cordón Aguilar traslada
uno de los principales cuestiona mientos
que en derecho internacional han planteado
los Estados: ¿de qué forma la sujeción
a la Corte Penal Internacional no
vulnera su soberanía Dicha interrogante
se fundamenta en los ordenamientos
constitucionales de los países, según los
–331–

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS
cuales al Estado le asiste la atribución
de ejercer la función jurisdiccional en
toda situación susceptible de caer bajo
el imperio de sus leyes.
Para responder el cuestiona miento,
el sustentante de la tesis desarrolla y
explica el principio de complemen tariedad
contenido en el Estatuto de la Corte
Penal Internacional, en virtud del cual la
función de dicho tribunal es ejercida en
forma “subsidiaria” a las jurisdicciones
nacionales; es decir, únicamente en los
casos en que éstas no estén dispuestas o
no puedan proceder contra los responsables.
Como parte de los alcances e implicaciones
del principio de complementariedad
que rige la actuación de la
Corte Penal Internacional, el licenciado
Julio Cordón Aguilar expresa que este
tribunal podrá actuar aun cuando en el
plano nacional se hubiere dictado un
fallo irrevocable, conocido por todas las
instancias previstas, siempre y cuando
logre establecerse que la sentencia fue
pronunciada con la intención de exculpar
a los responsables, cuestión que constituye
una excepción válida al principio
non bis in idem (no múltiple persecución
penal).
Como aporte de especial importancia,
la tesis contiene una concreta y clara
explicación de los aspectos constitutivos,
organizativos y de funcionamiento
de la Corte Penal Internacional, con lo
cual coadyuva a despejar muchas dudas
que aún persisten al respecto; además, es
relevante indicar que el autor, mediante
la referencia al conflicto armado interno
que sufrió Guatemala por más de 36
años y al informe de la Comisión de
Esclarecimiento Histórico, contribuye
a concienciar al lector en la urgente
necesidad de que Guatemala acepte
el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional y con ello asegure que de
producirse actos como los ocurridos
en la guerra, los mismos no queden
impunes.
–332–

Esta publicación fue impresa en los
talleres gráfi cos de Serviprensa, S. A.
en el mes de febrero de 2008. La edición
consta de 1,000 ejemplares en papel
bond 80 gramos.

Universidad de San Carlos de Guatemala
Instituto de Derechos Humanos
Universidad de San Carlos de Guatemala
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Universidad Rafael Landívar IIJ/URL
GOBIERNO DE FINLANDIA
Con el apoyo del Gobierno de Finlandia
y del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo –PNUD–