La Rendición de Cuentas en los Gobiernos Estatales y Municipales

Rendición de Cuentas en los Gobiernos Estatales y Municipales
Luis Carlos Ugalde
contra de los funcionarios responsables. Las contadurías estatales
están facultadas para emitir apercibimientos y amonestaciones
o solicitar al Superior Jerárquico (secretario de la dependencia,
presidente del Congreso o del Poder Judicial) que asigne un
castigo.
Como se comentó en una sección previa, la existencia de
normas y facultades legales no garantiza que la fiscalización se
ejerza como es contemplada en las leyes. De hecho, la Contaduría
Mayor de Hacienda en el ámbito federal, hoy denominada
Auditoría Superior de la Federación, ha contado desde 1824
con diversas facultades para fiscalizar al Ejecutivo y llamarlo a
cuentas. Se trata de la institución pública de más larga historia
del México independiente, pues ha existido ininterrumpidamente
desde principios del siglo XIX. Sin embargo, como lo he mostrado
en otro estudio, ese control fue ineficaz y limitado durante buena
parte del siglo XX. 10 Si ese fenómeno ocurrió en el ámbito
federal, es previsible que las contadurías estatales funcionen con
mayores deficiencias y limitaciones políticas y técnicas.
Juicio Político y Declaración de Procedencia
El juicio político y la declaración de procedencia constituyen la
máxima tribuna a la que puede someterse un funcionario público
con fuero cuando incurre en un acto delictivo. El juicio político
es el proceso que se sigue para desaforar a un funcionario
público por irregularidades o delitos. El proceso, de finalizar con
el dictamen en contra del funcionario, consiste en la separación
del mismo, inhabilitación para ocupar puestos públicos por
determinado tiempo, asignación de sanciones económicas y,
finalmente, dependiendo de la gravedad del acto, el funcionario
puede ser remitido al Poder Judicial para efectos de sanciones
penales. Las constituciones locales enumeran los funcionarios
públicos sujetos a estas sanciones: gobernadores, alta burocracia,
magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, consejeros
electorales y diputados. Sin embargo, en algunas entidades
no procede el juicio político contra el gobernador, como son
los casos de Yucatán y Nuevo León, pero ello no impide la
apertura de juicios por la presunta comisión de delitos graves
del orden común contra el gobernador. En el caso del Jefe de
Gobierno del Distrito Federal corresponde al Senado determinar
su remoción. 11
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Ibíd., capítulo II.
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