Apuntes relativos a la evolución de la política del cobre en Chile ...

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conversaciones con las empresas en busca de una fórmula que brinde al país una importante
proporción de los beneficios indirectos que el retorno le significaría, y expresa aún la
confianza de que expertos de esta materia podrían cuantificar esta ventaja”.
Más adelante y refiriéndose al privilegio al que antes aludió, concluye advirtiendo
Puga Vega (pp. 57, 58 y 59):
“Con la abolición del privilegio y con la ayuda de muchas de las valiosas medidas que
actualmente propicia el Supremo Gobierno, habría desaparecido de Chile no sólo la mayor
causa de su pobreza económica, sino una fuente incesante de malestar político. Si se puede
hablar entre nosotros de expropiación de la Gran Minería del cobre es debido a la
subsistencia de este indefectible privilegio en que las empresas ven un medio de afianzar sus
utilidades y el país la causa misma de su ruina.
“Una vez restablecido el régimen común de retorno para todos los exportadores y al
amparo del nuevo trato del cobre, las empresas de la Gran Minería proseguirían sus
actividades en el país como tantos otros extranjeros que se identifican con la vida nacional
sin solicitar y mucho menos exigir regímenes de excepción. La expropiación no tendría en
estas circunstancias ni sentido ni objeto.
“Las propias empresas de la Gran Minería, que son con mucho los entes económicos
más poderosos del país, serían las que recogerían los mayores frutos de una nación
económicamente saneada y políticamente consolidada, concentrada en el pacífico
aprovechamiento de sus enormes riquezas, con la cooperación igualitaria y libremente
consentida del capital extranjero.
“Hasta ahora los defensores del privilegio pueden congratularse del espléndido
resultado que éste les ha dado a las empresas y que es correlativo del daño que ha sufrido el
país. Pero es imprudente prolongar este privilegio por más de un tercio de siglo, como lo
confirman sucesos ocurridos en los países vecinos en el último tiempo. (…).
“La abolición del privilegio de la Gran Minería viene a ser así el complemento
indispensable de la obra que el Supremo Gobierno ha emprendido en relación al cobre.
“Mientras no se elimine este privilegio, que perjudica a la nación y que en definitiva
no aprovecha a las empresas sino a las economías de otras naciones, las mejoras que el
Gobierno ha concertado no alcanzarán todos sus frutos. En cambio la combinación de esas
medidas con la abolición del privilegio permitirá afirmar que la política nacional del cobre se
habrá asentado sobre bases duraderas, en armonía con la dignidad nacional y en
concordancia con los derechos del país y de las empresas exportadoras”.
Al poco tiempo de haberse puesto en marcha el proceso de “chilenización” del cobre,
las esperanzas de quienes confiaban en las finalidades de los convenios firmados con las
compañías norteamericanas se vieron frustradas. Esto debido a que las utilidades líquidas de
estas empresas se incrementaron a tal punto que adquirieron notoriedad de escándalo, no sólo
en los partidos de oposición (de izquierda, que bregaba por la nacionalización total de la Gran
Minería del cobre, y de la derecha) sino también en el seno del partido de gobierno, el
demócratacristiano, como veremos más adelante.
Veamos sólo un ejemplo: las utilidades líquidas de la Andes Copper Mining subieron
de US$ 3,27 millones, en 1965, a US$ 25 millones, en 1968, es decir, en tres años se
multiplicaron por 7,6. Estas y otras enormes utilidades, se debieron, al decir de Novoa
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