PROYECTO DE LEY - Cortes de Castilla-La Mancha

Dossier de Documentación núm. 9 Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima Legislación Estado
Agricultura, Pesca y Alimentación (artículo 30.1) y de los «criterios» que fije la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología para autorizar con fines de investigación ciertas
actividades prohibidas en principio (artículo 28.4). Entra en lo básico la necesidad de que
existan inventarios, catálogos o criterios, prefigurando las categorías o grupos para la
clasificación y los principios taxonómicos, como también establecer los efectos jurídicos de la
inscripción, pero no la exigencia injustificada de que tengan ámbito nacional y se elaboren por
órganos estatales. La coordinación siempre deseable y benéfica no es título habilitante de la
competencia del Estado y puede ser conseguida mediante esquemas orgánicos y funcionales
de corte horizontal, en pie de igualdad y hasta con talante convencional o negociador, sin
implicar necesariamente una posición de supremacía vertical ni menos aún, mover
ascensionalmente y en realidad crear ex nihilo competencias que la Constitución empieza por
negar taxativamente. Lo dicho significa lisa y llanamente la inconstitucionalidad de los
preceptos de la Ley más arriba reseñados y del Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo,
donde se contiene y regula el Catálogo General de Especies Amenazadas, por razón distinta de
la meramente formal indicada más arriba.
Como consecuencia de cuanto viene diciéndose, en función del principio sentado para delimitar
las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas dentro de la materia, carecen
también de cobertura constitucional las referencias que los artículos 33.1 y 34 c) de la Ley
contienen a la potestad reglamentaria para la determinación de las especies cazables o
pescables o para su comercialización, como propia de las Comunidades Autónomas no sólo en
materia de protección del medio ambiente sino de caza y pesca. El Real Decreto 1095/1989,
donde se incluyen las especies constituye el «desarrollo» de aquel primer precepto legal,
alcanzándole de lleno por consiguiente el reproche de incompetencia con la máxima intensidad
no sólo en virtud del criterio formal explicado, bastante por sí mismo, sino también por
razones materiales, que se explican en la Sentencia. Determinar lo que no puede ser cazado o
pescado carece de sustancia básica, por casuística y coyuntural. Lo serían, en su caso, las
normas que configurasen las características para justificar tales prohibiciones. Por otra parte
determinar lo que sí puede ser cazado o pescado por una disposición reglamentaria estatal
invade notoriamente las competencias autonómicas, exclusivas, en materia de caza y pesca.
Lo mismo acontece, con los demás preceptos impugnados, que son desarrollo ultra vires del
artículo 34 de la Ley. En definitiva, es clara la nulidad de la entera Disposición adicional
primera de este Real Decreto. Otro tanto, cabe decir, sin más, del 1118/1989, donde se
contienen por remisión al anexo las especies comercializables, con normas al respecto cuyo
artículo 1 se autodeclara desarrollo del artículo 34 c) de la Ley 4/1989. Siendo idéntica la
tacha, idéntica ha de ser la conclusión.
Nada habría que objetar, en principio, a la existencia de la Comisión Nacional de Protección de
la Naturaleza ni del Comité de Flora y Fauna Silvestres, órganos de la Administración General
del Estado para una materia en la cual carece de atribuciones ejecutivas y reglamentarias,
siempre que sus funciones se acomodarán al perfil constitucional. No ocurre así desde el
momento en que una de ellas consistirá en «informar preceptivamente las directrices para la
ordenación de los recursos naturales» (artículo 36.3), participando así en el ejercicio de una
potestad reglamentaria vedada al Estado, como se ha dicho más arriba mientras que para los
dos Comités adscritos se prevén atribuciones para la cooperación y coordinación y para el
cumplimiento de convenios internacionales y de la normativa comunitaria, ejecutivas en su
mayor parte y en lo que no lo fueren ultra vires, por corresponder también el desarrollo y
ejecución de las normas internas y supranacionales a quien tenga competencia sobre la
materia, en este caso las Comunidades Autónomas.
He dejado deliberadamente para el final una cuestión transcendente, en la cual el rango
reglamentario desborda además sus propios límites. La Constitución no veda la viabilidad de
un plan nacional para la ordenación de los recursos naturales, a imagen y semejanza del
urbanístico obra de los Cuerpos colegisladores (artículo 112 TRLS), cuyo carácter básico
dependería de que lo fueran los criterios utilizados. Sí veda, en cambio, que su equivalente
material emane de la potestad reglamentaria, haciendo imposible además una de las facetas
del principio de legalidad, el escalonamiento gradual de las normas según el rango de su autor.
En efecto, las Directrices para la Ordenación de los Recursos Naturales se sitúan
materialmente en un escalón superior a los Planes homónimos, que pueden tener como ámbito
espacial una zona concreta o el territorio entero, por qué no, de la Comunidad
correspondiente. Son el vértice de la estructura piramidal que termina, por abajo en los Planes
Rectores de Uso y Gestión de los Parques Naturales (artículo 15). Si se observa que la
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