PROYECTO DE LEY - Cortes de Castilla-La Mancha

Dossier de Documentación núm. 9 Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima Legislación Estado
compartir el planteamiento que se adoptó, no fue difícil construir la Sentencia. Con lo dicho
pretendo explicar que, dados el punto de partida y la orientación, acepto las soluciones que se
ofrecen en la Sentencia a la constelación de incógnitas suscitadas por los catorce
procedimientos acumulados, cuyo sustrato conflictual tan evidente no oscurece en ningún
momento la calidad intrínseca de la Ley y de los tres Reales Decretos en tela de juicio. Sin
embargo, tampoco jugaría limpio si no expusiera, con el carácter testimonial de todo voto
particular, mi opinión sobre la óptica que me parece preferible y las razones profundas de esa
preferencia, con la esperanza de que algún día pueda prevalecer. Y dicho esto, sin más
digresiones, paso a explicarlo.
1.Con todo el respeto que me merecen las opiniones ajenas y más si provienen de personas
adornadas de ciencia, con la admiración que, muchas veces en público, he mostrado ante la
ingente tarea cumplida en materia de libertades y derechos fundamentales por este Tribunal
Constitucional, creo también y lo he dicho muchas veces, que nuestra doctrina sobre la
distribución del orden constitucional de competencias carece de criterios sólidos que sirvan de
guía por haber rechazado una interpretación estrictamente jurídica -con todos sus mimbres,
gramatical, histórico, sistemático y finalista- que hubiera dado la exacta respuesta. Por ello
pienso que es necesario un replanteamiento con directrices nítidas, fronteras jurídicas bien
trazadas, poco mudables y un talante nada propicio al centralismo, sin poso alguno de
desconfianza hacia los entes territoriales que componen España y son Estado también. En el
primer proyecto de Sentencia sobre esta Ley de espacios naturales que presenté al Pleno,
pretendí deslindar las competencias respectivas con unos mojones visibles y un corte limpio y
claro, sin zonas de penumbra, que ahora mantengo como opinión disidente en la perspectiva.
Vaya por delante que la discrepancia se limita a lo dialéctico, con la conciencia plena de que al
Derecho le es inherente el principio de indeterminación, predicado para la Física por
Heisenberg o la relatividad einsteiniana, en función de dos dimensiones equivalentes, el tiempo
y el espacio.
2. Pues bien, comenzando la andadura del camino que para la interpretación de las normas
marca el Código civil (art 3.1), que no es sino la condensación de reglas inventadas o
encontradas, lo mismo da, a lo largo de dos milenios de actividad jurisprudencial, hemos de
acudir ante todo al elemento semántico. Un jurista tan riguroso como Otto Gierke reconoció
que la palabra es la carne y la sangre de la jurisprudencia. Aquí en el tema que me ha
preocupado y me sigue ocupando, la palabra desempeña un papel protagonista y es el norte
infalible para la orientación del razonamiento jurídico. Si la Ley es lo que se lee, hay que leer,
porque la gramática también tiene sus Leyes. Si el legislador utiliza palabras y expresiones
distintas para cada caso, no sinónimas en atención al contenido de lo regulado y cuyo
significado se hace más comprensible y, a la vez, lo hace más comprensible, no resulta
correcto jurídicamente forzar una sinonimia que además no es prudente en su dimensión
política profunda, distorsionando el planteamiento constitucional. En nuestra STC 149/1991 se
reconoce como no podía ser menos, que la Constitución no utiliza en éste, como en otros
lugares, el concepto de bases, sino el de legislación básica, expresión que ofrece «una
peculiaridad que no puede ser desdeñada a la hora de establecer su significado preciso». Sin
embargo, la desdeña y no obtiene de esa diferencia expresiva ninguna conclusión acorde con
ella, sino más bien antitética. Algo de eso ocurre en esta Sentencia de la que ahora disiento,
pero aunque siga en cierto modo las pautas ya marcadas por la anterior, restringe su alcance
en la forma y medida que ella misma explica, así como su ámbito expansivo con un golpe de
timón expreso y explícito, expuesto muy claramente, que constituye un auténtico
«overruling».
Las dos expresiones más arriba indicadas contienen una referencia común, pero no tienen un
significado idéntico. Efectivamente, la base es el soporte principal donde algo descansa o se
apoya y, en consecuencia, su contenido mira siempre a lo esencial y permanente de la
regulación, excluyendo así lo circunstancial y coyuntural fenoménico en suma, propio de su
desarrollo. Para decirlo con pocas palabras, en las «bases» predomina su dimensión material y
en la «legislación básica» el aspecto formal, añadido al anterior, que además se potencia
cuando las Comunidades Autónomas tienen conferidos el desarrollo legislativo y la ejecución
en la materia de que se trate, como es el caso de la protección del medio ambiente. Desde tal
perspectiva conviene matizar la doctrina constitucional al respecto: «Estas "bases" han de ser
en principio normas legales, orgánicas rara vez y ordinarias en su mayor parte, pero también -
en su caso- reglamentarias, en uso de la potestad que al Gobierno de la Nación otorga el
artículo 97 de la Constitución». Sin embargo, el contenido esencialmente normativo de tales
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